¿Qué ha logrado realmente Xiomara Castro como presidenta de Honduras?
Marco Fonseca
Cuando el Partido Libre encabezado por Xiomara Castro ganó las elecciones de 2021 en Honduras, decenas de miles de hondureños depositaron sus esperanzas en un proyecto de transformación profunda: reforma social, combate a la desigualdad, justicia social, protección ambiental, seguridad ciudadana e incluso refundación del Estado. Pero hoy, usando datos actualizados, la evaluación no puede arrojar más que resultados tibios: hay avances reales en algunos frentes, pero también persistencias estructurales que limitan lo que efectivamente se puede considerar una “transformación profunda”. Lo profundo en Honduras no ha cambiado.
Lo que sí se logró (o al menos se registraron avances medibles)
Recordemos que Castro inició su presidencia en “un contexto de crisis económica, con una inflación cercana al 10 %, un índice de pobreza (73 % de la población) que era el más alto en veinte años y una elevada emigración a Estados Unidos”. Casi al final de su presidencia, los datos oficiales indican una tendencia estadísticamente sostenida hacia la reducción de pobreza, lo que parece representar avances sociales reales comparados con la situación anterior al gobierno de Castro.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza general en Honduras cayó del 73.6 % en 2021 a 62.9 % en 2024. La pobreza extrema habría bajado considerablemente: de 53.7 % en 2021 a 38.3 % en 2025, según datos oficiales recientes.
El comportamiento económico general del país ha visto algunas mejorías.Las cifras oficiales del INE muestran que entre 2022 y 2025 la economía hondureña emprendió una dinámica de “reactivación”. Tras la debacle de 2020, debido a la pandemia y la multicrisis del modelo extractivista hondureño, la recuperación ha sido notoria. El crecimiento económico, junto con programas de inversión pública, subsidios a sectores vulnerables y aumento del gasto social, aparecen como parte de la estrategia de Castro para mejorar el bienestar de amplios sectores de la población.
Las promesas electorales: Reformas sociales, ambientales y simbólicas
En su toma de posesión, Castro anunció que el Estado ofrecería ayudas energéticas – como subsidios a electricidad y combustibles – para los hogares de menores recursos, y prometió revisar concesiones extractivistas que habían favorecido a grupos económicos durante anteriores gobiernos. Su prometió prohibir la minería a cielo abierto, como medida de protección ambiental, tratando de revertir años de explotación intensiva en territorios vulnerables. También retomó un discurso de inversión social, justicia social, inclusión y servicios básicos, un giro simbólico que marca una ruptura con gobiernos neoliberales precedentes, y con ello una esperanza real de reconfiguración estatal y un mínimo de bienestar social.
Según los datos del INE de 2023, la pobreza en zonas rurales pasó de 76 % en 2021 a 64.1 %, y en zonas urbanas de 71.8 % a 64 %. Esto sugiere que las políticas implementadas no se limitaron a ciertos sectores urbanos medios o privilegiados, sino que tuvieron un alcance relativamente amplio incluso en áreas rurales, lo que, para un país con profundas desigualdades territoriales y sociales como Honduras, no es nada menor.
A pesar de la reducción porcentual, sin embargo, un análisis crítico advierte que en términos absolutos el número de hogares en pobreza podría haber aumentado: el número pasó de 1,566,698 hogares en 2021 a 1,587,698 en 2024. Eso implica que, dada la expansión demográfica y otros problemas estructurales, muchas personas podrían seguir en situación de pobreza, lo que relativiza la idea de una mejora generalizada. La disminución porcentual podría deberse más a cambios en la estructura del ingreso, inflación, subsidios temporales o la manera de medir que a una transformación estructural real.
Las realidades que persisten: desigualdad, informalidad, precariedad social
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Castro, según reportes recientes de Human Rights Watch, la desigualdad sigue siendo muy alta como para hablar de cambios estructurales significativos. Solo para utilizar un índice común en los análisis económicos dominantes, Honduras mantiene uno de los coeficientes de Gini más elevados de América Latina, lo que indica que la distribución del ingreso sigue siendo profundamente desigual.
En el plano educativo y de servicios básicos las cosas no son muy diferentes pues también persisten deficiencias estructurales: las tasas de analfabetismo, la baja cobertura escolar, el acceso limitado a servicios de salud y empleo formal estructural siguen siendo retos importantes. Todo esto demuestra que el asistencialismo no es cambio estructural ni cambio sostenido en las relaciones de poder.
