Ortega-Murillo y el secuestro de la soberanía popular
Marco Fonseca
El punto de partida
Desde una posición sobriamente crítica, la declaración de Daniel Ortega de que “aquí no volverá a haber elecciones” no tendría que condenarse porque las elecciones constituyan la totalidad de la democracia, sino porque su eliminación representa una expropiación abierta de la soberanía popular. La democracia no se agota en la urna, pero tampoco puede existir cuando quienes gobiernan se atribuyen la facultad de decidir que el pueblo ya no podrá revocarlos. Toda identificación directa entre líder y nación es, en esencia, el germen del totalitarismo.
Conviene mantener una precisión. Ortega anunció que no habría más elecciones para permitir que la oposición disputara el poder y prometió levantar una barrera jurídica contra quienes califica como golpistas y traidores. Todavía no explicó si pretende cancelar formalmente todos los comicios o conservar un simulacro electoral sin oposición efectiva. La diferencia jurídica importa, pero políticamente ambas posibilidades expresan la misma clausura.
Lo que la prensa internacional capta y lo que deja fuera
Tengo en mente reportes como los de The Guardian y CNN Español.
La nota de The Guardian, en particular, acierta al reconocer una ruptura cualitativa. No estamos ante una declaración aislada. La reforma constitucional de 2025 ya había colocado bajo la coordinación de la Presidencia los órganos legislativo, judicial y electoral, creado una copresidencia diseñada para Ortega y Rosario Murillo, ampliado el mandato y aumentado el control presidencial sobre los aparatos civiles, militares y policiales. El anuncio de julio de 2026 convierte esa concentración institucional en una doctrina explícita de irreversibilidad política.
Pero la gramática de The Guardian sigue siendo insuficiente. Su relato básico es el de una democracia que se erosiona hasta transformarse en dictadura. A diferencia de ello, sin embargo, habría que preguntar también qué democracia existía, sobre qué estructura económica se levantaba, qué fuerzas sociales la sostenían y dentro de qué relaciones geopolíticas funcionaba.
La transición electoral de 1990 no puede separarse de la guerra de la Contra, del desgaste económico y militar causado por la intervención estadounidense y de la posterior reestructuración neoliberal. La Corte Internacional de Justicia determinó en 1986 que Estados Unidos había violado sus obligaciones de no intervenir y de no recurrir al uso de la fuerza contra Nicaragua. La propia historia diplomática estadounidense reconoce la alianza de Washington con la dictadura somocista.
Al mismo tiempo, las elecciones de 1990 abrieron tanto una liberalización política como una transformación económica orientada al mercado, las privatizaciones y el ajuste estructural. Por eso, defender hoy la vía electoral participativa y protagónica no supone en nada idealizar aquel orden ni aceptar que la única alternativa a Ortega sea la restauración neoliberal.
Ni la oposición es una unidad ni toda disidencia es imperialista. Hay mucha oposición desde abajo pero muy fragmentada y reprimida, así como hay mucha disidencia también anti-imperialista e internacionalmente solidaria con las luchas subalternas del Sur Global.
Pero Ortega, como todo buen dictador, convierte la heterogeneidad social en una identidad policial única. Estudiantes, antiguos sandinistas, organizaciones feministas, movimientos territoriales e indígenas, sectores empresariales y grupos vinculados con Washington pasan a ser designados indistintamente como “golpistas”. Una oposición revolucionaria, por ello, resulta disuelta en el caldo de cultivo de la oposición neoliberal.
Los estudios sobre la movilización de 2018 muestran una composición mucho más compleja de quienes resisten la dictadura orteguista. Identifican distintas oleadas formadas por estudiantes, sandinistas disidentes, habitantes indígenas de Monimbó, sectores populares y élites empresariales. También muestran que una parte importante de quienes protestaron interpretaba su acción mediante la memoria de la propia Revolución Sandinista y no desde una simple adhesión a la derecha neoliberal o a Estados Unidos.
