Guatemala un país bizarro

Autor: Jairo Alarcón Rodas

El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen. Emiliano Zapata

Entre la serie de países que existen en el mundo, Guatemala es un digno ejemplo de lo que es un país bizarro, raro, insólito. Utilizado el término, en su sentido más negativo, los contrastes más extraños no se dejan esperar. De ahí por qué el país ha llegado a uno de los niveles más altos de impunidad, de corrupción y más bajos de justicia social y todo debido al perverso sistema de justicia vigente actualmente, descrédito obtenido debido a las personas que están en la Corte de Constitucionalidad, en cargos de magistratura y determinados jueces. A lo que se suma, la persona que está al frente del Ministerio Público y su equipo de trabajo.

El realismo mágico del que Miguel Ángel Asturias fue uno de sus artífices, se ha degenerado en este país, al extremo de hacer creer la mentira por verdad, la hipocresía por virtud, la injusticia por honestidad, lo que ha desembocado en el caos en el que actualmente se vive en el país, lo absurdo del sistema de justicia.

Las élites dominantes complacidas con la situación imperante, se ven favorecidas y obtienen el máximo provecho con el objetivo de seguir ampliando sus fortunas, de modo que no les interesa si la sociedad guatemalteca se hunde en la miseria, en la inseguridad, en el caos, pues para ellos lo que es realmente importante es siempre salir ganando. Y como la fábula de la gallina de los huevos de oro, no dudarían en sacrificar al país si con ello se llenan los bolsillos de dinero.

No obstante los desgobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, según el Banco Mundial, el país ha experimentado un crecimiento estable 3,2 por ciento en promedio durante 2014-2023, siendo la mayor economía de América Central con un producto interno bruto -PIB- de US$ 104,4 mil millones en 2023. Crecimiento que no se refleja en las condiciones de vida de los guatemaltecos, en los indicadores de salud, educación, en desarrollo humano. El crecimiento económico solo es para unos pocos, por lo que a pesar de ser uno de los países más ricos y diversos de América Central, Guatemala padece uno de los niveles de desigualdad más altos del planeta.

En todo este embrollo de ingobernabilidad y de Estado fallido, grupúsculos han salido beneficiados en detrimento de la población en general, mientras un significativo sector, aglutinado dentro de las capas medias, considera que los altos índices de corrupción y saqueo en la administración pública no los afecta directamente y continúan sus vidas al margen de la caótica situación, miran para otra parte. Así, únicamente perciben y les interesa aquello que les pueda representar un beneficio o cuando les afecta sus interés personales.

Las instituciones se establecen para el resguardo del orden y funcionamiento de toda sociedad, de modo que es entendida como un atributo básico del imperio o de la república, dentro de un estado de derecho. La institucionalidad es un atributo básico de la república que se entiende como el ejercicio de configurar su distribución político-administrativa en la división de poderes.

No obstante, por muy idóneas que sean las leyes, las normas, la distribución administrativa, etc., es decir,  la institucionalidad de un país, si al frente de ellas se encuentran personas perversas, inescrupulosas, deshonestas, todo se convierte en un fiasco. Los Estados tienen su institucionalidad más avanzada y fuerte, cuanto más eficientes sean las normativas y leyes que se aplican, y cuanto menos distorsiones se verifiquen en las regulaciones y resoluciones. Quiénes son los que operativizan las normativas de un Estado-nación sino individuos.

Por lo que, cuán importante es la designación de la persona encargada de la persecución de los delitos públicos y lo nefasto que es para un país que la persona designada haya demostrado lo ruin y perversa como lo ha sido la fiscal escogida por el nefasto gobierno de Jimmy Morales y designada para un segundo período, con la complicidad de la Corte de Constitucionalidad y otros actores políticos del país, por el delincuente, hasta la fecha impune de Alejandro Giammattei Falla.