Si bien el gobierno declaró un estado de excepción desde 2022 para enfrentar la violencia de pandillas, y ello coincide con una caída en algunos indicadores de homicidios, organizaciones de derechos humanos han alertado que las medidas conllevan graves riesgos e incluso un empeoramiento de la arbitrariedad incluyendo detenciones arbitrarias, violaciones de derechos, impunidad y abusos policiales. Y todo esto encima de un empeoramiento del crimen mismo.
Esto plantea una pregunta política y ética crucial: ¿hasta qué punto las mejoras estadísticas justifican restricciones de derechos y garantías democráticas? Para muchos expertos y analistas críticos, la seguridad nunca debe buscarse a costa de la institucionalidad democrática.
Al analizar los datos y los contextos, algunos estudiosos coinciden en que lo que se observa podría corresponder a una fase de reactivación coyuntural impulsada por el gasto público y políticas asistencialistas tras la crisis pandémica, crisis económica, huracanes, etc., más que a una transformación estructural profunda.
En otras palabras: es posible que parte de la mejora en los indicadores sociales, sobre todo los de reducción de la pobreza y pobreza extrema, se deba a una base muy baja de partida + apoyos sociales/subsidios temporales, más que a un cambio duradero en la estructura productiva, en la distribución del ingreso o en la consolidación institucional de un régimen democrático basado en justicia social y ambiental. Tal parece que en la Honduras profunda las relaciones de propiedad, producción, poder y placer (PPPP) siguen fundamentalmente intactas.
Medio ambiente y crisis climática
Evaluar la presidencia de Xiomara Castro desde una perspectiva ambiental y climática implica mirar tanto las políticas oficiales, declaraciones y acciones de su gobierno como la persistencia o transformación de dinámicas extractivistas, deforestación, conflictos socio-ambientales, vulnerabilidad climática, etc.
Hay obvias señales de algunos avances ambientales bajo Castro. En marzo de 2022, por ejemplo, el gobierno declaró a Honduras “libre de minería a cielo abierto” y comunicó que cancelaría licencias, permisos y concesiones extractivistas, considerando que este tipo de minería daña los recursos naturales, la salud pública y limita el acceso al agua. Esa medida fue celebrada como un paso importante hacia la defensa ambiental, en un país donde la minería había sido históricamente un factor de deforestación, contaminación del agua, degradación de páramos y ecosistemas vulnerables y, por supuesto, criminalización y violencia contra defensores/as del medio ambiente.
En 2022 también se lanzó el InfoCarbono Honduras a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). La información oficial presentó este programa para “cumplir con el compromiso de refundación, impulsando la justicia climática, salvaguardando los recursos naturales y preservando la vida de nuestra gente y del planeta, a la vez que cumplimos transparentemente con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, por medio de la reducción de las emisiones por deforestación y degradación forestal a nivel nacional, aplicando el Marco de Varsovia para REDD+.”
El proyecto de InfoCarbono Honduras consistía en “elaborar una radiografía completa de las absorciones y emisiones de carbono forestal en el territorio nacional, aplicando las metodologías adoptadas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y reconocidas como oficiales por la CMNUCC y el Acuerdo de Paris. Se contabilizarán cinco actividades forestales a nivel nacional: 1) emisiones de carbono por deforestación, 2) emisiones por degradación forestal, 3) absorciones por conservación de bosques, 4) absorciones por el incremento de las reservas forestales, y 5) el flujo como resultado del manejo forestal sostenible.”
InfoCarbono Honduras fue lanzado en mayo de 2022 con el objetivo de realizar un inventario completo de los recursos forestales. Un mes después, Honduras impuso una moratoria nacional sobre la venta de créditos de carbono forestal que no estuvieran reconocidos por la CMNUCC o el Acuerdo de París. Como resultado del proceso iniciado con InfoCarbono, en julio de 2023, el Congreso Nacional aprobó la “Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática” que, al mismo tiempo, permitiría intercambiar deuda externa por los bonos de carbono. Sin embargo, el proceso ha enfrentado controversias. Un reporte lo pone así: “La falta de socialización y claridad en el contenido de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono, así como la falta de salvaguardas para que los pueblos originarios sean los principales receptores del financiamiento por su labor de conservación” han sido problemas claves señalador por organizaciones de la sociedad civil.
