La Desproporcionalidad de las Penas Conmutables y las Implicaciones Políticas

Luis Armando Ruiz

El Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción constituye uno de los episodios más trágicos en la historia contemporánea de Guatemala, caracterizado por la muerte de 41 niñas y adolescentes en un incendio el 8 de marzo de 2017 en un centro estatal diseñado para su protección. Este suceso no fue un evento fortuito, sino el resultado de una serie de decisiones deliberadas y omisiones que, aunque oficialmente clasificadas como «negligencias, abusos y deficiencias institucionales», evidencian un colapso sistémico en la protección de menores bajo tutela estatal. Los sentenciados, investidos con la obligación de garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas antes, durante y después de los hechos —ya sea por mandato legal, ético, humanitario o divino—, fallaron en su deber de manera inexcusable. Reducir sus acciones a meras negligencias, abusos o fallas institucionales resulta inadecuado, ya que estas categorías subestiman la gravedad de su inacción y el impacto devastador de sus decisiones, que culminaron en una tragedia de proporciones irreparables[1].

El 12 de agosto de 2025, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, presidido por la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, emitió sentencias contra seis exfuncionarios involucrados en el caso, imponiendo penas de prisión que oscilan entre 6 y 25 años[2]. Asimismo, la jueza ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación contra el expresidente Jimmy Morales Cabrera por su posible responsabilidad, considerando que, en su calidad de máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social, del Ministerio de Gobernación y, por extensión, de la Policía Nacional Civil, contribuyó —según la perspectiva del autor— a las condiciones que desencadenaron la tragedia[3], sintiéndose estos sentenciados con protección especial, de allí las decisiones tomadas.

Las condenas detalladas abarcan: 25 años de prisión inconmutable por homicidio culposo para Carlos Antonio Rodas, exsecretario de Bienestar Social, y Santos Clemente Torres, exdirector del Hogar Seguro; 17 años para Brenda Julissa Chamán Pacay, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; 13 años para Lucinda Eva Marina Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil; 11 años para Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la Policía Nacional Civil; y 6 años para Gloria Patricia Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos[4]. Harold Augusto Flores, exprocurador de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, resultó absuelto. Estas sanciones se derivan de delitos graves, incluyendo homicidio culposo, maltrato contra menores de edad, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, los cuales evidencian una inacción y negligencia sistemáticas que permitieron el confinamiento de 56 niñas en un espacio hacinado, donde un incendio descontrolado provocó la muerte de 41 de ellas y lesiones permanentes en las sobrevivientes. Es imperativo que la jueza ordene una investigación exhaustiva sobre todos los involucrados en delitos previos relacionados con los hogares de protección, dado que tanto los medios de comunicación como actores sociales han señalado de manera recurrente la existencia de prácticas de trata de personas, abuso infantil y otras violaciones sistemáticas de derechos humanos en estas instituciones, las cuales no pueden seguir siendo ignoradas[5].

Aunque estas sentencias representan un progreso en la búsqueda de responsabilidad (rendición de cuentas, particularmente en el contexto de funcionarios públicos obligados a responder por sus acciones u omisiones), y un elemento especialmente controvertido, reside en la imposición de penas conmutables, particularmente en aquellas de menor extensión. Por ejemplo, la condena por maltrato contra menores de edad se fijó en 5 años conmutables a una tasa de Q50 diarios, mientras que incumplimiento de deberes y abuso de autoridad recibieron 6 años cada uno, también sujetos a conmutación en determinados escenarios[6]. En el caso de Gloria Patricia Castro, su pena de 6 años es explícitamente conmutable, lo que implica la posibilidad de eludir el cumplimiento efectivo en prisión mediante el abono de una multa diaria equivalente. Esta disposición, contemplada en el Código Penal guatemalteco para delitos no considerados graves, transforma la sanción en una obligación financiera que, para una pena de 6 años, equivaldría aproximadamente a Q109,500 (calculado sobre 365 días anuales), una cantidad que, si bien considerable, resulta insignificante ante la escala de las pérdidas humanas[7].

Permitir que las sanciones asociadas a estos eventos sean conmutables mediante pagos equivale a asignar un valor monetario irrisorio a las vidas perdidas, perpetuando una percepción de impunidad en un sistema judicial donde las multas no cumplen funciones efectivas de disuasión ni de reparación adecuada para los daños infligidos a víctimas vulnerables, es más, resultan ser efectivas para continuar cometiendo delitos que pueden pagarse. Esta problemática no se limita al caso del Hogar Seguro, sino que se refleja de manera similar en diversos tribunales, incluidos los juzgados laborales, donde las sanciones económicas frecuentemente resultan insuficientes para garantizar justicia y prevenir la reincidencia de conductas ilícitas[8]. Valdría la pena considerar una reforma en la que el monto de la conmutación se determine en función del promedio diario de los salarios de todos los involucrados en los actos, asegurando así una proporcionalidad mayor y una mayor equidad en la aplicación de justicia, al vincular la sanción económica directamente con la capacidad financiera de los responsables. Además, esta situación resulta incompatible con los criterios de selección del personal encargado de cumplir tan noble función.

