Soberanía para incrédulos
Miguel Angel Sandoval
Hay por lo menos dos hechos que nos deberían llevar a la reflexión, sobre la postura oficial ante los temas del medio ambiente y los recursos naturales. Y son dos temas que deben poner a reflexionar a quienes, desde el medio ambiente, señalan con la mano en la cintura que no se hace mucho para defender el medio ambiente y los recursos naturales. Es algo que merece reflexión de fondo y llegado el momento, una sustentada y renovada actitud.
Si recordamos, la explotación petrolera ha estado en el ambiente nacional desde hace muchos años. Solo como recordatorio, el presidente Juan José Arévalo señaló en su momento que los EEUU por la vía del Embajador acreditado, le había pedido de forma expresa que el subsuelo y la explotación petrolera no fuera algo bajo control del estado y Juan José Arévalo rechazo esa exigencia. Los términos de esta postura y demanda como siempre sujetos de interpretación. Y la historia que sigue es por todos conocida. Con el gobierno de Castillo Armas se hizo un código petrolero, cuya primera versión fue en inglés.
Pero resulta que ahora, cuando venció la vigencia del contrato de la Perenco, heredera y subsidiaria de otras tantas empresas petroleras, se planteó un problema estructural: para finalizar en los trabajos petroleros era necesaria una operación técnica, para la cual, el estado guatemalteco no tiene el equipo y los conocimientos para llevarlo a cabo. Eso es lo que explica que se haya tocado las puertas de varias empresas mexicanas. Acto seguido, una campaña negra para oponerse a la actividad de cierre de los pozos de Perenco. El fondo del tema es que se pretendía extender, sin límite de tiempo, los trabajos de explotación petrolera por esa empresa o a quien esta le vendiera. Ya sabemos cómo operan estas empresas petroleras.
Si bien ahora se cierra Perenco pues su contrato había llegado a su fin, luego de alguna extensión por la vía de las coimas, para un periodo total de cuarenta años (40 años) es necesario apuntar que hace falta derogar el actual código de minas e Hidrocarburos para hacer una nueva ley de la materia que no tenga como punto de partida el ignominioso 1% para el estado y 99% para las empresas. Dicho de otra manera, la jauja de Perenco finaliza luego de 40 años de vivir dando al estado el miserable 1% que establece el código de minas e hidrocarburos. El único problema es que la mayoría del legislativo está integrada por una banda de vendepatrias que no parece que tengan el ánimo para elaborar una ley nacionalista.
En otro tema es el minero y está vinculado al medio ambiente y a la soberanía nacional. Sabemos que en los últimos meses se han cancelado varias licencias de exploración y explotación minera que se habían obtenido luego de procesos fraudulentos y coimas millonarias, durante los últimos meses o semanas del gobierno de Giamatei. Las licencias fueron otorgadas a la empresa Rio Nickel S.A. subsidiaria de la American Nickel, que como sabemos forma parte de un consorcio internacional minero con actividades en muchos países del mundo y con problemas en donde se instala.
La cancelación de 10 licencias a estas empresas, una de las cuales es parte del monopolio mundial de la extracción de nickel, debe ser visto como una expresión de soberanía nacional en su mejor expresión, antes que como una forma de limitar los derechos a la inversión y el largo etcétera que en ocasiones vemos en medios escritos, redes o emisiones de radio o TV. Es claro que junto con estas medidas que tienen en la base la movilización de las comunidades del área de Livingston y la Sierra Santa Cruz, se han cometido errores, permitiendo la llegada de fuerzas policiacas a la zona. Aunque el tema central sigue siendo la medida de cancelar 10 licencias de exploración y explotación del Nickel en la región.
Todo esto lleva a decir, sin altisonancia, que estamos ante el primer gobierno en la historia reciente, que, en estos temas, toma medidas de rectificación luego el desbarajuste heredado. No hablo de los gobiernos de la revolución. Que preservaron los recursos mineros o petroleros, sino ante el desgarriate que nos dejó la infame ley minera y de hidrocarburos de Álvaro Arzú, en la cresta de la ola neoliberal, y la práctica de entregar el país a las empresas extranjeras con toda clase de corruptelas, coimas, estudios de impacto falsos, o realizadas Inter empresas, licencias nulas de pleno derecho, etc. Solo recordar que la Montana de triste paso por nuestro país, acepto públicamente que, ¡ellos habían participado en la redacción de la ley de minas e hidrocarburos!
Desde la historia de Exmibal a la fecha fue el horror ambiental. Ello, pasando por otras como Perenco, antes Basic Resourses, Shenandoah y otras tantas. Hoy se intenta retomar el rumbo abierto por la revolución de octubre. En buena hora. Dicho esto, es importante recordar que a estas medidas les hace falta otras para dar sustento legal a las medidas pendientes. Y ello pasa por la modificación del código de minas e hidrocarburos, heredado del nefasto gobierno de Álvaro Arzú, que permitió que, en la ley minera y petrolera, se dejara el 1% de regalías a pagar por las empresas al estado guatemalteco, mientras estas facturaban el 99% restante.
Aunque entiendo lo complejo de este cambio indispensable, por el hecho que esta reforma o nuevo código, debería pasar por el legislativo y el problema es que la mayoría del legislativo, está integrada por una banda de vendepatrias. que no parece que tengan el ánimo para elaborar una ley nacionalista. De todas formas, la cancelación de licencias a varias empresas mineras y la prohibición de minería a cielo abierto en la mina Cerro Blanco, así como el fin del contrato de Perenco, merecen nuestro respaldo. Son medidas concretas no discursos de humo. El camino para la defensa del medio ambiente y nuestros recursos naturales es un largo proceso, pero se está caminando, le pese a quien le pese.
