Mario

Mario Rodríguez

Nos encontramos en un momento político de quiebre en la coyuntura actual, lo que explica el incremento de la violencia, los ataques en las redes sociales y la persecución judicial a activistas sociales y defensores de derechos humanos. Precisamente en este escenario, la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, trato de explicar cómo actuará en contra del narcotráfico, uno de los sectores mejor posicionados el tiempo que dura su gestión, o sea durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Su súbito interés en combatir el narcotráfico no se entiende como una genuina ofensiva, sino como una maniobra de distracción frente a señalamientos directos de complicidad, tanto internos como internacionales.

En ese contexto, es justo reconocer que Bernardo Arévalo no trafica ni facilita el traslado de droga, como sí lo hicieron los anteriores funcionarios. Pero ha resistido el embate de una ofensiva feroz destinada a sacarlo del poder. No se trata solo de juzgar si su gestión ha sido acertada o errática. Pues ciertamente, ha habido errores garrafales, actos de ingenuidad política y desviaciones preocupantes; se trata de comprender la situación actual y el significado de esta resistencia frente al empeño del pacto de corruptos por mantener la impunidad de sus acciones. Hay que entender que, pese a todo, Arévalo ha logrado mantenerse y gobernar. Ha sobrevivido al vendaval de la derecha fascista, el boicot de los partidos reaccionarios y el embate del crimen organizado incrustado en el Estado, así como al ataque directo y artero del Ministerio Público. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tiene opción de transcender y dejar de actuar siempre a la defensiva y por eso la reacción de la fiscal.

Es evidente que el pacto de corruptos y su principal operador, el Ministerio Público, han perdido la iniciativa. Su acción ya no responde a una estrategia, sino a una reacción desesperada ante el tiempo que pasa inexorablemente sin que se logre su meta, destronar al gobierno de Arévalo y consumar así el golpe de Estado. Sus acciones en cambio han frenado y retrasado la ejecución importante de acciones en los ministerios lo que ha tenido impacto directo en la población, que no culpa al gobierno, más bien, identifica a ese entramado corrupto que cogobierna en la sombra.

Veamos lo que sucede con el sector justicia. Está, en su forma institucional, ha sido desdibujada poco a poco, erosionada por decisiones arbitrarias, vaciada de sentido por resoluciones que obedecen a intereses y no a derecho, como le gusta dice a la fiscal. Cada sentencia selectiva, cada sobreseimiento sospechoso, cada persecución política disfrazada de causa penal, ha ido minando la credibilidad institucional de todo el sistema. El desgaste recae en esos pocos jueces y operadores que son parte del pacto criminal. Hoy, ya no basta con invocar el «procedimiento» o el «marco legal”, porque no resisten el escrutinio de la razón, ni el peso de la evidencia, ni la mirada atenta de una sociedad que ya no cree en farsas. Porque los argumentos que nacen de la manipulación no solo fracasan, con el tiempo se convierten en prueba del delito que intentan encubrir.

El caso de Jimmy Morales es una muestra más de esta situación. El hasta hace poco intocable ex mandatario que, tras perder su inmunidad, al abandonar el Parlamento Centroamericano, continúo gozando de la protección que le otorgó la fiscal general, misma que se ha ido desvaneciendo poco a poco. Una jueza ordeno su investigación por tener una posible responsabilidad de los hechos ocurridos en el Hogar Virgen de la Asunción, una herida abierta en la conciencia nacional. Pero casi en simultaneo, emerge el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el narcotráfico en la región, acompañado por las contundentes declaraciones de la fiscal general estadounidense, quien denuncia un puente aéreo entre Venezuela y varios países centroamericanos. Y entonces surgen las preguntas inevitables: ¿quién, durante años, cazó narcoavionetas con camiones y se jacto de ello? ¿Quién se reunía con lideres de carteles bajo la fachada de convivios, mientras informantes de la DEA observaban en silencio? ¿Quién blindó durante tanto tiempo al exdiputado Ubico y a otros, ahora extraditados y condenados por delitos de narco tráfico?, ¿Quién, siendo presidente, permitió que narcoavionetas que aterrizaban en pistas clandestinas, fueran vaciadas antes que llegará la autoridad a decomisar el producto que ahí se transportaba? Quizás su viaje a Panamá sea un presagio de lo que enfrentará, una coincidencia nada afortunada o un aviso de lo vendrá. Pero también puede interpretarse de una salida menos espectacular para evitar que la fiscal cargue con la culpa, pues la reacción de la fiscalía, persiguiendo a un activista campesino, solo envía el mensaje de que continúan en pie de guerra, pero ya no con la firmeza de antes.

