El recargue del viejo espíritu imperial: nuevas armas, estrategias y tecnologías. Parte II

América Latina: la restauración explícita de la Doctrina Monroe

En ningún espacio geopolítico la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 expresa con tanta claridad su ruptura con el lenguaje liberal del consentimiento como en América Latina. Aquí, el proyecto trumpista abandona todo eufemismo y anuncia abiertamente una restauración coercitiva del tutelaje imperial, formalizada en lo que el propio documento denomina un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. No se trata de una metáfora ni de una amenaza retórica: es una doctrina presente y operativa.

La región es redefinida como zona de preeminencia exclusiva, donde ningún “actor no hemisférico” —léase China, Rusia o incluso Europa— puede poseer, controlar o influir en activos considerados estratégicos. Pero más profundamente, los Estados latinoamericanos dejan de ser concebidos como sujetos soberanos para ser tratados como territorios políticamente administrables, cuyos procesos electorales, sistemas judiciales y modelos de desarrollo pueden y deben ser intervenidos si se desvían del alineamiento requerido.

Argentina: Intervención electoral directa y disciplinamiento financiero

El caso argentino es paradigmático. El apoyo explícito de Trump a Javier Milei no fue meramente ideológico, sino instrumental y disciplinario. Durante el proceso electoral, se desplegó una amenaza abierta de abandono financiero y aislamiento internacional en caso de que el electorado no votara “correctamente”. Una vez reinstalado Milei, ese mismo poder coercitivo se transformó en oferta de rescate financiero, condicionada a la profundización del ajuste, la liberalización extrema y la subordinación geopolítica.

Aquí se revela una lógica clásica del imperialismo, actualizada: castigo antes, recompensa después, el arte de la extorsión, siempre que el resultado político y económico sea funcional y atractivo. No hay neutralidad democrática; hay premiación y sanción.

Brasil: coerción fallida, derecho instrumental y los límites del gambito trumpista

En el caso de Brasil, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 intentó operar mediante una intervención indirecta pero deliberada en la arena política interna, utilizando la imposición de tarifas y amenazas comerciales como palancas de presión para desestabilizar el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. El mensaje implícito era claro: avanzar en la rendición de cuentas de un aliado ideológico tendría costos económicos. La presión económica se convertía así en un instrumento de protección política, incluso a costa de erosionar una relación bilateral construida durante décadas.

Sin embargo, a diferencia de otros contextos más dependientes o frágiles institucionalmente, este gambito encontró resistencias reales. Pese a las amenazas explícitas y a la escalada retórica de Trump, Bolsonaro fue finalmente condenado, confirmando que el sistema judicial brasileño, atravesado por tensiones, contradicciones y presiones, no era completamente capturable por la coerción externa. Este desenlace expuso un punto clave: la capacidad del neoimperialismo trumpista no es ilimitada, y su eficacia disminuye cuando enfrenta estructuras estatales con densidad institucional, peso económico y proyección geopolítica propia.

El costo de este intento fue alto. El uso de sanciones y aranceles contra Brasil llevó las relaciones bilaterales a un punto de sacrificio, debilitando una alianza estratégica forjada a lo largo de décadas. No se trata de un socio menor: Brasil es la principal economía de América Latina, un actor central en el Sur Global y un miembro clave de los BRICS, es decir, de uno de los principales espacios de articulación de un orden mundial multipolar que desafía la primacía estadounidense. Al presionar a Brasil de este modo, Trump no solo defendía a Bolsonaro, sino que empujaba a Brasil aún más hacia órbitas no occidentales, acelerando el desplazamiento geopolítico que Washington dice querer evitar.

Las posteriores inconsistencias de Trump refuerzan esta lectura. Tras una escalada inicial de tarifas y sanciones, la Casa Blanca se vio obligada a levantar parcialmente los aranceles luego de negociar con Lula, y a retirar sanciones incluso contra un juez de la Corte Suprema brasileña. Estas marchas y contramarchas no responden a una estrategia sofisticada de “zanahoria y garrote”, sino a una improvisación reactiva y belicosa, producto del choque entre una voluntad de dominación y una realidad que no se deja moldear con facilidad.

Más que pragmatismo, lo que se revela aquí es una crisis de coherencia estratégica. Trump intenta aplicar una lógica de castigo ejemplarizante propia de contextos de dependencia extrema, pero se encuentra con un país que combina autonomía relativa, peso económico y legitimidad democrática suficiente para resistir. El resultado no es la reafirmación del liderazgo estadounidense, sino su desgaste simbólico y político.

