Un guión conocido: reactivaron la exoneración; después llegó el caos

Sergio Vega

El alza de los combustibles y la aparente tibieza con la que el Gobierno enfrenta la crisis ofrecen razones legítimas para protestar. Pero una causa justa también puede ser capturada, administrada y dirigida por actores que no buscan resolver el malestar, sino convertirlo en presión política.

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Precisamente porque la molestia ciudadana es real, resulta útil para quienes necesitan darle legitimidad popular a una decisión ya diseñada. La inconformidad pertenece al pueblo; la arquitectura que intenta conducirla hacia una concesión fiscal, no.

La secuencia con la que la UNE reactivó el tema de la exoneración a los combustibles exige una lectura precisa. La propuesta de suspender impuestos fue presentada públicamente por esa bancada el 24 de marzo, durante las primeras discusiones legislativas sobre subsidios y exoneraciones. Sin embargo, el diputado José Inés Castillo volvió a ponerla en circulación el 17 de julio, apenas cuatro días antes de los bloqueos del 21 y 22.

Nadia de León Torres también había presentado desde el 16 de marzo una iniciativa para suspender temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo. Sin embargo, su intervención reciente no se limitó a recuperar aquella propuesta. El 22 de julio, durante la segunda jornada de bloqueos, presentó la iniciativa 6799, que plantea suspender durante tres meses el impuesto petrolero y exonerar del IVA a las gasolinas superior y regular, el diésel y los demás combustibles derivados del petróleo.

Lo relevante no es presentar estos planteamientos como si hubieran surgido por primera vez en julio, sino observar cómo una salida formulada meses atrás fue reactivada y posteriormente ampliada mediante una nueva iniciativa en medio de la crisis. Primero, José Inés Castillo devolvió la exoneración a la conversación pública; después, los bloqueos elevaron el costo social y político de rechazarla; y, mientras las rutas permanecían cerradas, Nadia de León convirtió nuevamente esa narrativa en una propuesta legislativa concreta.

La idea de la exoneración no apareció para resolver una crisis imprevista. La iniciativa 6799 retomó y amplió una salida que ya había sido promovida desde marzo. Los bloqueos terminaron funcionando como presión para colocarla nuevamente en el centro del debate y presentarla como una medida impostergable.

La crisis internacional existe y Guatemala depende del combustible importado. El conflicto alrededor del estrecho de Ormuz, los precios de refinación, el transporte marítimo y los seguros pueden afectar el costo interno. Pero una cosa es el origen económico del aumento y otra la utilización política de sus consecuencias: el mercado proporciona el incendio, las redes multiplican el humo, los bloqueos elevan el costo social y la vieja política aparece con la única puerta de salida que desea discutir.

El comportamiento internacional también exige una explicación más transparente. Según los registros de la cesta OPEP, el petróleo pasó de un promedio de US$116.37 por barril en marzo a US$78.24 en el registro disponible para julio, una reducción cercana al 33%. Esto no significa que el precio en las estaciones deba disminuir automáticamente en la misma proporción, porque Guatemala importa combustibles refinados y al costo se suman los inventarios, los nuevos embarques, los fletes, los seguros, el tipo de cambio, los impuestos y los márgenes de comercialización.

Pero esa diferencia obliga a explicar cuánto del aumento reciente corresponde realmente a compras realizadas a precios más altos, con qué retraso se trasladan las variaciones internacionales y por qué las reducciones no siempre se reflejan con la misma rapidez y claridad con la que aparecen las alzas.

El problema no es la existencia de un rezago, sino su aparente funcionamiento asimétrico: cuando las referencias internacionales suben, el traslado al consumidor se presenta como inevitable e inmediato; cuando bajan, se invocan inventarios, fletes y compras anteriores para justificar la demora.

Con la exoneración nuevamente instalada en la conversación pública, las intervenciones de la UNE y Nosotros convergieron en una misma salida fiscal. José Inés Castillo recuperó desde la UNE el planteamiento formulado en marzo, mientras Nadia de León lo amplió el 22 de julio mediante la iniciativa 6799, que incorporó tanto el impuesto petrolero como el IVA.

Formalmente, UNE y Nosotros son organizaciones distintas. La relación familiar entre Nadia de León y Sandra Torres tampoco demuestra por sí sola una coordinación política. Sin embargo, la coincidencia de tiempos, mensajes y solución propuesta produjo la percepción de un respaldo transversal a la exoneración y redujo la impresión de que la presión provenía de un solo sector.

