Fraijanes II: Más allá de la fuga
Mario Rodríguez
La reciente fuga masiva de 20 presos del penal de Fraijanes II, todos líderes del Barrio 18 recientemente designados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, no puede ser explicada como un simple fallo de seguridad. Los detalles del operativo, incluida la participación de reos con discapacidades físicas evidentes y tatuajes en rostros, revelan una planificación meticulosa que solo es posible con complicidades al interior del Estado. Esto no fue una evasión espontánea, debe verse como una operación con logística, cobertura institucional y, muy probablemente, una marcada intención política.
Esta fuga abre al menos tres escenarios posibles, todos profundamente preocupantes. El primero es que abre la puerta a una desestabilización directa del gobierno de Bernardo Arévalo. No es casual que, apenas horas después del hecho, la Fiscalía, el CACIF y otros actores vinculados al llamado “pacto de corruptos” hayan emitido comunicados que, si bien condenan la fuga, cargan toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo, sin cuestionar las fallas del sistema penitenciario, del Ministerio Público ni del Ministerio de Gobernación. Se trata de una ofensiva mediática e institucional que busca capitalizar la crisis para erosionar aún más la legitimidad del presidente.
Pero también está la posibilidad no demostrada de que existan vínculos de cohecho entre actores del propio gobierno y estructuras del crimen organizado. Esta hipótesis, por más incómoda que sea, no puede descartarse sin una investigación independiente, rigurosa y transparente. La historia reciente de Guatemala está llena de acuerdos clandestinos entre los poderes políticos y poder criminal, y sería ingenuo asumir que el actual gobierno está completamente blindado contra esas dinámicas.
Y por último, quizás el escenario más estratégico, es la intención deliberada que este hecho puede provocar para romper la alianza entre Estados Unidos y el gobierno guatemalteco. Esa relación bilateral ha sido, hasta ahora, el único sostén real de la gobernabilidad de Arévalo frente a una oposición que ha optado por la confrontación institucional en lugar del debate político. La fuga, especialmente por la designación terrorista de los fugados, pone en jaque esa alianza o por lo menos cuestiona la capacidad del ejecutivo frente al crimen organizado. De hecho, Washington ya ha expresado su “profunda preocupación” y exige responsabilidades claras. Durante todo el gobierno de Semilla, nunca le han exigido al gobierno, más bien, los comunicados han apoyado su labor. Justamente por eso, estos hechos pueden generar una crisis diplomática que aísle al Ejecutivo y lo deje sin respaldo externo.
Es necesario recordar que, desde su asunción, Arévalo ha enfrentado una guerra de desgaste orquestada por una red de actores políticos, judiciales y económicos que se resisten a cualquier intento de reforma anticorrupción. Esta ofensiva se ha desplegado con crudeza en la instrumentalización del sistema de justicia, que ha actuado más como un brazo de persecución política que como garante del Estado de derecho. Un ejemplo claro fue la investigación impulsada contra el contrato de concesión portuaria, en la que participa el ejército de los Estados Unidos, con el objetivo de vincular al gobierno con supuestas negociaciones secretas con China. Aunque no lograron frenar el acuerdo, sí generaron ruido, desconfianza y parálisis administrativa.
Ahora, con la fuga de Fraijanes II, la estrategia se vuelve más audaz y peligrosa. Que un reo sin una pierna haya salido del penal vestido como agente penitenciario, sin que nadie lo notara, no habla solo de ineptitud, sino de corrupción estructural. ¿Cómo se explica que un individuo tan fácilmente identificable logre evadirse sin que se active ninguna alarma? Solo hay una respuesta plausible, porque quienes tenían la obligación de impedirlo lo permitieron, y la pregunta aquí es por qué. Algunos indicios apuntan a un patrón claro, el crimen organizado ya no actúa al margen del Estado, sino con su complicidad. Y esa complicidad se ha convertido en una herramienta política.
El gobierno de Arévalo, lejos de ser una víctima inocente, también carga con responsabilidad. Su inacción, su excesiva prudencia, mal disfrazada de respeto a la legalidad y a la democracia, y la evidente debilidad de sus cuadros técnicos y políticos han permitido que estos actores operen con impunidad. En lugar de depurar instituciones, optó por la cautela. En lugar de confrontar al “pacto de corruptos”, buscó consensos imposibles. Y ahora, cuando el país más lo necesita, aparece más debilitado que nunca. Justo en este momento, mientras busca en Europa apoyo para garantizar la transición del Ministerio Público, se percibe como un actor que no puede resolver sus asuntos internos y recurre a la ayuda internacional como último recurso. Esto no solo debilita su imagen, sino que alimenta la narrativa de quienes lo acusan de incapacidad.
Lo cierto es que Bernardo Arévalo se enfrenta a su peor crisis en 21 meses de gobierno. Muchos exigen la destitución inmediata del ministro de Gobernación tras la fuga de 20 líderes mareros. Pero eso, por sí solo, no resolvería el problema. Más bien, abre una pregunta incómoda: ¿podría el ministro estar involucrado en la propia desestabilización? Si detrás de estos hechos hay una conspiración interna y externa, similar a los guiones aplicados en otros países de la región, como Perú, por ejemplo, Arévalo debe investigar a fondo. De lo contrario, todo puede pasar. La gente quiere resultados, y su destitución, por parte del congreso por incompetente, puede pasar.
Lo cierto es que Guatemala está en una encrucijada. O se rompe de raíz la complicidad entre el crimen organizado y el poder político, incluyendo a quienes hoy se benefician de la inacción gubernamental, o el Estado seguirá siendo un escenario donde los verdaderos mandos no están en los despachos oficiales, sino en las sombras y en las celdas que, al parecer, pueden abandonarse cuando mejor convenga.
Ya basta de normalizar lo inaceptable. La fuga de Fraijanes II no es solo un fracaso de seguridad, es un síntoma de que el país está al borde de perder el control de sus propias instituciones. Y eso no es culpa de un solo gobierno, sino del sistema entero que lo ha permitido y de políticos corruptos que lo han alentado.
