A dónde vamos
Por Mario Rodríguez Acosta
Las protestas han experimentado un crecimiento notable. Lo que en un principio surgió como una modesta promesa de los cantones y comunidades indígenas del altiplano de paralizar el país, con el tiempo se ha transformado en una auténtica movilización popular que abarca un espectro amplio y profundo de la sociedad, destacando, sobre todo, por su carácter participativo y su exigencia unánime: la renuncia de los corruptos representados por la fiscal general.
El gobierno ha respondido utilizando tres estrategias distintas: en primer lugar, ha adoptado un enfoque mediático manipulador, tratando de moldear la opinión pública y activando su red de comunicaciones en línea, donde se difunden mensajes de odio, racismo y desinformación; en segundo lugar, ha recurrido a la represión, con amenazas constantes de desalojo y violencia que por el momento no se han concretado; y por último, ha empleado tácticas legales para tergiversar la naturaleza de la disputa política, aprovechando su control sobre los organismos judiciales.
A pesar de que el gobierno y sus instituciones carecen de cualquier base legal para impedir la toma de posesión de Bernardo Arévalo, están haciendo intentos persistentes y continuos para evitar un gobierno de Arévalo. Y así seguirán, haciéndolo incluso después del 14 a las 14 horas. Por eso, han planificado cuidadosamente sus movimientos. La fiscal continuará en su cargo durante el período establecido y el congreso no realizará cambios en la actual Corte Suprema de Justicia, asegurando así la prolongación del mandato de la CC por varios años más. Esto significa que el núcleo central de la corrupción mantendrá su poder, más allá de Giammattei y Miguel Martínez que solo buscaran impunidad.
En esa situación, lo que se juega en la actualidad es la búsqueda del equilibrio político y el acuerdo de los espacios de poder para que prevalezca el estado mafioso que han construido. Dado que Bernardo Arévalo enfrenta una tarea casi imposible para cambiar la dinámica interna del Estado, ahora controlado por el crimen organizado, el militarismo anticomunista y las élites empresariales conservadoras que conforman el pacto de corruptos. Sin respaldo popular y movilización ciudadana, no solo no podrá asumir el cargo, tampoco podrá modificar la dinámica interna del Estado. Y esa es la lucha que se manifiesta en la actualidad.
Estados Unidos podría desempeñar un papel significativo en la resolución de esta crisis. Sin embargo, el gobierno de Guatemala, bajo la administración de Giammattei, en una hábil jugada apuesta por que sea el secretario general de la OEA el mediador; se sabe que este individuo tiene experiencia en fomentar, respaldar y normalizar los golpes de estado. De esta manera, no evita completamente la «injerencia extranjera», pero controla mejor la indecisión de Estados Unidos en la crisis.
Pronto podremos evaluar hasta qué punto las instituciones gubernamentales pueden ignorar la voluntad popular. Hasta el momento, las señales emitidas son claras: se está haciendo todo lo posible por encontrar una brecha legal que pueda cuestionar la elección presidencial y sumando resoluciones, están encontrando alternativas, dado el innegable esfuerzo que las facciones involucradas en el pacto de corruptos hacen para dejar claro su intención de recurrir a un golpe de estado a cualquier costo. Por eso, gran parte del desenlace dependerá de cómo evolucione el conflicto en el futuro cercano.
No es necesario recordar que fue Estados Unidos quién desempeñó un papel fundamental al liderar, financiar y finalmente derrotar al segundo gobierno de la revolución, lo que resultó en el ascenso al poder de las actuales élites militares y empresariales. Estas élites han sido grandes beneficiarias de las políticas de cooperación estadounidense y son aliadas estratégicas en el ámbito internacional. Basta observar el apoyo que Guatemala ha brindado a la política exterior de Estados Unidos con el respaldo incondicional a Israel, Taiwan y ahora Ucrania, elementos se han manejado específicamente para satisfacer las necesidades de Estados Unidos para justificar internamente la corrupción.
Hasta el momento no se han activado los mecanismos de presión por parte de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, y no parece que vayan a hacerlo pronto. Lo más significativo son las sanciones, mismas que parecen limitarse a individuos específicos y las condenas morales, que, en ocasiones, son recibidas por algunos de los corruptos como un reconocimiento a sus actividades, que como una verdadera sanción. Más allá de condenas en redes sociales, Estados Unidos no es el actor clave en esta coyuntura, y sí lo es, se pondrá del lado incorrecto de la historia, como siempre lo ha hecho cuando protege sus intereses estratégicos.
En última instancia, el curso de los acontecimientos dependerá de la movilización popular y de la posición que el Departamento de Estado de Estados Unidos tome en relación con la perpetuación del statu quo en Guatemala o la consideración de las nuevas propuestas de Semilla. Lo que es indiscutible es que, por ahora, Giammattei y su círculo de corruptos son objeto de críticas contundentes. Hasta el momento, los principales líderes del pacto de corruptos han estado en armonía con Estados Unidos, algo que no se dice en voz alta, pero se siente en el proceder de cada actor involucrado. Como dijo el propio Giammattei, este resultó siendo el más hijodeputa de los gobernantes. Pero habrá que recordar que es el hijo de puta que los Estados Unidos crearon, fomentaron y apoyaron años antes.