Este episodio confirma un patrón central de la ESN: Estados Unidos ya no defiende el “Estado de derecho” ni tampoco promueve la democracia liberal como principios universales, sino un derecho instrumental, válido únicamente cuando reproduce un bloque de poder alineado con Washington. Cuando la ley amenaza a aliados autoritarios, se convierte en obstáculo; cuando protege intereses imperiales, es celebrada como justicia. Sin embargo, el caso brasileño demuestra que este derecho instrumental no siempre puede imponerse, y que el recurso sistemático a la coerción puede acelerar precisamente aquello que busca evitar: la pérdida de influencia, la fragmentación del orden hemisférico y el fortalecimiento de alternativas multipolares.

En este sentido, Brasil no solo ilustra la lógica del neoimperialismo trumpista, sino también sus límites históricos y estructurales. La coerción sin hegemonía, desprovista de consenso y de proyecto compartido, tiende a producir resistencia, ambivalencia y, finalmente, retroceso estratégico.

Chile: restauración neoliberal y apoyo a la extrema derecha

El apoyo explícito a José Antonio Kast frente a Jeannette Jara no responde únicamente a afinidades ideológicas coyunturales. Chile ocupa un lugar simbólico y estratégico en el imaginario del trumpismo y del nuevo neoimperialismo: fue el primer laboratorio neoliberal del mundo, y debe convertirse ahora en el primer caso exitoso de restauración plena del neoliberalismo autoritario tras los intentos de refundación abiertos por el estallido social de 2019.

Kast, por su parte, también ha expresado que “nuestras ideas ya ganaron en EE UU, en Italia, en Argentina […] y en Chile también vamos a ganar”. Kast, antes de ganar las elecciones en Chile, se convirtió en un operador e ideólogo frenético de la internacional derechista: “Kast presidió el Political Network for Values (2022-2024), una red ultraconservadora que conecta políticos y activistas de Europa, América Latina, EE UU y África, contraria al “feminismo radical”, a lo que califican como “ideología de género”, a los homosexuales y, sobre todo, al aborto.” Además, “ha participado en cumbres de líderes de la ultraderecha global, como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) de EE UU, o la convención de Vox en Madrid, donde ha coincidido con el español Santiago Abascal, con el mandatario argentino Milei, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, o el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, todos países que ha visitado durante su campaña para adoptar sus ideas en Chile”. Y, durante su campaña, “Kast adelantó que integrantes de su formación van a volver a El Salvador, a Italia, “a ver las cárceles y cómo encierran a los mafiosos”, y a Hungría y República Dominicana para “ver cómo cerraron sus fronteras”.” Pero Kast no es simplemente un “iliberal” que descree “realmente que los principios de una democracia liberal sean incondicionales, intransables” ni tampoco un mero malabarista de la política que oculta “las aristas más cortantes de su agenda de valores”. Kast es un ultraderechista neoliberal, autoritario y con principios religiosos que bien parecen haber salido del Opus Dei. Por ello “sostiene que ha llegado el momento de volver a hablar abiertamente de Dios y de reimpregnar la vida pública de valores cristianos”. Y su Partido Republicano se ha configurado como otra cabeza de playa de la internacional derechista en Latinoamérica.

En la segunda vuelta de la elección presidencial chilena, celebrada el domingo 14 de diciembre de 2025, ese fue el Kast que obtuvo una victoria contundente. Kast obtuvo “más de 7,2 millones de votos, un 58,1%, frente a los 5,2 millones de Jeannette Jara, candidata de la izquierda, militante comunista, que llegó al 41,8%”. Se trata, como señala El País, del “peor resultado del progresismo desde el retorno a la democracia en 1990”. Este colapso electoral no puede explicarse únicamente por factores coyunturales o comunicacionales: apunta a una crisis orgánica profunda de los proyectos de izquierda y, sobre todo, a los límites estructurales de la coalición Unidad por Chile.

Dicha coalición, que agrupa al Frente Amplio, los partidos del Socialismo Democrático y Chile Digno, fue fundada recién en noviembre de 2022 y se constituyó formalmente como alianza electoral apenas en mayo de 2025. Más que una articulación democrática, en el sentido fuerte del término, ha funcionado como una coalición estrictamente electoral, incapaz de construir contrahegemonía desde las amplias masas subalternas, incapaz de anclar su proyecto en los sectores subalternos más allá de las militancias partidistas e incapaz de disputar de manera sostenida el sentido común neoliberal restaurador.

