Reseña crítica de Actores antidemocráticos en Guatemala
Marco Fonseca
Resumen
En Guatemala abundan los estudios que identifican actores corruptos, redes ilícitas, operadores judiciales, militares retirados, empresarios y organizaciones de ultraderecha. Mucho menos frecuente es que esos trabajos interroguen el orden social que hace posible su reproducción. Actores antidemocráticos en Guatemala entre 2014 y 2024, de Briseida Milián Lemus, organiza información relevante y propone una tipología útil como punto de partida, pero presenta como marco conceptual lo que en realidad es una taxonomía normativa asentada en la ciencia política liberal. Su problema central consiste en tratar la democracia constitucional como una víctima de actores que la erosionan, en vez de examinarla como la forma política dentro de la cual esos actores han acumulado poder, preservado privilegios y normalizado su dominio. Al sustituir el análisis de clase, hegemonía, bloque en el poder y restauración por el lenguaje de élites, alineaciones e instituciones, el estudio describe con cierto detalle los síntomas de la crisis guatemalteca, pero deja prácticamente intactas sus causas estructurales.
Introducción
El estudio de Briseida Milián Lemus titulado Actores antidemocráticos en Guatemala entre 2014 y 2024: un marco conceptual y una aproximación empírica (F&G Editores y Oxfam, 2026), un trabajo que apareció originalmente como el primer volumen de la serie “Ultras y mafiosos” de Oxfam, constituye solo hasta cierto punto un esfuerzo útil de clasificación de actores, recopilación de antecedentes y sistematización de conductas ocurridas entre 2014 y 2024. Su principal fortaleza reside en ordenar información dispersa sobre organizaciones empresariales, militares retirados, iglesias, partidos, operadores judiciales y redes de corrupción. Esto no es único, pero es útil. Sin embargo, su ambición conceptual excede ampliamente la capacidad explicativa de su marco teórico y de su estrategia empírica – ambos aspectos permanecen a un nivel muy poco desarrollado. El resultado es una investigación informada y políticamente comprometida, pero ideológicamente centrista, metodológicamente descriptiva y teóricamente dependiente de la ciencia política liberal. Contrario a lo que concluye Enrique Naveda en su prólogo a la edición de F&G Editores, eso de que este trabajo es “una guía” para “académicos, tomadores de decisiones, activistas, estudiantes y ciudadanía que no se resignan a dejar sus vidas a merced de los vientos huracanados del autoritarismo y la mafia”, el trabajo es más bien una primera aproximación, todavía muy básica y rudimentaria, a los problemas que se plantea analizar.
Esta ubicación tanto ideológica como académica no proviene de que el trabajo defienda expresamente un programa del extremo centrismo al estilo Semilla – aunque por ahí precisamente se ubica su norte. Surge de algo más profundo. La democracia liberal funciona como horizonte normativo insuperable, el capitalismo aparece como contexto exterior y los antagonismos sociales son traducidos al lenguaje institucionalista de actores, élites, instituciones, preferencias, intereses y desviaciones antidemocráticas. Este es el lenguaje que predomina en Oxfam Guatemala (pues en Oxfam Internacional sí encontramos a veces un posicionamiento anti-capitalista más claro). La investigación critica a determinados actores del orden existente, pero no interroga suficientemente el orden social que produce, selecciona y reproduce a esos actores, es decir, las relaciones de propiedad, producción, poder y placer (o subjetividad) que sostienen al orden corrupto y capturado.
La democracia liberal como presupuesto normativo
El estudio define la democracia como un sistema político orientado por la igualdad, la libertad y la no regresividad de los derechos, cuya finalidad sería proteger a las personas y promover los derechos humanos. Aunque afirma trascender las concepciones minimalistas, procedimentales y liberales, reconoce abiertamente que su concepción maximalista se asienta sobre la democracia liberal y se construye a partir de ella.
