Colusión entre Estado y empresarios: un patrón sistemático de violencia contra personas defensoras
Equipo de El Observador
El caso del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres evidencia una vez más el patrón de que los gobiernos latinoamericanos se convierten en operadores de las élites económicas, cuando estas son señaladas de violentar las normas, cometer violaciones a los derechos humanos y hasta orquestar crímenes de defensores y defensoras del territorio, incluso, con fondos internacionales.
Impunidad: Nasry Asfura blinda a las élites involucradas en el asesinato de Berta Cáceres
El Consejo Cívico de Organizaciones de Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización a la que perteneció Berta Cáceres, ha denunciado formalmente ante la comunidad internacional una alarmante coincidencia entre los argumentos que, durante las recientes audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —en el marco de su 195 Periodo de Sesiones, celebradas en Guatemala entre el 9 y 13 de marzo de 2026—, expusieron los abogados que representan al Estado de Honduras, y los técnicos y jurídicos de la defensa del empresario Daniel Atala Midence, quien tiene orden de captura pues es señalado de coordinar, junto con otros altos ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), el femicidio político de Berta Cáceres. Atala Midence continúa prófugo desde 2018 a la fecha.
Esta coincidencia no es casual. Para el COPINH representa la posibilidad de que el actual gobierno hondureño de Nasry Asfura está comprometido con la impunidad para las empresas y las poderosas familias oligárquicas ligadas al asesinato de la lideresa lenca.
La negación de lo evidente
Los representantes del Estado hondureño en la demanda internacional atacaron la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), después de la publicación, en enero de 2026, de su Informe Final sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Delitos conexos y medidas de reparación integral, el cual desmantela la narrativa del crimen aislado y por razones comunes, situando el asesinato de la defensora del territorio como un crimen organizado y ejecutado con apoyo financiero de empresas y corporaciones hondureñas.
Entre los hallazgos, el informe revela que el 67% de los fondos provenientes principalmente de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron desviados por la empresa DESA para financiar actividades ilícitas como vigilancia de líderes comunitarios, compra de armas, sobornos a policías y el pago directo a los sicarios que cometieron el crimen.
Además, evidencia la autoría intelectual al más alto nivel. Mediante escuchas telefónicas y de chats se vincula directamente a la familia Atala Zablah y a Daniel Atala Midence, miembro de la misma, con la toma de decisiones para “neutralizar” a Berta Cáceres. Dicha familia es parte de las redes de poder político-económico de Honduras. El 10 de marzo pasado, en audiencia de la CIDH, tanto la coordinación del COPINH como los representantes del gobierno hondureño fueron escuchados para abordar el informe del GIEI, en donde la representación legal del Estado hondureño adoptó una postura de negación sistemática que beneficia directamente a la estructura intelectual del crimen.
En tanto, la denuncia del COPINH se centra en tres puntos de coincidencia exacta entre el Estado y los abogados de la familia Atala.
Por ejemplo, ambas partes sostienen que el asesinato de Berta Cáceres fue un acto aislado de mandos medios y sicarios, a pesar de que las investigaciones han evidenciado que existió planificación corporativa detallada. Además, deslegitiman el informe del GIEI cuestionando la metodología utilizada, lo que coincide con la defensa de Daniel Atala para invalidar las pruebas de las transferencias bancarias.
Ambas posturas buscan desvincular la responsabilidad de la empresa DESA con el Estado, procurando, con este argumento, cortar la cadena de mando que llevaría hasta los accionistas de la mencionada empresa.
“Es doloroso ver que el Estado, que debería protegernos, usa el dinero de nuestros impuestos para pagar abogados que dicen exactamente lo mismo que los abogados de quienes ordenaron matar a Berta Cáceres”, denunció la coordinación del COPINH.
La ruta del dinero sucio: el GIEI demuestra operaciones financieras
Lo grave de la denuncia hecha por la coordinación del COPINH es que se evidencia que lo declarado por los representantes del gobierno de Asfura, frente a la CIDH, busca enterrar los hallazgos técnicos del informe final, los cuales muestran la ruta del dinero que se pagó a los perpetradores del crimen.
El informe documenta que el 67% de los fondos —alrededor de US$ 12.4 millones—, provenientes de préstamos internacionales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fueron desviados para financiar estructuras de seguridad privada, sobornos a policías y el operativo del 2 de marzo de 2016 en el que la activista fue asesinada.
En la audiencia ante la CIDH por este caso, Roxanna Altholz, una de las expertas del GIEI, expuso:
“La investigación reveló fallas graves en el sistema de control de bancos de desarrollo que financiaron el proyecto, las políticas de debida diligencia que estas instituciones debían aplicar en materia de riesgos de corrupción, control y desvío de fondos y prevención de lavado de dinero, fueron en gran medida debilitadas o flexibilizadas mediante reglas contractuales”.
