Las reformas de Cuba y la defensa de la soberanía socialista
Isaac Saney*, Doctor en Historia de la Universidad de Londres
El anuncio del nuevo paquete de transformaciones económicas de Cuba ha generado un intenso debate tanto dentro del país como entre los partidarios de la Revolución a nivel internacional. Algunos han expresado su preocupación de que ciertos aspectos de las reformas representen un retroceso hacia el capitalismo, un debilitamiento de los principios socialistas o incluso una concesión a la implacable presión del imperialismo estadounidense. Estas preocupaciones no deben desestimarse. Surgen de un compromiso genuino con los principios que han definido la Revolución Cubana y de una comprensible aprensión ante los peligros que conlleva cualquier expansión de los mecanismos de mercado.
Sin embargo, el punto de partida de cualquier análisis serio debe ser la realidad. Cuba se enfrenta a una de las crisis económicas más graves de su historia contemporánea . Esta crisis no es producto únicamente de fracasos políticos abstractos, ni puede entenderse al margen de la escalada sin precedentes de la guerra económica estadounidense contra la isla. El objetivo de Washington sigue siendo el mismo: generar tal sufrimiento, privación y desintegración social que el pueblo cubano abandone su proyecto revolucionario y renuncie a su soberanía.
Durante más de seis décadas, las sucesivas administraciones estadounidenses han intentado lograr, mediante la guerra económica, lo que no consiguieron con la invasión, el sabotaje, el terrorismo, el aislamiento diplomático o la subversión política: la destrucción de la Revolución Cubana. La fase actual de este ataque ha alcanzado niveles extraordinarios. Cuba se enfrenta a persecución financiera, restricciones a las importaciones de combustible, obstáculos a las transacciones bancarias internacionales, sanciones contra los inversores extranjeros y una campaña diseñada explícitamente para asfixiar la economía del país.
En tales circunstancias, la dirigencia revolucionaria cubana no podía simplemente permanecer impasible. No hacer nada habría sido en sí mismo una decisión, una decisión con consecuencias potencialmente devastadoras para el pueblo cubano y para la supervivencia de la Revolución. Como han señalado repetidamente economistas y responsables políticos cubanos, muchas de las medidas que ahora se implementan se han debatido durante décadas. De hecho, parte de la crisis actual se deriva de reformas que se retrasaron, se implementaron solo parcialmente o se vieron obstaculizadas por la inercia institucional. El costo de la inacción ha sido enorme.
Por lo tanto, la cuestión no es si los cambios eran necesarios. Lo eran. La verdadera pregunta es qué tipo de cambios se están implementando, bajo la autoridad de quién y con qué propósito.
Algunos críticos consideran que medidas como la expansión de la inversión extranjera, las modificaciones a los acuerdos comerciales internacionales, una mayor flexibilidad para las empresas estatales y nuevas formas de financiación son prueba de una restauración capitalista. Estas conclusiones son prematuras y a menudo malinterpretan el problema central que enfrentan las sociedades socialistas.
El socialismo nunca se ha construido en condiciones ideales. Ni Marx ni Engels imaginaron que la construcción socialista se daría en un pequeño país en desarrollo sometido al asedio permanente del imperio más poderoso del mundo. Toda revolución socialista se ha visto obligada a sortear contradicciones, carencias, amenazas externas y compromisos difíciles. La historia de los movimientos revolucionarios no es la historia del avance en condiciones perfectas, sino la historia de la defensa de proyectos emancipadores en condiciones hostiles.
Lenin se enfrentó precisamente a esta realidad en 1921. Tras años de guerra civil, intervención extranjera, colapso económico y devastación, la Rusia soviética introdujo la Nueva Política Económica (NPE). La NPE permitía una limitada iniciativa privada, el intercambio de mercado y concesiones al capital extranjero. Fue objeto de intensos debates dentro del movimiento revolucionario. Sin embargo, Lenin insistió en que la cuestión decisiva no radicaba en la existencia de mecanismos de mercado de forma aislada, sino en qué clase ostentaba el poder político y si el Estado socialista mantenía el control sobre la dirección estratégica de la sociedad.
La NEP no se consideró una rendición. Se entendió como una retirada estratégica diseñada para preservar el poder revolucionario, reconstruir la capacidad productiva y ganar tiempo en condiciones extremadamente desfavorables.
La historia nunca se repite mecánicamente, y Cuba no es la Rusia soviética. Sin embargo, la comparación resulta instructiva. Los gobiernos revolucionarios a veces se enfrentan a circunstancias en las que la flexibilidad táctica se vuelve necesaria para preservar los objetivos estratégicos.
La pregunta crucial sigue siendo: ¿quién controla el Estado? La Revolución Cubana no ha cedido el poder político a capitalistas nacionales, corporaciones extranjeras ni instituciones financieras internacionales. Cuba sigue siendo un Estado soberano gobernado por instituciones creadas mediante el proceso revolucionario. El Partido Comunista mantiene el liderazgo. El Estado conserva el control sobre los sectores estratégicos de la economía. La independencia nacional sigue siendo innegociable.
Esta distinción es crucial. La cuestión no radica en si existen mecanismos de mercado. Los mercados existen en diversas formas en prácticamente todas las sociedades. La pregunta decisiva es para quién se genera el producto social y cómo se utiliza el excedente social.