Este punto ya es decisivo. La democracia liberal no es tratada como una forma histórica específica e incluso problemática del Estado capitalista, atravesada por relaciones de propiedad, producción, poder de clase, colonialidad y subordinación internacional, sin mencionar la economía del placer que debe ser construida hegemónicamente para consolidar subjetividades subalternas y sometidas. Opera como fundamento normativo/hegemónico sobre el cual a veces se puede añadir igualdad social, derechos económicos y progresividad jurídica – como sucedió históricamente con el fordismo en Estados Unidos y los compromisos social-demócratas en Europa. En los estudios académicos en los que descansa la joven autora, la diferencia entre una democracia insuficiente y una democracia sustantiva se convierte en una cuestión de extensión, calidad o cumplimiento. El problema del déficit democrático se reduce a que el régimen liberal todavía no incorpora plenamente sus propias promesas. Las contradicciones inherentes y las negaciones del sistema aparecen como accidentes, desviaciones o deslices/retrocesos.
Tal planteamiento coincide con el liberalismo democrático de autores como Larry Diamond, la transitología de O’Donnell y Schmitter, los estudios sobre consolidación democrática y las teorías institucionalistas de Acemoglu y Robinson que figuran como las fuentes centrales del trabajo. La pregunta central de estas corrientes consiste en determinar qué condiciones, instituciones, preferencias de las élites o reglas permiten que una democracia emerja, se consolide o se erosione. Lo que rara vez se pregunta es qué relaciones sociales (las cuatro p: propiedad, producción, poder y placer) deben quedar fuera de la democratización, o deben ser reguladas hegemónicamente, para que el capitalismo pueda reproducirse bajo la impresión de que lo hace como resultado de la libertad.
El trabajo intenta corregir el minimalismo mediante la incorporación de la igualdad y los derechos sociales. Sin embargo, esa corrección permanece dentro de una teoría acumulativa de la democracia. A las elecciones se agregan libertades, a las libertades se agregan derechos sociales y a estos se añade la no regresividad. La democracia aparece como una suma progresiva de atributos. El problema consiste en que la igualdad política y la desigualdad material no son simplemente dimensiones incompletamente armonizadas. En una sociedad capitalista, sobre todo con raíces coloniales, periféricas, dependientes y autoritarias, esas dimensiones se encuentran estructuralmente en contradicción.
La propiedad privada concentrada de los medios de producción, el control empresarial de la inversión, la dependencia del trabajo asalariado y precario, el dominio sobre la tierra y la capacidad de retirar capital (como protección y chantaje) no aparecen como poderes políticos constitutivos. Son considerados desigualdades o privilegios que afectan la democracia desde fuera. De este modo, la crítica puede denunciar monopolios, captura del Estado y acceso empresarial desproporcionado sin formular una crítica de la separación liberal entre economía y política.
El problema de la teoría crítica
El estudio no desarrolla teoría crítica en el sentido fuerte del término. De hecho, en ningún sentido. Utiliza solo cierto nivel de teoría liberal para construir criterios de clasificación y evaluar comportamientos observables – una de las formas más básicas como se entiende la investigación en lugares como Guatemala. La teoría crítica, en cambio, examina en primer lugar las categorías con las que la realidad se presenta, reconstruye críticamente sus mediaciones históricas y busca revelar cómo las formas institucionales legítimas (lo visible) pueden reproducir dominación (lo invisible).
La diferencia puede formularse con más precisión. Para el estudio, la democracia liberal es una base que debe defenderse, ampliarse y protegerse. Para una teoría crítica, esa democracia debe ser analizada simultáneamente como conquista histórica, forma limitada de emancipación política y mecanismo de organización hegemónica de una sociedad estructuralmente desigual, colonialista y extractivista donde la corrupción es algo funcional a ese sistema y no necesariamente al revés.
El estudio entiende lo antidemocrático como acciones y discursos dirigidos a intervenir en lo público y contrarios a la igualdad, la libertad y la no regresividad. Esta definición muy rudimentaria sí permite reconocer conductas regresivas, pero posee una circularidad difícil de superar. Primero se establecen tres valores como esencia de la democracia. Después se identifican como antidemocráticos los actores cuyas prácticas contradicen esos valores. Finalmente, la evidencia empírica confirma la clasificación inicial. Es, como ocurre con muchas investigaciones estudiantiles, una tautología autovalidadora.