Además, contiene detalles de los registros de cheques emitidos desde cuentas controladas por la gerencia financiera de la empresa DESA, apenas horas después del asesinato, destinados a cubrir el pago del grupo que operó el crimen.
Altholz agregó:
“Una de las conclusiones más importantes de esta investigación es que el asesinato de Berta Cáceres no puede entenderse como un hecho aislado, fue el resultado de una estructura de decisiones económicas, financiamiento y protección institucional que hizo posible el crimen, y comprender esta estructura, seguir el dinero y reconstruir las decisiones, y exponer las responsabilidades es una condición indispensable para que estos crímenes no queden en la impunidad”.
El periodo presidencial de Asfura y la agenda conservadora
El ascenso de Nasry Asfura a la Presidencia de Honduras en 2026 ha marcado el retorno del Partido Nacional (PN) y de una agenda de derecha conservadora alineada con las élites extractivistas. Analistas hondureños coinciden en afirmar que el gobierno de Asfura se perfila como un protector de los intereses de las familias poderosas, en especial de las familias involucradas en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
La estrategia que mostró el gobierno hondureño frente a la CIDH puede interpretarse como que la administración de Asfura no busca la verdad, sino estabilizar el clima de inversión protegiendo a los capitales responsables de la violencia política y la criminalización de defensoras y defensoras del territorio. Aunque no existe un pronunciamiento oficial hasta el momento, las recientes acciones del nuevo gobierno despiertan suspicacias como, por ejemplo, el hecho de firmar, el 6 de marzo de 2026, el convenio para el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Durante el anterior gobierno de Xiomara Castro, Honduras había denunciado el referido convenio en febrero de 2024, argumentando que el mecanismo de arbitraje internacional socavaba la soberanía nacional y favorecía los intereses de empresas transnacionales sobre el Estado hondureño. La salida se hizo efectiva el 25 de agosto de ese año.
Según el actual gobierno hondureño, la medida busca restaurar seguridad jurídica y atraer inversión extranjera directa; sin embargo, otros casos como en Ecuador y Guatemala han evidenciado que el CIADI es un sistema que es utilizado por los grandes capitales para proteger su inversión y desampara a los Estados y, en especial, a las comunidades afectadas por megaproyectos.
Exgerente financiero de la empresa DESA y miembro de una de las castas empresariales más influyentes en Honduras, Daniel Atala Midence aparece involucrado como autor intelectual del asesinato contra la defensora del territorio Berta Cáceres.
En su contra existe evidencia pericial sobre interceptaciones telefónicas que lo sitúan autorizando los fondos para neutralizar a la dirigencia del COPINH. En la actualidad, se encuentra prófugo de la justicia con alerta internacional de la Interpol.
El padre de Daniel Atala Midence es José Eduardo Atala Zablah, un conocido empresario de origen palestino también vinculado a la empresa DESA y quien ha sido Presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, así como Vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica. También ha sido Presidente del equipo Fútbol Club Motagua. Las familias Atala Zablah y Atala Midence tienen vínculos indirectos con Sula, la marca de lácteos y bebidas a base de pulpa de frutas con presencia en varios países de Centroamérica.
Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, defensora del medioambiente y ganadora del Premio Goldman, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por un grupo de sicarios. Su lucha contra la represa Agua Zarca sobre el Río Gualcarque, enfrentó al pueblo indígena contra una alianza de capital nacional e internacional. Hasta la fecha, solo han sido condenados los autores materiales y el exgerente de DESA, David Castillo, pero el “escalafón superior” de la familia Atala Zablah se mantiene fuera del alcance de la ley.
El informe final del GIEI, presentado al cumplirse una década del crimen de Berta Cáceres, ha arrojado luz sobre la compleja trama financiera que pagó el operativo en el que fue asesinada, así como la responsabilidad del Estado al tener información antes que se cometiera el crimen y no haber hecho nada para impedirlo.
Según Insight Crime, después del asesinato de Cáceres los miembros de la empresa se apoyaron en sus poderosos aliados políticos, tal es el caso del entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien prometió a Pedro Atala Zablah, pocos días después del homicidio, que éste se clasificaría como “crimen pasional” para desviar la atención indeseada de la empresa.
La coincidencia de argumentos ante la CIDH, en la audiencia del 10 de marzo del año en curso en Guatemala, es la prueba fehaciente que, bajo el mando de Asfura, el Estado de Honduras ha pasado de ser un observador negligente a un defensor activo de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres. Mientras el GIEI aporta pruebas científicas del financiamiento del asesinato, el gobierno hondureño prefiere actuar como el bufete de abogados de una de las familias con más poder económico en Honduras.
Fuente: ElObservadorGT
