Juan Francisco Solórzano Foppa y la compleja trama de su asesinato
Marco Fonseca
Después de contrastar la nota de Diario Red con reportes de Prensa Comunitaria (ver también), Prensa Libre, Plaza Pública, Reuters, WOLA, EFE (vía Prensa Libre y otros medios) y fuentes oficiales guatemaltecas, hay motivos serios para investigar una posible conexión entre la masacre de Huité y el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa.
Es de mucho significado que Solórzano Foppa haya denunciado una supuesta operación de la CIA en Guatemala y fuera asesinado dos días después. Pero el caso Huité ya presentaba contradicciones oficiales, indicios de participación militar y preguntas sobre una posible intervención extranjera antes de que Solórzano Foppa formulara públicamente su hipótesis.
Algo similar ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en México y que ahora ha resultado en acusaciones por presunta traición a la patria tras operativos similares de la CIA. No es cualquier cosa.
Este contexto, por muy preliminar que sea, eleva sustancialmente lo que está en juego en las distintas valoraciones de lo ocurrido en Huité. No hay duda de que hay intereses de por medio, incluyendo transnacionales.
Aunque nadie, por el momento, puede establecer una relación causal demostrada entre los hechos de Huité y el asesinato de Solórzano Foppa, tampoco es posible descartarla, porque permite investigar las coincidencias y vincularlas con tendencias observables y ya demostradas en otras regiones de Latinoamérica.
En el presente comentario ofrecemos, en forma de una síntesis, varios elementos que permiten visualizar la compleja trama que sirve de contexto para entender el asesinado de Solórzano Foppa.
Huité: lo que ocurrió el 27 de septiembre
El 27 de septiembre de 2026, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en Huité, municipio del departamento guatemalteco de Zacapa. La operación dejó ocho muertos, entre ellos tres mujeres y una menor de edad.
Según un reporte de Prensa Comunitaria del 2 de octubre, un grupo llegó a Huité utilizando vehículos y vestimenta de apariencia militar. Los ataques se produjeron en distintos puntos de la localidad. El Ministerio Público procesó cuatro escenas del crimen y recogió 77 indicios balísticos.
Los datos recopilados apuntan a que el posible objetivo de la incursión era Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», identificado por las autoridades estadounidenses como un presunto dirigente de una organización de narcotráfico y por quien ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto o su condena.
Estos detalles no son simplemente suplementarios porque si se confirma que los atacantes buscaban capturar o extraer a un narcotraficante, tal y como lo ha requerido Estados Unidos, el episodio difícilmente puede explicarse como un enfrentamiento espontáneo entre bandas rivales sin examinar otras hipótesis.
Es necesario investigar quién organizó la operación, qué información de inteligencia utilizaba, cuál era su objetivo y, de haber habido elementos de Estados Unidos, si ello violó la legalidad y la soberanía del país y quiénes son responsables por ello.
Las contradicciones del Ejército
Uno de los elementos más relevantes de toda la investigación ha sido el hecho de que la posición inicial de las autoridades militares fue cambiando a medida que aparecieron fotografías, grabaciones y más evidencia contradiciendo el discurso oficial.
El 28 de septiembre el Ejército atribuyó los hechos a disputas territoriales entre organizaciones criminales transnacionales y negó que los hombres armados que aparecían en determinadas imágenes pertenecieran a sus filas. Esto resultó siendo falso.
El 29 de septiembre el Ministerio de Defensa reconoció que los vehículos militares J8 y los camiones con soldados registrados en las imágenes sí pertenecían al Ejército guatemalteco, concretamente a la Segunda Brigada de Infantería. La explicación oficial fue que las fuerzas militares habían acudido después de comenzar los enfrentamientos y que habían permanecido principalmente en los accesos. Esto también, aparentemente, resultó siendo falso.
El 30 de septiembre el mismo presidente Bernardo Arévalo reconoció la participación de elementos y unidades militares y ordenó constituir una comisión para determinar exactamente qué había sucedido. Esto le da un manto de legitimidad a la operación, pero nada ha sido confirmado y mucho quedó silenciado.