No se explica ni justifica (teórica o históricamente) por qué esos tres valores, en esa formulación particular, constituyen la estructura esencial de la democracia. Tampoco se examinan sus contradicciones internas. La libertad de empresa puede colisionar con la igualdad social. La protección constitucional de la propiedad puede impedir la democratización de la tierra. La no regresividad jurídica puede preservar avances importantes, aunque también puede estabilizar un orden constitucional que limita transformaciones más profundas – como es, evidentemente, el caso de Guatemala.
La Constitución de 1985 y el bloque de constitucionalidad ocupan un lugar normativo privilegiado. El estudio reconoce tensiones entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución (un lugar común en las discusiones sobre constitucionalismo en el país), pero mantiene la expectativa de que el derecho internacional, el control de convencionalidad y la progresividad de los derechos pueden servir como principios rectores de democratización. Aunque la autora no cita esas fuentes y quizás tampoco las conozca, esta idea refleja los argumentos del activismo de derechos humanos a nivel transnacional como el que expresa el trabajo de Martha Finnemore y Kathryn Sikkink.
Desde una perspectiva crítica, sin embargo, la pregunta tendría que ser más radical. Habría que examinar cómo el orden constitucional de 1985 institucionalizó una transición políticamente conservadora y económicamente neoliberal, reorganizó la dominación contrainsurgente, separó formalmente a los militares del gobierno directo pero dejó intactos los fundamentos agrarios, raciales y empresariales del poder. En ese marco, la contradicción entre derechos y diseño institucional no es una imperfección secundaria. Es una propiedad constitutiva del régimen que no se remedia con llevar a cabo elecciones transparentes o con que llegue al poder un gobierno honesto solo para administrar las crisis del sistema.
Una falsa superación del liberalismo
El estudio insiste en que su definición no se limita a la democracia liberal. Sin embargo, las formas consideradas superiores siguen siendo variantes internas del constitucionalismo democrático occidental. La democracia social, la democracia de consenso y la democracia maximalista aparecen como ampliaciones de una base liberal.
No se consideran concepciones de democracia vinculadas con autogobierno popular, autonomía territorial, poder comunal, democracia económica, control social de la producción o transformación de las relaciones de propiedad. Los grupos subalternos aparecen principalmente como ciudadanía excluida, movimientos que aprovechan oportunidades políticas o víctimas cuyos derechos deben ser garantizados.
Esto produce un horizonte centrista aunque el lenguaje sea progresista. El centro ideológico no debe entenderse aquí como neutralidad entre derecha e izquierda. Consiste en aceptar como terreno definitivo la democracia constitucional liberal, introducir reformas redistributivas y rechazar por igual aquello que vulnere la libertad desde la derecha o desde una supuesta “izquierda totalitaria” – como si eso fuera siquiera o haya sido alguna realmente una amenaza en Guatemala. El programa histórico de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), por ejemplo, no tuvo nada de “izquierda totalitaria”.
La simetría queda explícita cuando el estudio clasifica como antidemocrática a una derecha que defiende la libertad, pero rechaza la igualdad, y a una izquierda que defiende la igualdad, pero restringe la libertad. El esquema tiene un atractivo normativo inmediato – ese es el tipo de discurso que le gusta escuchar a la gente en Guatemala, pero ese discurso borra relaciones históricas asimétricas, esas que realmente incomodan a las elites del poder y que, para protegerlas, permiten que sectores medios altamente corrompibles y capturables se disputen el botín del Estado y del “bien común”. En Guatemala simplemente no existen dos extremismos equivalentes disputándose un centro democrático. Existe una estructura de poder construida históricamente mediante expropiación colonial, racismo, trabajo coercitivo, contrarrevolución, violencia estatal y subordinación imperial. Nada de esto aparece en la publicación que aquí reseñamos.