Esto exige una doble crítica. Ortega falsea la realidad al convertir toda contradicción interna en conspiración externa. Pero la prensa internacional como el The Guardian también simplifica cuando habla de “la oposición” a secas como si existiera un sujeto democrático homogéneo. Dentro de ella hay proyectos populares, neoliberales, conservadores, oligárquicos, indígenas, feministas y antiguos sandinistas. La defensa del pluralismo no obliga a suspender el análisis de clase.
Del proyecto hegemónico a la dominación coercitiva
Una lectura gramsciana nos permite evitar el lenguaje superficial y frecuentemente liberal del simple “deterioro institucional”. La hegemonía no equivale al control de los órganos estatales. Requiere dirección intelectual y moral, capacidad de producir consentimiento y posibilidad de presentar un proyecto particular como horizonte compartido y universal.
El orteguismo conservó durante años una base popular real, sostuvo programas sociales y forjó, al mismo tiempo, una alianza con el empresariado dentro de una economía mixta y orientada a la exportación. No fue únicamente un aparato represivo. Pero tampoco significó una ruptura socialista con las relaciones dominantes de propiedad y acumulación. Después de su retorno al gobierno, el FSLN mantuvo el modelo de mercado mientras combinaba políticas redistributivas con acuerdos corporativos con el sector privado.
La crisis de 2018 reveló los límites de esa alianza sandinista-empresarial. Desde entonces, la coerción fue sustituyendo crecientemente a la construcción de consenso, lo cual para cualquier gobierno que se crea revolucionario es, simplemente, un pecado capital. Expertos de Naciones Unidas han descrito una estructura coordinada de represión que comprende detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones, persecución de la prensa y la sociedad civil, desnacionalización y confiscación de bienes.
En ese sentido, podemos hablar de un cesarismo regresivo de carácter dinástico. La pareja gobernante se presenta como solución personal y familiar a una crisis orgánica, bloquea la reorganización autónoma de las fuerzas sociales de abajo y preserva desde arriba un orden económico que no ha dejado de ser capitalista en un sentido periférico, dependiente y subalterno. No se trata de afirmar que el régimen carezca absolutamente de apoyo, sino de señalar que ya no admite que ese apoyo sea probado, discutido, modificado o retirado. Es, así, peor que una estructura papal en tiempos de la edad media.
El antiimperialismo convertido en razón de Estado
La historia de la agresión estadounidense contra Nicaragua es real. No es una invención discursiva de Ortega. Precisamente por eso resulta tan eficaz su utilización ideológica de manera similar a cómo el Estado de Israel moviliza la historia del Holocausto para condenar en “anti-semitas” a todos/as lo/as críticos/as del genocidio en Gaza y la continua ocupación de Palestina.
El procedimiento consiste en transformar una verdad histórica en un mecanismo ideológico de inmunidad política. Como Washington apoyó a Somoza y a la Contra, toda crítica actual puede ser presentada como somocista. Como algunos opositores buscan apoyo estadounidense, toda oposición puede ser declarada agente extranjera. Como existe una amenaza imperial, el gobierno se atribuye el derecho de encarnar permanentemente a la nación.
Aquí aparece la estadolatría de la que nos habla Gramsci. El Estado deja de ser una relación contradictoria y pasa a presentarse como sujeto absoluto de emancipación. El FSLN se identifica con el Estado, el Estado con la nación y la nación con la familia gobernante y Ortega mismo. Quien se opone a la familia queda colocado fuera del pueblo. La fórmula perfecta del totalitarismo.
Pero un antiimperialismo que priva al pueblo soberano, las mayorías sociales y subalternas, las plebes de abajo, de la posibilidad de cambiar a sus gobernantes – incluso de cuestionarlos y criticarlos – deja de ser una política de autodeterminación popular. Se convierte en antiimperialismo de Estado sin legitimidad social. La soberanía ya no pertenece a la ciudadanía nicaragüense, sino al aparato que afirma protegerla. Una dictadura abierta y desnuda.