El resultado electoral del domingo 14 de diciembre es una catástrofe política para el Chile de abajo y motivo de gran celebración para los residentes del barrio Las Condes. Kast, descendiente de nazis, no ha tomado distancia clara de la dictadura de Augusto Pinochet ni de las graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo ese régimen. Su triunfo no expresa una amnesia histórica ingenua, sino algo más inquietante y perverso en el Chile contemporáneo duramente azotado por el impacto desigual que dejó la globalización: la normalización de un proyecto autoritario que promete orden, seguridad y prosperidad individual a cambio del abandono del bienestar colectivo, la memoria histórica y los derechos sociales.

La declaración de Jara, eso de que “la democracia habló fuerte y claro”, resulta irónica y problemática si se la toma de forma acrítica. Ignora que el sistema político chileno está diseñado precisamente para impedir que proyectos como el suyo (un poco más progresista que el proyecto de Boric) lleguen al poder, y para facilitar que mayorías despolitizadas, desmovilizadas e idiotizadas hagan oscilar el péndulo electoral hacia opciones restauradoras. El hecho de que Kast “se impuso en todas las regiones del país, del norte al sur del territorio” demuestra el funcionamiento normal de una democracia estructuralmente sesgada y cooptada.

Como ha sido acertadamente señalado por otros, “Chile ya no se explica según los bandos del plebiscito de 1988, cuando en las urnas los chilenos rechazaron la continuidad de Pinochet. El país andino ha dejado atrás la división entre el Sí y el No de aquel referéndum, es decir, entre dictadura y democracia, victimarios y víctimas, que ha ordenado el mapa político chileno en los últimos 35 años. Hoy en día, Chile se entiende mejor según los bandos que dejó el estallido social de octubre de 2019 y el primer intento de cambiar la Constitución, que fue rechazado en septiembre de 2022 por un 62% contra un 38%: restauración y refundación, que era lo que buscó la izquierda empujada por sectores radicales. Fue un golpe irrecuperable para el Gobierno de Boric que iniciaba su primer año de mandato”. La victoria de Kast no solo confirma ese giro restaurador, sino que lo profundiza y lo radicaliza.

Respaldar a Kast, en este contexto, significa bloquear cualquier rearticulación democrática que cuestione el núcleo del modelo extractivo-financiero chileno, incluso en su versión progresista moderada. La democracia “progresista” es tolerable solo mientras no altere las relaciones fundamentales de propiedad, producción, poder y placer además del reclamo ardiente de seguridad de las clases medias. Cuando esas relaciones se ven amenazadas, aunque sea de forma tímida como en el caso de Jara, el sistema reacciona, desplaza el eje político y habilita la restauración autoritaria.

Chile, así, no es una excepción. Es un anticipo. Es demostración práctica del avance de la internacional derechista. Lo que hoy ocurre allí resuena con fuerza en otros contextos latinoamericanos, incluida Guatemala bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, donde los márgenes de acción democrática están estrictamente condicionados por estructuras de poder que apenas admiten alternancia, pero de ninguna manera transformación.

La experiencia de Chile constituye también una lección central para las izquierdas que no es meramente electoral ni programática, sino estratégica y civilizatoria. La tarea más importante de un gobierno que aspire a estar realmente articulado de manera democrática no consiste simplemente en llegar al poder para administrar el Estado, impulsar megaproyectos de infraestructura funcionales al capital existente, ni en defender —aunque sea necesario— las instituciones de educación, seguridad social o sanidad limitándose a reproducir formas de asistencialismo que amortiguan la desigualdad sin transformarla. Esta deriva, observable no solo en Chile sino también en Guatemala y otros países de la región, conduce a una gestión “progresista” del orden heredado, pero no a su superación.

Lo decisivo en una verdadera articulación entre la sociedad política y la sociedad de abajo es la construcción paciente y sostenida de contra-hegemonía. Esto implica disputar el sentido común dominante, reconfigurar las aspiraciones colectivas, politizar las experiencias cotidianas de precariedad y desigualdad, y producir nuevas formas de identificación popular que no queden atrapadas en el individualismo meritocrático ni en la lógica punitiva del neoliberalismo. Sin este trabajo profundo, que es simultáneamente cultural, intelectual, moral y organizativo, los gobiernos de izquierda quedan expuestos a administrar crisis ajenas, a perder legitimidad moral y, finalmente, a facilitar el retorno restaurador de proyectos autoritarios que prometen orden y prosperidad a cambio de obediencia y exclusión.