Así, es comprensible, mas no aceptable, que la encargada de la investigación y persecución de los delitos de acción pública, dentro del marco del cumplimiento de la legislación guatemalteca, Consuelo Porras, actúe de la forma tan infame e inescrupulosa en contra de la justicia, la seguridad y estabilidad del país y de un Estado de Derecho, como lo ha hecho hasta la fecha.

La serie de acciones emprendidas, la omisión de otras, es razón suficiente para darse cuenta y comprender que el actual Ministerio Público está al servicio del crimen organizado, afiliada a los sectores más oscuros del país. Dentro de este antro de corrupción, los que se han beneficiado constituye el sector que defienden su gestión. Pero, el solo hecho de que 42 países se hayan tomado el cuidado de descalificarla, sancionando su gestión, considerándola como un peligro para el establecimiento de un Estado de Derecho, representa un suceso sin precedentes en la historia del país.  

Criminales salen de las cárceles, delincuentes que desfalcaron el erario nacional ahora son personas libres por órdenes de jueces corruptos. El médico que ocultó y se deshizo del cadáver de una de sus pacientes, de forma subrepticia, es absuelto de delitos que, por su crimen, merecía un castigo mayor y no solo eso, es sancionado por tan solo dos años de inhabilitación, por un vergonzoso colegio de médicos y cirujanos de Guatemala. Así de contradictorias e injustas están las cosas en el país.

Personas poderosas de Guatemala se han beneficiado a través de la deplorable gestión de la Fiscal General y con el sistema de justicia imperante, por lo que no es de extrañar que haya recibido un reconocimiento de CACIF en abril de 2021. Durante un homenaje realizado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, la Cámara de Industria de Guatemala -CIG-, y la Cámara de Comercio Internacional -ICC- fue reconocida la labor y la ampliación de cobertura del Ministerio Público, por parte de la Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Aquí la cantidad es más que la calidad que pueda representar un servicio y se premia la cobertura a pesar de ser inoperante como tradicionalmente es en Guatemala.

Ahora resulta que los corruptos persiguen a personas probas y, contrario a toda razón que corresponde a un país civilizado, todos aquellos que acusan a los ladrones, a los defraudadores del fisco, a los funcionarios corruptos, los que quieren un país digno y honesto, son criminalizados por el sistema y, como en la época de la inquisición, muchos se ven obligados a aceptar cierto grado de culpabilidad de las acusaciones que les endilgan, a cambio de no sufrir el escarnio, el martirio de permanecer en la cárceles y ser vejados en su dignidad, en su salud mental y física.

Los testimonios de las torturas que han sufrido durante su permanencia en los centros de detención a los que fueron referidos, han sido denunciados por Virginia la Parra y José Rubén Zamora, quien según artículo de prensa del periódico español El País: “Sufre un luto devastador por toda la vida que ha perdido” dentro de la cárcel en la que ha sido recluido desde el 29 de julio de 2022.

La indiferencia no puede continuar pues, al parecer, al mentir y mentir hasta que la mentira parece verdad, está haciendo creer maliciosamente a los corruptos que ellos son los probos y que los que desean hacer las cosas bien, los delincuentes. Que se respete las leyes, pero si los primeros que las irrespetan son los jueces, magistrados corruptos y aquellos, los actuales inquilinos del Ministerio Público, que cínicamente vociferan que actúan apegados a la ley.

El pueblo debe despertar y terminar de una vez por todas con el caos institucional al que ha llevado la actual Corte de Constitucionalidad al proteger las acciones espurias de la Fiscal General y la de sus empelados más cercanos, así como la de magistrados y jueces indignos. Y como diría Martín Luther King: No me duelen los actos de la gente mala me duele La indiferencia de la gente buena.

No es posible seguir viviendo en un país de los absurdos, en donde “los patos les disparan a las escopetas”. En donde la justicia tiene el significado de impunidad. La banalidad del mal es un término acuñado por Hannah Arendt el cual ilustra como la indolencia hecha normalidad resulta ser el verdadero mal, de modo que un pueblo que permite que sus autoridades, en este caso el sistema de justicia, siga corrompido como lo está, es cómplice de sus desgracias.