El regalo envenenado de la Corte de Constitucionalidad

Mario Rodríguez

Al parecer la Corte de Constitucionalidad en un arrebato de insensatez y aplicando un acto de pura maldad jurídica sin precedentes, decidió hacer su aporte a la desestabilización. En un golpe maestro, quiere provocar una anarquía programada en el presupuesto del Estado, disfrazado su maldad a través de un amparo de último momento. Es su regalo venenoso al pueblo de Guatemala.

No es un simple capricho legalista; es más bien, un manual avanzado de cómo dinamitar la gobernabilidad mientras se finge solemnidad. Suspender el presupuesto aprobado el mismo día que finaliza el año, para evitar que ese consenso logrado permita inicial el nuevo año con un presupuesto acorde a las aspiraciones sociales.

El escenario era casi esperanzador. Tras un raro momento de consenso, el Congreso aprobó un presupuesto para 2026 a través de Decreto 27-2025, valorado en más de Q163 mil millones. El presidente Bernardo Arévalo y su ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, celebraban, cándida e ingenuamente, un avance en la gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo. En ese presupuesto se habla de inversión, transparencia, desarrollo inclusivo. Un discurso que, en el contexto guatemalteco, suena ya case a realismo mágico.

Entonces, entró en escena la CC y con la delicadeza de un elefante en plena cristalería, decidió que no era posible semejante logro político. Y con un amparo provisional suspendió la vigencia del nuevo presupuesto. La justificación jurídica, según diversos analistas, brilla por su ausencia y contradice su propia doctrina.

Pero aquí no estamos para hacer una interpretación legal de la resolución. Estamos para criticar esa jugada política de una corte que juega como actor de última instancia. Así que su resolución fue pensada al milímetro, con alevosía y premeditación, para dañar al gobierno, para generar malestar y por, sobre todo, para reafirman quién puede ejercer el poder real en este país.

No es un golpe de estado, pero si un golpe judicial con una perversidad administrativa sublime.

Veamos por qué. El presupuesto 2026 no llegó a nacer. Aunque luego se revoque el amparo, para efectos administrativos desde este primero de enero rige el presupuesto de 2025, con todas sus modificaciones. Eso implica que si quieren retomar ciertas partidas del presupuesto nuevo, deberán ser negociadas nuevamente como ampliaciones en el Congreso. Regresando así, el protagonismo a personajes siniestros como Allan Rodríguez y Álvaro Arzú, quienes fueron los grandes derrotados en dicha discusión.

Imaginen planificar el año próximo con los recursos y las prioridades del año pasado. ¿Cómo financia el gobierno instituciones nuevas, proyectos estratégicos, servicios esenciales que requieren expansión?

La CC les ha dicho «arréglenselas». El Ministerio de Finanzas y el Congreso tendrán que iniciar 2026 haciendo malabares con readecuaciones y luego, en febrero, intentar armar el rompecabezas nuevamente con ampliaciones presupuestarias que previamente tendrá que negociar, ceder y quién si no, darle la oportunidad a los de siempre para gestionar ciertos espacios de poder. Es decir, meses de incertidumbre, trámites y parálisis.

El golpe es al pueblo. La Corte quizá crea que con esto se golpea a Semilla y al presidente Arévalo. Pero en realidad lo que fortalece es la corrupción y la ineficiencia. Congela la inversión pública, estrangula proyectos de infraestructura y desarrollo social y envía un mensaje alarmante. Es el paraíso de los intereses que se benefician del statu quo y del caos.

La postura de la Corte es claramente política y merece una burla sarcástica y una condena política. Sus integrantes actúan como otro actor político pero con toga. Saben perfectamente que el mayor impacto no lo sufrirá Arévalo, sino la población que depende de servicios públicos, programas sociales y obras y le apuestan a desgastar al gobierno pensando en la cercanía de las elecciones generales y lo más alarmante, el cambio en las instituciones del sector justicia.

El texto lanza también un dardo envenenado hacia el gobierno. Abiertamente les acusa de hacer alianzas con personajes cuestionables en aras de la estabilidad, sin que eso tenga sustento legal, más que una mera opinión ideológica de sus miembros. En otras palabras: la CC da clase magistral de cinismo.

Lo que deja esta resolución es un paisaje desolador, un gobierno cuyas limitaciones y concesiones son criticables, pero que al menos intenta, en el discurso, un presupuesto con alguna orientación social, y una Corte de Constitucionalidad que, en vez de ser árbitro, se convierte un pirómano, incendiando la poca certidumbre que existía.

El año se inicia con el mensaje de que las instituciones no están para servir al pueblo, sino para sepultarlo en laberintos legales mientras la podredumbre sigue campante. La CC no ha defendido la Constitución; ha firmado, con sello y firma, un bozal para el desarrollo y un cheque en blanco para la ingobernabilidad. Un trabajo «brillante», sin duda. Para el desastre.

Feliz 2026, para todos, menos para los integrantes de la corte celestial.