¿Terrorismo de Estado?

Autor: Jairo Alarcón Rodas

No se pregunte, general, si es culpable o inocente: pregúntese si cuenta o no con el favor del amo, que un inocente a mal con el gobierno, es peor que si fuera culpable.

Miguel Ángel Asturias

Hechos insólitos ocurren en Guatemala desde hace mucho tiempo, por algo Miguel Ángel Asturias obtuvo de los sucesos acontecidos en este país, el material para crear su realismo mágico. Un país con múltiples contrastes y asimetrías, heredero de una cultura milenaria, pero gobernado por una de las peores oligarquías de Latinoamérica. Quizás por ello, Asturias dijera que en Guatemala solo loco y borracho se puede vivir, solo negando la cruda realidad que aqueja al común de los guatemaltecos y sus focos de miseria.

Un país cuyas élites económicas se niegan a modernizar y a democratizarse, pues su voraz apetito de lucro es ilimitado y el egoísmo con el que actúan los hace indolentes ante los males de otros, ante el sufrimiento ajeno, ante la crisis permanente que se vive en el país. Con tales antecedentes, en este país se crean las situaciones más inusuales, surrealistas y perversas. Y así, un hecho punible, detestable, que sucede en un día, queda sepultado en el olvido por otro aún peor tiempo después.

Situación que no solo tiene que ver con la imposición de gobiernos nefastos, con tiranías militares, con saqueadores del erario, sino con todo un engranaje perverso asentado sobre el miasma político-partidista de este país, que responde a los intereses de la oligarquía, que ha cooptado las instituciones del Estado, sobre todo, el sistema jurídico, a través de inescrupulosos, convertidos en jueces y magistrados.

Ahora, nuevamente, como en los años del conflicto armado interno en el que se instauraron los temibles tribunales de fuero especial, a través del Decreto Ley 46-82, durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, se persigue, se criminaliza y encarcela a todos aquellos que se opongan a la clica dirigida por el Pacto de Corruptos. Esta vez a través de órdenes giradas por jueces corruptos en contra de ex dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán.

De nuevo, como en el pasado, bajo el manto de la impunidad y el abuso de poder, fueron imputados de terrorismo y de obstaculización a la acción penal, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, por el simple hecho de oponerse al golpe de Estado que pretendía acertar el Pacto de Corruptos, encabezado por el ministerio público.

Los capturados son acusados por el MP de ser presuntos responsables de los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia y sedición, a pesar de que fue claro que los sediciosos fueron ellos. Fueron las acciones emprendidas por la fiscal general, Consuelo Porras, quien pretendía que el binomio presidencial electo de Guatemala, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, no asumieran sus cargos de presidente y vicepresidente de la República.

Con la criminalización de todos aquellos que se opongan al llamado Pacto de Corruptos, se denota, por una parte, el secuestro de los órganos encargados de la justicia por medio de sectores oscuros y, por otra, falta de una actitud enérgica del presidente ante tales amenazas al orden público. Y es que, cuando las leyes no sirven para resguardar el orden de una sociedad, para establecer un Estado justo, no se puede continuar con ellas, mucho menos si los que las interpretan y ejecutan tiene orígenes oscuros.

El país se está perdiendo, se hunde en el fango de la corrupción y la impunidad y todo por falta de unidad y de criterio por parte de los distintos sectores que la conforman. No puede ser que la corrupción e impunidad siga siendo algo normal para los habitantes de este país, no todo está podrido en Guatemala.

No obstante, al parecer, pesa más los intereses sectoriales, los gremiales e individuales, que salvaguardar los de la población en general, los del país. Por aparte, el miedo continúa permeando a la población y para el común de la gente es mejor evitar que entrar en conflicto con aquellos que ostentan el poder, es mejor evitar, que también ser criminalizados, perseguidos y encarcelados, como aquellos que sí lo han hecho.

La desunión, unida a la falta de interés político, a la desidia e indiferencia de una sociedad, que cada vez más encuentra normal y cotidiano el proceder ilegitimo de un ministerio público, ampliamente cuestionable, de jueces y magistrados, cuyas acciones lejos de coincidir con un Estado de Derecho responden a oscuros intereses.

La criminalización continuará, y de ella seguirá siendo su objetivo jueces honestos, periodistas independientes o, cualquier persona que cuestione, las acciones emprendidas por los golpistas. Y es que, necesitados por tomar el control total del país, lo más pronto posible, de cooptar nuevamente al ejecutivo, pues su mandato está próximo a expirar, saben que, de no hacerlo, serán perseguidos como delincuentes que son, por lo que requieren, lo más pronto posible, la caída del gobierno de Bernardo Arévalo y de Karin Herrera.

Ante panorama tan desalentador, una frase de Antonio Machado se hace pertinente, solo el pueblo salva al pueblo. Esa debería ser la respuesta, pero para ello es necesario dejar por un lado los intereses sectarios y el miedo. Puesto que el interés general debe prevalecer sobre el personal y es que, al recuperar al país, también se rescata a sus habitantes, un país sano produce personas sanas. Recuperar las instituciones, el sistema jurídico, el ministerio público, la universidad de San Carlos, entre otras entidades, es de vital importancia.

Desde luego que no se puede esperar que personajes como Joviel Acevedo y el grupo del magisterio que lo secunda, participen en el rescate de este país, ellos han demostrado que su interés está en seguir llenando sus bolsillos, sin importar con qué sectores se alíen para lograr tales objetivos y el daño que puedan ocasionar a Guatemala.   

Para tal propósito, es esencial que el ejecutivo haga su parte, que actúe como le corresponde, con enérgica presencia, salvaguardando el orden social del país, para el establecimiento de un Estado de Derecho. Por lo que, reiterando las palabras de Montesquieu: Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Tristemente muchos juristas en Guatemala piensan que, con solo el hecho de ser ley, es suficiente para que deba ser cumplida.

En el caso de este país, en el que las leyes no han cumplido su objetivo, que es preservar el orden público y el bienestar de la población en general y, por el contrario, ponen en peligro la estabilidad social, pues han sido retorcidas por jueces y magistrados corruptos, qué le queda a la población, más que hacer eco de las palabras de Gandhi cuando dijo, ¡cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer!

En nuestro caso, cuando jueces y magistrados retuercen las leyes, vulnerando el espíritu de justicia y equidad que debería prevalecer en estas, sus resoluciones no deberían ser acatadas. Para los guatemaltecos, el dilema es, o bien, continuar dentro de la corrupción, o luchar por desterrarla.

Por lo tanto, al igual que José Mujica, quien dijo: Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad, los guatemaltecos honestos no podemos seguir indiferentes ante las acciones funestas del Pacto de Corruptos.