Guatemala: El país donde las niñas son madres y el Estado es cómplice

Mario Rodríguez Acosta

Los datos publicados por el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala muestran que 556 niñas menores de 14 años y 13,517 adolescentes entre 15 y 19 son niñas convertidas en madres y todo esto de enero a marzo del 2025, no son solo cifras. Son historias truncadas, representan cuerpos violentados y un sistema que normaliza el abuso, con una población indiferente y lo peor, con autoridades indolentes.

Guatemala y Huehuetenango encabezan este macabro ranking (2,100 y 1,598 casos, respectivamente), pero la responsabilidad es colectiva: cada número refleja la complicidad de un Estado inoperante y una sociedad que desvía la mirada. Lo cual no es de extrañar en estos dorados tiempos, pues el mundo actúa de la misma manera, por ejemplo, frente a la barbarie que el Estado de Israel comete contra los palestinos que, como es de todos conocidos, ni estados, ni sociedades, hacen algo para frenar dicho genocidio.

Detrás de las estadísticas hay niñas obligadas a parir en lugar de jugar, adolescentes cuya educación termina donde comienza la maternidad forzada. Que una niña de 10 años figure en estos registros no es un «problema demográfico», es la prueba de un delito: la violación sistemática disfrazada de normalidad. Guatemala penaliza el aborto incluso en casos de violación, encadenando a las víctimas a sus agresores. ¿Dónde quedan sus derechos humanos cuando se les niega incluso la posibilidad de ser niñas?

Natalia Kanem, del Fondo de Población de la ONU, lo advierte con claridad: «El futuro de las niñas determina el futuro de las sociedades». Cuando una adolescente es madre contra su voluntad, se perpetúa la pobreza, se limita su acceso a educación y empleo, y se debilita la economía. Por eso desde Naciones Unidas se insiste en que «la inversión en salud sexual y reproductiva construye economías robustas», pero Guatemala parece empeñada en hacer lo contrario. Sin políticas públicas que combatan el abuso sexual y garanticen educación sexual, el país condena a miles a vivir en precariedad, el abuso e invita a los pervertidos a continuar con sus actos con total impunidad.

Ante estos hechos, el Congreso debería emitir una alerta de emergencia nacional, para frenar este flagelo. El estado no puede ignorar su obligación a proteger a las niñas. La sociedad en su conjunto debe también involucrarse de lleno para frenar estos hechos.

El país necesita más educación sexual integral en escuelas para romper tabúes y empoderar a las adolescentes. Además, se debe tener con una protección legal efectiva contra los agresores y sanciones que frenen estos lamentables hechos. Hoy más que nunca, el acompañamiento psicosocial para las víctimas, cuyo trauma no termina con el parto. «Es hora de ser ambiciosos» dice Kanem, Guatemala no puede permitirse más generaciones perdidas. Las niñas merecen un futuro donde la maternidad sea una elección, no una sentencia.