El Estado capturado: Cómo la fiscal destruye la democracia
Mario Rodríguez
Los últimos días de abril marcan un punto de inflexión crítico para Guatemala. El Ministerio Público no se conforma con asfixiar al gobierno de Semilla; ahora apunta al corazón mismo del respaldo social que lo llevó a la presidencia. La jugada es letal y calculada, criminaliza la protesta, siembra miedo en las calles y, de paso, restringe cualquier margen de acción del ejecutivo. Dos objetivos en un solo movimiento: paralizar a las organizaciones sociales bajo la sombra del «terrorismo» y consolidar el cerco que ya tiene al gobierno al borde de la inmovilidad. ¿Hasta dónde llegará la escalada?
Este caso, aunque paradigmático, no emerge en el vacío. Más bien revela un giro estratégico en los objetivos y alcances de grupo de la fiscal general. La captura y acusación por terrorismo de los expresidentes de los 48 Cantones de Totonicapán refuerza una peligrosa tendencia de la cúpula del pacto de corruptos, que es, neutralizar todo aquello que sea potencialmente opositor a sus intereses y hacer avanzar su agenda de capturar por completo el Estado.
Esa metamorfosis en sus objetivos es peligrosa. Atrás queda el rol de protector de corruptos para convertirse en un actor político con ambición de árbitro supremo. Ya no solo protege impunidades; ahora redibuja el tablero del poder. Este giro estratégico no se limita a proteger y garantizar la impunidad de los políticos y empresarios del pacto de corruptos, avanza hacia un proyecto de dominio institucional. Su nueva meta es clara: reconfigurar el equilibrio entre los organismos del Estado, posicionándose como un actor con mayor influencia que la propia Corte de Constitucionalidad, entidad que, significativamente, no ha objetado ninguna de sus decisiones.
La dinámica dentro del Ministerio Público trasciende la mera persecución judicial. Las ambiciones personales de Consuelo Porras y Ángel Pineda han catalizado una transformación estratégica que ya no se limitan a tácticas de lawfare o retórica golpista, más bien están construyendo activamente una alternativa de poder. Su objetivo es claro – reorganizar el espectro político de derecha, aglutinando tanto a los sectores fascistas derrotados electoralmente con nuevos actores dispuestos a participar en este realineamiento forzado.
Este pacto de corruptos se revela con su verdadera naturaleza, como un pacto criminal, cuyas acciones están provocando una distorsión institucional sin precedentes. El Ministerio Público ha logrado, neutralizar efectivamente los contrapesos democráticos, vaciado el contenido las funciones de diversos organismos del Estado, y ha establecido un veto implícito sobre cualquier decisión política. La anécdota reveladora de la vicepresidenta – que justificó su negativa a reducir su salario por temor a represalias judiciales, de acuerdo al dictamen de sus abogados, ilustra perfectamente este nuevo paradigma. Cada acción de gobierno debe calcularse ahora bajo dos variables importantes, la aprobación tácita del MP o el riesgo de convertirse en objetivo de investigaciones amañadas.
La institucionalidad del Ministerio Público paso de la acción penal a una ingeniería política que busca cooptar el poder. Las ambiciones de Consuelo Porras y Ángel Pineda han redefinido el rol del Ministerio Público. Ya no se trata solo de utilizar las herramientas judiciales para desestabilizar al gobierno.
Su estrategia ha mutado hacia la construcción de un proyecto político de largo alcance que reagrupa a la derecha fracturada tras su derrota electoral, incorporar nuevos aliados tácticos y, en última instancia, se erige como eje de un proyecto de realineamiento forzado del poder.
Porras y Pineda ya no operan como meros fiscales; actúan como arquitectos de un nuevo bloque de poder que busca llenar el vacío dejado por la deslegitimación de los partidos tradicionales. Su objetivo trasciende lo judicial: aspiran a convertirse en los operadores políticos de una recomposición autoritaria del poder.
Esa mutación de objetivos refleja una vocación hegemónica a través de la acción penal selectiva, secuestro de los tiempos políticos que anulan la agenda y los planes del gobierno y una escalada represiva que amenaza con detenciones arbitrarias contra cualquiera que se oponga. Cuando un órgano de justicia concentra más poder que los demás poderes del Estado combinados, la democracia deja de existir. Solo queda la fachada. Todas las acciones emprendidas hasta ahora han logrado anular, invalidar y desnaturalizar los demás poderes del Estado.