Admitir el despliegue de tropas es parte de una narrativa cambiante que crea sospechas y genera escepticismo hacia el discurso oficial. Por ello, las diferencias entre las primeras declaraciones y los reconocimientos posteriores justifican exigir una reconstrucción independiente de los movimientos militares. No tiene sentido que la comisión inicialmente encargada de esclarecer la actuación militar dependa del propio Ministerio de Defensa cuando son las acciones del mismo Mindef las que están bajo la lupa.
El 9 de octubre el Diario de Centro América informó de que Defensa había remitido su informe al Ministerio Público y al juzgado correspondiente, lo que implica que pueden existir documentos que podrían ayudar a reconstruir y contrastar la cronología oficial con los testimonios y las pruebas materiales. Es de dudar que esto salga a la luz pública.
Las sospechas sobre una operación militar no empezaron con Solórzano Foppa
El 2 de octubre, casi dos semanas antes de la denuncia de Solórzano Foppa, el columnista Jorge Jacobs publicó en Prensa Libre un análisis titulado «¿Qué pasó realmente en Huité?». Tras examinar imágenes y consultar a especialistas, planteó que podía haberse tratado de una operación militar dirigida contra Haroldo Lorenzana que salió mal. La hipótesis de una operación antinarcóticos fallida, entonces, ya circulaba públicamente.
Además, el 15 de octubre, la investigadora Iduvina Hernández publicó en Plaza Pública una nota titulada «El derecho de saber», en el que exigía esclarecer no solo la identidad de los autores materiales, sino también quién podía estar detrás de la incursión y qué intereses perseguía. Es decir, el cuestionamiento de la versión oficial no procedía exclusivamente de Solórzano Foppa. Existía ya un debate sobre una posible operación encubierta y sobre las responsabilidades institucionales del gobierno y del ejército.
De lo anterior, solamente, pueden deducirse por lo menos dos implicaciones. La primera es que las sospechas sobre Huité no pueden descartarse simplemente como una especulación formulada por una persona poco antes de morir. Y la segunda es que debemos distinguir qué aportó Solórzano Foppa de nuevo respecto de lo que ya habían documentado otros periodistas e investigadores. El asunto está en el detalle.
La denuncia de Solórzano Foppa
El 15 de octubre, Solórzano Foppa difundió un vídeo de aproximadamente tres minutos y medio en el que presentó su interpretación de los acontecimientos. Su conclusión era que:
Huité había sido escenario de una operación fallida de mercenarios vinculados a la CIA, apoyados por integrantes del Ejército guatemalteco y desplegados desde instalaciones estadounidenses en Honduras.
Según las reconstrucciones de Prensa Libre y Soy502, Solórzano Foppa destacó cuatro elementos:
- Primero: el objetivo de la operación. El comando habría intentado localizar o capturar a «Haroldito» Lorenzana. Pero la operación habría fracasado porque no consiguió detenerlo ni extraerlo.
- Segundo: la presencia de helicópteros. Solórzano Foppa señaló que diversas grabaciones indicaban que al menos dos helicópteros habían sobrevolado la localidad durante los acontecimientos. Recordemos, sin embargo, que los testimonios sobre aeronaves son anteriores a su denuncia. En un nota titulada «La muerte de ocho personas en Huité que el Gobierno no sabe explicar», Prensa Comunitaria recogió el relato atribuido a Ludwin Estuardo Nájera, posteriormente fallecido, sobre la presencia de helicópteros durante los ataques. Lo que todavía no está demostrado es a quién pertenecían esas aeronaves, de dónde despegaron o quién ordenó sus movimientos.
- Tercero: la actuación de los militares. Solórzano Foppa afirmó que 107 integrantes del Ejército habían accionado sus armas en algún momento de la operación. En una nota titulada «Gobierno releva dos altos mandos, pone a disposición 107 militares y sigue sin explicar las muertes en Huité», Prensa Comunitaria confirma este dato extraordinariamente concreto y detallado. Precisamente por eso debería ser verificable mediante los registros militares, los informes de consumo de municiones y las declaraciones de los integrantes de las unidades desplegadas. Pero «el Ministerio Público informó que la investigación por el ataque armado […] se encuentra bajo reserva» y que «el caso está a cargo de la Fiscalía de Distrito de Zacapa, que continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido». ¿Es posible confiar en este proceso?
