¿Cada pueblo tiene el gobierno que se merece?

Autor: Jairo Alarcón Rodas

Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa.

Victor Hugo

Se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece y pueda ser que haya algo de razón en esa expresión, sin embargo, en un país como Guatemala, en donde las reglas del juego, que dieron origen al establecimiento del Estado, han sido establecidas por un sector que responden a los intereses del poder económico, la responsabilidad de la sociedad se ve matizada.

Sin duda, la convivencia en sociedad requiere del establecimiento de un contrato social que se fundamente en un orden jurídico, el que regulará el comportamiento de aquellos que han decidido vivir en sociedad o han nacido en un país en el cual ya se ha establecido ese orden. Tal marco legal establece lo que serán los derechos y las obligaciones que se deberán cumplir para el buen funcionamiento de la sociedad, con el objetivo de alcanzar el bienestar común.

Rousseau decía, con relación al porqué del establecimiento del Contrato Social, que se origina por el objetivo de lograr una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. De tal modo que, al pasar de un estado de naturaleza a un estado social, los deseos y aspiraciones individuales se deberán circunscribir a esa nueva condición, por lo que la conducta de cada persona se verá regulada de conformidad a las normativas que considere la sociedad.

Es decir, que el vivir en sociedad debe buscar la armonía entre todos y garantizar los derechos individuales, de tal modo que puedan converger sin detrimento alguno.  Su solución es señalada por Alain Touraine cuando se pregunta: ¿Cómo pudieron unificarse en la misma noción principios tan diferentes como la soberanía popular y los derechos del hombre? Mediante la reducción del individuo a la condición de ser racional y la definición de sociedad como una construcción igualmente racional. De ahí que sea lo racional lo que permite la cohesión y armonía de los individuos en sociedad, no obstante que mucho del accionar humano corresponde a la espontaneidad emocional.

Por aparte, ya Thomas Hobbes había remarcado que solo a partir de la racionalidad se puede establecer un Pacto Social ya que es imposible hacer pactos con las bestias, como no comprenden nuestro lenguaje, no entienden ni aceptan ninguna traslación de derecho, ni pueden transferir un derecho a otro. Es la racionalidad la que permite lograr acuerdos y mientras más crítico y reflexivo resulte ser una persona tendrá mejores resultados, siendo lo más relevante poder cohesionar los intereses individuales y los colectivos sin dañar lo que constituye la libertad individual en sociedad.

Entender lo que constituye el ejercicio de la política y el arte de gobernar debería ser obligación de toda persona que viva en sociedad. No obstante, para algunos es más fácil seguir el guion que han elaborado otros y cumplirlo sin comprender lo que eso representa, que contribuir a construirlo en función del bienestar común. De ahí que se auto marginan de lo que representa el conocimiento de las relaciones de poder y el ejercicio del gobierno e, irresponsablemente, dejan hacer y pasar cualquier acción, por perversa que sea, a sus gobernantes.

Ningún ser se une para vivir en discordia, lo hacen para mejorar sus condiciones de vida, buscar su desarrollo y preservar su especie, no obstante, en los seres humanos, tal aseveración se pone en duda ya que, desde el surgimiento de las contradicciones de clases, las discordias sociales hacen mella de las sociedades humanas, convirtiendo a la violencia en motor de la historia, como lo planteo Karl Marx.

Así, entre las diversas contradicciones existentes en sociedad,  ha prevalecido la que se establece entre los que son dueños del capital y los medios de producción y los que no lo son, lo que determina una brecha cada vez más amplia entre la riqueza y la miseria. Con la acumulación de riqueza, la igualdad de todos ante la ley se perturba, lo que da lugar al establecimiento de privilegios y oportunidades para unos y carencias y desventajas para otros, dentro de un manto de impunidad e injusticia.

En Guatemala, tales privilegios han determinado que unas pocas familias se hagan con el control del sistema y de lo que eso conlleva, es decir el manejo del Estado, de sus instituciones y su funcionamiento. Por lo que, con las excepciones del caso, el país, a lo largo de su historia, ha sido gobernado por las personas que el sistema ha permitido, a los que les han dado su aval para competir en las elecciones y su complacencia para gobernar.

De ahí que no haya habido una diferencia sustancial entre los distintos gobiernos que el país ha tenido y, por el contrario, sí un permanente caos y deterioro social que se refleja a través de los indicadores desastrosos e inhumanos que tiene el país. Si cada pueblo tiene el gobierno que se merece, es necesario matizar que es debido, a las condiciones a las que han sido relegados muchos guatemaltecos, lo cual no les permite tener una participación política con más criterio y unidad.

Enemistarse con el sector económico del país, pretender no continuar con una postura sumisa, alineada a los intereses del norte, constituye, para los políticos guatemaltecos, la imposibilidad de ganar una elección presidencial, limitar sus aspiraciones de lograr el poder y, actualmente con la cooptación del tribunal supremo electoral, el solo hecho de pretender ir en contra de la corrupción significa ser vedados en su participación como candidatos, no ser inscritos en la contienda.

Las cosas seguirán siendo las mismas, a no ser que se logre conjuntar una gran fuerza social que transforme el actual estado de cosas, visibilice a los verdaderos enemigos de la justicia, a partir de una organización que entienda la importancia de vivir en sociedad y la responsabilidad que eso conlleva en la búsqueda de la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, en el cual la estructura jurídica corresponda a los anhelos e intereses genuinos de los habitantes de este país y no responda a los intereses de la oligarquía.