El tipo de “justicia” que hay en Guatemala

Autor: Jairo Alarcón Rodas

Donde hay poca justicia es un peligro tener razón.

Francisco de Quevedo

La diferencia entre una sociedad en crisis y una en desarrollo lo constituye la estabilidad en la que viven sus habitantes y el grado de certeza en la justicia. Sin duda todo comienza a partir del buen funcionamiento de la justicia, es decir, en la certeza de que estén plenamente garantizados los derechos y las obligaciones a cada individuo, que a cada quién se le dé lo que le corresponde y no exista impunidad ni privilegios para algunos. 

No obstante, lo preocupante es que la población de un país permanezca en silencio, al margen de lo que sucede, de lo que significa vivir en sociedad y de lo importante que es la justicia y el cumplimiento de las leyes, al menos para las personas que aspiren vivir, dentro de un Estado de Derecho, para el logro de su desarrollo y bienestar.

George Orwell decía: El verdadero peligro no es que nos controlen, sino que dejemos de notar que nos controlan y eso es lo que ocurre en Guatemala, en donde la mayor parte del país permanece al margen, indiferentes a lo que sucede, en gran parte, secuela de los años de terror, implantado durante el conflicto armado interno. Otros, por aparte, atentos a las hojas, no aciertan a ver el árbol, por lo que, para ellos, es más importante reivindicar consignas sectarias o individuales que luchar por la consolidación de un Estado de Derecho, en el que el marco jurídico, es decir las leyes, converjan con el ideal de justicia y dignidad para todos y sobre todo sean cumplidas.

Precisamente ayer, la ciudad se convirtió en un caos producto de las acciones perpetradas por personas, opuestas al seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros, descrito en el nuevo reglamento de tránsito, bloqueado calles y avenidas, impidiendo el paso de vehículos, creando desconcierto en la población. Llama la atención, que dichas personas acciona ante una medida de tránsito,  reglamentada por el ministerio de gobernación, paralizando la capital, pero no les importa en lo más mínimo, en manos de quién está la justicia en el país.

Si se supedita lo que es un régimen democrático a la alternancia en el poder y a la posibilidad de elegir por parte de sus habitantes, éste se puede corromper. Un marco legal no garantiza un régimen de justicia, prueba de ello es lo que ocurre en Guatemala, donde en la Corte de Constitucionalidad, máximo organismo de justicia en el país, fueron electos personajes que distan mucho de honorabilidad y, en consecuencia, jueces y magistrados de menor jerarquía muestran su corrupción a través de las persecuciones y sentencias, poniendo en crisis a toda la estructura jurídica del país.

Es más nefasto, todavía, cuando un ministerio público responde a los intereses de las mafias de un país. Así, es fácil entender que, en Guatemala, esa entidad pida 10 años de cárcel para unas personas cuyo delito fue el haberse robado “90 pacayas” y, por el contrario, desestimen cargos a funcionarios de cuello blanco, no les dé seguimiento a las denuncias en contra de expresidentes del país y, así, jueces corruptos dejan libres a personas que en países civilizados estarían cumpliendo condenas por sus delitos.

Ahora se destacan en los medios de comunicación, en las redes sociales, los casos de Kevin Malouf y Fernanda Bonilla, ambos acusados de crímenes de gran magnitud y a quienes los jueces han favorecido con cargos menores, visibilizando con ello la endeble situación de la justicia en Guatemala, en manos de quiénes está el orden público en el país.

Sin embargo, son pocos los medios que muestran el magro papel del ministerio público en los casos de funcionarios de administraciones pasadas, acusados de desfalcar las arcas del Estado de Guatemala por cientos de millones de quetzales, de expresidentes que hicieron del Estado la fuente para hacerse ricos.

Y así, en un país como Guatemala, en donde la justicia está en manos de delincuentes, jueces cambian los delitos a criminales confesos, dejan libres a otros por falta de mérito y, por el contrario, acosan, persiguen y hasta encarcelan a periodistas, ex fiscales de la FECI, a operadores de justicia, incluso a jueces cuyo delito fue hacer cumplir la ley en un país en donde eso resulta ser un crimen.