Mientras la exoneración volvía al centro de la discusión legislativa, taxistas informales, transportistas y estructuras territoriales cerraban rutas en distintos puntos del país. La coincidencia no basta para demostrar que todos respondieran a una dirección común, pero sí permite evaluar el efecto político que terminaron produciendo los bloqueos: sustituir el debate técnico por el costo inmediato de la parálisis.

Cuando cada hora perdida afecta el comercio, el trabajo, los alimentos y la movilidad, una exoneración millonaria comienza a parecer menos costosa que prolongar la crisis. No es necesario que todos los participantes conozcan un diseño completo o respondan a un mismo mando para que sus acciones terminen favoreciendo la misma salida: unos ejercen presión territorial, otros amplifican la narrativa y otros la convierten en propuesta legislativa.

El antecedente explica por qué esta fórmula vuelve a utilizarse. El Estado ya destinó Q2 mil millones a un subsidio canalizado mediante los importadores registrados, con descuentos temporales para el diésel y las gasolinas. El alivio existió, pero su aplicación inicial fue desigual, dependió de la rotación de inventarios y tuvo un efecto temporal.

Cuando el alivio terminó, los precios volvieron a presionar el bolsillo de la población y la demanda de nuevas intervenciones reapareció. La política no corrigió la vulnerabilidad energética del país; enseñó que el costo podía trasladarse nuevamente hacia el presupuesto público.

Ahora se intenta presentar la exoneración como algo distinto, casi como si suspender impuestos no costara nada. En el subsidio, el Estado desembolsa recursos; en la exoneración, renuncia a recibirlos.

Las propuestas que combinan el IDP y el IVA pueden provocar una pérdida cercana a Q699 millones mensuales sin explicar con claridad qué gasto será recortado, qué ingreso reemplazará el vacío o qué deuda terminará cubriéndolo.

El argumento de las carreteras resulta especialmente conveniente: si los recursos fueron mal utilizados, la respuesta debería ser rastrearlos, fiscalizarlos y corregir su ejecución, no eliminar el ingreso. Suspender el impuesto no repara un kilómetro; convierte el fracaso institucional en justificación para una nueva concesión.

La iniciativa 6799 incluye las gasolinas superior y regular, el diésel y otros derivados del petróleo. Sin embargo, parte del discurso político y sectorial ha colocado especial énfasis en el diésel, combustible utilizado principalmente por el transporte pesado, las grandes flotas, la industria, la agricultura y los operadores logísticos.

Cerca del 88% del parque vehicular utiliza gasolina. Reducir el precio del diésel puede contener ciertos costos de alimentos y mercancías, pero nada garantiza que la rebaja se traduzca automáticamente en menores fletes, tarifas o precios finales. Para que el argumento del alivio sea creíble, deberían existir compromisos verificables que obliguen a trasladar el beneficio al consumidor.

El transporte ya conoce el mecanismo: cuando el combustible sube, el pasaje aumenta con rapidez; cuando baja, la tarifa rara vez regresa. El ciudadano termina pagando tres veces: en la gasolinera, en el pasaje y mediante los ingresos públicos que el Estado deja de percibir para sostener el alivio.

La presión, sin embargo, no se ha limitado al terreno económico ni legislativo. La crisis entra en un espacio más peligroso cuando las demandas fiscales y sectoriales comienzan a mezclarse con llamados abiertos a la ruptura institucional.

En redes sociales circulan mensajes que piden un golpe de Estado, promueven incendiar gasolineras y presentan la violencia como la única respuesta posible. No es necesario afirmar que todo responde al mismo mando para comprender cómo estas narrativas se alimentan entre sí: unos actores buscan concesiones económicas; otros aprovechan el miedo para erosionar la autoridad, extender la sensación de desgobierno y normalizar salidas extremas.

El Gobierno necesita separar con claridad tres planos: la necesidad legítima de la población, los intereses sectoriales que buscan capturar la crisis y las estructuras que empujan hacia la violencia.

Eso exige transparencia diaria sobre precios, inventarios, impuestos y márgenes; apoyos focalizados en el transporte público y las cadenas de alimentos; compromisos obligatorios sobre tarifas y fletes; y aplicación firme de la ley contra bloqueos violentos, amenazas e incitación a destruir infraestructura.

El pueblo ya no aguanta el costo de la canasta básica y, precisamente por eso, no puede permitirse otra solución diseñada para aliviar arriba y cobrar abajo. Una política seria debe proteger al consumidor sin convertir el presupuesto público en una caja de compensación permanente para importadores, transportistas o grandes flotas.

El dilema no es entre dejar que todo suba o entregar otra concesión. El verdadero desafío es impedir que una necesidad social real termine convertida en tarifa permanente, privilegio fiscal o combustible para una ruptura institucional.

Tomado del Facebook de Sergio Vega