¿Cómo se saqueó en Guatemala el dinero de las carreteras durante el gobierno de Giammattei?

Prensa Comunitaria

La administración de opacidad del partido Vamos con Alejandro Giammattei Falla en la Presidencia finalizó en enero de 2024 y no deja de sorprender que, entre más transcurre el tiempo, se encuentran otras argucias cometidas por sus funcionarios y las compañías con las que hicieron negocios a costa del Estado de Guatemala.

Revelaremos junto a cinco medios de comunicación una investigación sobre uno de esos mecanismos con los que el gobierno de Giammattei se aprovechó de cualquier espacio bajo su control, para sustraer millones de quetzales irregularmente del erario nacional con obras de infraestructura que nunca se concluyeron.

Por Prensa Comunitaria

El mecanismo se basó en el amañamiento de los procedimientos legales para la asignación de obra pública, a través de la sobrevaloración de los contratos asignados por distintas autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) del Estado de Guatemala. 

Esto implicó la colusión de ministros, directores, funcionarios a todo nivel, además, la participación de compañías que fueron beneficiadas en un esquema de opacidad durante el periodo 2020 a 2024, les permitió agenciarse del CIV aproximadamente unos Q.511.39 millones de quetzales, un nuevo caso multimillonario de corrupción que supera a los casos de las vacunas rusas Sputnik V (Q79 millones) o el caso B410 de defraudación tributaria (Q300 millones).

Seis medios de comunicación de América Latina se unen a El mecanismo para difundir el resultado de esta investigación periodística: desInformémonos (México), Prensa Comunitaria (Guatemala), Redacción Regional (Centroamérica), Hora Cero (Nicaragua), La Voz de Guanacaste (Costa Rica) y El Clip (Colombia).

Hay que tomar con cautela las promesas de los políticos. Sin importar la bandera que enarbolan, muchas veces la realidad termina siendo distinta a lo que ofrecen. Esto se debe a que ejecutar un plan de gobierno, uno ambicioso que pueda liberar al Estado del control de las mafias, requiere de más de cuatro años y una gestión con fuerza política para echarlo a andar.

Sin embargo, este escenario no se ha presentado. Ninguno de los nueve partidos que han alcanzado la Presidencia —sin contar al actual— ha conseguido gobernar más de un período en la era democrática. Tampoco hay fuertes convicciones políticas, por lo cual el país tiene un enorme cementerio de organizaciones y un constante reciclaje de figuras. Así, cada administración desperdicia la oportunidad de impulsar cambios profundos y termina operando, una y otra vez, para quienes se aprovechan del Estado.

Por eso, es común que, en lugar de planes de largo plazo, es decir con políticas de Estado, se ofrezcan soluciones inmediatas, casi mágicas, para problemas complejos: reactivar la pena de muerte (lo cual, es imposible) para combatir la delincuencia o insistir con el tema de las pandillas, poner bloqueadores de señal telefónica en las cárceles para terminar con las extorsiones o tapar todos los baches de la red vial a nivel nacional en seis meses.

Esta última promesa la hizo Alejandro Giammattei. Su gobierno, ampliamente antidemocrático, terminó hace algún tiempo y el ofrecimiento quedó en palabras. Hubo, sí, mucho dinero para proyectos que prometían carreteras. Y hoy, después de un año de investigación, El mecanismo puede afirmar con certezas que una enorme cantidad de recursos destinados para infraestructura fueron saqueados y que las obras siguen inconclusas.

A partir de noviembre, El mecanismo y los seis medios de comunicación publicarán una serie de reportajes que develan ese mecanismo de corrupción con el que se extrajeron cientos de millones de quetzales del erario. En el esquema están involucrados funcionarios —incluyendo un actual diputado— y varias compañías constructoras, muy cuestionables, que ganaron licitaciones amañadas.

Para armar la investigación fueron analizados cientos de documentos del Ministerio de Comunicaciones, contratos, datos de Guatecompras, informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), se realizaron entrevistas, bases de datos y recorridos de las carreteras en la provincia del país con el apoyo de periodistas comunitarios en las que operó el sistema de saqueo.

La historia que hemos preparado está plasmada en reportajes, audiovisuales, gráficas y una serie de recursos que, esperamos, faciliten la comprensión del mecanismo de extracción, uno que fue complejo y efectivo para el objetivo ilícito para el que fue creado.

No fue fácil constatar los hechos, existieron una serie de amenazas que prometían cárcel y hubo una fuerte campaña de desprestigio que hizo que el camino para mostrarla fuera hostil.

Derivado a esa situación, reconocemos el apoyo que el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, le ha brindado a uno de los periodistas autores de este extenso trabajo periodístico, para desarrollarlo en un ambiente seguro, académico y de excelencia investigativa.

Por aparte y siendo un hecho muy preocupante, El mecanismo se topó con un muro levantado por las autoridades del CIV durante la actual gestión del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, que impidió sistemáticamente el acceso a información pública. A pesar de eso, la investigación está sustentada en muchos documentos oficiales.

Los hallazgos son categóricos. Es, sin duda, uno de los casos de corrupción más graves descubiertos por el periodismo en Guatemala. Es, además, una mala noticia. Una muy mala.

No obstante, publicarla es muestra de nuestro compromiso de informar, por lo imperativo del carácter público de los hallazgos, pero también de allanar con pruebas que estos actos no se repitan y que los responsables tampoco queden impunes. Por supuesto, llevarlos a los tribunales es una atribución de otros entes que de momento en Guatemala responden a la impunidad.

Si bien vivimos en una crisis de impunidad perpetrada por quienes cooptan al Ministerio Público (MP) en complicidad del sistema de justicia y otros actores aglutinados en el llamado Pacto de Corruptos, confiamos en que tarde o temprano dichas instituciones cumplan su propósito fundacional para que los funcionarios públicos, partidos políticos y empresas dejen de prometer asfalto y, en cambio, continúan sumando casos de corrupción.

Fuente Prensa Comunitaria