- Cuarto: la posible intervención de una agencia estadounidense. Solórzano Foppa consideraba que una operación con cobertura aérea y supuesta coordinación militar requería capacidades que difícilmente tendría un grupo armado local actuando por su cuenta. Ese es, realmente, el núcleo de su hipótesis y lo más explosivo de sus declaraciones. Y, de resultar comprobado, esto implicaría no solo una escalada en beligerancia de las fuerzas de seguridad contra el «narcotráfico», sino también un incremento cuantitativo y cualitativo de la injerencia de Estados Unidos en Guatemala como parte de compromisos adquiridos por el gobierno de Arévalo al respecto.
Recordemos, como elemento comparativo, algo que fue noticia en mayo de 2026 y que tuvo lugar en San Marcos para ilustrar la dinámica de fondo que está en juego. Según el medio Infobae:
«El Comando Sur de Estados Unidos afirmó que un operativo reciente de Guatemala contra un laboratorio de drogas mostró el compromiso del país para “llevar la lucha contra los narcoterroristas a su país”, según informó en sus redes sociales la embajada de Estados Unidos en Guatemala. De acuerdo con el organismo, la intervención fue “otro éxito” para la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y se enmarca en el trabajo conjunto para combatir “el flagelo del narcoterrorismo” en la región, según la misma fuente.
En una actualización, la mañana de este jueves en redes sociales la PNC de Guatemala, informa que en un operativo conjunto de SGAIA-PNC, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público desbarató un narcolaboratorio en la aldea Zanjón, en San Lorenzo, San Marcos, donde fueron capturadas ocho personas y se incautaron droga, armas, vehículos y dinero. En el lugar se contabilizaron 117 kilos de cocaína. Los tres inmuebles quedaron sellados por el Ministerio Público. La acción se realizó como parte del seguimiento de una investigación que ubicó el inmueble donde, según las autoridades, se fabricaba y almacenaba cocaína. Durante el operativo, los implicados intentaron huir, pero fueron neutralizados y capturados.»
El caso Huite podría representar una escalada militar en la llamada «guerra contra los carteles», una operación dentro de esa «Coalición de las Américas Contra los Cárteles» y tratarse de una operación militar nacional con cooperación de fuerzas extranjeras. No se puede descartar tampoco una acción o participación de contratistas privados (mercenarios) en conjunto con una estructura para-militar o criminal con recursos propios. En cualquier caso, la hipótesis de Solórzano Foppa debe ser investigada.
La conexión hondureña
Estados Unidos mantiene desde hace décadas presencia militar en Honduras, particularmente en la base aérea de Soto Cano, donde opera una estructura militar estadounidense conocida como Fuerza de Tarea Conjunta Bravo.
Sabemos también que Honduras y Estados Unidos ha estado recientemente explorando «nuevas operaciones militares conjuntas para combatir el crimen organizado» en territorio hondureño, con Estados Unidos a punto de «desplegar soldados en Honduras para combatir el narcotráfico» que, más ampliamente, «formarían parte de un despliegue militar de aproximadamente 600 efectivos que Estados Unidos prepara para América Latina, en el marco de la ampliación de su campaña contra el narcotráfico».
La distancia entre la Base Aérea Soto Cano en Honduras y el pueblo de Huité en Guatemala es de aproximadamente 250 kilómetros. Dado que EE.UU. opera helicópteros UH-60 Black Hawk y CH-47 Chinook desde esa base y los utiliza, entre otras tareas, para operaciones antinarcóticos, es técnicamente posible para el país del norte lanzar una operación aérea contra el narcotráfico en comunidades como Huité.