En otras palabras, sin contra-hegemonía no hay transformación orgánica, solo alternancia electoral – exactamente lo que el sistema está diseñado para hacer. Por ello, sin una articulación democrática que haga del pueblo un agente político activo y no solo un sujeto o destinatario pasivo de políticas públicas, incluso las conquistas sociales más importantes permanecen frágiles, reversibles y vulnerables frente a la ofensiva neoliberal y neofascista.

Honduras: clausura de la refundación

En Honduras, el apoyo explícito de la administración Trump a Nasry Asfura y al Partido Nacional, un partido orgánicamente ligado al narcotráfico y responsable de uno de los períodos más violentos y corruptos de la historia reciente del país, alcanza un nivel de cinismo estructural difícil de exagerar. El perdón inaudito concedido por Trump a Juan Orlando Hernández (JOH) no constituye un error de política exterior ni una anomalía diplomática: es un mensaje político deliberado. El mensaje es que la criminalización del Estado no deslegitima a un régimen mientras este garantice alineamiento geopolítico, control social y estabilidad subalterna.

La derrota de Rixi Moncada y el colapso electoral de LIBRE en las elecciones del 20 de noviembre constituyen, por su parte, un caso de estudio sobre el fracaso en la construcción de una contrahegemonía desde abajo, en el sentido gramsciano del término. No se trata simplemente de una derrota electoral, sino de la implosión de un proyecto político que nació del hartazgo popular y de una promesa refundacional, pero que terminó reproduciendo los mismos vicios estructurales que había prometido erradicar.

El proyecto refundacional se desarmó desde dentro al caer en nepotismo, verticalismo, clientelismo y administración patrimonial del poder. La transición desde una plataforma transformadora hacia un esquema de “botín para administrar” no fue solo un error táctico: constituyó una incoherencia ética profunda que erosionó el capital moral de LIBRE frente a una ciudadanía exhausta, golpeada por la corrupción sistémica y devastada por una violencia cotidiana íntimamente conectada al crimen organizado. En ese contexto, la promesa de cambio perdió credibilidad, y con ella la posibilidad de disputar el sentido común dominante.

Los datos electorales refuerzan esta lectura. De un censo aproximado de 6,5 millones de personas, solo participó cerca de la mitad, y apenas 1,3 millones de votos bastaron para colocar en primer lugar a Nasry Asfura, el candidato explícitamente respaldado por Trump. Más que un mandato popular sólido, lo que se expresa aquí es una desmovilización masiva, una retirada de las mayorías del espacio político formal. La alienación social no se tradujo en abstención pura, sino que fue canalizada por la subjetividad neoliberal que, como advierte Wendy Brown, convierte el voto en un acto punitivo: cuando fracasa la promesa colectiva, el electorado busca castigar a la “clase política” percibida como arrogante o ineficaz, aun cuando ello implique el retorno a fuerzas responsables de la devastación previa.

Lo que suele denominarse, no sin incomodidad, “idiotización de las masas” no debe leerse como déficit cognitivo ni como inferioridad moral del pueblo. Es, más bien, el resultado de una crisis orgánica en la que la izquierda perdió la batalla moral y discursiva antes que la electoral. Incapaz de desmontar la hegemonía neoliberal y de encarnar una alternativa ética, audaz y eficaz, el llamado “socialismo del siglo XXI” terminó confirmando, ante amplios sectores populares, la idea de que toda política es igualmente corrupta, y que el retorno al bipartidismo tradicional o a alguna de sus variantes neoliberales constituye la única opción “pragmática”.

En este contexto, la restauración del Estado narco no aparece como una aberración, sino como un mal conocido, una forma de orden brutal pero predecible frente al caos, la incoherencia y la decepción. La hegemonía neoliberal no se sostiene aquí por convicción ideológica profunda, sino por la ausencia de una alternativa creíble que logre articular justicia social y ambiental, eficacia gubernamental y coherencia ética.

