El daño, la malobra y la destrucción de la Universidad y la democracia: Parte 2

Fernando Cajas

La captura no solo de la Universidad de San Carlos, sino de gran parte del sistema universitario guatemalteco —público y privado— para ser utilizado como maquinaria de poder político es el resultado de nuestra vergonzosa indiferencia colectiva. Es una indiferencia que debería producir escalofríos a cualquier ciudadano consciente de otro país.

Las élites tradicionales, junto con los nuevos operadores políticos, diseñaron esta captura con precisión quirúrgica. Como no podían controlar directamente el Consejo Superior Universitario de la USAC, crearon un sistema paralelo: universidades privadas de bolsillo que les permiten copar las comisiones de postulación de magistrados de las Altas Cortes y del Contralor General. La captura de la USAC no es un hecho aislado. Es parte esencial de la captura del Estado.

Las universidades privadas nacieron con propósitos específicos. La Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, surgió en 1961 como un proyecto educativo católico-jesuita. Pero esa intención inicial fue sepultada por la ola neoliberal de mercantilización de la educación superior. Lo que empezó como alternativa formativa se convirtió, en muchos casos, en un negocio político.

El gran error institucional se cometió con las reformas constitucionales de 1985, cuando se le dio a las universidades —especialmente a las que tienen facultades de Derecho y Ciencias Económicas— un poder desproporcionado en las comisiones de postulación. Ahí despertó el apetito de los corruptos. Entendieron perfectamente la lógica: quien controla las universidades, controla el sistema de justicia y el control del Estado lo que hacen a través de un ente llamado CEPS.

El Consejo de Educación Privada Superior (CEPS), creado en 1966, debería ser el órgano que vela por la calidad académica de las universidades privadas, autoriza su funcionamiento y aplica sanciones cuando corresponde. En la teoría, es un ente regulador. En la práctica, es un club de rectores que protege intereses corporativos y políticos.

El CEPS no ha cumplido casi ninguna de sus funciones esenciales. No exige estándares mínimos de calidad, no mide eficiencia terminal, no evalúa investigación ni pertinencia. Simplemente existe para legitimar la creación de nuevas universidades “patito”.

El caso más escandaloso es la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, parida directamente desde la rectoría usurpada de la USAC por Walter Mazariegos y su secretario general Luis Fernando Cordón Lucero, quien además funge como secretario de esta nueva “universidad”. El cinismo es absoluto. Utilizan el nombre de un expresidente demócrata para encubrir una operación de captura.

Y no es la única. La recién creada Universidad Americana sigue el mismo manual: fabricar facultades de Ciencias Económicas y Derecho solo para tener asientos en las comisiones de postulación del Contralor General.

Mientras tanto, la USAC sigue hundida en su propia tragedia: más de 100 mil aspirantes al año, solo el 20% ingresa, y de esos, apenas un 10% se gradúa. La USAC cuenta con laboratorios obsoletos, investigación marginal, currículos desconectados de las urgencias nacionales (desnutrición crónica, cambio climático, seguridad alimentaria) y una gobernanza capturada que premia la lealtad por encima del mérito.

Yo ya no sé qué es lo más indignante sí el silencio de Bernardo Arévalo de León o el cinismo de Walter Mazariegos. El hijo del expresidente Juan José Arévalo observa impasible cómo se mancilla el nombre de su padre para crear una fábrica de plazas en comisiones de postulación. Ni una palabra dice el presidente. Ni un reclamo. Esa tibieza presidencial es cómplice de la destrucción institucional.

El sistema universitario guatemalteco, tal como está diseñado, no premia la excelencia, premia la obediencia. Da igual que un profesor publique en revistas internacionales o que no publique nunca. Lo que importa es la lealtad al grupo en el poder. Eso no es universidad, eso es partido político disfrazado de academia.

¿Hay salida? Sí, pero exige coraje. Ya no basta con denunciar. Es urgente desmontar este diseño perverso de tal formar que hay que eliminar la participación de las universidades en las comisiones de postulación de magistrados y Contralor. La academia debe volver a su misión constitucional: formar, investigar y resolver problemas nacionales. Hay que reformar profundamente el CEPS. El CEPS debe incluir académicos independientes de prestigio, representantes del sector productivo y expertos internacionales. Las universidades deben tener indicadores obligatorios de calidad, eficiencia terminal, investigación y empleabilidad y criterios razonables de cobro de matricula, no cobrar lo que se les da la gana como es ahora. no cumpla, cierra.

De todo esto lo mas importante es diversificar el sistema universitario a través de crear un verdadero sistema de educación publico superior que pueda tener sedes regionales, crear institutos tecnológicos públicos con carreras de corta duración, pertinentes y que se exijan estándares reales a todas las universidades, tanto públicas como privadas y a los nuevos institutos tecnológicos de nivel superior. No podemos seguir atrapados en un sistema que no entrega cuentas a nadie.

La indiferencia ya no es opción. O recuperamos nuestras universidades para el país, o seguiremos condenados a un sistema donde la lealtad vale más que la verdad, y el poder político vale más que el conocimiento. Recuperemos primero a la USAC sacando al actual usurpador. Esto es un grito al nuevo Fiscal General y a la nueva Corte de Constitucionalidad, ambas tienen en sus manos el rescate o no de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nacional y Autónoma. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.