La fiscalía observó correctamente el efecto que provoca una intimidación legal y el poder que les otorga las acusaciones que hacen a los actores políticos. Distintos casos tienen distintos objetivos, pero es claro que todos buscan neutralizar a los actores claves del gobierno de Semilla. Hoy, los tiempos, las circunstancias y las condiciones son impuestos por el accionar fiscal, al margen de cualquier otro poder estatal, sin importar si los casos tengan o no sustento legal. Y si la intimidación no funciona, la orden de juez, la presión de cárcel y la reserva del proceso hacen el resto.
Al quedarse sin corruptos que defender, ya sea porque sus casos fueron desestimados o porque recibieron penas ridículas y ahora gozan de libertad, los actores del pacto han reorientado su agenda hacia el control político, provocando un desgaste continúo al gobierno, asumiendo aquel dicho “que, entre peor, mejor”.
Esta dinámica genera de facto una unidad de acción que incluye a la cúpula empresarial, a sectores del alto mando militar y fracciones del crimen organizado. Por eso no sorprende la alineación casi total de los candidatos perdedores en las pasadas elecciones, políticos defenestrados como Sandra Torres, Manuel Conte o Carlos Pineda se movilizan para desgastar al gobierno, pero también para crear espacios que les permita participar en la próxima elección, porque se han dado cuenta que ahora mismo las fiscalías tienen la potestad de decidir quién puede presentarse y acceder al poder y a la riqueza estatal. El caso de Eduardo Masaya le mostró a la fiscalía el camino a seguir para delinear dicha situación.
Este proyecto ya trascendido al Ministerio Público. Lo que comenzó como una red de protección para intereses corruptos se ha convertido en una plataforma política funcional para la derecha más reaccionaria del país, que hoy ve en ella, no solo una fiscal, también encarna una posible candidata presidencial o incluso una figura interina en caso de una crisis institucional. Pero su horizonte de poder es más amplio. Las opciones se multiplican, mientras algunos rumores la ubican como futura magistrada de la Corte de Constitucionalidad a través de la representación de la USAC, esa posibilidad parece ahora insignificante frente al control real que ejerce desde la fiscalía.
Tras la fachada institucional, emerge la figura del secretario del MP —más influyente que la propia fiscal—, quien de facto ejerce funciones judiciales y políticas, mientras Porras se dedica a cultivar su imagen pública y cuidar su salud. Lo que en otro momento pudo ser un simple intercambio de influencias hoy es un dominio sin contrapesos, en dónde Ángel Pineda podría ser el próximo fiscal general.
Como muestra que no están improvisando, se observa una simbiosis entre el fundamentalismo religioso y el accionar fiscal con un discurso que mezcla lo legal con el conservadurismo moral de la retórica del orden que la ciudadanía quiere escuchar. Aquí es donde se observa otra alianza estratégica con pastores que fueron desplazados del espacio que anteriormente gozaron con Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Eso ha dotado de un discurso neopentecostal y posiblemente de financiamiento de las iglesias de la prosperidad a este proyecto.
Tras bambalinas operan las élites tradiciones de poder, esas élites económicas que han estado utilizando a la fiscal para mantener sus privilegios. Ahora mismo es en esas instancias que se decide quién puede o no, acceder a la riqueza pública, como ejemplo, el ataque que sufrió el ex ministro Félix Alvarado durante su breve estancia en el ministerio de comunicaciones. También se puede observar esto con el caso del ex-superintendente de la SAT que mostró con claridad como se opera desde el poder judicial para proteger a los evasores.
Estamos en el proceso de fusión de la alianza perversa: la tecnocracia jurídica, el capital emergente y tradicional corrupto y los remanentes de la vieja política, todos en santa cruzada para salvar al país de los perversos comunistas. Guatemala vive bajo un experimento autoritario donde la fe se usa para encubrir el robo, y la justicia para castigar a los disidentes. Además de arrogarse la potestad de decidir quién puede acceder al poder y a la riqueza del Estado con impunidad, y quién deberá enfrentar la justicia por la osadía de contradecir su accionar. Este poder paralelo ha trascendido el control administrativo y penal sobre la justicia, para convertirse en el gestor de quién puede o no tener vida política.
Lo más sorprendente de todo estos es la aparente indiferencia del estamento político que no comulga con el pacto de corruptos, empresarios independientes del Cacif y militares que han manifestado abiertamente su hastío con la corrupción, así como la izquierda política que atomizada y dispersa, pasa desapercibida. Como alguien dijo acertadamente, “se hacen a un lado”, esperando que todo lo que pasa, no le termine afectando.
