El diagnóstico erróneo de Rodolfo Chang
Marco Fonseca
Uno de los rasgos más persistentes y hegemónicos de la cultura política guatemalteca consiste en depositar una confianza recurrente en instituciones que han demostrado, una y otra vez, su incapacidad o su falta de voluntad para corregir las distorsiones que ellas mismas han contribuido a producir. Esa confianza es producto de lo hegemónico.
Por ejemplo, el planteamiento de que la Corte de Constitucionalidad (CC) “todavía puede resolver la crisis de la Universidad de San Carlos” que plantea Rodolfo Chang responde precisamente a esa lógica. Aunque parte de un deseo comprensible de restablecer la legalidad universitaria, termina atribuyendo a la propia CC una capacidad regeneradora que la experiencia reciente desmiente. (ver prensalibre.com/guatema…)
El problema no radica únicamente en una resolución pendiente (or varias) sobre la reelección de Walter Mazariegos. La cuestión es mucho más profunda. Durante años, la CC ha expandido progresivamente su ámbito de intervención hasta convertirse, de hecho, en un poder que rebasa las competencias originalmente previstas para un tribunal constitucional. Hoy es un poder que con mucho excede el poder de todos los otros poderes del Estado incluso combinados. Hoy es, en efecto,una dictadura constitucional. En lugar de limitarse al control de constitucionalidad, como es su mandato, ha intervenido de manera creciente en conflictos políticos, administrativos y universitarios, contribuyendo a eorsionar y descalabrar el ya muy precario equilibrio institucional del Estado que encontramos en la constitucional neoliberal de 1985. Desde esta perspectiva, resulta contradictorio presentar a la propia institución que ha participado en esa expansión del poder como la instancia encargada de revertir sus consecuencias.
Esta forma de pensar expresa un patrón cultural ampliamente extendido en Guatemala. Frente a sistemas capturados, redes de corrupción o instituciones profundamente deterioradas, siempre aparece o se expresa entre la gente (a todo nivel, pero lo peor es verlo al nivel subalterno) la esperanza de que, en algún nivel oculto, todavía subsiste una reserva de profesionalismo, ética o patriotismo capaz de corregir el rumbo. Se confía en que algún magistrado actuará con independencia, que algún funcionario romperá con las redes de poder, que algún gran empresario pondrá el bien común por encima de su avaricia por la ganancia, o que alguna institución finalmente cumplirá con el mandato que durante años ha incumplido. Así funciona lo hegemónico: planta en la gente la semilla de que, al final de cuentas, un sistema irremediablemente corrupto puede parar haciendo lo correcto. Y, claro, de vez en cuando el poder hace un sacrificio por aquí o por allá para confirmar la validez de dicha esperanza.
Sin embargo, la historia política guatemalteca ofrece escasos fundamentos para sostener ese optimismo hegemónicamente construido. Las instituciones no funcionan principalmente por la virtud individual de quienes las integran ni tampoco – aunque así lo diga la Constitución – en función del bien común. Funcionan de acuerdo con las relaciones de poder, los incentivos, las estructuras de dependencia y las correlaciones políticas que las atraviesan. Cuando esos factores permanecen intactos, esperar un giro moral o incluso realmente profesional desde el interior de la institución suele convertirse en una expectativa sin respaldo empírico. Es, por tanto, una expectativa ingenua, inútil y que funciona a favor del poder.
Este modo optimista de razonar produce además un efecto político paralizante. Si siempre se espera que la solución provenga de la misma institución cuestionada, la misma institución que genera problemas fundamentales en primer lugar, disminuye la necesidad de luchar y articular alternativas sociales, académicas y políticas capaces de modificar las condiciones estructurales que originaron la crisis. La expectativa sustituye a la organización y la articulación. LLegar a la CC a presentar recursos se presenta como “activismo” y “resistencia”. No lo son. La confianza reemplaza así también al análisis crítico institucional. La esperanza hegemónica termina entonces ocupando el lugar de la estrategia.
La crisis de la USAC difícilmente podrá resolverse depositando nuevas expectativas o nuevos amparos en la Corte de Constitucionalidad. Si la universidad llegó al punto actual fue precisamente porque durante años distintas instituciones del Estado dejaron de actuar como contrapesos efectivos y pasaron a formar parte de un entramado mucho más amplio de concentración y corrupción del poder. Pensar que ese mismo entramado producirá espontáneamente su propia rectificación equivale a desconocer cómo operan las instituciones en contextos de captura política. Eso, en parte, define al subalternismo.
Más que insistir en la posibilidad de una corrección providencial desde la cúspide del sistema corrupto, el desafío consiste en reconocer que la legitimidad universitaria tendrá que reconstruirse mediante procesos de articulación democrática, autonomía efectiva y presión social sostenida. Mientras la discusión continúe girando alrededor de la esperanza hegemónica de que una institución profundamente cuestionada y capturada haga finalmente “lo correcto”, la crisis seguirá administrándose sin modificar las condiciones que la hicieron posible desde el principio.
Tomado de RefundaciónYa
