No en nombre de la Universidad
No en nombre de la Universidad: por qué la candidatura de Consuelo Porras debe ser excluida de la Corte de Constitucionalidad
Marco Fonseca
Resumen
La postulación de Consuelo Porras como magistrada titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por parte del Consejo Superior Universitario de la USAC o de cualquier otra plataforma corporativa constituye un nuevo episodio del deterioro institucional que atraviesa Guatemala.
Esta candidatura nace ya marcada por un doble vicio de origen.
Primero, porque proviene de un CSU cuya legitimidad está seriamente comprometida: la mayoría de sus integrantes ejerce funciones con períodos vencidos y ha avalado la rectoría de Walter Mazariegos, ampliamente documentada como fraudulenta e impuesta. Que una instancia universitaria capturada por prácticas antidemocráticas pretenda erigirse en garante de la constitucionalidad del país es, en sí mismo, una contradicción insalvable.
Pero incluso dejando de lado, solo por un momento, esta ilegitimidad estructural, existen dos razones de fondo por las cuales la candidatura de Porras debe ser excluida de inmediato.
Argumento
Una trayectoria académica cuestionada por plagio
Porras afirma que su postulación responde a su “formación como profesional del derecho”. Sin embargo, esa formación está empañada por acusaciones documentadas de plagio en sus tesis académicas, irregularidades que nunca fueron debidamente consideradas cuando fue nombrada fiscal general durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Este hecho no es menor. En cualquier sistema mínimamente serio, el plagio académico invalida la autoridad moral y profesional de quien aspira a ocupar una magistratura constitucional. La Corte de Constitucionalidad no es un premio político ni un refugio para gente corrupta e inepta: es el máximo intérprete de la Constitución. La integridad intelectual no es opcional; es un requisito básico.
Dirección de un Ministerio Público señalado por pervertir el derecho
Más grave aún es el segundo punto.
Consuelo Porras ha sido señalada nacional e internacionalmente por encabezar un Ministerio Público convertido en instrumento de persecución selectiva, criminalización de operadores de justicia independientes y protección sistemática de redes corruptas. Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto sanciones por socavar el Estado de derecho, y múltiples organismos internacionales han documentado cómo, bajo su conducción, el MP dejó de servir a la legalidad para servir a intereses políticos específicos.
No se trata de opiniones ideológicas, sino que se trata de sanciones formales y de un patrón verificable de actuación institucional.
Quien ha dirigido un aparato judicial dedicado a desmantelar la lucha anticorrupción y a erosionar las garantías democráticas no puede presentarse ahora como defensora de la Constitución. Pretenderlo es un insulto a la inteligencia colectiva.
Un llamado directo a las comisiones de postulación
Por todo lo anterior, corresponde interpelar de manera clara y pública a las comisiones de postulación:
Excluir la candidatura de Consuelo Porras no es un gesto político; es un deber jurídico y ético.
Permitir su avance equivaldría a normalizar:
– el plagio como antecedente aceptable para una magistratura constitucional;
– la instrumentalización del Ministerio Público como mérito profesional;
– la captura de la universidad pública como vía de acceso a las más altas cortes;
– y la conversión de la CC en una extensión del pacto de impunidad.
La Corte de Constitucionalidad existe para proteger a la ciudadanía del abuso del poder, no para blindar a quienes lo han ejercido de manera arbitraria.
No en nombre de la USAC. No en nombre del derecho.
Guatemala atraviesa una crisis profunda del precario Estado de derecho que mucha gente afirma que todavía existe en Guatemala y que debe ser “rescatado”. En este contexto, entonces, cada nombramiento importa y es prueba concreta de si la gente que más dice defender este cascarón de Estado realmente practica lo que dice.
Aceptar esta candidatura sería otro paso hacia la consolidación de un régimen judicial degradado, donde la legalidad se vacía de contenido y la justicia se convierte en simulacro y perversidad.
Las comisiones de postulación todavía están a tiempo de trazar una línea clara.
Consuelo Porras debe quedar fuera del proceso. No por revancha. No por ideología. Sino por principios. Porque sin ética, sin legalidad y sin credibilidad, no hay Corte posible; solo fachada.