El papel de Trump en este escenario es coherente con su estrategia regional. En Honduras como en otros contextos el mensaje es inequívoco: todo intento de refundación desde abajo será castigado, y las redes de poder criminalizado no solo serán toleradas, sino funcionalizadas mientras garanticen control territorial, contención migratoria y alineamiento geopolítico. El Estado narco no es una desviación del orden, sino uno de sus dispositivos de control más eficaces en contextos de pobreza estructural y descomposición institucional.

Honduras, así, no representa un simple fracaso nacional, sino un anticipo brutal de lo que ocurre cuando las izquierdas pierden la capacidad de articular contrahegemonía, y el neoimperialismo recupera margen de maniobra mediante la normalización de la violencia, la corrupción y la desesperanza organizada.

México: soberanía condicionada y “narco-terrorismo”

Las amenazas de vulnerar la soberanía mexicana bajo el pretexto de una nueva “guerra contra las drogas” representan un salto cualitativo. La reclasificación de los cárteles como “narco-terroristas” no es semántica: habilita doctrinalmente intervenciones militares directas, operaciones extraterritoriales y suspensión de normas básicas de derecho internacional mientras que la “comunidad internacional” (léase Europa, Australia, Canadá) “monitorean” todo en silencio y resignación.

La presidencia de Claudia Sheinbaum, marcada por una popularidad histórica y el hecho de ser la primera mujer en el cargo, puede analizarse críticamente como la consolidación tecnocrática del proyecto hegemónico de la Cuarta Transformación (4T).

A pesar de su origen científico (que podría implicar una gestión más racional de problemas como el cambio climático) y su identidad de género (que la coloca bajo el ataque misógino, como señalan algunas fuentes), su principal caracterización crítica es la de ser la continuidad fiel y centralizada del “Segundo Piso de la 4T”.

Sin embargo, su inmensa popularidad, incluso superior a la de su predecesor según algunas encuestas, es el síntoma del éxito de la hegemonía discursiva de la 4T. Sin embargo, esa popularidad no es solo personal, sino una reproducción del liderazgo carismático anterior. Esto perpetúa la verticalidad política dentro de Morena y en el Estado, priorizando la lealtad al proyecto sobre la deliberación plural y democrática y sobre la autonomía de las instituciones (algo que la “República Democrática” de su Plan Nacional de Desarrollo promete, pero que las reformas podrían desafiar).

Aunque su agenda mantiene los programas sociales y la “austeridad republicana” como pilares contra el neoliberalismo (“por el bien de todos, primero los pobres”), la verdadera prueba crítica es si está dispuesta a desmantelar la matriz económica e ideológica profunda del neoliberalismo mexicano. Sus políticas económicas y su enfoque en el “nearshoring” (incluyendo las “Zonas Económicas Especiales (ZEE)”) sugieren una gestión que busca la estabilidad macroeconómica y la inversión extranjera, más que una transformación radical de las estructuras de acumulación. La pregunta es si la “honestidad” y la “austeridad” (y la “lucha contra la corrupción”) realmente se traducen en una justicia social y ambiental profunda o en una gestión asistencialista de la pobreza.

Su estrategia de seguridad, que combina la “Atención a las Causas” con la “Consolidación de la Guardia Nacional” y el “Fortalecimiento de la inteligencia”, enfrenta la crítica de ser ambigua y militarizada. Desde una perspectiva crítica, mantener la militarización y el enfoque de inteligencia sin resolver la debilidad estructural del Estado de derecho, la hegemonía neoliberal de facto en la economía y en la sociedad o la corrupción a gran escala (aunque no sea en las oficinas del ejecutivo) arriesga profundizar la violencia sistémica y la necropolítica que ya opera en México, especialmente en zonas de alta incidencia criminal.

Si bien Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México, la crítica desde el feminismo más radical apunta a que la mera presencia de una mujer en el poder no garantiza el fin de la violencia estructural de género, el extractivismo económico ambiental y humanamente desastroso, el asistencialismo social ni la implementación de un sistema nacional y robusto del cuidado ambiental. La crítica es que la agenda de género podría quedar subordinada a la agenda de continuidad político-económica y el centro-izquierdismo de MORENA, diluyendo las expectativas de una ruptura feminista y ecológica real en el ejercicio del poder y en la acumulación de capital.

La popularidad de Sheinbaum podría ser el mejor indicador de la eficacia de la 4T como máquina hegemónica que ha logrado galvanizar el descontento popular con una narrativa de transformación moral, pero su desafío crítico sigue siendo: ¿profundizará la democracia radical y el cambio estructural prometido, o se asentará como la administradora eficiente de un sistema político-económico ligeramente reformado pero fundamentalmente intacto?