A ello se suma una crítica más profunda al propio mecanismo de los bonos de carbono, ampliamente cuestionado por su carácter netamente mercantil y por estar dominado por grandes corporaciones y actores financieros transnacionales. Este sistema no reduce estructuralmente las emisiones, sino que las encubre y le permite a las industrias altamente contaminantes seguir emitiendo mientras “compensan” sus impactos mediante la compra de créditos en el Sur Global, trasladando la carga climática a territorios históricamente subordinados. En lugar de transformar los patrones de producción y consumo (placer), los bonos de carbono institucionalizan el “lavado verde” (greenwashing) y convierten los bosques, los territorios y los saberes comunitarios en activos financieros, reproduciendo lógicas de despojo, mercantilización de la naturaleza y colonialismo climático bajo el discurso de la justicia ambiental.
Desde antes de la llegada de Castro al poder, Honduras ya había anunciado su “Política Biodiversidad” con planes de conservación forestal. Uno de los logros más significativos ha sido en la lucha contra la deforestación. Desde la creación de la “Estrategia Cero Deforestación al 2029” en mayo de 2024, se logró una reducción de casi 6,000 hectáreas en 2024 en comparación con 2023, con una disminución del 96% en siete áreas protegidas clave. Por su parte, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) cuenta actualmente con 93 áreas protegidas, de las cuales 75 están legalmente declaradas, abarcando más de 5 millones de hectáreas y cubriendo alrededor del 28% del territorio terrestre hondureño. Honduras también ha avanzado en la protección de sitios RAMSAR (ya cuenta con 12 humedales de importancia internacional) y cuenta con políticas y compromisos internacionales para la protección de humedales costeros. El Centro de Estudios Marinos (CEM) ha protegido 500 kilómetros cuadrados de hábitat marino, ayudando a más de 4,500 familias costeras a obtener ingresos sostenibles de la pesca. Y en mayo de 2024, la Secretaría de Recursos Naturales inició talleres participativos para actualizar la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2025-2030, con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y asistencia técnica del PNUD.
El 22 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro declaró el estado de emergencia ambiental para defender los bosques, áreas protegidas y zonas productoras de agua, anunciando una inversión de 242.9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para la reforestación, control de deforestación, control de títulos de propiedad, regulación de actividades extractivas/agropecuarias/mineras en zonas protegidas, desalojo de actividades dañinas, aumento de la vigilancia estatal, uso de maquinaria confiscada, etc. Entre las medidas clave se estableció que las Fuerzas Armadas decomisarían y destruirían maquinaria que depreda bosques, se anularían autorizaciones del Instituto Nacional Agrario en áreas forestales, y se ordenarían desalojos de agricultura, ganadería, minería y otros proyectos en zonas núcleo de áreas protegidas. El gobierno también afirmó haber cancelado “cientos de concesiones” que afectaban bosques y áreas protegidas, y haber impulsado programas de reforestación y protección de zonas naturales, como parte de un programa ambiental con enfoque en justicia climática. El resultado más destacado ha sido una notable reducción de la deforestación.
La Comisión Cero Deforestación, por su parte, registró una disminución del 96% en la deforestación de siete áreas protegidas del corredor biológico mesoamericano en el último trimestre de 2024, incluyendo la Biosfera del Río Plátano, Tawahka Asangni, el Parque Nacional Patuca y otras. Además, la comisión anunció 673 intervenciones estratégicas en 43 áreas protegidas del país. Desde la creación de la estrategia en mayo de 2024, se logró una reducción de casi 6,000 hectáreas deforestadas en 2024 comparado con 2023 y en el último trimestre de 2024, en por lo menos siete de esas áreas protegidas solo se registró una deforestación de 33.14 hectáreas. Durante 2024 también se logró la restauración de 70,000 hectáreas de bosque, más de 8,000 mediante reforestación directa y el resto vía regeneración natural. En 2024 se declararon 317 microcuencas como Zonas de Protección Forestal, un logro sin precedentes, cuando antes de 2022 solo se habían declarado 1,042 en aproximadamente 50 años.
A pesar de estos esfuerzos, sin embargo, continúan los desafíos y las limitaciones y persiste, si es que no se agudiza, la crisis ambiental y ecológica y la violencia contra defensores/as del territorio y el medio ambiente. Según el estudio “Lista roja de especies amenazadas de Honduras” de 2021, en el país existen al menos 124 especies de animales en peligro crítico de extinción, con solo 2,500 animales o menos de cada especie habitando en territorio nacional. Igualmente, a pesar de las iniciativas impulsadas, la falta de recursos financieros, capacidades técnicas y una cultura del cuidado ambiental a veces limita la efectividad de la gestión y protección de áreas, y Honduras está seriamente amenazada por la deforestación, pérdida de hábitats, caza furtiva y cambio climático. Los bosques de La Moskitia, donde se encuentra la Reserva de la Biosfera Río Plátano, se encuentran bajo amenazas fuertes debido a la deforestación ilegal, el narcotráfico, la ganadería extensiva y la venta ilegal de tierras. Y estos son solamente algunos de los ejemplos más obvios.
