Arévalo solicita intervención (“apoyo”) de Estados Unidos

Es especialmente grave que la Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil, una institución indígena que debería priorizar la autonomía, la justicia comunitaria y los derechos humanos, respalde explícitamente la intervención del FBI en Guatemala en el contexto de fuga de reos. Según el diario La Hora, dicha alcaldía se manifestó a favor de que el FBI «ayude» en la fuga de reos.

Este hecho plantea varias objeciones: Supone que un colectivo indígena acepta delegar parte de su soberanía o gestión de seguridad a un agente externo (y extranjero) que tiene un historial cuestionado en justicia penal, detenciones y deportaciones en el contexto de migrantes centroamericanos. Esto puede debilitar la legitimidad local de los mecanismos propios de justicia comunitaria o estatal, y legitimar la lógica de los “aliados estratégicos” que marcan la agenda.

Es entendible que le quieran dar apoyo al presidente Arévalo de León, pero es problemático que apoyen recurrir a EE.UU. como “ayudante externo” precisamente porque, como lo veremos en este blog, ese país no representa un modelo de justicia penal que respete estándares, sino que más bien encarna muchos de los peores vicios en cualquier sistema penitenciario: mercantilización del encierro, trato desigual, discriminación sistémica y politización. Muy parecido a las practicas del actual Ministerio Público en Guatemala. Apoyar una intervención (“cooperación”) del FBI desde una autoridad indígena, sin embargo, le añade un componente simbólico de apoyo subalterno (por tanto, hegemónico) que puede debilitar aún más la confianza comunitaria.

Al respaldar una intervención del FBI, la Alcaldía parece aprobar un enfoque centrado en “mano dura” y cooperación externa en lugar de fortalecer sus propias instituciones de justicia o hacer transformaciones profundas del sistema penitenciario guatemalteco desde adentro. Y eso va en línea con el error mayor del gobierno de tomar al “más barato/externo”, al “aliado estratégico” más violador de acuerdos con Guatemala, en lugar de un socio más adecuado, adaptado y respetuoso.

Por tanto, el respaldo de la Alcaldía Indígena Ancestral Maya Ixil no es algo que debamos desatender o ignorar, sino que refleja cómo actores locales terminan siendo piezas subalternas de una arquitectura de “cooperación de seguridad” que reproduce dependencia, transfiere control y obvia las lecciones del propio sistema americano que tanto se critica.

Un sistema penitenciario que privilegia el lucro privando de derechos

Una de las críticas más sistemáticas al modelo estadounidense tiene que ver con la participación de empresas privadas en la privación de libertad, lo que introduce incentivos perversos. En EE.UU. numerosos centros de detención de inmigrantes están gestionados por compañías como GEO Group o CoreCivic, bajo contrato con la agencia U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Esto ha sido objeto de múltiples investigaciones que denuncian condiciones inhumanas y falta de supervisión estatal apropiada. Por ejemplo, se ha denunciado que internos en centros de ICE sufren días de calor extremo sin adecuada climatización, en instalaciones con sobreocupación, en parte operadas por compañías privadas.

El esquema de “privatización” convierte al interno, en muchas circunstancias, más en un “costo” o en una “unitización” para el contrato que en un sujeto de derechos. Como lo explica el concepto de complejo industrial penitenciario: existe una maquinaria económica que se alimenta del encarcelamiento prolongado, de la detención masiva, lo cual va en contravía de los principios de reeducación, rehabilitación y proporcionalidad. Incluso en 2016 la administración de EE.UU. reconocía que “las prisiones privadas proporcionaban servicios menos seguros y efectivos, sin ahorros sustanciales de costos”.

¿Cómo se traduce esto para Guatemala? Si un Estado con mayores recursos institucionales cae en el modelo que mercantiliza la privación de libertad, sin garantía plena de debido proceso, sin supervisión rigurosa, sin control de abusos, entonces es claramente un ejemplo de lo que no se debería imitar. Guatemala, que enfrenta retos de debilidad institucional, corrupción, presos en condiciones de hacinamiento, deficiencias en procesos, haría mal en adoptar un modelo basado en el lucro de intermediarios privados o en la externalización sin controles.

Desigualdad, arbitrariedad y falta de justicia igualitaria

Otro pilar clave: la justicia estadounidense y su sistema penal presentan importantes brechas de equidad, lo cual debilita su legitimidad como “modelo” de referencia. Según el informe de The Sentencing Project, en EE.UU. las personas negras tienen una probabilidad mucho mayor de arresto, condena y pena más larga que personas blancas, incluso controlando otros factores. Datos de Pew Research Center señalan que, en cárceles locales, las personas negras representaban el ~26 % de la población encarcelada, cuando en promedio sólo constituían ~12 % del total de la comunidad según su estudio. En general, la tasa de encarcelamiento en EE.UU. es una de las más altas del mundo, lo que plantea interrogantes sobre la proporcionalidad, sobre el uso excesivo de la prisión y sobre la justicia como rehabilitación.