Es más, la inclusión de una categoría de “izquierda totalitaria” resulta conceptualmente forzada y empíricamente desconectada del periodo estudiado – como si quisieran enviarle un mensaje a los grupos del poder cacifista diciendo: “miren, aquí también criticamos a sus enemigos imaginarios”. El trabajo no identifica un actor guatemalteco representativo de esa categoría entre 2014 y 2024. Su función parece ser equilibrar ideológicamente la tipología y protegerla de la predecible acusación de parcialidad en caso de no hacerlo. Esa operación reproduce una conocida convención liberal según la cual la virtud democrática debe situarse a igual distancia de dos extremos abstracta e ingenuamente construidos.
Del bloque en el poder a las élites políticas
Uno de los movimientos teóricos más reveladores del trabajo consiste en abandonar el concepto de clase dominante y sustituirlo por el de élites políticas. El estudio sostiene que esta última categoría sería más conveniente porque permite captar la proliferación y diversidad contemporánea de fuentes de poder. También afirma que el concepto de clase dominante presupone que quienes poseen grandes cantidades de capital económico gobiernan invariablemente la sociedad.
Esta contraposición simplifica grotescamente la teoría de clase. Una clase dominante no equivale a una lista de capitalistas que ocupan personalmente cargos públicos (sean del famoso G8 o del más amplio conglomerado que conforma el CACIF). Tampoco supone una unidad automática o ausencia de conflictos internos. El concepto busca explicar, más allá de la famosa definición gramsciana del Estado ampliado como “sociedad política + sociedad civil”, cómo la reproducción de un modo de propiedad, producción, poder y placer (las cuatro p) organiza intereses estratégicos, distribuye capacidades estructurales y delimita las alternativas disponibles para el Estado.
Las clases dominantes pueden estar fragmentadas, competir entre sí y depender de cuadros estatales relativamente autónomos – incluyendo un Pacto de Corruptos. Pueden incorporar militares, juristas, tecnócratas, intelectuales y operadores políticos que no son propietarios directos de grandes capitales. Precisamente por ello Gramsci distingue entre clase fundamental, grupos auxiliares, intelectuales orgánicos, aparatos privados de hegemonía y Estado ampliado.
La teoría de las élites aplana y oculta estas mediaciones. Empresarios, militares, jueces, religiosos y políticos aparecen como actores que poseen distintas fuentes de poder y se relacionan mediante alianzas, coaliciones o alineaciones. Con ello se gana flexibilidad descriptiva y empírica, pero se pierde jerarquía causal y rigurosidad conceptual. No todas las fuentes de poder son equivalentes. El control del capital, la tierra, la banca, el crédito y la inversión posee una capacidad estructurante diferente de la influencia reputacional o de la autoridad religiosa.
El trabajo llega incluso a sostener que la oligarquía ha perdido supremacía debido a la diversificación económica, el capital transnacional y los capitales emergentes o ilícitos. Puede ser cierto que el bloque dominante en el poder se haya diversificado y que las fracciones oligárquicas tradicionales ya no ejerzan un monopolio político o una influencia siempre decisiva. Pero de ello no se sigue que el capital haya perdido centralidad. Podría indicar una recomposición del bloque en el poder, una transnacionalización de las clases dominantes y una expansión de formas ilícitas, corruptas y perversas de acumulación – como efectivamente está ocurriendo en Guatemala.
La noción de élite el libro maneja convierte la recomposición estructural en pluralización de actores. Recordemos que detrás de mucha teoría liberal como la que usa (muy rudimentariamente) la autora, se esconde la sociología de pensadores como Talcott Parsons y Max Weber.
La metodología posicional y su circularidad
La investigación adopta una adaptación del “método posicional”. Parte de sectores socialmente reconocidos como bases de poder y selecciona organizaciones representativas. Luego infiere el tipo de actor antidemocrático a partir del contenido de sus acciones o discursos. La selección descansa en informes de agencias internacionales, estudios académicos, organizaciones no gubernamentales y medios corporativos e independientes. La autora reconoce que no ofrece perfiles exhaustivos y presenta su ejercicio como aproximación empírica inicial.
Esta honestidad metodológica es valiosa, pero deja problemas importantes.
