Repensando 1821
Marco Fonseca
Cada septiembre, Guatemala revive el ritual de recordar la independencia del 15 de septiembre de 1821. En las escuelas, desfiles y plazas se repite la imagen de un “acto fundacional” muy solemne. Eso es lo que leemos en libros oficiales como “200 Años Guatemala”. Sin embargo, a poco más de doscientos años de distancia, vale la pena preguntarnos: ¿qué fue realmente lo que se fundó aquel día?
La respuesta tradicional suele girar en torno al protagonismo de élites criollas, la continuidad colonial disfrazada de república, o la tensión entre liberales y conservadores. Trabajos fundamentales de Arturo Taracena, Ralph Lee Woodward, Marta Elena Casaús y otros/as han trazado con minuciosidad aspectos claves de esos procesos. Y antes de ellos/as, Severo Martínez Peláez nos legó La patria del criollo, un clásico que generó enorme debate y marcó generaciones.
Pero hoy, a la luz de debates actuales sobre refundación democrática, extractivismo, crisis ecológica, despojo de comunidades y procesos ultraconservadores de restauración autoritaria e incluso fascista, podemos contar otra historia: 1821 no fue tanto el nacimiento de una nación como la inauguración de una república oligárquica donde se constitucionalizó tanto el racismo, como el despojo, el extractivismo y la destrucción ambiental y ecológica.
Un Termidor temprano
El historiador del derecho Gerardo Pisarello nos enseña que muchos procesos revolucionarios viven un “Termidor”: un momento en que la euforia constituyente se congela y se impone un orden que neutraliza la transformación radical y disciplina las expresiones de espontaneidad y autonomía que surgen desde abajo.
Los liberales guatemaltecos, sobre todo tras 1829 o cuando Morazán triunfa sobre los conservadores, intentaron imponer un proyecto de modernización inspirado en el liberalismo gaditano y en la economía política ilustrada. Por ello buscaron desmantelar cofradías y cabildos indígenas, privatizar tierras comunales, introducir el libre comercio y debilitar estancos y monopolios, así como debilitar el poder de la Iglesia Católica.
En términos freudianos (aunque aquí aplicados analógicamente), lo que el liberalismo quiso reprimir fue precisamente el andamiaje colonial de autoridad eclesial, formas comunitarias de autogobierno y de usufructo de tierras, y la centralidad de las comunidades indígenas en el orden político. Buscaron imponer el “olvido de los gobernados”. La “revolución de la montaña” que lleva a Carrera al poder en la década de 1830 y da lugar al llamado “régimen conservador”, que va a durar casi hasta la Reforma Liberal de 1871, es un retorno efímero de ese conjunto de prácticas, afectos y lealtades.
Pero en Guatemala, el Termidor de que habla Pisarello ocurrió de inmediato y de manera profunda. El “poder constituyente” del pueblo – o lo que se había constituido como pueblo – fue estratégica y hegemónicamente sustituido por un entramado de cabildos y audiencias que administraban, pero no transformaban, las condiciones materiales y culturales de vida. El lenguaje republicano de libertad y soberanía sirvió más para enfriar que para encender.
República de propietarios, no de ciudadanos
Los estudios de José Antonio Aguilar y Rafael Rojas sobre el republicanismo en Hispanoamérica muestran cómo las virtudes republicanas se tradujeron en un republicanismo propietario y, en Guatemala, racista. La virtud cívica se confundió con la capacidad de poseer tierra, pagar impuestos y tributar.
Los debates hispanoamericanos de comienzos del siglo XIX, analizados por Aguilar, Rojas y Sabato, giraban en torno a cómo traducir la retórica republicana de Cádiz y de la Ilustración a sociedades heterogéneas y jerárquicas. En Guatemala, esa traducción fue racializada porque se equiparó la virtud cívica con “idoneidad” racial y cultural: ser alfabetizado, ladino, propietario. También se colocó a los pueblos indígenas bajo el signo de la minoría tutelada: reconocidos como comunidades, pero no como ciudadanos plenos. Igualmente, se naturalizó la idea de que solo ciertos grupos estaban “maduros” para ejercer ciudadanía activa.