¿Se genera riqueza para la acumulación privada de una élite reducida? ¿O se destina al desarrollo nacional, el bienestar social, la salud pública, la educación, el progreso científico, la seguridad alimentaria y el bienestar colectivo?
Esa es la principal línea divisoria entre el desarrollo de orientación socialista y la restauración capitalista. Quienes se preocupan por el debilitamiento del monopolio estatal del comercio exterior tienen motivos legítimos para ello. La historia demuestra que la apertura a las fuerzas del mercado puede generar desigualdades y presiones sociales. Del mismo modo, las propuestas que implican una mayor participación de la inversión extranjera y cambios en las estructuras empresariales merecen un análisis minucioso.
Existen peligros reales. Ningún revolucionario serio debería negarlos. Existe el peligro de una creciente desigualdad. Existe el peligro de distorsiones burocráticas. Existe el peligro del surgimiento de sectores privilegiados. Existe el peligro de que los incentivos del mercado, si no se controlan, puedan transformar gradualmente las relaciones sociales de maneras incompatibles con los objetivos socialistas.
Pero los peligros por sí solos no determinan la política. La alternativa a afrontar estos riesgos no es una preservación idealizada del statu quo anterior. La alternativa bien podría ser un colapso económico más profundo, una escasez cada vez mayor, una mayor emigración, el deterioro de los servicios públicos y el debilitamiento de los cimientos materiales sobre los que se asienta la Revolución. Por lo tanto, el desafío no consiste en evitar todos los riesgos —una imposibilidad práctica—, sino en gestionarlos preservando el poder revolucionario.
En este sentido, un aspecto importante del debate actual concierne a las alternativas que profundizan la participación obrera, el desarrollo cooperativo, el control comunitario y las formas democráticas de gestión económica. Estas discusiones merecen una atención seria. El futuro de Cuba no tiene por qué reducirse a una elección entre la centralización burocrática y la acumulación de capital privado. Ampliar el papel de los trabajadores, las cooperativas, los municipios y las comunidades en la toma de decisiones económicas sigue siendo un componente esencial de la renovación socialista.
De hecho, el debate en sí mismo pone de manifiesto una realidad a menudo ignorada: Cuba sigue lidiando abiertamente con cuestiones fundamentales sobre el rumbo de su desarrollo. La Revolución nunca se ha atribuido la infalibilidad. Los líderes cubanos han reconocido repetidamente errores, deficiencias, retrasos y obstáculos burocráticos. Las reformas actuales no surgen de una conversión ideológica al capitalismo, sino del reconocimiento de que los mecanismos existentes han resultado insuficientes en las condiciones actuales.
En última instancia, sin embargo, la principal contradicción sigue siendo externa. La mayor amenaza para el socialismo cubano no es el debate actual entre revolucionarios sobre política económica. La mayor amenaza sigue siendo la implacable campaña de Washington —que incluye la posibilidad real de una agresión militar— para someter a Cuba. Por eso, la solidaridad internacional sigue siendo indispensable.
Quienes viven fuera de Cuba tienen todo el derecho —e incluso la responsabilidad— de debatir y evaluar críticamente los acontecimientos en la isla. Pero tales debates deben partir de una defensa inequívoca del derecho de Cuba a determinar su propio futuro, libre de la coerción imperial.
Solo el pueblo cubano tiene derecho a decidir cómo evoluciona su sociedad. No Washington. No Wall Street. No los artífices del bloqueo y la guerra económica.
La ironía reside en que muchos de quienes exigen el retorno al capitalismo para Cuba presiden sociedades capitalistas cada vez más incapaces de brindar seguridad, igualdad o esperanza a las generaciones futuras. En todo el mundo capitalista, un número creciente de personas se enfrenta a un deterioro de su nivel de vida, una creciente inseguridad, empleos precarios y perspectivas cada vez menores para sus hijos. La promesa y la ilusión de que el capitalismo proporcionaría prosperidad para todos se ha vuelto cada vez más difícil de sostener, incluso en sus centros históricos.
En este contexto, la lucha de Cuba sigue siendo la misma de siempre: el esfuerzo por preservar la soberanía nacional y la justicia social en condiciones extraordinariamente hostiles. Por lo tanto, las medidas actuales no deben entenderse ni como una capitulación ni como un abandono de las aspiraciones socialistas. Se entienden mejor como un intento —con éxito o no— de sortear un momento peligroso en defensa de un proyecto revolucionario que continúa enfrentando la hostilidad concentrada del imperio más poderoso de la historia.
El debate sobre las reformas continuará. Y así debe ser. Pero la primera pregunta jamás debe olvidarse: ¿qué pasaría si Cuba no hiciera nada? La Revolución nunca se enfrentó a la disyuntiva entre un socialismo ideal y reformas imperfectas. Se enfrentó al desafío de defender la soberanía socialista en medio de un asedio económico.
Esa realidad impone cambios urgentes y necesarios. La tarea ahora consiste en asegurar que esos cambios fortalezcan, en lugar de debilitar, el compromiso fundamental de la Revolución: una nación soberana en la que la riqueza producida por la sociedad sirva a la mayoría en lugar de a unos pocos, al desarrollo nacional en lugar de a la dominación extranjera, y a las necesidades humanas en lugar del beneficio privado.
Isaac Saney , Doctor de la Universidad de Londres, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Dalhousie y especialista en Cuba y Estudios Afroamericanos.
Observatorio de la crisis