La posición coherente consiste en rechazar simultáneamente la intervención estadounidense y la apropiación orteguista de la soberanía. Washington no tiene derecho a decidir el gobierno de Nicaragua. Ortega y Murillo tampoco.
La expropiación de la memoria revolucionaria
Existe, además, una inversión histórica particularmente significativa. La Revolución de 1979 derrocó una dictadura familiar que había convertido el Estado en patrimonio dinástico. Ortega utilizó el aniversario de esa revolución para anunciar la eliminación de la posibilidad electoral de sustituir a su propia familia ahora dinática. Es una perversión histórica como algunas otras que ya hemos visto en Latinoamérica, pero con sus propias carácteristas infames.
La revolución, así, ha dejado de ser entonces de ser un acontecimiento constituyente y se ha convertido en un título hereditario de propiedad política. El pasado revolucionario funciona como una especie de capital simbólico acumulado que exime al gobernante presente de obtener un mandato renovado.
Ninguna organización ni representación, no importa cuánto hayan participado en los procesos o luchas históricas y fundacionales, puede heredar indefinidamente la soberanía que en algún momento ayudó a movilizar. El pueblo que hizo posible una revolución conserva también el derecho de juzgar a quienes dicen representarla y el derecho de articularse democráticamente para decidir el curso de su propio destino, aunque no le guste a la dirigencia octagenaria y vitalicia. Negarle ese derecho significa vaciar la revolución de su contenido emancipador y conservar solamente su iconografía.
Las cuatro “p”
Hablar de propiedad, producción, poder y placer (las cuatro p) ayuda a ir más allá del institucionalismo liberal o el formalismo revolucionario.
En cuanto a la propiedad, habría que preguntar qué relaciones capitalistas permanecen intactas bajo la retórica socialista. Respecto de la producción, interesa saber quién controla la economía exportadora, las inversiones, la tierra y el excedente. En el plano del poder, la respuesta es cada vez más evidente: la copresidencia concentra el Estado, el partido, la administración territorial y los aparatos coercitivos. En cuanto al placer, el régimen organiza una subjetividad fundada en la conmemoración ritual, la fidelidad absoluta, la pertenencia afectiva y la sacralización de la pareja gobernante, mientras el miedo disciplina la expresión pública del desacuerdo.
Desde este ángulo, la eliminación de las elecciones no constituye una radicalización socialista. Es una radicalización del mando sobre una sociedad cuyas relaciones fundamentales de propiedad y producción no han sido democratizadas.
Posición política posible
La crítica debe evitar dos capturas. Una sería el silencio de cierta izquierda que identifica cualquier condena del orteguismo con una concesión al imperialismo – similar a lo que ha ocurrido con críticas al chavismo, correísmo, evismo o la 4T en México. La otra sería la apropiación neoliberal y estadounidense del lenguaje democrático para legitimar sanciones, tutelas externas o una restauración oligárquica.
La alternativa consiste en defender una salida nicaragüense, nacional-popular y constituyente que recupere libertades políticas, organización autónoma, pluralismo, derechos indígenas, feminismo, justicia por los crímenes estatales y democracia económica. Las elecciones serían una dimensión de ese proceso, no su horizonte completo.
Conclusión
Lo anunciado por Ortega no representa la superación revolucionaria de la democracia liberal o sus defensores neoliberales, sino la supresión de una de las mediaciones mediante las cuales el pueblo mismo puede retirar el poder que ha delegado. La memoria del antiimperialismo y de la Revolución Sandinista ha sido convertida en propiedad ideológica de una dirección familiar que identifica su permanencia con la soberanía nacional. Una crítica de izquierda, consecuente y audaz, debe rechazar tanto esa apropiación estatal del poder popular como cualquier intento estadounidense de utilizar la crisis para restaurar su tutela sobre Nicaragua.
Fuente Blog #RefundaciónYa