El republicanismo guatemalteco, lejos de ser universalista, se construyó como ciudadanía escalonada, no muy diferente a las castas que definieron el mundo colonial: un círculo estrecho de ciudadanos plenos y, hasta abajo, un amplio margen de “otros” gobernados.
En Guatemala, esto significó la legalización del acaparamiento y las virtudes de la acumulación de capital. Comunidades indígenas quedaron atrapadas en litigios interminables de tierras, mientras las élites criollas y ladinas legalizaban y cercaban todo lo despojado y abrían nuevas fronteras para el añil, el café y la ganadería. El derecho republicano se convirtió en máquina de cercamientos y discriminación.
Ciudadanía gradada y trabajo gobernable
Siguiendo a Hilda Sabato, la ciudadanía en el siglo XIX no era universal, sino estratificada y muy limitada. Se permitía votar o participar a quienes cumplían requisitos de alfabetización, propiedad, género, raza e “idoneidad moral”. Esta era una práctica política y cultural enraizada en las castas coloniales.
En el día a día del Estado posindependencia, esto tomó forma en varias prácticas. Por ejemplo, requisitos censitarios y de “moralidad” para votar o ser electo, que en la práctica dejaban fuera a la mayoría indígena y mestiza pobre. Los cabildos indígenas fuero reconocidos, pero subordinados y limitados a la gestión tributaria y laboral, es decir, como una gobernabilidad local sin voz nacional. El sistema fiscal diferenciado significó que el tributo indígena persistió bajo diversas formas hasta 1871, señalando una ciudadanía de segunda clase. Milicias obligatorias donde los indígenas fueron usados como fuerza militar barata, sin acceso a la oficialidad ni a derechos equivalentes.
Todo esto conforma lo que Hilda Sabato también llama una “ciudadanía tutelada”, que en Guatemala fue explícitamente racializada.
En más, todo esto se tradujo en un sistema diseñado para gobernar el trabajo y, sobre todo, el trabajo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas fueron reconocidos como “repúblicas de indios” subordinadas a alcaldes y corregidores que fungían como intermediarios fiscales y laborales para beneficio de un capitalismo emergente. El ciudadano era, en realidad, el trabajador útil y disciplinado.
La caja antes que la nación
Uno de los grandes olvidos en la historiografía patriótica es el papel de la fiscalidad. Más que un proyecto de nación, lo que se consolidó en 1821 fue un proyecto de caja: estancos de tabaco y aguardiente, alcabalas, diezmos y aduanas. Lo mismo habría de ocurrir con el Estado después de 1985 y ello habría de culminar con la exuberancia de la corrupción durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. La independencia ciertamente aseguró que los ingresos se quedaran en manos de nuevas burocracias locales, no en Madrid ni tampoco en las de quienes más los necesitaban.
La soberanía se pensó primero como control de rentas y solo después como comunidad política. La nación nació desde el fisco, no desde la plaza pública.
Naturaleza constituida como recurso
La independencia también abrió fronteras ecológicas. Bosques, aguas y suelos fueron inscritos en la lógica de concesiones, propiedades y permisos. A partir de 1821, el lenguaje jurídico transformó montes, bosques y ríos en activos privados y extractivos, un proceso que alcanzó un nivel más amplio y violento desde mediados del siglo XIX hasta culminar con la llamada Reforma Liberal de 1871 en adelante.
Finca Panzamalá, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ca. 1910. Imagen:
Como escribe Mario Payeras en su trabajo Latitud de la flor y el granizo:
La rapiña extranjera y la depredación en gran escala se inician en realidad con la expansión de la caficultura. A mediados del siglo XIX, al producirse el derrumbe del añil y la grana en el mercado mundial —debido al descubrimiento en Europa de los colorantes artificiales—, se emprende el cultivo en grande del café. Sus enclaves se asentaron en la bocacosta de la Sierra Madre y en Alta Verapaz. Las agrupaciones de productores indios y sus tierras comunales – obstáculo principal para la suerte de un cultivo que reclamaba convertir en mercancía a la tierra y a la fuerza de trabajo –, fueron barridos por el alud de empresarios extranjeros y mestizos geófagos que cayó sobre el campo. Con la violencia que caracteriza a los procesos de acumulación originaria, las tierras comunales fueron arrebatadas a sus propietarios, principalmente bajo la forma del llamado censo enfitéutico. Una vez conseguido el dominio efectivo de la tierra, los futuros plantadores la retenían como propiedad privada. Mercedes, Chocolá, Montelimar, San José El Porvenir, fincas cafetaleras de la época, entre otras, surgieron de esta forma de despojo.
