Ataques a elementos policiales y Estado de Sitio

Por José Pinto

Un día después de los ataques a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado domingo 18 de enero, en que aproximadamente 10 policías fueron atacados y asesinados por miembros de la organización criminal Barrio 18, el gobierno decretó Estado de Sitio por un mes, aprobado con modificaciones dos días después por el Congreso de la República.

Esto fue acompañado unos días antes de la toma de varias prisiones por parte de los reos en el sureño departamento de Escuintla y en la capital, tomando rehenes a miembros de seguridad del Sistema Penitenciario que después las fuerzas policiales lograron recuperar.

Como en cualquier país capitalista, el Estado de Sitio, que implica la limitación de derechos humanos básicos, se contempla en la Constitución Política, instrumento que en Guatemala tiene un toque socialdemócrata de garantizar derechos humanos, pero que aun así contempla esa medida. Además, estas acciones que distintos gobiernos han usado se inspiran en una ley (de orden público) de la época de los gobiernos militares totalmente antidemocráticos.

Al final en el Congreso se aprobó una figura que tiene menos limitaciones a los derechos civiles básicos y que permite las actividades culturales y religiosas. Sin embargo, el ministro de defensa se lamentó de que hubiera sido así y hasta cuestionó que el ejército se hubiera reducido en gobiernos anteriores como parte de los Acuerdos de Paz; el director de la PNC, por su parte, consideró que por necesitar órdenes de juez para realizar allanamiento de morada, tiene las manos atadas. Ante eso varias organizaciones sociales lamentablemente manifestaron apoyo al Estado de Sitio sin prever posibles abusos de las fuerzas de seguridad pública.

Pero lo cierto que se han realizado operaciones conjuntas entre ejército y policía en los últimos días en barrios donde operan las llamadas clicas o células de esta pandilla, deteniendo a algunos integrantes, situación que no necesitaban de un Estado de sitio para realizar tales operativos. Lo que sería importante determinar es que tanto han logrado desmantelar no sólo la operación coordinada de ataque a elementos policiales, sino las estructuras del crimen organizado que aquejan a la clase trabajadora con extorsión y asesinatos.

Sin embargo, al modus operando de actividades ilícitas y de terror que genera en sus víctimas, que son personas en su mayoría de escasos recursos, se suma que esta denominada pandilla está vinculada a intereses políticos ligados a la ex candidata presidencial Sandra Torres y a personajes corruptos de la casta de políticos quienes se han enriquecido desde el control de los negocios con el Estado. Estos buscan desestabilizar y tumbar a este gobierno.

A eso suma las imprecisiones y posibles contubernios de autoridades del Ministerio de Gobernación, de la PNC y del manejo de las cárceles,  tanto en este gobierno -recordemos que el ex ministro de gobernación Francisco Jiménez está prófugo por la huida de 20 presos integrantes del Barrio 18- pero también procedentes de anteriores gobiernos, que son parte de las extorsiones y otras actividades que los jefes de esta mafia, como el famoso Lobo, emparentado con Torres, realizan desde las prisiones.

Además, que el clima se enrarece aún más con el hecho de que la administración Trump declaró terrorista a la pandilla Barrio 18, y la reacción supeditada del Congreso de la República de aprobar una legislación que las denomina también así, junto a la Mara Salvatrucha. Legislación peligrosa para los derechos humanos, porque le da potestad a la Corte Suprema de Justicia a denominar quien es terrorista.

El discurso del gobierno es que el Estado de Sitio no afecta la vida diaria y los derechos de los ciudadanos y de hecho la vida sigue normal, pero los elementos policiales pueden detener sin causa justificada a cualquier persona que les pueda parecer sospechosa, además de que van acompañados de elementos militares cuyo accionar muchas veces es ver al civil como un enemigo de ellos, eso también es reproducido por algunos elementos policiales.

Así también no debemos olvidar que este gobierno se ha supeditado a las estrategias de militarización de la administración Trump, que, en su intento de reposicionar al imperialismo estadounidense en su área de influencia más cercana, el gobierno de Arévalo ha firmado convenios con el Estado gringo para que este tenga acceso al registro de las operaciones policiales y militares guatemaltecas.

Fuente El Soca