Por lo anterior, se deriva que los procesos de reclutamiento para cargos institucionales en el ámbito público —y, me permito sugerir, también en el privado— deben integrarse en una lógica integral que armonice las funciones estratégicas, tácticas y operativas con el desarrollo de acciones humanitarias, estrictamente apegadas a los derechos humanos y a principios éticos fundamentales[9]. Esta lenidad (ligereza) contrasta con las observaciones de organismos internacionales y las conclusiones del juicio, que subrayan cómo las niñas fueron tratadas como infractoras en lugar de víctimas, sometidas a gas pimienta, golpes y encierro prolongado sin protección en condiciones peculiares adversas[10]. La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, aunque ha exhibido independencia en casos de relevancia, ha sido vinculada previamente a resoluciones que incorporan penas conmutables en contextos delicados, lo que suscita interrogantes sobre la uniformidad en la aplicación de justicia restaurativa frente a punitiva[11].

La orden de investigar a Jimmy Morales Cabrera introduce una dimensión adicional de complejidad política. Dado su involucramiento, es previsible que el denominado «pacto de corruptos» —una coalición informal de actores políticos y económicos asociados con prácticas corruptas durante su administración y posteriores— se active para obstruir la ejecución de las sentencias, recurriendo a mecanismos legales o extralegales que impidan su cumplimiento efectivo[12]. Esta red, conocida por sus esfuerzos en socavar iniciativas anticorrupción, podría incluso impulsar procesos contra la jueza Cifuentes con el fin de mitigar el impacto y deslegitimar el fallo[13]. En consecuencia, el equipo judicial y los involucrados en el procesamiento de los condenados quedarán expuestos a riesgos significativos, incluyendo presiones institucionales o amenazas a su integridad, en un contexto donde la independencia judicial ha sido históricamente vulnerable[14].

En síntesis, aunque las sentencias del 12 de agosto de 2025 ofrecen un cierre parcial al Caso Hogar Seguro, las penas conmutables evidencian una deficiencia estructural en el sistema penal guatemalteco, priorizando mecanismos financieros sobre la proporcionalidad y la reparación ética. A manera de propuesta, para dignificar la memoria de las 41 niñas fallecidas, resulta esencial reformar estas normativas, garantizando que delitos de esta gravedad demanden cumplimiento efectivo y no simples transacciones monetarias. Solo mediante tales ajustes se podrá progresar hacia un auténtico cambio en la salvaguarda de la niñez, como lo exige esta tragedia estatal[15].

¡No nos quedemos callados!

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Bibliografía

Agencia Ocote. (12 de 8 de 2025). Agencia Ocote. Obtenido de //www.agenciaocote.com: //www.agenciaocote.com/blog/2025/08/12/caso-hogar-seguro-en-vivo-sentencia/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (s.f.). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obtenido de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Informe sobre la sithttps://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf:

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El Períodico. (15 de marzo de 2020). El Períodico. https://elperiodico.com.gt/política/2020/03/15/el-pacto-de-corruptos-y-su-impacto

Freedom House. (2025). freedomhouse.org. https://freedomhouse.org/country/guatemala/freedom-world/2025

Human Rights Watch. (8 de 3 de 2018). Human Rights Watch. https://www.hrw.org/es/news/2018/03/08/guatemala-ninas-enfrentan-abuso-negligencia-en-refugio-estatal

Naciones Unidas. (2020). Naciones Unidas. Obtenido de Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ES.pdf

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Organización Internacional del Trabajo. (2023). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de Organización Internacional del Trabajo. (2023). Informe sobre la justicia laboral en América Lahttps://www.ilo.org/global/publications:

Plaza Pública. (s.f.). plazapublica.com.gt. Presiones contra el poder judicial en casos de alto perfil. https://www.plazapublica.com.gt/content/presiones-contra-jueces

Prensa Libre. (s.f.). Prensa Libre. Análisis de resoluciones judiciales en casos de derechos humanos en Guatemala. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/

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[1] Agencia Ocote. (2025, 12 de agosto). Caso Hogar Seguro, en vivo: Sentencia. https://www.agenciaocote.com/blog/2025/08/12/caso-hogar-seguro-en-vivo-sentencia/

[2] Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. (2025). Sentencia Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Guatemala.

[3] Facebook. (2025, 12 de agosto). Jueza ordena investigación contra Jimmy Morales en el caso Hogar Seguro. https://www.facebook.com/share/16jVbpQSP5/

[4] Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. (2025). Sentencia Caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Guatemala.

[5] Human Rights Watch. (2018). Guatemala: Niñas enfrentan abuso, negligencia en refugio estatal. https://www.hrw.org/es/news/2018/03/08/guatemala-ninas-

[6] Código Penal de Guatemala, Decreto 17-73, Artículo 49. (1973). Congreso de la República de Guatemala.

[7] Después de 8 años de proceso, seguro que ya está en los imprevistos de estos sentenciados.

[8] Organización Internacional del Trabajo. (2023). Informe sobre la justicia laboral en América Latina: Desafíos y perspectivas.

[9] Naciones Unidas. (2020). Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Naciones Unidas. (2020). Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2017). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.

[11] Prensa Libre. (2023). Análisis de resoluciones judiciales en casos de derechos humanos en Guatemala. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/

[12] El Periódico. (2020). El pacto de corruptos y su impacto en la justicia guatemalteca. https://elperiodico.com.gt/politica/2020/03/15/el-pacto-de-corruptos-y-su-impacto/

[13] Plaza Pública. (2024). Presiones contra el poder judicial en casos de alto perfil. https://www.plazapublica.com.gt/content/presiones-contra-jueces

[14] Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: Guatemala. https://freedomhouse.org/country/guatemala/freedom-world/2025

[15] Agencia Ocote. (2025, 12 de agosto). Caso Hogar Seguro, en vivo: Sentencia. https://www.agenciaocote.com/blog/2025/08/12/caso-hogar-seguro-en-vivo-sentencia/ (Agencia Ocote, 2025)