Enfrentemos a las mafias del MP con la movilización en las calles y carreteras
Por Armando Tezucún
Las mafias corruptas que se encuentran enquistadas en los organismos de justicia han provocado una nueva crisis política. El 24 de octubre, el Juzgado Séptimo Penal, a cargo del corrupto juez Fredy Orellana, ordenó la nulidad del Grupo Promotor y el partido Movimiento Semilla; Orellana giró una orden judicial al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, dando un plazo de dos horas para cumplir dicha orden, y otra a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, para la aplicación de los “efectos jurídicos correspondientes”.
La orden del juez Orellana se dio a solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), dando seguimiento al caso Corrupción Semilla, según el cual el proceso de inscripción de dicho partido fue fraudulento. El partido Movimiento Semilla fue suspendido en julio de 2023 y, en noviembre de 2024, fue cancelada su personalidad jurídica. En las elecciones generales de 2023, Semilla logró la elección de 23 diputados, un alcalde, y los cargos de presidente y vicepresidente de la república. El problema es que la FECI y Orellana basaron su resolución en una interpretación del artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, deduciendo que, al quedar anulado el Movimiento Semilla, todas sus acciones se ejecutaron en fraude de ley, dando paso a que los cargos obtenidos por Semilla en 2023 puedan ser declarados vacantes, causando una grave crisis en el entramado político.
Los grupos de poder que se han enriquecido al estar enquistados en las instituciones del Estado no pudieron impedir, a pesar de los esfuerzos de sus esbirros ubicados en los organismos de justicia, en especial en el Ministerio Público, que los resultados electorales de 2023 fueran reconocidos como legítimos, y que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran sus cargos como presidente y vicepresidente el 14 de enero de 2024. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad ordenó el respeto de los resultados electorales. No olvidemos que la formidable movilización popular que se dio en los meses de octubre y noviembre de 2023 fue decisiva en lograr que se respetaran los resultados electorales. Sin embargo, ahora asistimos a un nuevo intento de estas estructuras de poder corruptas para socavar la decisión tomada por el pueblo guatemalteco mediante su voto en 2023.
No es casualidad que este nuevo ataque se de a unos meses de que se realice la elección de nuevas autoridades en organismos de justicia claves: la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Estos grupos que lucran con negocios a costa de los fondos públicos quieren conservar su influencia directa en estas dos instituciones, y, de paso, empezar a remover las aguas para colocar sus peones para las elecciones generales de 2027. Por ello, en una jugada audaz, pretenden sacudir la alfombra y poner en crisis todo el sistema político, aprovechando una coyuntura en que el gobierno de Arévalo pasa dificultades por el incremento de hechos delictivos, el descalabro del sistema penitenciario, casos de corrupción armados por el MP, y una baja en sus índices de popularidad.
Como era de esperarse, la respuesta del presidente Arévalo y su equipo ha sido legalista. Solicitudes ante la Corte de Constitucionalidad para que se de debida ejecución a su resolución del 14 de diciembre de 2023 garantizando la legitimidad del resultado electoral. Una conferencia de prensa en la que Arévalo acusó a la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche, al juez Orellana y a otros funcionarios del MP, de estar fraguando un golpe de estado. Una solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA) invocando la Carta Democrática y una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para conocer el caso. Una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que destituya o sancione al juez Orellana, etc.
Orellana tiene ya un sinnúmero de casos de quejas que se encuentran archivados y sin solución. La OEA lo más que puede hacer es enviar observadores, y no solucionará nada, porque es un organismo de gobiernos burgueses bajo la tutela de Estados Unidos.
Lo que el pueblo guatemalteco enfrenta es un poderoso entramado de empresarios, militares, políticos, funcionarios y miembros del crimen organizado que quieren perpetuar su control sobre los recursos del aparato estatal, que les produce jugosas ganancias. Estos grupos son los que desean burlar una vez la voluntad popular democrática expresada en 2023, y colocar sus fichas el próximo año para continuar controlando las instituciones de justicia.
Hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, comunidades indígenas, grupos estudiantiles, organizaciones barriales, de mujeres y jóvenes, para que, al igual que en octubre de 2023, defendamos en las calles, carreteras, centros de trabajo y barrios la voluntad popular y los derechos democráticos, para vencer el poder de las mafias corruptas y echarlas de sus reductos. Solo con la movilización popular masiva haremos retroceder a las pandillas corruptas y hacerles respetar la voluntad del pueblo guatemalteco.
Fuente ElSoca.org