Para Guatemala, donde la confianza en las instituciones es muy débil o inexistente, presentar a EE.UU. como “aliado estratégico” y “modelo” para reformar justicia o prisiones o para el combate contra el crimen organizado o las pandillas puede transmitir una visión equivocada: que simplemente “copiando” herramientas o fondos se logrará un sistema justo, sin considerar que el modelo de base tiene problemas estructurales muy relevantes. Por ejemplo, si EE.UU. exhibe arbitrariedad, racialización, desigualdad frente a la ley, ¿por qué replicar sus prácticas de cooperación en seguridad penal como paradigma?

El perdón presidencial como símbolo de impunidad selectiva

El caso reciente de George Santos y al perdón presidencial es un ejemplo concreto de cómo la justicia puede convertirse en espectáculo o instrumento político, lo cual debilita su función de garante de derechos y de igualdad ante la ley. Hace solo unos días, Santos – quien se declaró culpable de fraude electoral, robo de identidades y otros delitos – fue beneficiado con una conmutación de su condena por Donald Trump. Tal acto simbólico y de alto perfil político genera la percepción de que la justicia depende del capital político, de la cercanía con el poder, y no de la aplicación imparcial del derecho. Esto mina la legitimidad del sistema de justicia como modelo. Si Guatemala se coloca bajo la “tutela” o cooperación de EE.UU. sin exigir altos estándares de integridad, podría también legitimar prácticas de asistencia que no cuestionan profundamente los defectos del socio cooperante.

Es muy simple reforzar el argumento de que EE.UU. no es buen referente de justicia y para ello es útil traer dos ejemplos que muestran cómo la clemencia presidencial se utiliza como instrumento político, y no garantía de justicia equitativa y, mucho menos, modelo para países como Guatemala donde, como lo demostró la CICIG, abunda el crimen de cuello blanco.

En agosto de 2017, Trump concedió el perdón al antiguo alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien había sido declarado culpable de desacato criminal por ignorar órdenes judiciales de detener prácticas de perfil racial. Esa decisión fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos civiles como la American Civil Liberties Union (ACLU) que señalaron que el perdón envía un mensaje: que se tolera la infracción de la ley cuando se persigue una agenda de “mano dura contra la inmigración”.

Más recientemente, en el primer día de lo que habría sido su segundo mandato, Trump concedió perdones o conmutaciones a aproximadamente 1.500 personas relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Muchas de estas personas participaron en actos de violencia política, obstrucción del Congreso o conspiración sediciosa. Que un presidente de un país que se presenta como “modelo de Estado de derecho” proceda a perdonar masivamente este tipo de conductas envía un señalamiento claro: que la justicia es selectiva, que depende de afinidades políticas o estratégicas, no de principios fijos.

Estos datos refuerzan el argumento de que EE.UU., pese a su retórica, no garantiza universalidad del derecho ni imparcialidad en sus perdones: la clemencia fácilmente se convierte en una herramienta de protección de aliados o de legitimación política sobre todo cuando está en manos de gente que ella misma ha sido condenada por corrupción y crímenes de acoso sexual y conspiración política.

Un director del FBI que se parece a los funcionarios del MP bajo Consuelo Porras

El nombramiento de Kash Patel como director del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha generado una avalancha de críticas, particularmente de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, que merecen atención, ya que ilustran con claridad por qué usar al sistema penal de EE. UU. como referente para otros países, incluida Guatemala, entraña riesgos institucionales, políticos y morales profundos.

En primer lugar, Patel es visto por muchos analistas e incluso ex–funcionarios del FBI como una figura marcada por la lealtad política al ex presidente Donald Trump, más que por un perfil tradicional de mando en el ámbito del crimen federal o la prevención de la corrupción. En su libro Government Gangsters, Patel mismo incluyó una lista de sesenta nombres que muchos interpretaron como una “lista de enemigos” o adversarios políticos y que ampliaron las dudas sobre su independencia e idoneidad.

En segundo lugar, bajo su liderazgo han surgido señales claras de una politización del FBI: despidos de agentes que supuestamente mostraron posturas críticas o independientes, acusaciones de que se están ajustando estándares de conducta para favorecer agendas partidistas, y una dirección que actúa con un alto grado de discrecionalidad en casos sensibles que involucran al poder político. Por ejemplo, se le cuestiona por no divulgar información completa sobre los archivos de Jeffrey Epstein, a pesar de la demanda pública de transparencia.