Aunque Honduras se comprometió a restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque para cumplir con el Acuerdo de París, hasta 2024 solo se han intervenido 62,500 hectáreas, lo que equivale apenas al 4.8% del compromiso adquirido. De acuerdo con el Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras entre 2022 y 2025 fueron restauradas 197,397 hectáreas de bosque para alcanzar los 1.3 millones al 2030 en cumplimiento del Acuerdo de París. Pero al ritmo de 47,000 hectáreas por año, como propone el ICF, llevaría unos 24 años para cumplir con la meta de París asumiendo cero deforestación en todo el país, lo que no es posible bajo las condiciones presentes.
Basta un ejemplo. Solo en 2024 se registraron en Honduras 3,170 incendios forestales que consumieron 296,789 hectáreas de tierra, afectando principalmente a comunidades en Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios. De acuerdo con el ICF los incendios forestales se intensificaron “debido a las prácticas de quemas agrícolas y ganaderas”. En otras palabras, aunque el ICF diga que “no se negocia ningún delito ambiental”, el compromiso de restaurar los bosques de Honduras se enfrenta con la realidad de la expansión extractiva, la frontera agro-capitalista del país y la agudización de la crisis climática. De hecho, a pesar de que el país ha invertido alrededor de 64.5 millones de dólares en medidas ambientales, el índice de impunidad en delitos contra el medio ambiente alcanza el 97 por ciento.
El caso más emblemático de esta impunidad fue el asesinato del defensor ambiental Juan López el 14 de septiembre de 2024, cuando salía de una iglesia en Tocoa. López lideraba la protección de los ríos Guapinol y San Pedro contra el megaproyecto minero Los Pinares-Ecotek. A pesar de las amenazas constantes contra su vida y de haberse confirmado la existencia de un riesgo grave a su integridad, la OACNUDH constató que el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo. A más de un año del asesinato, el Estado hondureño no ha identificado a los autores intelectuales, ni ha seguido las líneas de investigación que podrían vincular el crimen con intereses mineros o redes locales de poder.
Según la OACNUDH, “la protección y restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, constituye un resultado concreto de la lucha de Juan López y de quienes defienden los bienes comunes”. Sin embargo, “su efectiva implementación integral y transparente es una deuda pendiente del Estado; seguir postergándola limita el avance en la garantía del derecho al medio ambiente y aumenta los riesgos para las comunidades y defensores.”
Según Amnistía Internacional, comunidades y defensores denuncian que la empresa minera Inversiones Los Pinares sigue operando en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, a pesar de que el decreto que protege el área (Decreto 18-2024) entró en vigor en 2024. Sostienen que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) está prolongando la posesión y dominio de la empresa sobre el parque, ignorando la normativa vigente y los reclamos de las comunidades.
No hay duda que, en conjunto, el gobierno de Castro ha tomado medidas que representan una apuesta declarada por disentir del modelo extractivista tradicional y orientarse, al menos en discurso y regulaciones, hacia la conservación, la biodiversidad, la protección del agua y los bosques, y una intención explícita de mitigar impactos ambientales negativos. Pero, como lo demuestran los ejemplos arriba destacados, los esfuerzos del gobierno de Castro no están exentos de contradicciones y limitaciones que el mismo Estado hondureño parece no querer solventar. Encima de ello, la crisis climática ya está negando muchos de los mismos logros que ha caracterizado a la administració de Castro.
Contradicciones, persistencias del extractivismo y obstáculos reales
A pesar de algunos avances formales, la situación en la práctica es más conflictiva y desigual, con obstáculos estructurales, resistencia de intereses poderosos y graves problemas de gobernabilidad.
Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), pese a la declaración de emergencia ambiental y el lanzamiento de la Estrategia Cero Deforestación al 2029, apenas se han cumplido cinco de las 18 acciones previstas en su primer año de vigencia. A pesar de la declaración de prohibición, hay denuncias de que la minería – metálica o no metálica – sigue operando. Por ejemplo: los defensores ambientales y comunidades afectadas afirman que la explotación no se detuvo realmente.