La historia de las operaciones estadounidenses en Centroamérica durante los años ochenta demuestra ampliamente que Honduras ha funcionado como plataforma para actividades militares y de inteligencia a nivel regional – con o sin el permiso de los gobiernos de cada país. Solo este precedente histórico hace que la hipótesis geográfica de Solórzano Foppa sea concebible.
La pregunta es: ¿hubo participación estadounidense en la operación de Huité desde su base en Honduras? No puede enviársele un correo electrónico a La Embajada para confirmar si lo hubo o no lo hubo. Mucho menos al Departamento de Estado. Para responder esta interrogante, sin embargo, se requiere identificar movimientos concretos de aeronaves, personal, contratistas o comunicaciones durante el 27 de septiembre. Y eso es sin duda visto como una cuestión de «seguridad nacional» que el MP de Guatemala, dada la reanudada relación de cooperación con EE.UU., no podría estar dispuesto a quebrantar.
Los acuerdos militares entre Guatemala y Estados Unidos
El 28 de mayo de 2026, varios medios informaron de conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala sobre una «alianza estratégica para enfrentar el narcotráfico».
El Gobierno de Arévalo reconoció que había solicitado asistencia estadounidense en equipamiento, formación y conocimientos especializados. También informó de contactos con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Sin embargo, en ese momento, Arévalo negó que existiera autorización para operaciones militares estadounidenses en territorio guatemalteco. La posición oficial era que las operaciones serían dirigidas por fuerzas guatemaltecas y que la cooperación estadounidense se desarrollaría dentro de los acuerdos vigentes. ¿Estaba Arévalo diciendo la verdad o solamente dando agua azucarada para consumo público?
¿Existía algún dispositivo de cooperación operacional entre Estados Unidos y Guatemala que pudiera haber estado relacionado con los acontecimientos de Huité, que ha sido mantenido en secreto y que se evidenció de modo espectacularmente catastrófico en un operativo militar fallido?
La pregunta es legítima porque está documentada la cooperación militar entre ambos países. Además, dados los casos de intervención militar clandestina o pública de Estados Unidos en varios países de Latinoamérica – solo basta mirar el caso de Ecuador –, es imposible no tener sospechas.
El asesinato de Solórzano Foppa
El 17 de octubre, a sus 43 años y solamente dos días después de difundir su análisis de Huité, Solórzano Foppa fue asesinado mientras se encontraba en el complejo deportivo Campo Marte, en Ciudad de Guatemala, aparentemente dirigiendo un equipo de fútbol en presencia de su hijo y protegido por sus cuatro escoltas. En el ataque, aparentemente perpetrado por cuatro individuos, murió también Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
Egresado en derecho de la Universidad Rafael Landívar en 2008, Solórzano Foppa jugó un papel clave en el MP cuando Claudia Paz y Paz dirigía la institución.
En 2010, cuando estuvo asignado a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Solórzano Foppa realizó investigaciones y logró la condena de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias «El Lobo», líder del Barrio 18. Por casos como este el fiscal había recibido protección por la División de Protección de Personalidades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Estando en la misma fiscalía, Solórzano Foppa también participó en el caso de corrupción La Línea que contribuyó a la histórica destitución del gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.
Ya durante el gobierno de Jimmy Morales, a partir de 2016, fue nombrado jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Una de sus tareas más notables, junto con el comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Iván Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana, fue una amplia investigación sobre corrupción y lavado de dinero.
En 2018, sin embargo, fue destituido de la SAT en un acto que ha sido ampliamente atribuido al acoso político. Como fue reportado en ese momento:
«Su labor al frente de la SAT se caracterizó por lograr una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas del país por defraudación tributaria, incluida una multa de 100 millones de dólares (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala.»
Después de su salida del MP, Solórzano Foppa no dejó de denunciar actos de corrupción, así como advertir sobre la amenaza del crimen organizado y las pandillas. En fecha tan reciente como el 30 de septiembre, publicó en la red social X:
Días después, en la misma red, Solórzona Foppa apuntó que «El Mingob hizo hoy una requisa a gran escala en Fraijanes 2. En ese lugar estaban varios miembros de la rueda del Barrio 18. Y digo estaban porque ya varios se fugaron y andan sueltos. Que raro que el Ministro no haya publicado nada de eso.»