En su respuesta a Donald Trump, Claudia Sheinbaum ha buscado mantener un delicado equilibrio entre firmeza soberana y pragmatismo diplomático, configurando una política exterior que rechaza tanto la subordinación como la confrontación abierta. Desde el inicio de las tensiones comerciales, Sheinbaum ha rechazado categóricamente las acusaciones de la Casa Blanca sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y ha enfatizado que México no aceptará intervención extranjera ni violación de su soberanía. Frente a las amenazas de Trump de imponer aranceles masivos y, más recientemente, de vincular cuestiones de suministro de agua del Río Bravo a penalizaciones comerciales, la mandataria ha insistido en la necesidad de diálogo respetuoso, cumplimiento de compromisos bilaterales y cooperación sin subordinación, afirmando que “en México, el pueblo gobierna” y que la soberanía nacional es inviolable.

En el terreno concreto, Sheinbaum ha logrado aplazar o mitigar en varias ocasiones medidas económicas punitivas, incluidos aumentos de aranceles, mediante negociaciones directas con Trump y su equipo, usando un enfoque basado en diálogo y mutuo respeto, sin renunciar a la defensa firme de los intereses nacionales y con la mira puesta en proteger el tejido económico mexicano frente a la guerra comercial. No es sorprendente que su popularidad haya aumentado a niveles sin precedentes.

Al mismo tiempo, ha reconfigurado el discurso público para contrarrestar la narrativa despectiva de Trump sobre México, enfatizando la dignidad, el trabajo y la importancia de la soberanía del país. Por ejemplo, rechazó versiones estereotipadas sobre los mexicanos y subrayó la contribución de la economía mexicana al desarrollo regional en diversos foros públicos.

Más recientemente, ante la escalada de tensiones por el agua del Río Bravo, donde Trump amenazó con nuevos aranceles si México no cumplía con entregas adicionales según el tratado de 1944, Sheinbaum ha respondido con explicaciones técnicas sobre la imposibilidad material de cumplir con las demandas en medio de una sequía severa, y ha buscado plantear soluciones negociadas, reafirmando la voluntad de México de cumplir con sus obligaciones mientras defiende sus necesidades internas y su soberanía.

En conjunto, la respuesta sheinbaumista combina, siguiendo el paradigma de AMLO, defensa de soberanía, diplomacia cauta y gestión pragmática, buscando resistir la presión coercitiva estadounidense sin sacrificar la autonomía estratégica de México ni entrar en un ciclo de escalada abierta, a pesar de la continua inestabilidad y las amenazas públicas desde Washington.

Visto de Estados Unidos, sin embargo, la frontera con entre ambos países ha dejado de ser límite jurídico o soberano absoluto para convertirse en zona de excepción permanente, donde la seguridad estadounidense justifica cualquier acción y las acciones de México pueden verse limitadas en cualquier momento.

Venezuela: asedio prolongado y escalamiento militar

El caso venezolano sintetiza la dimensión más agresiva del neoimperialismo trumpista. Décadas de sanciones económicas que han operado como castigo colectivo, totalmente celebrado por la oposición de la extrema derecha y del centrismo neoliberal contra el chavismo, se combinan ahora con un escalamiento directo: despliegue del más grande número de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe encabezados por el USS Gerald R. Ford, bombardeos de lanchas y ejecuciones extrajudiciales en el mar que ya suman más de ochenta personas, captura de un tanquero venezolano, cierre del espacio aéreo venezolano y apoyo político y logístico a María Corina Machado, incluyendo su traslado clandestino a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz.

No nos tiene que gustar Nicolás Maduro, las políticas de su gobierno o el chavismo en general para entender críticamente lo que está buscando Estados Unidos.

La escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y las acciones coercitivas asociadas, como la incautación de un buque petrolero el 10 de noviembre (con el apoyo y la porra de María Corina Machado), no deben entenderse como hechos aislados, sino como la manifestación abierta y desinhibida de una estrategia de Neo-Imperialismo de corte trumpista que busca la restauración directa de la Doctrina Monroe en el hemisferio. Esto es lo que busca la llamada “Operación Lanza del Sur” y fue explícitamente declarado en la recientemente anunciada “Estrategia de Seguridad Nacional” del gobierno de Trump.