De allí nace lo que hoy podemos llamar una constitución ecológica negativa: la paz jurídica se tradujo en violencia racista, ambiental y ecológica. La no-violencia republicana fue, en realidad, una externalización de daños hacia la naturaleza y los pueblos indígenas que más dependían de ella.
Lo pendiente: la refundación
Desde 1821, Guatemala arrastra una deuda pendiente: el ejercicio real del poder constituyente. Cada intento de transformación – la Reforma Liberal, la Revolución de 1944, la lucha revolucionaria, la Constitución de 1985, los Acuerdos de Paz e incluso las protestas masivas de 2015, 2020 y 2023 – puede leerse como un nuevo esfuerzo de refundación interrumpida. Ya sea que se haya interrumpido a sí misma por limitaciones en el proceso articulador y los discursos de cambio o porque hayan sido procesos que pararon cooptados y corruptos con el correr de los años.
Aquí es, sin embargo, donde entran las voces de las partes que no han tenido parte pero que hoy articulan un horizonte realmente distinto, desde abajo y desde la vida misma. Organizaciones indígenas y campesinas como CODECA, Waqib Kej o el Consejo de Pueblos Mayas han puesto sobre la mesa una demanda clara: refundar Guatemala como un Estado plurinacional, democrático y ecológico, en el que la soberanía no se mida por la caja ni por la propiedad privada, sino por la capacidad colectiva de decidir sobre el territorio, el trabajo y la vida.
En sus planteamientos, recogidos en asambleas comunitarias, procesos de consulta y propuestas concretas de refundación, aparece la noción de un Estado multiversal: no un Estado que homogeneice, sino que reconozca la coexistencia de múltiples pueblos, lenguas, cosmovisiones y formas de relación con la naturaleza. Se trata de pasar de la “república extractiva” de 1821 a una república creativa de los pueblos, donde la democracia no se limite a urnas cada cuatro años, sino que se practique como autogobierno y autonomía comunitaria, cuidado de lo común y justicia ambiental y ecológica.
Más allá de la patria del criollo
Severo Martínez Peláez tenía razón al mostrar cómo la independencia consolidó los privilegios del criollismo racista. Pero hoy podemos ir más allá: 1821 no solo fundó la patria del criollo, sino la república racista y extractiva.
Esa república se construyó con papeles, cabildos, notarías y reglamentos: la maquinaria de la disciplina, la centralización, el racismo y la exclusión. La república guatemalteca del siglo XIX no fue pues simplemente una “patria del criollo” (como denunció Severo Martínez), sino un Estado republicano racista y extractivista en varios sentidos. El racismo de exclusión funcionaba para negar ciudadanía plena a indígenas y afrodescendientes. El racismo de funcionalización operaba para reconocer a los pueblos indígenas solo en tanto contribuyentes o como fuentes de fuerza laboral. Y el racismo de apropiación permitía usar el derecho republicano para justificar cercamientos de tierras comunales, acaparación y extracción de recursos y apertura de fronteras extractivas.
Este republicanismo racista y extractivista logró algo clave: naturalizó la desigualdad y la convirtieron en estructuras permanentes de gran propiedad privada, producción para los mercados externos y poder político. No se presentaba como un privilegio arbitrario, sino como “ley de república”: un orden constitucional, aparentemente legítimo, que colocaba a unos dentro y a otros fuera.
Y desde entonces, todo proyecto de emancipación verdadera tiene que enfrentarse a esa arquitectura que, con apariencia legal y republicana, protege tierras, cuerpos y ríos como recursos apropiables.
Si hablamos hoy de refundación democrática y ecológica, no es por nostalgia de 1821, sino porque seguimos cargando con el andamiaje de aquel Termidor temprano. La tarea crítica de nuestro tiempo es cumplir la promesa interrumpida: construir, desde los pueblos y movimientos que hoy alzan su voz, una Guatemala plural, multiversal, inclusiva y ecológica, donde la república ya no sea extractiva, sino común y para el Buen Vivir.