Lo que el presidente Arévalo dijo después del crimen fue exigir que se investigue tanto a sus ejecutores como a quienes pudieran haberlo ordenado. Arévalo, sin embargo, ha guardado silencio sobre las operaciones en Huité que fueron denunciadas por Solórzano Foppa días antes de su asesinato y está siguiendo de cerca la receta de Estados Unidos en su combate contra las pandillas.
La cuestión de la premeditación
Solórzano Foppa fue atacado mientras supervisaba una actividad deportiva.
Una investigación debería determinar si sus agresores conocían sus rutinas, si habían realizado vigilancias previas y si el ataque exigió una planificación específica. Porque ese es, frecuentemente, el patrón de los asesinatos políticos en Guatemala.
Si se comprobara que existió vigilancia anterior al 15 de octubre, eso debilitaría la hipótesis de que el vídeo sobre Huité fue el detonante inmediato o exclusivo del asesinato y ampliaría la red de posibles responsables intelectuales. Pero si aparecieran comunicaciones o preparativos posteriores a la difusión del vídeo que conectaran a los organizadores del ataque con personas comprometidas por sus denuncias, la hipótesis ganaría mucha fuerza. En otras palabras, la cronología de la preparación del asesinato es potencialmente más importante que la cronología de sus últimas publicaciones.
Todo esto se ha vuelto más denso y oscuro luego de que el 17 de octubre la Policía reportó la captura de dos de los presuntos responsables del asesinato de Juan Francisco. En ese momento la prensa local reportó que
«minutos después del tiroteo que cobró la vida del abogado Solórzano Foppa, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos de los presuntos responsables del crimen, a quienes identificó como Rigoberto Choc Toz, 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, 28».
Sin embargo, el 18 de octubre, esto no solo resultó ser completamente falso, sino que bien pudo ser un acto de confusión deliberada y con evidencia plantada por la misma Policía – incluyendo un irregular «cambio de ropa» – para enturbiar los hechos. Según La Hora:
«La captura de Rigoberto y Daniel Choc Toz, señalados inicialmente como sospechosos del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quedó bajo cuestionamiento después de que el Ministerio Público (MP) solicitara la falta de mérito a favor de ambos hermanos. Fuentes judiciales confirmaron a La Hora que el fusil que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó como un indicio contra los detenidos habría sido colocado por los propios agentes y no correspondería al arma utilizada en el ataque armado. La información modifica el escenario que las autoridades presentaron inicialmente tras el crimen ocurrido el sábado 17 de octubre en las canchas del Campo Marte, en la zona 5 de la capital, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, trabajador de la Federación Nacional de Judo.»
Las conclusiones sobre el papel de la Policía que pueden deducirse de este reporte son, como mínimo, escandalosas. Aunque el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que «las autoridades no buscaban incriminar a los hermanos Choc Toz» y que «no estamos haciendo investigaciones para incriminar a nadie», lo cierto del caso es que estas revelaciones no solo ponen bajo tela de duda el «escenario» que las autoridades presentaron en principio, sino que pone en tela de juicio la integridad institucional desde Gobernación hasta la Policía misma y su papel en la trama de este violento asesinato. Con solo esto ya restaron enorme credibilidad a lo que tengan que decir en el futuro y elevaron el nivel de la evidencia que tienen que presentar para ganar terreno perdido.
La trama de los enemigos
La trama compleja del asesinato de Solórzano Foppa no puede deconstruida solamente a partir de la hipótesis de Huité. Se trata de una trama densa y extensa que debe verse también a la luz de su trayectoria profesional y política.