Es importante mencionar que se han extraditado a Estados Unidos 245 personas vinculadas con el tráfico de drogas, solicitadas por la justicia de ese país. Pero lo que se sabe es que ninguna de estas personas sospechosas tenía casos abiertos o eran investigado por la fiscalía, más bien, en algunos casos la fiscalía más bien imputo casos a personajes vinculado con Giammattei para evitar una posible extradición, como una manera de protección, quizás para blindar cualquier intento de detención que pudiera pesar sobre estos personajes. Pero hablar de 245 personas, implica la existencia de estructuras organizadas, que actúan y siguen actuando con total impunidad y hasta se puede pensar que tiene protección, dado que nadie en ese negocio se conduce de forma individual. En fin, existe mucha especulación en este tema. Pero los hecho señal a otra dirección.

El pacto corrupto y la derecha guatemalteca sigue sin entender que el principal sostén del gobierno de Arévalo no es una alianza ideológica en el congreso, ni un consenso interno con la rancia burguesía criolla, sino la convergencia de intereses con el gobierno de Estados Unidos. No se trata de amistad ni de lealtad diplomática, pues Estados Unidos no tiene aliados, más bien intereses. Se trata que Bernardo Arévalo está aprovechando estos vínculos con claridad estratégica, facilitando una a una, las demandas claves que Washington exige para mantener a Guatemala como un actor alineado en su esfera de influencia, aunque eso represente ceder en soberanía y lo presente como un gobernante entreguista. De eso se dio cuenta la burguesía, llevando a la mismísima golpista cámara de industria y otras a pedir que paren las interpelaciones en el congreso, para evitar que la ministra de economía no pueda viajar y negociar con Estados Unidos el tema de los aranceles.

Por otro lado, Guatemala es el único país en la región que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y se niega a reconocer a China, a pesar de los grandes beneficios económicos que le representaría, desafiando una tendencia continental. Ha mantenido su embajada en Jerusalén, reafirmando un apoyo inquebrantable a Israel, incluso cuando el costo político y moral en el escenario actual sea alto. Ha seguido apoyando a Ucrania, alineándose con Occidente en un escenario geopolítico polarizado. Pero más allá de lo simbólico de está postura, ha cedido terreno sensible al entregar el control de los puertos al ejército de Estados Unidos, además de la construcción de la ampliación portuaria en el Pacífico, una decisión de enorme implicación soberana, al permitir que Washington y principalmente su ejército sea un actor más dentro de entramado portuario guatemalteco, además de participar directamente en proyectos de infraestructura crítica, como el desarrollo del metro en ciudad de Guatemala y la reconstrucción del ferrocarril nacional. Y, como punto culminante, el gobierno aceptó convertirse en un tercer país seguro para migrantes, asumiendo el costo que eso representa.

En este contexto, el intento de la FECI de encontrar vínculos con China en la administración portuaria no solo fue torpe, sino profundamente cínico. El fiscal buscaba una rendija para socavar desde adentro esa alianza que sostiene con firmeza al gobierno de Arévalo. Pero falló, como empiezan a fallar los otros casos que emprendió contra el gobierno, incluyendo lo del fraude electoral. Es así como queda expuesta toda la estrategia del pacto de corruptos, comprendiendo los límites de su agenda, y comprometiendo el vínculo empresarial con Estados Unidos. Y en ese sentido, Arévalo, por ahora, juega según las reglas del poder real. Por eso la solapada acusación que lanzó en su alocución no puede más que ser una cortina de humo, para evitar enfrentarse realmente con los poderes del narcotráfico, que en los ámbitos de Gerona se conocen bien.

Ante esa brecha, el pacto criminal y corrupto que coopta el poder judicial, en conjunto con las élites económicas y los distintos operadores de la corrupción se enfocan ahora en desdeñar lo que no pudieron evitar y así queman el último cartucho que les queda, al sugerir que el presidente Arévalo y algunos funcionarios de su gobierno están implicados en el tráfico de drogas, o bien, tienen vínculos político ideológicos con la Venezuela de Maduro. Pero el retorno de los viejos fantasmas disfrazados de acción penal, no garantiza réditos por el momento. En esta coyuntura, el pacto criminal y corrupto presiona desde los tribunales, distorsionan desde los medios, financian desde las sombras y activan desde el propio Congreso. Así que el verdadero desafío de Arévalo ya no es sobrevivir al golpe de Estado judicial, ni ser perseguido por narco, más bien es evitar que su propia indecisión se convierta en el instrumento de su derrota.

La fiscal abrió la puerta, ahora el presidente debe presionar, insistir y sobre todo descubrir efectivamente el contubernio que existe entre esas instancias de la investigación penal y el crimen organizado. Por algo el gobierno de Estados Unidos públicamente respalda las acciones del ejecutivo y promociona las capturas y extradiciones que se han producido en este gobierno. Esto sin la ayuda del MP, como ha deja claro la propia embajada gringa. Y mientras el ruido de la desinformación retumba en las redes, el silencio de los hechos habla más fuerte. Arévalo tiene la palabra. Gobernar no es solo resistir, es decidir, convocar, transformar. Y si no lo hace pronto, el pueblo que lo eligió recordará que el cambio no se defiende con silencio, sino con coraje.

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