La Ley de Aguas en Guatemala: Entre la urgencia y la sospecha
Ollantay Itzamná
Guatemala se enfrenta a una crisis hídrica cada vez más aguda, una realidad palpable que atraviesa el territorio nacional. Las cuencas hidrográficas están alarmantemente contaminadas, el comercio de agua embotellada florece en un nicho de mercado que capitaliza la escasez, las aguas subterráneas son saqueadas sin control y la agroindustria, con sus extensos monocultivos, acapara recursos hídricos vitales, dejando a innumerables comunidades sin acceso al líquido vital. En este escenario crítico, el gobierno de Bernardo Arévalo ha prometido una Ley de Aguas, un hito largamente postergado en la historia del país.
Un conflicto histórico por el Agua
La disputa por el agua en Guatemala no es nueva. Es una prolongación de las históricas luchas por la tierra. Tras la consolidación de la propiedad agraria en manos de unos pocos, la pugna por el control del agua ha sido una constante. A lo largo de las décadas, diversos intentos por formular una Ley de Aguas han fracasado, principalmente debido a la incapacidad de las élites político-empresariales para consensuar un marco regulatorio que se ajustara a sus intereses. Este telón de fondo de intentos fallidos y desacuerdos previos sienta las bases para el escepticismo social actual.
La propuesta de Arévalo: opacidad y dudas
El presidente Arévalo, quien durante su campaña electoral prometió la aprobación de la primera Ley de Aguas para Guatemala en 2025, se encuentra ante un desafío monumental. Sin embargo, el proceso actual dista mucho de ser un ejemplo de transparencia y participación inclusiva.
La propuesta de Ley de Aguas del gobierno se mantiene en secreto, generando una preocupante opacidad. El «Proceso Nacional del Agua», impulsado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha tenido una convocatoria limitada y, a ojos de muchos, parece ser más un ejercicio simbólico que un espacio genuino de discusión. Es crucial señalar que este proceso no aborda temas centrales como la conformación y las facultades de la futura Autoridad Nacional del Agua, ni disipa las fundadas sospechas sobre una potencial privatización de la gestión hídrica.
Esta ausencia de información masiva y de un diálogo significativo ha derivado en una escasa participación ciudadana. La mayoría de la población, desinformada, no muestra un interés activo en el tema, lo que abre una peligrosa brecha para que intereses particulares moldeen la legislación.
Las preocupaciones de los sectores populares
Mientras la ciudadanía general permanece ajena, organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) han levantado la voz de alarma. Existe una fundada sospecha de que la Ley de Aguas, tal como se está gestando, podría abrir la puerta a la privatización de la gestión del agua en el país. Este temor no es infundado en un contexto donde el acaparamiento de recursos hídricos por parte de la agroindustria ya es una dolorosa realidad.
Además, la preocupación se extiende a la posibilidad de que esta ley expulse a las comunidades indígenas de las áreas de nacimiento de aguas, profundizando los conflictos territoriales y los históricos despojos que han sufrido estas poblaciones. Para CODECA y otros movimientos sociales, «el agua es nuestra Madre, y como tal se la tiene que reconocer derechos, identidad y dignidad. No tiene que ser tratada como una mercancía sujeta a las leyes del mercado». Cualquier normativa que no garantice el acceso equitativo y la gestión comunitaria del agua será vista como una amenaza directa a la supervivencia y a los derechos de los pueblos.
Hacia una Ley de Aguas justa y equitativa
La situación actual demanda una reflexión crítica. Si el gobierno de Arévalo busca una Ley de Aguas verdaderamente transformadora y justa, es imperativo que rompa con el secretismo y abra un proceso de participación genuino y vinculante. Esto implica no solo escuchar, sino integrar activamente las voces y propuestas de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que son las más afectadas por la crisis hídrica y que tienen un conocimiento invaluable sobre la gestión sostenible del agua.
Una Ley de Aguas para Guatemala debe sentar las bases para una gestión integrada y sostenible del recurso, reconociendo su valor ecológico y social, y priorizando el derecho humano al agua y al saneamiento sobre cualquier interés económico. Esto pasa por establecer mecanismos efectivos de protección de las fuentes de agua, regular estrictamente el uso industrial y agroindustrial, y garantizar la participación comunitaria en la toma de decisiones. De lo contrario, la tan esperada Ley de Aguas podría convertirse en una nueva fuente de conflicto y desigualdad, profundizando aún más las heridas históricas del país.