Estamos hablando de alguien que había ocupado posiciones especialmente sensibles dentro del aparato estatal guatemalteco. Fue director de Análisis Criminal del Ministerio Público, participó en investigaciones vinculadas al caso La Línea y dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Posteriormente se enfrentó públicamente a figuras políticas, judiciales y empresariales. En los últimos años también había denunciado posibles vínculos entre organizaciones criminales, partidos políticos e instituciones del sistema judicial. Medios de prensa nacionales e internacionales, como Reuters, recuerdan que en 2025 señaló presuntas conexiones entre la pandilla Barrio 18 y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), así como entre estructuras criminales y el sistema de justicia. Además, como es ampliamente sabido, había participado en la defensa del periodista José Rubén Zamora y mantenía una posición muy crítica hacia la antigua fiscal general Consuelo Porras. Si algo no le faltaba a Solórzano Foppa eran enemigos.
Al momento de su asesinato, Solórzano Foppa fungía como defensor de Miriam Salazar, exdirectora administrativa del MP, en el caso de la supuesta compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público (MP). En este contexto, Solórzano Foppa estaba en confrontación directa con figuras oscuras del llamado «Pacto de Corruptos» como Rafael Curruchiche, antiguo jefe de la FECI bajo el mandato de Consuelo Porras, y Ricardo Méndez Ruiz, querellante adhesivo en el caso contra Salazar y paladín irreformable del más violento antiprogresismo que – falsificando por completo toda teoría de progreso moral e intelectual automático de las sociedades – ha salido arrastrándose de los charcos culturales más oscurantistas del país.
Aunque no es correcto deducir de antemano la responsabilidad de ninguna de las personas, organizaciones o instituciones a quienes criticó, denunció y confrontó Solórzano Foppa, existen múltiples vectores tanto complementarios como conflictivos que podrían resultar relevantes para investigar el móvil y la compleja trama de su asesinato. Nada puede ser descartado. Todo, en realidad, está en juego. Todo está en moción en este momento. Aunque hay voces pidiendo «rigor técnico y científico en las investigaciones», toda la confusión que ya ha sido introducida por la misma Policía desata sospechas sobre quienes realmente apretaron el gatillo – ya no digamos quienes ordenaron la operación – indicando que todo esto pueden resultar, como es común en Guatemala, en el imperio de la impunidad.
El momento preelectoral
Solórzano Foppa intentó incursionar en la política electoral después de su salida de la SAT, buscando cargos de representación popular. Por ejemplo, buscó la alcaldía de la Ciudad de Guatemala en 2019 mediante el comité cívico Mi Barrio. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción por presentarla fuera de plazo.
En 2023Solórzano Foppa también buscó la presidencia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), sin lograrlo.
En ese mismo año, 2023, también, fue proclamado de nuevo como candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala por la coalición de partidos Movimiento Semilla, URNG y Winaq bajo la lista FoppaXlaCiudad. Pero el TSE rechazó nuevamente su inscripción por motivos de forma, lo que derivó en la postulación de Ninotchka Matute como candidata única de la coalición. El proyecto también resultó frustrado.
Además de sus fallidos intentos electorales, Solórzano Foppa también fundó el Partido Ambientalista Guatemalteco (Agua) en 2020, una iniciativa que derivó en su detención y condena por falsedad ideológica, delito que él calificó de persecución política.
Aunque no existe evidencia pública de que Solórzano Foppa haya estado contemplando otra participación política para 2027, aspiraciones que habían estado bajo la sombra de controversia sobre su elegibilidad y seguridad debido a casos como «Política y Falsedad» por irregularidades en la formación del Partido Ambientalista Guatemalteco (Agua) y su detención por un caso vinculado a la defensa que ejerció del periodista Jose Rubén Zamora, su asesinato en el momento preelectoral le agrega un matiz político a toda esta trama compleja.
El posible conflicto dentro del propio Estado
Hay otra dimensión que va más allá del asesinato y que nos pone de regreso en el caso Huité.
Guatemala está tecnocráticamente gobernada por Bernardo Arévalo, hoy el segundo presidente menos popular de Latinoamérica, que llegó a la presidencia prometiendo combatir la corrupción y enfrentándose a sectores del sistema judicial y político vinculados al antiguo orden institucional, pero paró acomodándose al papel de jardinero del cacifismo y «socio confiable» de Estados Unidos y el trumpismo. Con todo y eso, sin embargo:
el Ejecutivo necesita gobernar con instituciones que no fueron transformadas tras su llegada al poder.Y el caso Huité plantea precisamente un delicado problema de control institucional.
