En el aniversario de los economistas de Guatemala

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Luis Armando Ruiz

Recordando a la patria explotadora y el papel de los científicos sociales de Guatemala.

Para que se debe investigar

Guatemala exhibe una estabilidad macroeconómica ilusoria que enmascara una desigualdad estructural brutal: mientras el 10% más rico acapara el 50% del ingreso nacional, el 56% de la población vive en pobreza (ENCOVI 2023-USAC), con cifras devastadoras en zonas rurales e indígenas (90% en Alta Verapaz). Esta concentración se sustenta en un modelo extractivo que privatiza tierras (el 2% controla el 70% de la tierra cultivable), excluye a pequeños agricultores del acceso a tecnología y mercados, y perpetúa la captura corporativa del Estado mediante sistemas tributarios regresivos (carga fiscal del 12% del PIB, la más baja de América Latina) y la criminalización de la protesta social. Así, la reducción marginal de la pobreza (del 59.3% en 2014 al 56% en 2023) no es un logro, sino un síntoma de un sistema diseñado para beneficiar a minorías, donde la estabilidad no se distribuye, sino que se weaponiza[1] para mantener privilegios ancestrales, como resume Oxfam: «En Guatemala, el futuro depende más del lugar donde se nace que del esfuerzo individual».

¿Guatemala y la estabilidad?

Se dice que gozamos de cierta estabilidad política, pero con una exclusión histórica, el sistema democrático formal que nos caracteriza, elegir en la tómbola de pésimos y malos candidatos lo que permite sostener un sistema con elecciones regulares cada 4 años, separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y una constitución que lo garantiza pero que a la postre a demostrado que solo es un pequeño trampolín para enriquecer a funcionarios coaligados con las grandes empresas.  Se sostiene un ambiente de exclusión estructural: Los Acuerdos de Paz (1996) se esperaba que el Sistema de Consejos de Desarrollo fortaleciera la integración de comunidades indígenas (Maya, Xinca, Garífuna) en la planificación pública, a todas luces se observa su inoperancia. Sin embargo, estos espacios fueron diseñados por el Estado sin participación indígena y comunitaria legitima, dando sostenibilidad y replicando jerarquías de poder existentes desde la colonia.  

¿Crecer en Guatemala, para qué?

Siempre se ha observado un Crecimiento económico concentrado en pocas familias, la macroeconomía de Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, con un PIB de USD $111,384 millones (2024) y sectores dinámicos como servicios (62% del PIB) y agricultura (13.5%) sin embargo, solo al cruzar la frontera se observa las diferencias de desarrollo social respecto al resto de países CA, aunque con limitado desarrollo, superior al nuestro.

El orgullo guatemalteco es bajar de una tasa de pobreza en 1%, 2% o 3% el indicador de pobreza, cuando este se mantiene arriba del 50% desigualdad extrema: El 1% más rico captura el 50% del ingreso nacional, mientras el 80% vive en pobreza y el 30% de la población rural sobrevive. La agricultura emplea al 38% de la fuerza laboral, pero los pequeños productores carecen de acceso a mercados justos y tecnología.

La llamada «explotación ambiental sostenible» opera como un modelo depredador que, tras sostener a colonos y propietarios comunitarios en tierras marginales, los desala y abandona al infortunio cuando resultan funcionales a nuevos ciclos de despojo; hoy, desplazamientos forzados buscan entregar territorios donde antes se perpetró genocidio, una nueva etapa de “repartimiento”[2]. Ejemplo de esta contradicción son las concesiones forestales comunitarias en la Reserva de la Biosfera Maya —como Carmelita—, que pese a su manejo certificado (tala sostenible de 2 árboles/hectárea y productos no maderables) y reducción de deforestación en un 95% frente a áreas sin gestión local, coexisten con la expansión agroindustrial (caña, palma, ganadería) que impulsa una de las mayores tasas de pérdida boscosa global y estrés hídrico en el Corredor Seco. Instituciones débiles y captura corporativa:

  • Corrupción sistémica: El poder judicial es percibido como «ineficaz y corrupto» por la ciudadanía, con élites económicas influyendo en decisiones legales.
  • Privatización de bienes públicos, municipales y comunitarios.

Mas resistencia. Los intelectuales deben sumarse.

Resistencia comunitarias, tales como CODECA, 49 cantones y otras expresiones sociales luchan por reformas o cambios estructurales. Pero tienen en contra un Estado, Gobierno y Gobiernos municipales cooptados o coaligados con las grandes empresas y estos coaligados con el pacto de corruptos guatemalteco.

A manera de conclusión, la paradoja de la “estabilidad excluyente”

Guatemala muestra estabilidad en marcos formales (democracia, crecimiento económico, áreas protegidas), pero esta no se traduce en equidad sustantiva, en el desarrollo económico social integro. La concentración de tierra y riqueza, el poder político y beneficios económicos perpetúa un modelo donde la estabilidad favorece a minorías, mientras comunidades indígenas, pequeños agricultores y mujeres rurales soportan costos ambientales y sociales enormes (a eso debe llamarse explotación). Transformar esta realidad requiere redistribuir poder decisional y recursos, fortaleciendo no solo instituciones, sino también autonomías comunitarias probadas en modelos como las concesiones forestales

Referencias bibliográficas

  1. Martínez Peláez, Severo. (1971). La patria del criollo: Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA).
  2. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). (2023). Informe de pobreza y desigualdad en Guatemala 2023. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala & Universidad de San Carlos de Guatemala. Recuperado de https://www.ine.gob.gt/estadisticas/condicionesdevida/ 
  3. Oxfam Internacional. (2024). Desigualdad extrema en Guatemala: Análisis de distribución de riqueza y políticas fiscales (Informe anual). Recuperado de https://www.oxfam.org/es/informes/desigualdad-en-guatemala 

[1] Para emplear el lenguaje geopolítico actual: se trata de lograr estabilidad mediante el uso estratégico de discursos o indicadores superficiales de bienestar, legitimando lo aparentemente estable para enmascarar un sistema que concentra poder y recursos el consecuente sistema de explotación.

[2] Martínez Peláez destaca que los mandamientos fueron instrumentos de dominación racial y clasista, esenciales para sostener un modelo basado en la expropiación de tierra indígena y la concentración del poder en una minoría. Así, evidencian la hipocresía del régimen colonial actual.

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