El argumento del “narco-terrorismo” y la “guerra contra las drogas” detrás de la Operación Lanza del Sur es la máscara de legitimación hegemónica utilizada para justificar la proyección de poder militar en el hemisferio occidental. Este pretexto de seguridad – algo que ha venido demandando María Corina Machado por muchos años y que Trump mismo no esgrimió con tanta agresividad durante su primer gobierno – permite hoy a Washington desplegar recursos militares en el Caribe, intensificar la vigilancia e incluso realizar acciones punitivas como las ejecuciones extrajudiciales o ataques a lanchas, todo ello sin la necesidad de una declaración de guerra formal. La función de esta narrativa es doble: deshumanizar al régimen de Maduro y ocultar los verdaderos intereses geopolíticos de Washington (energía, control regional, guerra comercial contra China) bajo un manto de preocupación por la seguridad global.

La incautación de un petrolero venezolano es un acto de piratería, guerra económica unilateral y una clara violación de la soberanía y el derecho internacional. Se inscribe en la estrategia de “máxima presión” que busca paralizar el flujo de ingresos del Estado venezolano (petróleo) y, por lo tanto, forzar el colapso social y económico del país. Estos actos de confiscación y las sanciones financieras actúan como mecanismos de castigo colectivo diseñados para crear las condiciones objetivas para el “cambio de régimen”. Es una demostración de poder que afirma que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir y controlar el comercio de cualquier nación que considere una amenaza a su hegemonía regional.

El fin último de esta escalada militar de Washington y su círculo bélico en torno a Venezuela es la restauración de un régimen neoliberal afín a los intereses estratégicos y económicos de Washington. Esto implica:

– Asegurar que el vasto recurso petrolero venezolano vuelva a estar alineado con las corporaciones energéticas y la agenda geopolítica estadounidense.

– Desmontar el proyecto bolivariano y revertir cualquier tendencia hacia un equilibrio multipolar (alianzas con Rusia, China, etc.) que desafíe el dominio hemisférico de EE. UU.

– Restaurar la Doctrina Monroe. El despliegue de fuerza, la coerción económica y la narrativa de “cambio de régimen” representan una reafirmación agresiva de la Doctrina Monroe, bajo la cual América Latina es vista como un patio trasero donde la soberanía de los Estados debe estar subordinada a los intereses de la metrópoli. Estados Unidos quiere de nuevo ser el primero entre Estados ya muy desiguales.

En síntesis, la acción militar y económica en el Caribe es un ejemplo de cómo la administración de Trump busca movilizar la autoridad moral de la “guerra contra las drogas” para legitimar el despliegue de la fuerza neoimperial con el objetivo material de recolocar a Venezuela en la órbita neoliberal y energética de Washington, confirmando la caracterización del fenómeno como parte de una restauración ideológica, económica y geopolítica.

Amenazas similares han sido hechas contra el presidente Gustavo Petro y Colombia desde que Petro se negó a aceptar vuelos de deportación en aviones militares estadounidenses y Trump respondió en cuestión de horas con amenazas de aranceles del veinticinco por ciento y revocaciones de visados.

Aquí, la oposición no es solo respaldada: es producida, protegida y premiada como parte de una estrategia de cambio de régimen sin disfraces.

América Latina como espacio no soberano

Desde Argentina hasta Honduras, desde Venezuela hasta México, Latinoamérica es tratada no como un conjunto de Estados soberanos, sino como un espacio de tutela, un campo de experimentación donde se ensayan formas renovadas de coerción imperial: financiera, electoral, judicial, militar y simbólica.

No se trata de una política fragmentada, sino de una doctrina coherente: impedir cualquier articulación democrática que cuestione la hegemonía del capital transnacional alineado con Estados Unidos, incluso y sobre todo cuando esa articulación emerge por vías electorales.

La ESN de 2025 no es simplemente una estrategia de seguridad: es un proyecto civilizatorio ultraconservador, autoritario, excluyente y violento hecho con el patrón del Proyecto 2025. Anuncia el abandono del consenso como principio de gobierno y la adopción sistemática de la coerción tecnológica, militar y cultural.

El viejo espíritu imperial no ha muerto. Ha sido recargado, actualizado y liberado nuevamente. Lo que está en juego no es solo el orden internacional, sino la forma misma de la política, la democracia y la vida en el siglo XXI.