Además, sus actuaciones públicas han sido criticadas por errores de procedimiento, como una declaración equivocada sobre la detención de un sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk, que obligó a rectificaciones y erosionó todavía más la credibilidad del FBI bajo su mando.

Finalmente, Cuando Kash Patel asumió la dirección del FBI, una de sus primeras acciones fue implementar una política de purgas internas dirigida contra agentes, fiscales y funcionarios que habían participado en las investigaciones sobre Donald Trump y su entorno en los casos de obstrucción de la justicia, manipulación electoral y mal manejo de información clasificada. Lo que debía ser un organismo independiente se convirtió así en una extensión política del trumpismo. Decenas de funcionarios con carreras de servicio público fueron reasignados, presionados a dimitir o directamente despedidos bajo el pretexto de “restaurar la confianza en la institución”, pero en la práctica la medida sirvió para eliminar cualquier disidencia interna y consolidar una línea de lealtad personal al expresidente. Esta política de purgas ha sido denunciada por ex-agentes y por organizaciones de derechos civiles como un atentado contra la independencia judicial y la separación de poderes, y es una de las razones por las que el FBI bajo Patel simboliza la degradación del Estado de derecho en Estados Unidos —precisamente el modelo que Guatemala ahora decide invocar como aliado en materia de justicia y seguridad.

La dirección de Kash Patel al frente del FBI evidencia cómo un organismo que debe preservar la independencia, el derecho y el debido proceso ha sido transformado en instrumento político al igual que el Ministerio Público y el sistema de justicia en Guatemala, lo que convierte al sistema estadounidense de justicia en un modelo poco fiable para países que buscan fortalecer sus instituciones y respetar los derechos.

Inmigración, criminalización y relación de poder desigual

El escenario migratorio es otro ámbito donde EE.UU. muestra una lógica de control, criminalización y externalización de fronteras que entra en contradicción con una visión de cooperación soberana para Guatemala.

El sistema migratorio de EE.UU., a través de ICE y de contratos con privados, ha sido ampliamente denunciado por detención masiva de personas migrantes, con deficiencias graves en cuanto a derechos humanos, debido proceso y condiciones de detención.

Guatemala, como país de origen de migración, muchas veces se encuentra en una posición de dependencia y debe negociar desde una relación de poder desigual y subalterna. Si dicha negociación se basa en un modelo que “criminaliza” a sus ciudadanos migrantes, las condiciones de la cooperación pueden estar cargadas de desventaja para Guatemala. Por tanto, recurrir a EE.UU. como modelo privilegiado de justicia/seguridad penal implica que Guatemala acepte la lógica del país que ejerce presión migratoria, que encarcela a sus ciudadanos en condiciones denunciadas, y que externaliza su “problema” migratorio hacia terceros países. Esto plantea una contradicción fundamental: pedir ayuda al país que, en el fondo, ejerce una presión estructural sobre Guatemala en materia migratoria.

Alternativas más coherentes: países con modelos distintos

Guatemala debería mirar hacia países como Noruega como modelos para reformas su sistema de justicia. Noruega es ejemplo de un enfoque de justicia centrado en la rehabilitación, derechos humanos, bajas tasas de encarcelamiento, transparencia y reinserción, más que en la cuantificación de presos. Mientras que EE.UU. tiene un modelo “punitivo” y de “masivo encarcelamiento”, Noruega apuesta por sentencias reducidas, condiciones dignas, fin de la prisión preventiva prolongada, y seguimiento post-liberación. Por tanto, Guatemala —si su objetivo es construir un sistema penitenciario con estándares de derechos humanos, supervisión, proporcionalidad, reinserción— debería inspirarse más en modelos nórdicos, canadienses o europeos, y no en el modelo estadounidense que tiene graves déficits.

Error político y jurídico de adoptar al “aliado barato”

Por último, importa mucho señalar por qué este es un error político–jurídico para Guatemala recurrir a Estados Unidos. Al buscar “lo más barato” o “lo donado” de EE.UU., Guatemala corre el riesgo de seguir asumiendo paquetes de cooperación que obedecen más a la agenda del donante que a sus propias necesidades soberanas, estructurales y culturales. Si los lineamientos penitenciarios o de cooperación en seguridad son dictados desde EE.UU., Guatemala puede ver más disminuida su ya escasa capacidad de establecer políticas adaptadas a su contexto (pandillas, conflictos locales, debilidad institucional). Si se acepta a EE.UU. como modelo con todos sus déficits —mercantilización del encierro, desigualdad racial, impunidad selectiva—, se corre el riesgo de que Guatemala internalice e institucionalice aún más prácticas laxas y caiga en ciclos más extensos y profundos de violación de derechos.