El primer problema es la selección orientada por la tipología. Las categorías no emergen del estudio empírico. La investigación construye previamente tipos ideales o normativos y luego busca organizaciones que los representen. Esto favorece el sesgo confirmatorio y tautológico del estudio.
El segundo problema es la ausencia de criterios comparativos uniformes. No queda claro por qué Unionista representa a la ultraderecha, la Fundación contra el Terrorismo a la derecha negacionista, el Cacif a la oligarquía y el nodo de Consuelo Porras a los cleptócratas. Son unidades de análisis muy diferentes. Un partido, una fundación, una coordinación empresarial y una red institucional no poseen estructuras, recursos, temporalidades ni capacidades comparables.
El tercer problema es la dependencia de fuentes secundarias con orientaciones normativas convergentes. Informes de la CICIG, sanciones estadounidenses, pronunciamientos de organismos internacionales, investigaciones periodísticas y documentos de organizaciones civiles pueden aportar evidencia relevante. Sin embargo, no constituyen por sí mismos una estrategia de triangulación. Varias fuentes pueden repetir una misma interpretación, depender unas de otras o compartir los supuestos liberales del estudio.
El cuarto problema es que el “método posicional” identifica actores visibles, pero posee menor capacidad para captar relaciones estructurales, mecanismos impersonales y poderes que no requieren intervención directa. El poder empresarial no se limita a ocupar 58 espacios estatales o presentar amparos. Opera también mediante disciplina fiscal, inversión privada, control del empleo, propiedad mediática, financiamiento político, endeudamiento público y dependencia de mercados internacionales. Sin mencionar sus raíces en las cuatro p.
El quinto problema aparece en la escala de gravedad propuesta. El estudio ordena discurso, propuestas, veto, decisiones estatales y acciones delictivas como fenómenos de menor a mayor impacto. Esa progresión es discutible. Un discurso sostenido por iglesias, medios y escuelas puede tener efectos históricos más profundos que un delito aislado. Una decisión formalmente legal puede reproducir desigualdades más duraderas que una conducta penalmente sancionable. La gravedad política no coincide necesariamente con la proximidad al delito.
La insuficiencia de la tipología
Las categorías mezclan criterios diferentes. La ultraderecha y la derecha negacionista son definidas ideológicamente. La oligarquía se define por posición socioeconómica. Los cleptócratas se definen por modalidad de enriquecimiento. La “izquierda totalitaria” – que no existe ni ha existido en Guatemala – ni entre 1944-1954 ni tampoco entre 1962-1999 y, mucho menos, en el presente – se define por forma de ejercicio del poder. Esta falta de simetría vuelve inestable la tipología.
El hecho es que un mismo actor puede ser empresario oligárquico, financiar organizaciones ultraderechistas, apoyar el negacionismo contrainsurgente y participar en redes cleptocráticas. El estudio reconoce que las categorías son porosas, pero atribuirles un interés principal no resuelve el problema, sino que lo ahonda. El interés principal rara vez es directamente observable y suele inferirse a partir de acciones previamente clasificadas.
También se produce una separación problemática entre ideología e interés. El informe afirma que la oligarquía y los cleptócratas pueden “articularse” por enriquecimiento y concentración de poder más allá de la ideología. Esto reduce la ideología a discurso explícito o creencia doctrinal. Desde una teoría crítica, sin embargo, la defensa de la propiedad, la competencia, la jerarquía laboral, la disciplina fiscal y el derecho empresarial ya constituye una práctica ideológica, incluso cuando sus actores no pronuncian discursos anticomunistas o religiosos.
La afirmación – excesivamente sicofante – de que en el breve análisis del CACIF no se encontró discurso antidemocrático ilustra el problema. A la vez, se documenta su presencia privilegiada en decenas de instancias estatales, su defensa sistemática de la locomoción frente a la protesta, su influencia excepcional sobre políticas públicas y su participación en monopolios, rentas y financiamiento electoral ilícito.