El proyecto minero en la cuenca del río Guapinol y en la zona del Parque Nacional Carlos Escaleras sigue siendo fuente de conflicto entre empresas (particularmente la empresa Inversiones Los Pinares / antigua Emco) y las comunidades locales y defensores ambientales. Las comunidades denuncian daños ambientales, contaminación de ríos, deforestación, impactos sobre su salud, medios de vida (pesca, agricultura), agua, movilidad, vivienda, todo lo que apunta a efectos reales pese a las regulaciones.
Además, la criminalización, represión e incluso asesinatos de defensores ambientales continúan: denuncias apuntan a que el gobierno no ha logrado garantizar su protección, y que la violencia contra quienes defienden territorios sigue siendo grave.
Según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), el número de concesiones mineras en el país ronda los 372 permisos, establecidos en 16 de 18 departamentos, con mayor repercusión en el norte del país. Alrededor del 20% de las concesiones están en territorios indígenas y garífunas.” Antes de la llegada de Castro al poder, la violencia contra activistas era alarmante: “Cifras del último Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas indican que, entre 2010 a 2019, al menos 140 activistas de bienes comunes y defensores de la tierra fueron asesinados. De igual manera, el informe de Global Witness Última Línea de Defensa de 2021 expone que Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas durante 2020, contabilizando 17 asesinatos, siendo también la nación de la región centroamericana con más crímenes contra ambientalistas. Ahora, según un reporte de Amnistía Internacional, la violencia contra activistas ambientales y defensores/as del territorio desde la llegada de Castro al poder no ha mejorado. De hecho, en muchos casos, ha empeorado:
Cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el cargo en enero de 2022 con la promesa de proteger los parques nacionales y acabar con la minería a cielo abierto, las comunidades del municipio de Tocoa que vivían en una zona protegida del norte del país se mostraron esperanzadas. Dos años después, la mayoría de ellas están aterrorizadas, acosadas y exigen justicia por los asesinatos de sus seres queridos que luchaban por proteger los ríos locales, de los que depende la supervivencia de su comunidad. Esta es su historia.
«Con agua hay vida. Sin ella, morimos», dice el activista medioambiental Reynaldo Domínguez mientras contiene las lágrimas. La frase, que lleva años repitiendo como un mantra, resume una larga lucha que su comunidad ha protagonizado para salvar los ríos Guapinol y San Pedro, que abastecen de agua a cientos de personas en la región del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
Integrantes de la comunidad afirman que una mina de hierro establecida en la zona en 2018 está teniendo un impacto negativo en ambos ríos y afectando a la agricultura y la pesca de las que dependen. Desde entonces, han denunciado sufrir acoso y ataques por parte de las autoridades hondureñas y de la empresa que gestiona el proyecto minero.
«Las cosas han ido empeorando cada vez más», afirma Juana Zúñiga, defensora del medio ambiente y dirigente del Consejo Comunitario de Guapinol. «Hay mucho miedo en la comunidad. La gente tiene miedo de caminar por las calles después de todos los ataques que hemos sufrido, pero sabemos que tenemos que ser fuertes y continuar, no hay otra opción.»
Todo esto y más ha generado muchas dudas sobre la implementación real del decreto de prohibición de la minería a cielo abierto: las licencias anteriores no siempre han sido efectivamente revocadas, hay vacíos sobre quiénes controlan concesiones antiguas, y la persistencia de minería sugiere que muchos permisos quedaron activos o se otorgaron de forma irregular bajo el gobierno de Castro.
Las políticas anunciadas de adaptación climática (reducción huella de carbono, gestión de residuos, control de contaminación, protección hídrica) han sido en gran parte declarativas, con escasa evidencia pública de planes de acción robustos, monitoreo ambiental independiente o transparencia en datos.
Honduras no ha ratificado – hasta la fecha con información pública – el Acuerdo de Escazú, lo que limita mecanismos de transparencia, acceso a la información ambiental, participación ciudadana, protección de activistas y rendición de cuentas, elementos clave para una, digamos, “gobernanza ecológica democrática”.
Honduras es uno de los países más vulnerables al cambio climático en Centroamérica: huracanes, deforestación, degradación del suelo, crisis hídrica, sequías, pérdida de biodiversidad, etc. Estas vulnerabilidades requieren políticas estructurales de largo plazo, inversión sostenida, planificación participativa, enfoque territorial, algo que las instituciones hondureñas han manifestado voluntad de impulsar, pero con recursos limitados, tensiones políticas, fuertes resistencias, muchas contradicciones y a veces muy poca transparencia.