Por ejemplo, si un sector de las fuerzas militares participó en una operación no reconocida inicialmente, habría que determinar si actuó por órdenes regulares, por iniciativa de algunos mandos, en coordinación con otras agencias o respondiendo a intereses ajenos a la cadena de mando. Aunque ninguna de estas posibilidades está demostrada o puede ser descartada, las consecuencias serían muy serias en cualquier caso.
Si fue una operación autorizada que terminó con víctimas civiles, el problema principal sería establecer responsabilidades por el uso de la fuerza, posibles delitos y eventuales encubrimientos. El hecho de haber relevado a dos altos mandos del ejército y haber puesto a disposición 107 militares ya sugiere movimientos subterráneos no autorizados. Pero puede que eso solo sea el comienzo de una trama más profunda y siniestra en este momento preelectoral.
Si fue una operación realizada al margen de las autoridades políticas, estaríamos ante un problema mucho más grave de control civil sobre las fuerzas armadas, un colapso casi completo de la autoridad ejecutiva de Arévalo.
Y si hubo intervención extranjera de Estados Unidos sin autorización legal, se añadirían posibles responsabilidades internacionales con muchos intereses que preferirían que estos acontecimientos no salieran a la luz y, de salir, que no sean investigados independientemente.
Todo esto se complica más porque en Guatemala existe una larga historia de estructuras clandestinas, redes de inteligencia, corrupción y alianzas entre las elites, agentes estatales y organizaciones criminales. Y muchas veces solo se percibe cómo funciona esta dinámica por sus efectos y operaciones ya sea exitosas o fallidas.
Ese contexto histórico lleno de oscuridades explica perfectamente la desconfianza social muy generalizada en torno al asesinato de Solórzano Foppa.
Donde hay humo…
No hay ninguna claridad en cuando a quién estuvo detrás del asesinato más allá de los sicarios ya aprendidos – y esto mismo ya ha sido revelado como falso. Pero está empezando a hacerse visible un contexto de contradicciones e intereses potencialmente enfrentados que hace imprescindible investigar el asesinato junto con las denuncias recientes de Solórzano Foppa mismo.
Tomemos en cuenta que Huité no fue un episodio menor ni una simple noticia criminal. Ocho personas murieron, las explicaciones institucionales variaron y se reconoció la presencia de fuerzas militares cuyo papel no está completamente esclarecido.
La hipótesis de una operación antinarcóticos fallida no nació con la muerte de Solórzano Foppa. Ya circulaba en medios guatemaltecos, y las propias autoridades habían tenido que responder a las contradicciones sobre el despliegue militar.
Solórzano Foppa, por su trayectoria, también podía comprender determinados aspectos operativos de una investigación criminal mejor que un comentarista sin experiencia en esos ámbitos – como quien escribe esta nota. Solo eso hace relevante su análisis, aunque no lo convierta en prueba o hecho.
Memoria histórica que no debe ignorarse
Juan Francisco Solórzano Foppa era nieto de Alaíde Foppa, escritora, feminista e intelectual guatemalteca desaparecida en 1980 tras ser detenida por agentes del Estado. Esa historia familiar está, por tanto, directamente atravesada por la violencia política y la represión estatal guatemalteca.
Cuarenta y seis años después, su nieto, un antiguo responsable de investigaciones criminales que denunciaba la corrupción y posibles operaciones clandestinas, fue asesinado.
Aunque no hay necesariamente una continuidad organizativa entre ambos crímenes, sí hay elementos para sostenerla. Sí existe una continuidad histórica que merece reflexión y que tiene que ver con la extraordinaria dificultad de Guatemala para superar las relaciones entre violencia, poder político, impunidad y estructuras de seguridad.
La muerte violenta de Solórzano Foppa vuelve a situar todo este complejo entramado en el centro del debate.
Fuente blog #RefundaciónYa
