La errática política de Bernardo Arévalo: ¿Un camino hacia la confrontación innecesaria?
Mario Rodríguez A.
No nos engañemos: esto no es una lucha jurídica ni tampoco una defensa de la democracia. Es, simple y llanamente, una lucha política que el gobierno de Bernardo Arévalo y su partido, Semilla, están perdiendo debido a una combinación de ineptitud, improvisación y falta de estrategia. El escenario actual es preocupante y parece abrirle paso a intereses oscuros que buscan aprovecharse de esta fragilidad.
El supuesto paro nacional organizado por sectores opositores no es más que el preámbulo de una insurrección golpista liderada por una derecha corrupta, genocida y desesperada por recuperar el poder. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es solo la existencia de estos enemigos, sino que el propio gobierno les está entregando —en bandeja de plata— la excusa perfecta para justificar sus acciones antidemocráticas.
Esa camarilla criminal, cuyo modus operandi incluye el robo descarado y la manipulación de las demandas populares, ha logrado reactivar figuras políticas irrelevantes como Sandra Torres. Estos actores buscan apropiarse de las reivindicaciones sociales mediante grupos de choque, delincuentes marginales y tácticas desestabilizadoras. Su objetivo no es otro que erosionar aún más la ya debilitada base de apoyo de Bernardo Arévalo, quien, con su gestión confusa y errática, les facilita el trabajo.
Cuando vemos a figuras como Sandra Torres y diputados vinculados al narcotráfico movilizan a huestes violentas para bloquear calles y sembrar caos, mientras la cúpula del CACIF guarda silencio cómplice ni interponer recursos de amparo ante la CC y el Ministerio Público permanece inactivo frente a los delitos cometidos, resulta evidente que algo más profundo está en juego.
¿Cómo interpretar que taxis piratas, conductores sin licencia, motoristas temerarios y transportistas ilegales organicen bloqueos sin que las autoridades intervengan? ¿Acaso no es obvio que detrás de todo esto se esconde una coordinación estratégica para deslegitimar al gobierno?
Más allá de la retórica sobre el seguro de transporte obligatorio, lo que realmente está en juego es el control político del ejecutivo. Y en estos desmadres, la oposición tiene mucho recorrido, más recursos y ganas que no le faltan.
La implementación de medidas como la exigencia de licencias y registros de propiedad podría estar siendo instrumentalizada por el crimen organizado y narco políticos para generar descontento y alimentar protestas. Este sector oscuro de la sociedad guatemalteca sabe que la debilidad institucional es su mejor aliado.
Ya lo hemos dicho hasta la saciedad: el seguro vehicular, aunque importante, no es la solución mágica para enfrentar la pandemia de accidentes de tránsito. Lo sensato sería enfocar los esfuerzos en regular a los grandes transportistas y sancionar a quienes incumplen las leyes básicas de tránsito. Sin embargo, el gobierno ha optado por una estrategia equivocada, priorizando medidas impopulares que generan rechazo en lugar de abordar los problemas estructurales.
Esta es, sin duda, una lucha política, quiera verse o no de esa manera. No tiene nada que ver con cumplir la ley ni defender la democracia; es el inicio de un golpe judicial cuidadosamente orquestado contra una esperanza que muchos ciudadanos depositaron en Bernardo Arévalo.
Lamentablemente, este gobernante, pese a ser una alternativa superior a sus predecesores, carece de la entereza y la capacidad necesarias para ejercer el poder con firmeza. En lugar de construir consensos y consolidar su base, ha generado una confrontación innecesaria que podría terminar pavimentando el camino para un golpe de Estado.
El reciente episodio del Colegio de Abogados es un ejemplo claro de la gravedad de la situación. Cuando la junta directiva saliente acciona junto al “pacto de corruptos” para impedir la posesión de los nuevos representantes electos, estamos hablando de un golpe de Estado en toda regla.
Este tipo de ataques requiere una respuesta jurídica y política frontal, decidida y contundente. Sin embargo, el gobierno de Arévalo parece haber optado por una postura pasiva que solo alimenta la ambición de sus adversarios.
En conclusión, la errática gestión de Bernardo Arévalo no solo está poniendo en peligro su propia administración, sino también las esperanzas de cambio que millones de guatemaltecos depositaron en él. Si no se corrigen pronto los errores y se adopta una estrategia clara para enfrentar a los enemigos de la democracia, corremos el riesgo de presenciar cómo una oportunidad histórica se desvanece ante nuestros ojos.
La pregunta es: ¿está dispuesto el gobierno a asumir este desafío o permitirá que la historia lo juzgue como otro capítulo fallido en nuestra lucha por la democracia?