Si la población guatemalteca percibe que el Estado no actúa con justicia pero, al mismo tiempo, recurre al apoyo de un país que exhibe abiertamente fallas en justicia, la confianza ciudadana en las reformas será aún más baja de lo que ya es. Aceptar “lo más barato” – que siempre resulta siendo lo más caro – puede significar adoptar infraestructuras, metodologías o tecnologías de segunda mano, sin analizar si aportan a largo plazo al desarrollo institucional y al cambio estructural que Guatemala urgentemente necesita. Hay que pensar en la calidad y no únicamente en costo o el beneficio geopolítico.

Reflexiones finales

Cuando se afirma que Estados Unidos no es el mejor modelo para Guatemala en materia penitenciaria y de justicia, lo hacemos en base a hecho y no especulaciones. Los ejemplos abundan: privatización que mercantiliza a los presos; desigualdades raciales estructuradas; impunidad simbólica de élites; criminalización de la migración; “cooperación” que implica dependencia.

Los ejemplos que hemos utilizado, y por supuesto que hay muchos más, generan una postura crítica que debe ser considerada en Guatemala seriamente. Refuerzan el descrédito del modelo estadounidense: No se trata sólo de que el sistema penitenciario y de justicia de EE.UU. tenga fallas técnicas, como la privatización o las desigualdades, sino también de que su gobierno central emplea la clemencia o intervención externa como instrumento político, no como garantía institucional de justicia.

Hoy mismo, mientras presume de “cooperación judicial”, Estados Unidos lanza ataques militares contra lanchas venezolanas o colombianas en las costas de Venezuela sin ninguna evidencia pública de que transporten drogas, sin debido proceso, y amparándose en el secreto de Estado y la lógica de “seguridad hemisférica” que históricamente ha servido para justificar intervenciones y cambios de régimen. Estos actos no sólo violan principios elementales de soberanía y derecho internacional, sino que revelan la continuidad de una política neocolonial en la que cualquier país latinoamericano puede ser tratado como territorio sospechoso o enemigo. Eso incluye a Guatemala.

El ataque a Venezuela, sólo por ser un país latinoamericano que intenta mantener cierta autonomía, debería ser interpretado como un ataque a toda América Latina. La respuesta, en consecuencia, no debería ser el silencio ni la complacencia diplomática, mucho menos la “cooperación” en seguridad con el FBI, sino una condena generalizada y firme al neoimperialismo estadounidense, al uso de la “guerra antidrogas” como pretexto para operaciones militares encubiertas, y a la persistente criminalización de los pueblos del sur.

En este contexto, que Guatemala acuda precisamente a Estados Unidos, país que sistemáticamene viola el derecho internacional mientras se erige como tutor judicial y moral del continente y del mundo, no sólo es un error político: es una contradicción profunda que amenaza con legitimar la subordinación jurídica y la dependencia estructural que históricamente han impedido la autonomía latinoamericana.

Todos estos ejemplos muestran la contradicción para Guatemala: Si Guatemala recurre a la jurisdicción, los métodos de cooperación o los “modelos” de EE.UU., está adoptando prácticas y simbologías que incluso sus instituciones nativas (como la Alcaldía Indígena Ixil) deberían cuestionar desde la justicia comunitaria o los derechos humanos. También subrayan que la “cooperación” no es neutral: Cuando una autoridad indígena respalda la intervención del FBI, o cuando un presidente estadounidense perdona masivamente a participantes de un asalto al poder, el mensaje es claro: la justicia no se comporta siempre como un estándar universal, sino como variable de poder. Eso es peligroso para Guatemala, que necesita confianza ciudadana, legitimidad institucional, y respeto a derechos en lugar de solamente eficacia externalizada.

Debemos reforzar la necesidad de alternativas. Está más que demostrado que EE.UU. no sólo falla en prácticas penitenciarias, sino que también en coherencia institucional. Por ello la idea de que Guatemala debe mirar hacia modelos como los países nórdicos, o que al menos modere su relación con EE.UU., gana fuerza argumental. Porque el argumento deja de ser meramente técnico o ideológico: se vuelve estratégico, de soberanía, de legitimidad, de derechos.

Por ello, tiene mayor sentido que Guatemala oriente sus esfuerzos hacia sistemas que priorizan justicia, derechos, reinserción, proporcionalidad y supervisión estatal robusta y sólo recurra a EE.UU. si lo hace con extremo cuidado, condiciones claras, supervisión mutua y sin asumir que traer “lo donado” de un “aliado estratégido” equivale a traer lo mejor.