La segunda muerte de la Corte Centroamericana de Justicia
Por Nassar Echeverria
Últimamente, a partir de la ofensiva de Trump, se ha vuelto común leer que “el orden mundial basado en reglas ya no existe”. Efectivamente, Trump esta demoliendo los organismos internacionales creados después de la segunda guerra mundial, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y muchos otros organismos regionales. Estados Unidos ya no los necesita. Y muy al contrario, para restablecer la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, Trump esta destruyendo el viejo orden con el objetivo de crear un nuevo orden. Estamos en ese proceso caótico de enormes convulsiones y renegociaciones geopolíticas.
Algo similar está ocurriendo en la región centroamericana, aunque a menor escala.
A finales del siglo pasado, en Centroamérica se produjo la combinación de dos hechos trascendentales: el final de la guerra fría, la caída de la URSS, se mezcló con los diversos Acuerdos de Paz que pusieron un final negociado de la derrota de la revolución centroamericana. Producto de estas dos derrotas, el imperialismo norteamericano logró montar un nuevo orden de dominio semicolonial, con la creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el cual en el último periodo da signos de profunda crisis y agotamiento.
Los tratados de Washington de 1907
En la víspera de la primera guerra mundial, Estados Unidos necesitaba consolidar su dominación sobre el conjunto de América Latina y especialmente de Centroamérica. Estados Unidos logró sentar a todos los gobiernos del área, en la ciudad de Washington, en lo que se conoció como la Conferencia Centroamericana de 1907, que instauró un sistema de conferencias anuales de los presidentes o gobiernos del área, conocido también como primer Sistema de Washington. En total, se realizaron seis conferencias (1909, 1910, 1911, 1912, 1913 y 1914)
En la Conferencia de 1907 se acordó crear la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), como instancia judicial en donde los gobiernos resolverían sus diferencias.
Pero lejos de asentarse la convivencia pacífica, las revoluciones y guerras civiles continuaron, en muchos casos contra la dominación norteamericana. El gobierno nacionalista de Jose Santos Zelaya, en Nicaragua, fue derrocado, por la intervención norteamericana, en 1909.
Con los tratados de Washington Estados Unidos creo un nuevo orden semicolonial en Centroamérica, que predominaría de 1907 a 1927, con presencia o intervención militar directa en Panamá, Nicaragua y Honduras.
Nacimiento de la primera Corte de Justicia Centroamericana (CJC)
Influenciados por las Conferencias de La Haya de 1899 y 1904, los gobiernos centroamericanos aprobaron, entre otros instrumentos, la “Convención para el establecimiento de una Corte Centroamericana de Justicia”.
La primera Corte de Justicia Centroamericana (CJC) estuvo conformada por cinco magistrados propietarios y dos suplentes por cada país, electos por sus respectivos órganos legislativos y su sede estuvo en la ciudad de Cartago, Costa Rica. El tratado constitutivo tuvo una vigencia de 10 años. La CJC podía conocer los conflictos entre gobiernos, el respeto a los tratados internacionales, y como una novedad jurídica, los ciudadanos podían demandar a sus gobiernos directamente ante la CJC.
Al final, se agregó un artículo anexo al tratado que estableció lo siguiente. “La Corte de Justicia Centroamericana conocerá también de los conflictos que pueda haber entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales o las resoluciones del Congreso Nacional”.
Con este agregado de última hora, la CJC se convertiría en el supremo arbitro de los conflictos políticos de cada país. La CJC fue creada sin la existencia de un Estado Federal, sin capacidad coercitiva de obligar a los Estados a cumplir las resoluciones que dictara.
La CJC comenzó a funcionar el 25 de mayo de 1908, en la ciudad de Cartago, Costa Rica. La parálisis y muerte de la CJC comenzó con una demanda de El Salvador y Costa Rica contra el Tratado Chamorro-Bryan, suscrito en 1914 por el gobierno cipayo de Adolfo Diaz
Mediante el Tratado Chamorro-Bryan el gobierno de Nicaragua otorgó en concesión a Estados Unidos, por un periodo de 99 años, una parte del territorio que le permitía construir otro canal interoceánico. En realidad, con el Tratado Chamorro-Bryan Estados Unidos se garantizó que ninguna otra potencia pudiera construir un canal interoceánico que rivalizara con el Canal de Panamá.
El Tratado Chamorro-Bryan incluía las islas en el mar Caribe y las islas del Golfo de Fonseca. En este último lugar se construiría una base militar. El problema es que la soberanía de estas islas era compartida por los Estados de Nicaragua, El Salvador y Honduras.
La muerte de la CJC
El gobierno de Costa Rica, primero, y el gobierno de El Salvador, después, demandaron al gobierno de Nicaragua, por considerar que el Tratado Chamorro-Bryan lesionaba la soberanía de ambos Estados.
La CJC se declaró competente para conocer el caso y después de cumplir los procedimientos dictó sentencia el 9 de marzo de 1917, declarando que el Tratado Chamorro-Bryan amenazaba la seguridad nacional de El Salvador y violaba sus derechos de condominio en el Golfo; que también violentaban los artículos II y IX del Tratado de Paz y Amistad de 1907; que el Gobierno de Nicaragua estaba obligado a restablecer y mantener el estado de derecho con El Salvador que existía antes del Tratado Chamorro-Bryan. De igual manera declaró que este tratado violentaba los derechos de navegación de Costa Rica en el Rio San Juan, que había obtenido a raíz del Tratado Cañas-Jerez de 1858. En pocas palabras, la CJC dijo que el tratado Chamorro-Bryan era ilegal y debía restaurarse el status legal anterior a 1914.
