Un Hito Jurídico: CIDH reconoce a la madre tierra
Ollantay Itzamná
La Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) marca un punto de inflexión en la historia del derecho internacional. Por primera vez, un tribunal internacional supera la tradicional visión antropocéntrica, que sitúa al ser humano como único centro de protección jurídica, para reconocer a la Naturaleza y a sus componentes como verdaderos sujetos de derechos. Esta decisión no solo es paradigmática, sino que establece una hoja de ruta para una nueva era de justicia ambiental y coexistencia planetaria.
El pronunciamiento de la Corte, emitido en respuesta a una consulta de Chile y Colombia sobre la emergencia climática, establece que el derecho a un ambiente sano, protegido por la Convención Americana, es autónomo y defiende los componentes del medio ambiente —como bosques, ríos y mares— por su valor intrínseco. Se trata de proteger a la Naturaleza no solo por su utilidad para el ser humano, sino por su importancia fundamental para la existencia de todas las formas de vida. La Corte subraya que este reconocimiento es crucial para consolidar un modelo de bienestar integral sostenible que respete los límites del planeta y garantice los bienes comunes para las generaciones presentes y futuras.
Esta opinión tiene consecuencias directas para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Les obliga a trascender el marco de los derechos humanos y a construir una nueva arquitectura jurídica que garantice y proteja los derechos de la Madre Tierra y de todos sus componentes. Esto implica que los Estados no solo deben abstenerse de causar daños ambientales significativos, sino que tienen la obligación activa de adoptar medidas para la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas, basándose en la mejor ciencia disponible y en los saberes tradicionales.
Este histórico reconocimiento impulsa a los Estados y a la sociedad civil a diseñar y fortalecer instituciones públicas y mecanismos de exigibilidad para el cumplimiento efectivo de estos derechos. La Corte destaca la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y la participación ciudadana para enfrentar la emergencia climática, ya que «el ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente». Esto abre la puerta a la creación de fiscalías especializadas, defensorías de Derechos de la Madre Tierra y procedimientos judiciales que permitan a cualquier persona o comunidad exigir el respeto a los derechos de los ecosistemas.
Ante este nuevo paradigma, es imperativo y urgente iniciar un profundo proceso de formación e información. Abogadas y abogados, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general debemos capacitarnos para comprender y aplicar este nuevo enfoque jurídico. La defensa de la Madre Tierra es ahora una responsabilidad compartida, que requiere del compromiso activo de todos los sectores y de los pueblos para garantizar un futuro sostenible y justo para todas las formas de Vida.