Los conflictos territoriales, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales y persistencia/expansión del extractivismo atentan contra la implementación de una política ambiental coherente y de largo plazo: sin cambios estructurales, las mejoras podrían verse comprometidas con nuevas crisis.
Conclusión provisional
El gobierno de Castro ha abierto una ventana esperanzadora de políticas ambientales y climáticas: la prohibición declarada de la minería a cielo abierto, la creación de un gabinete ambiental, un plan de conservación forestal, emergencia ambiental, estrategias de adaptación, e inversión pública. Todo eso es un contraste con gobiernos precedentes que promovieron un modelo extractivista y neoliberal agresivo. Eso debe reconocerse como un avance institucional y de discurso ambiental de cierto alcance.
Sin embargo, y aquí radica la tensión central, la persistencia y expansión del extractivismo, las denuncias de minería clandestina o concesiones renovadas, los conflictos socioambientales, la violencia contra defensores/as, la débil gobernanza, la falta de transparencia y de políticas reales de largo plazo muestran que el cambio sigue siendo incompleto, muchas veces simplemente legal y declaratorio, y en todo caso altamente contradictorio. Honduras continúa vulnerable al cambio climático, sus ecosistemas están amenazados, muchas comunidades siguen expuestas, y la “transición ecológica” parece por ahora más aspiracional que consolidada.
En definitiva: el gobierno de Castro marcó un giro simbólico e institucional hacia la protección ambiental, pero ese giro aún está en disputa, amenazado por los proyectos políticos de la derecha y deja un legado no solo incompleto, sino listo para una posible restauración neoliberal muy agresiva. Medir su éxito real requiere vigilancia, datos independientes, participación social desde abajo, transparencia y sobre todo presión sostenida desde una sociedad civil rupturista, la academia crítica y las comunidades locales y movimientos ambientales.
Cuando cuestionamos que el gobierno de Castro haya logrado una “refundación” real del Estado hondureño, porque es obvio que no ha habido una refundacional constitucional, no estamos exagerando. Sí, hay avances concretos: reducción de pobreza porcentual, mejor distribución del ingreso en algunos sectores, reactivación económica, inversión social, subsidios, algunas medidas ambientales y sociales. Esto representa un cambio con respecto a la situación anterior, marcada por crisis, endeudamiento, corrupción, exclusión, políticas de ajuste neoliberal o clientelismo.
Pero esos avances, aunque valiosos, tienen límites muy claros pues no garantizan transformación estructural de fondo: la desigualdad sigue, la informalidad y precariedad laboral continúa siendo masiva, y el empleo digno, los servicios sociales robustos, la calidad educativa, la salud pública, es decir los grandes “nudos” estructurales, no han sido resueltos.
Las mejoras podrían ser solamente coyunturales y dependientes de subsidios, ayuda estatal o contexto internacional favorable (remesas, inversión externa, estabilidad regional). Estas mejoras pueden traducirse en números agregados que sugieren una disminución de la pobreza y la pobreza extrema, cuando en realidad dichos fenómenos están en aumento.
La violencia y la crisis de derechos humanos no desaparecen solo con buenos indicadores económicos, y las soluciones autoritarias bajo cualquier estado de excepción implican riesgos serios para la institucionalidad democrática, lo que para muchos analistas puede socavar cualquier reforma profunda de carácter democrático.
En términos de transformación cultural, de distribución real del poder (las cuatro P), de reformas estructurales agrarias, fiscales, productivas no hay hasta ahora evidencia de una reconfiguración radical del modelo económico o social hondureño. Todo el discurso de refundación se esfumó en el aire. Las puertas están abiertas para una reconfiguración de la hegemonía reaccionaria y neoliberal.
En ese sentido, lo que vemos hoy es un intento de mitigación y gestión de la crisis con un alivio del sufrimiento, estabilización económica, políticas sociales paliativas y asistencialistas, con algunos logros concretos y cuantificables, pero sin romper del todo con las lógicas estructurales de desigualdad, exclusión, dependencia y extracción rapaz de los recursos naturales.
Lo que está en juego en las elecciones generales de Honduras del domingo 30 de noviembre es, como lo pone el Observatorio en Comunicación y Democracia, “continuar los avances o volver a un pasado ominoso”.
Fuente: Blog Refundación