La ausencia de un discurso abiertamente regresivo no significa ausencia de ideología antidemocrática. El extractivismo neoliberal a ultranza del CACIF es, inherentemente, antidemocrático y pro-represivo. Aunque el CACIF constantemente presenta su discurso empresarial como técnico, productivo, jurídico o modernizador, la realidad de sus prácticas niega la credibilidad de su discurso. Su eficacia hegemónica consiste precisamente en aparecer como interés general y no como posición de clase. ¿Ha sido efectiva esa eficacia hegemónica? A juzgar por el trabajo de Briseida Milián Lemus, absolutamente. ¿Y esto debe ser guía para académicos/as y activistas? Así funciona la hegemonía.
El Pacto de Corruptos como alineación circunstancial
La tesis central del estudio sostiene que el Pacto de Corruptos fue una alineación circunstancial de actores motivada por una percepción compartida de amenaza. No habría una alianza estable, una coalición programática ni un proyecto político común. La diferencia decisiva sería la falta de coordinación deliberada.
Esta formulación descriptiva permite reconocer conflictos internos y evita imaginar una conspiración monolítica. Sin embargo, lleva demasiado lejos la contingencia. Que los actores compitan entre sí no significa que carezcan de proyecto histórico común. La preservación de la propiedad concentrada, la impunidad contrainsurgente, la subordinación racial, el control oligárquico del Estado y el bloqueo de reformas redistributivas pueden constituir una unidad estratégica sin requerir un comité coordinador permanente.
El estudio confunde proyecto común con programa explícito y coordinación intencional. Pero la hegemonía no exige que todas las fracciones dominantes compartan un documento programático. Puede perfectamente existir como convergencia objetiva, sentido común, institucionalidad sedimentada y defensa práctica de un orden social.
Por eso, describir la reacción posterior a 2015 como alineación causada por una amenaza resulta insuficiente. La CICIG y la movilización anticorrupción no crearon el bloque restaurador – un concepto, por cierto, deliberadamente ignorado en el trabajo. Activaron mecanismos defensivos de una estructura constituida desde antes y durante la transición de 1985, preservada durante el proceso de paz y reajustada después de 1996. La coyuntura de 2015 fue una crisis de hegemonía dentro de esa trayectoria, no el origen de una agregación accidental. El proyecto de la restauración total fue el resultado – ignorado completamente en el trabajo.
El libro reconoce que la convergencia defendió un orden amenazado, debilitó instituciones, controló el sistema judicial y persiguió opositores. Pero eso lo leemos a diario en la prensa corriente y no hay necesidad de un trabajo académico para describirlo. Sin embargo, denominarla una alineación circunstancial minimiza su capacidad de reorganizar el Estado, modificar las condiciones de la competencia política, neutralizar la protesta y producir una restauración autoritaria duradera como la que hoy mismo está reagrupándose de cara a las elecciones de 2027. Con base en este libro, sin embargo, el activismo disidente en Guatemala no tendría las herramientas básicas necesarias para ensamblar una articulación democrática contrahegemónica.
De la crisis de hegemonía a la restauración
Aquí llegamos a una diferencia fundamental entre el libro de Briseida Milián Lemus y el trabajo que hemos venido haciendo desde 2015.
En los textos que publicamos entre 2016 y 2017 (ver referencias), la crítica gramsciana de la sociedad civil y la idea de refundación permitían cuestionar el consenso dominante. La democracia no aparecía como un conjunto de instituciones que debían recuperar calidad, sino como terreno de una disputa hegemónica dentro del Estado ampliado.
En La idea de la Refundación y en el ensayo sobre hegemonía, ruptura y crisis del Estado ampliado, el análisis se desplazó hacia las condiciones necesarias para superar el orden de 1985. El problema dejó de ser la mera captura de instituciones. Pasó a ser la reproducción de un bloque histórico y de una forma estatal que organizaba el consenso, la coerción, la exclusión y la subordinación de los grupos subalternos.