La ciudadanía crítica está aferrada al espejismo de la democracia liberal y se encuentra paralizada por el miedo. Espera pasivamente un cambio en la «correlación de fuerzas», mientras la maquinaria golpista avanza y se consolidad en la defensa del statu quo. La clase media, que se movilizó contra la corrupción y en defensa de la democracia, ha sido desmovilizada y ahora se conforma con criticar las decisiones judiciales sin comprender la profundidad del problema.
Tras la captura de los líderes de los 48 Cantones, las redes sociales clamaron por el debido proceso, con la esperanza de que un juez decente, al escuchar las imputaciones del MP, los libere, cosa que nunca pasa. Hay que darse cuenta que el guion ha cambiado. Los fiscales han aprendido a manipular el sistema para alcanzar sus objetivos. El juez de turno inicialmente no asumió la primera declaración; cuando por fin un juez intento tomar la declaración, al final de la noche, el MP no se presentó, y tras una espera calculada más allá del límite legal, encontraron un juez afín que decretó el procesamiento y la prisión preventiva de los sindicados.
Al margen de lo que pueda o no probarse durante el proceso, el golpe está dado. El resto es un proceso judicial que se prolongará indefinidamente hasta cumplir los objetivos políticos que motivaron esta acción, con independencia de que sea espuria o no, se logre la condena o no.
Por eso, debe entenderse de una vez por todas, que la lucha actual no es jurídica, sino eminentemente política. A la fiscal general y al Ministerio Público en general, no les preocupa la solidez de sus casos, cuenten o no con pruebas y evidencias que conduzcan a una condena, están tan seguro de cómo manejan los tiempos y conocen muy bien a las personas que son parte de la institucionalidad jurídica, que, con imágenes tomadas de las redes sociales, tratan de sustentar conspiraciones ultra complicadas; sus acciones trascienden la mera búsqueda de la verdad que no buscan sentencias condenatorias, más bien, generar procesos interminables, mientras abren otros frentes, por si uno falla, si no vean los ejemplos de Zamora y la ex fiscal Laparra que son exculpados de un caso, pero tienen otros casos pendientes y siguen vinculados a esos procesos. Es crucial comprender que esta es una contienda por el poder, y que el MP, aunque formalmente parte del Estado y subordinando el poder ejecutivo, con autonomía en la acción penal, es quién impone los tiempos e impide a este gobierno activar su poder ejecutivo.
Esta escalada ha sido posible gracias a la falta de ejercicio del poder y la responsabilidad por parte del Ejecutivo en la gestión de la cosa pública. El problema de fondo radica en la inacción de Bernardo Arévalo y en la incapacidad de sus cuadros políticos y diputados en el Congreso de accionar para enfrentar esta embestida fascista. Lo más significativo es que durante su primer año, el gobierno ha demostrado una alarmante incapacidad para gestionar crisis recurrentes muchas de ellas autoinfligidas, y con una comunicación errática que ha provoca un desgaste constante e innecesario que ha llegado a dañar la relación directa con la ciudadanía.
Ante la crisis actual, el presidente evadió su responsabilidad y le traslado al congreso el cambio de legislación para poder remover a la fiscal, sabiendo de antemano que ahí no tienen mayoría, que lamentablemente, sus diputados no tienen la capacidad de tender puentes y gestionar esta iniciativa y sí, por algún milagro divino, se logrará, al final del día el cambio de esa normativa, él posiblemente no despediría a la fiscal, pues esa medida implicaría también poner en disputa su cargo.
Porque hay que ser claro en una cosa. En lo formal, Arévalo preside un gobierno, pero, en la práctica, se ve impedido de gobernar plenamente. La inexperiencia y la aparente falta de liderazgo de su administración han allanado el camino para que los planes iniciales de sus adversarios avancen de manera constante, limitando su margen de acción y generando tensiones internas entre sus figuras principales, incluyendo roces públicos con la vicepresidenta y el encargado de la seguridad del presidente, como muestras de un mandatario maniatado que afronta problemas internos y externos, pero que no resuelve nada.
Esta crisis solo tendrá una salida política, no jurídica, ni institucional. Y este juego de ajedrez se convirtió en un juego de suma cero, ganará quien esté dispuesto a llegar más lejos, sin importar el costo democrático que eso implique. Hoy, Consuelo Porras y su círculo de operadores, cómplices y leales llevan la ventaja. Cada día que pasa sin resistencia efectiva consolida su posición, ampliando su margen de maniobra y no está lejos que ya puedan contralar el proceso electoral, logren legitimar su proyecto bajos narrativas religiosas y de paso concretar el golpe de Estado. Arévalo no tendrá una segunda oportunidad y el proyecto de la primavera habrá acabado antes de empezar.