La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. El gobierno de Nicaragua retiró a su magistrado, y comenzó a torpedear el funcionamiento de la CJC. En 1918, Estados Unidos presiono a sus aliados para no renovar el tratado constitutivo de la CJC. El resultado fue que los Estados centroamericanos no renovaron el tratado que dio vida a la CCJ, muriendo de manera silenciosa.
El SICA y el PARLACEN: el nuevo orden semicolonial
El final de la revolución en Centroamérica dio lugar a la creación de un nuevo orden semicolonial, diseñado y administrado por Estados Unidos.
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), creado en 1991, mediante el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), inauguró una era de neoliberalismo en el plano económico, que sustituyó la vieja política desarrollista de sustitución de importaciones, impulsada con en el Mercado Común Centroamericano (MCCA).
El SICA reflejaba la estructura económica, mientras que el PARLACEN, creado en 1986, a partir del primer Acuerdo de Esquipulas, era la tarima política en la que convivirían las diversas fuerzas políticas que se enfrentaron militarmente durante las guerras civiles de los años 80. El PARLACEN comenzó a funcionar en 1991, con la exclusión de Costa Rica, que se negó a participar. Panamá ingresó al PARLACEN en 1994 pero se retiró en 2009. No fue una casualidad que ambas instituciones regionales comenzaran a funcionar el mismo año 1991.
La creación de la segunda Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
El artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa resucitó a la Corte de Justicia Centroamericana (CJC), que fue liquidada en 1918, ahora bajo el nombre de Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con el objetivo de garantizar “el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. La integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse en el Estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente”
La nueva CCJ fue creada como un tribunal de justicia supranacional con el claro objetivo de resolver las disputas e interpretaciones con el protocolo creador del SICA.
Nació renca, sorda y muda
El Protocolo de Tegucigalpa y el Estatuto de la CCJ fueron firmados por los presidentes de los cinco Estados de Centroamérica, sin excepción. No obstante, en 1995 la Asamblea Legislativa de Costa Rica se negó a ratificar el Estatuto de la CCJ por considerar que limitaba la soberanía nacional y era contrario a la Constitución de 1948. Panamá tampoco ratificó el Estatuto de la CCJ, con argumentos similares. El Congreso de Guatemala ratificó el Estatuto de la CCJ hasta el año 2007, pero por conflictos internos no había nombrado a los magistrados delegados.
El artículo 7 del Estatuto de la CCJ definió que la sede permanente estaría en la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. La CCJ comenzó a funcionar en 1994 solamente con tres países miembros: El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los magistrados de Guatemala nunca llegaron. Fue un mal comienzo. Lo más grave ha sido que los países miembros no utilizaban la jurisdicción de la CCJ para resolver sus diferencias en torno a los múltiples conflictos aduaneros, arancelarios, limítrofes o sobre el funcionamiento de los organismos del SICA.
Entre el 2006 y 2009 entró en vigencia el tratado de libre comercio de los países de Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR. Aunque no es contradictorio con el tratado y organismos del SICA, en los hechos hubo un desplazamiento de prioridades. El CAFTA-DR prácticamente engulló al SICA, lo que le quitó más valor o peso específico a la maltrecha CCJ, relegándola. Los conflictos y contradicciones entre los Estados se resuelven en otras instancias y tribunales de justicia o administrativos, conforme al CAFTA-DR. El arbitro supremo es ahora Estados Unidos.
El retiro de Nicaragua y Honduras: la segunda muerte de la CCJ
Conforme la rotación de los cargos, a Nicaragua le correspondía la secretaria general del SICA para el periodo 2022-2026. En su momento fue nombrado el nicaragüense Werner Vargas. Por razones desconocidas, Vargas renunció al cargo en noviembre del 2023. La crisis se originó cuando los candidatos a sustituirlo, propuestos por el gobierno de Nicaragua, fueron rechazados de manera sucesiva con diferentes argumentos, a pesar que el periodo le correspondía a Nicaragua. No habia «consenso», bastaba que uno se opusiera y esta actitud operaba como veto.
La crisis estalló en marzo del 2025, cuando el gobierno de Nicaragua acudió a la CCJ para que se pronunciara sobre el derecho de nombrar al secretario general del SICA para el periodo correspondiente. Los magistrados respondieron con evasivas, lo que motivó que finalmente Nicaragua decidiera denunciar el estatuto de la CCJ, y retirar sus magistrados de dicho tribunal. La CCJ quedó funcionando con dos países: Honduras y El Salvador. Ya no habia quorum, dejó de funcionar.
El 1 de mayo del 2026, el gobierno de Honduras asestó la estocada final al anunciar su retiro “con efecto inmediato” de la CCJ y denunció el Estatuto de la CCJ, con el argumento de que al retirarse podrá ahorrar más de 720.000 dólares anuales que serán destinados a “prioridades ciudadanas”. Solo queda el magistrado de El Salvador, lo que implica en los hechos la disolución de la CCJ.
Fuente Elsoca