En La restauración total se volvió más clara la secuencia que el estudio de Milián apenas alcanza a describir. La crisis de 2015 abrió una disputa dentro del bloque dominante y generó expectativas reformistas. La respuesta posterior no fue una simple coincidencia de actores temerosos ante la CICIG. Fue una restauración conservadora destinada a recomponer el control del Estado, clausurar la posibilidad de ruptura y redefinir los límites de lo políticamente aceptable. La guerra jurídica desplegada durante el período de Consuela Porras ilustra uno de los métodos empleados para extirpar la posibilidad de la disidencia.
Mi libro La articulación posible añadió otro nivel tanto teórico como empírico. La cuestión estratégica ya no podía reducirse a identificar actores adversarios ni a defender instituciones liberales. Se trataba de pensar cómo las autonomías subalternas desde abajo podían articularse sin ser absorbidas por el Estado (corrupto o no), cómo una ruptura democrática podía adquirir duración (más allá de lo electoral) y cómo la refundación debía incluir una reforma moral e intelectual (para garantizar cambios a largo plazo).
Mi trabajo reciente en Substack ha radicalizado esta crítica mediante el análisis de la restauración autoritaria, la estadolatría, el constitucionalismo tutelar, la función política de la Corte de Constitucionalidad y los límites de los proyectos de centroizquierda (como Semilla y, posiblemente, Raíces). Desde esta perspectiva, el gobierno, la legalidad constitucional y las instituciones de justicia no son depósitos neutrales que diferentes actores utilizan bien o mal. Son condensaciones materiales de relaciones que llamo la cuatro p.
La diferencia entre ambos enfoques puede resumirse así. Milián pregunta qué actores amenazan la democracia. Nuestra pregunta es qué forma de democracia permite que las relaciones oligárquicas, raciales, capitalistas y contrainsurgentes continúen reproduciéndose, incluso bajo gobiernos electos y en nombre del Estado de derecho.
Los límites del análisis de la hegemonía
El término hegemonía aparece en el documento, pero carece de desarrollo conceptual y es utilizado en su acepción más corriente y convencional. En las observaciones finales se afirma que persiste una hegemonía racista y clasista en la vida cotidiana – haciendo eco de algunos trabajos que circulan en Guatemala autoridades discursivas incuestionables. También se señala, muy equivocadamente, que la oligarquía tendría poca capacidad para ampliar una base autoritaria.
Estas afirmaciones revelan una concepción restringida y superficial de la hegemonía. Si existe una hegemonía racista y clasista persistente, no puede sostenerse al mismo tiempo que la oligarquía carece de eficacia para capitalizarla sin explicar esa aparente contradicción. La hegemonía no equivale a popularidad directa de los empresarios ni a adhesión consciente al CACIF. Consiste en la capacidad de organizar el terreno del sentido común, presentar intereses particulares como universales y definir los límites de las alternativas concebibles desde los grupos subalternos mismos. Es sometimiento vivido como libertad – por ello la importancia de una de las cuatro p – el placer, la construcción de subjetividades sometidas que se sienten libres y que disfrutan de todos los síntomas de su sujeción como si fueran producto del destino o de la suerte.
El sector empresarial puede carecer de una base electoral propia y, a la vez, ejercer hegemonía mediante ideas como crecimiento, inversión, seguridad y certeza jurídica, competitividad, gobernabilidad, resiliencia, certeza para los mercados, derecho a la movilidad por encima del derecho a la protesta, responsabilidad fiscal, etc. El éxito hegemónico no se mide por cuántas personas declaran apoyar a la oligarquía – mucho menos en encuestas con preguntas y metodologías problemáticas.
La explicación final, según la cual el discurso religioso y antiderechos tendría mayor capacidad para vincular a los actores antidemocráticos con la sociedad es, reconozco, plausible como hipótesis parcial. Sin embargo, es una hipótesis muy débil que separa demasiado la religión de las cuatro p. Las iglesias no producen autoritarismo en un vacío social. Sus discursos articulan inseguridad material, patriarcado, familia, propiedad, obediencia, emprendimiento, prosperidad, anticomunismo y aspiraciones individualistas de movilidad.