Al menos 86 jueces, fiscales, periodistas y ciudadanos son perseguidos en Guatemala, fue el titular de una nota de prensa en el 2022 publicado por el medio de comunicación OCOTE, Amnistía Internacional publicó en noviembre de 2023, Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala, por su parte Plaza Pública mostró, Exilio o cárcel: el 2022 fue el año en el que el Ministerio Público intensificó la persecución contra jueces, fiscales, periodistas y activistas. Todos titulares que muestran la actitud nefasta del actual ministerio público, en complicidad con jueces corruptos y de las más altas autoridades de justicia del país.

El informe Mundial 2025 sobre  la justicia en Guatemala  de Human Rights Watch señala: La falta de independencia judicial continúa siendo un problema crítico en Guatemala, que socava el Estado de derecho y pone en riesgo la protección de derechos humanos. Si a eso se le suma que la selección de jueces y magistrados continúa obedeciendo a los planes del crimen organizado de mantener el control de la justicia en el país y, consecuentemente, la selección realizada dista de ser la más idónea para la reconstrucción del poder judicial, las cosas seguirán en las mimas o quizás peor.

Como indicó a Plaza Pública el exiliado juez Juan Carlos Ruano: Quieren jueces serviles. El sistema corrupto que tiene el control del país a través de jueces y magistrados, de un ministerio público, se sirve de estos para continuar con sus privilegios e impunidad y a todos los jueces, fiscales, aquellos que los desafíen y pretendan actuar con honestidad, los criminalizan.

Lo lamentable de todo es que la población continúa al margen, no ve la importancia de lo que representa la justicia para la sociedad. Y lo que es peor, se acostumbran a tal situación, ven con normalidad el hecho de que el sistema de justicia en Guatemala sea una desgracia, pues, por una parte, consideran que ello no les va a afectar directamente y, por otra, es difícil luchar en contra de las mafias enquistadas en el Estado, más no imposible.

Sin embargo, es claro que cuando no hay justicia en un país, cuando prevalece la impunidad, este se convierte en tierra de nadie, mejor dicho, en tierra fértil para aquellos que, a través de acumular riqueza, se convierten en una élite privilegiada que compra voluntades y se hace de poder ilimitado para hacer lo que le viene en gana.

Desde hace mucho tiempo, el infundir terror, miedo, ha sido el arma de los tiranos, de los opresores y hoy, en pleno siglo XXI, Guatemala no es la excepción, ya que todos aquellos que no se alineen con los que manejan los hilos del país, a partir de la red de corrupción existente, son criminalizados, acusados espuriamente, perseguidos, enviados a prisión o desaparecidos. Acción que tiene dos efectos, el primero, eliminar a un enemigo directo y el segundo inhibir la participación de aquellos que no están conformes con lo que sucede en el país y puedan participar en un movimiento para el cambio. A pesar de ello, es de señalar que todo cambio trae consigo un riesgo y quien no arriesga no gana.

La responsabilidad de todo este caos recae esencialmente en la Corte de Constitucionalidad, quien es la encargada de resguardar el orden constitucional del país y crear un ambiente de certeza jurídica. Siendo su papel la protección del proceso democrático y de los derechos constitucionales de las personas, no obstante, si ella está integrada por siniestros personajes lejos de ser honorables, que responden a intereses sectarios, el resultado es lo que se está viviendo en el país, es decir, un caos jurisprudencial. Ya decía Francisco de Quevedo, menos mal hacen los delincuentes que un mal juez.

A pesar de ello, la no participación de los sectores populares, la sociedad en sí, en los asuntos políticos del Estado, la no vigilancia de sus autoridades, la apatía en la crisis jurídica que se vive en el país, convierte a la población en cómplice silenciosa de tal situación. No basta con que un país tenga buenas leyes, es necesario e imprescindible que existan, también, honorables jueces.