Reflexión final
Actores antidemocráticos en Guatemala aporta una sistematización valiosa de actores y episodios ocurridos durante una década crítica – aunque ya ha habido muchos estudios que hacen exactamente lo mismo. Su tipología puede funcionar como herramienta preliminar para organizaciones civiles, periodistas y proyectos de incidencia. También acierta al destacar que las amenazas democráticas no provienen exclusivamente de instituciones formales, que el empresariado no es homogéneo y que los actores regresivos pueden converger sin constituir una organización única. Hasta allí, creo yo, llegan los aportes del trabajo.
Su debilidad central reside en presentar como marco conceptual lo que es, en gran medida, una taxonomía normativa liberal. El trabajo describe quiénes lesionan la democracia, pero no logra explicar satisfactoriamente por qué el régimen guatemalteco reproduce periódicamente esas lesiones. Identifica privilegios, aunque no teoriza la acumulación capitalista. Reconoce desigualdad, pero no analiza las relaciones de propiedad, producción, poder y placer que la producen. Habla de hegemonía, del modo más genérico y corriente posible, pero la reduce a influencia discursiva. Habla de articulación, pero la convierte y confunde en una gradación organizativa entre redes, coaliciones, alianzas y alineaciones. Habla de restauración de “un orden social más opresivo” (citando a Judith Butler, quien no ha examinado los procesos de restauración conservadora en ningún país de Latinoamérica), pero la interpreta como regreso moral e ideológico a un orden opresivo, no como recomposición histórica del bloque en el poder o como proceso de renormalización de relaciones de poder que fueron cuestionadas en 2015.
Su centrismo se encuentra precisamente ahí. El orden liberal aparece como víctima de actores que lo erosionan, en lugar de ser investigado como la forma política dentro de la cual esos actores se constituyeron, acumularon poder y normalizaron su dominación. La democracia capitalista queda eximida de examen. Sus enemigos serían extremistas, negacionistas, rentistas o cleptócratas, mientras que un capitalismo regulado, institucionalmente inclusivo y respetuoso de los derechos permanece como posibilidad normativa y aspiración política para una nueva generación de jóvenes en Guatemala – exactamente como la gente que ahora trabaja en torno a Poder Ciudadano.
Una reseña crítica debe reconocer el valor documental del estudio sin concederle la profundidad explicativa que reclama. Su mapa registra partes importantes del terreno, pero su brújula teórica sigue orientada hacia la restauración de una democracia liberal ampliada – ese parece ser el proyecto de promoción democrática de Oxfam Guatemala. Frente a ello, la trayectoria que va de la crítica del consenso dominante a la teoría de la refundación, la crisis del Estado ampliado, la restauración total y la articulación posible permite formular una pregunta más exigente. No basta con determinar qué actores son antidemocráticos dentro del régimen existente. Es necesario esclarecer qué relaciones de poder hacen de esa democracia una forma compatible con la dominación oligárquica, la subordinación racial, la perpetuación del patriarcado, la dependencia imperial y la reproducción del capital.
Referencias
Fonseca, M. (2025). La articulación posible. Principios gramscianos para una nueva política democrática. F&G Editores.
Fonseca, M. (2019). “La restauración total. Entre la crisis de hegemonía y el golpe constitucional”. El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía (Guatemala), Vol. 14, No. 66-67, pp. 102-159.
Fonseca, M. (2018). “Hegemonía, ruptura y Refundación: crisis del Estado ampliado”. El Observador. Análisis alternativo sobre política y economía (Guatemala), Vol. 12-13, No. 57-58, pp. 8-120.
Fonseca, M. (2018). La idea de la Refundación: Actores, propuestas y cuestiones sobre el Estado en Guatemala. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens. 69 p.
Fonseca, M (2017). “La idea de la Refundación como crítica del consenso dominante.” Revista Análisis de la Realidad Nacional (USAC, Guatemala), Vol. 6, No. 22, octubre-diciembre 2017, pp. 101-125.
Fonseca, M. (2016). “La crítica gramsciana a la sociedad civil y los desafíos de la refundación del Estado.” Revista Análisis de la Realidad Nacional (USAC, Guatemala), Vol. 5, No. 100, julio 2016, pp. 82-102.
