El Sector Privado Propone, pero ¿Responderá el Sindicalismo No cooptado?
Un Llamado a la Especificidad en la Reforma Laboral Guatemalteca
Luis Armando Ruiz Morales
En un contexto de informalidad laboral que supera el 70% de la fuerza de trabajo guatemalteca —y donde la pobreza extrema afecta a más de 2 millones de personas, según datos del INE—, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó el 6 de diciembre de 2025 una propuesta ante el presidente de la República. Titulada «Sector privado propone al Presidente impulsar una política salarial moderna, tripartita y basada en productividad», aboga por reducir la informalidad, vincular salarios a criterios técnicos y fomentar empleo formal plurianual. Estos planteamientos resuenan con la urgencia de dignificar el trabajo, pero, el autor advierte, al igual que el Instituto de Estudios del Trabajo (INET)[1] que se evocan ecos de negociaciones pasadas: enunciados amplios que ocultan dificultades para consensos reales, argumentos falaces sobre productividad y ajustes insuficientes que no cubren la canasta básica y no priorizan el verdadero desarrollo económico y social de la población guatemalteca.
Desde una perspectiva estrictamente social y laboral, el salario mínimo no constituye un mero instrumento económico negociable, sino un derecho humano fundamental que garantiza la reproducción digna de las familias trabajadoras y la estabilidad social del país, tal como lo plantea el Instituto de Estudios del Trabajo (INET). Para el autor de estas líneas, además, debe ser el pilar que permita el pleno desarrollo económico y social de la población, dotándola de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, reducir la pobreza laboral y, sobre todo, otorgarle la capacidad real de participar activamente —con autonomía y propuestas propias— en la construcción de un modelo de desarrollo nacional inclusivo y equitativo como lo pretenden organizaciones sociales y comunitarias.
Un salario mínimo insuficiente no solo condena a las familias trabajadoras a una precariedad permanente, sino que les arrebata la capacidad real de participar e incidir en las decisiones políticas y económicas que determinan su propio futuro.
Este rasgo, heredado de políticas laborales impulsadas por gobiernos y sectores empresariales desde 1954, revela una constante histórica: en lugar de fomentar el desarrollo pleno de las capacidades de la población, ha concentrado la riqueza en unas pocas élites, perpetuando desigualdades estructurales y limitando el progreso colectivo del país, cuyo resultado lo vemos en la reducción democrática de la patria.
Por tanto, debe rechazarse a la apología de la productividad global —que ignora desigualdades y el cierre de puestos formales a cambio de tiempos parciales—, por lo que exigir incrementos que al menos igualen la canasta básica mientras se planifica alcanzar la canasta básica vital para el pleno desarrollo de la población guatemalteca.
Unirse al llamado para a combatir violaciones laborales, fortalecer la sindicalización[2] y priorizar la organización de trabajadores para defender derechos colectivos está vigente. Para trascender la retórica, el CACIF debe detallar operativos y cronogramas, mientras el sindicalismo —libre de cooptaciones— y el Gobierno responden públicamente, incorporando a otros actores para el fortalecimiento del tripartismo genuino siempre que priorice al inicio la equidad social sobre competitividad unilateral. Guatemala sobre el interés particular.
La propuesta del CACIF se articula en tres ejes de profundo alcance laboral y social; sin embargo, su carácter excesivamente general invita a interrogantes que requieren respuestas técnicas, concretas y socialmente responsables sobre derechos, pobreza y empleo digno.
Lejos de resolverse en dos o tres sesiones de la Comisión Nacional del Salario (CNS), estas interrogantes deben constituir el punto de partida de un proceso amplio, participativo y de mediano plazo (mínimo 12–18 meses), que incluya:
- consultas regionales[3], foros multisectoriales, estudios técnicos independientes y espacios de deliberación vinculante con sindicatos, cooperativas, organizaciones de economía popular, academia crítica y sociedad civil.
Solo así se evitará que la discusión quede confinada a los mismos actores de siempre y se transforme en una verdadera construcción colectiva, con cronogramas claros, rendición de cuentas y resultados medibles[4] que beneficien a las mayorías trabajadoras del país.
Por tanto, el gobierno, el cacif y sindicatos deben acordar un incremento salarial mientras se determinan los incrementos que superarían las expectativas de desarrollo económico y social actuales.
1. Reducir la Informalidad y Ampliar la Seguridad Social: ¿Incentivos Reales o Captura de Recursos?
Aunque la discusión pública se ha centrado casi exclusivamente en el incremento del salario mínimo, la propuesta del CACIF de reducir la informalidad y ampliar la cobertura del IGSS debe tomarse con absoluta seriedad y urgencia.
Esta dimensión es, en realidad, el verdadero núcleo estructural del problema laboral guatemalteco: sin formalización masiva y digna, cualquier aumento salarial seguirá beneficiando solo a los trabajadores formales y perpetuando la pobreza laboral del 70 % restante.
Por ello, cualquier incentivo o mecanismo propuesto debe demostrar de manera inequívoca que su objetivo es fortalecer —y nunca erosionar— las prestaciones laborales básicas (salud integral, incapacidad, maternidad, jubilación), y no convertirse en un simple instrumento de captura fiscal o recaudatorio sin reciprocidad social real para los trabajadores y sus familias.
La formalidad no puede ser un fin recaudatorio del Estado o un ahorro temporal para las empresas: debe traducirse en derechos efectivos, protección inmediata y dignidad concreta para quienes hoy sobreviven excluidos del sistema.
2. Establecer una Política Salarial Basada en Productividad y Criterios Técnicos: ¿Derecho Humano o Ajuste Precario?
El segundo eje del CACIF vincula el salario mínimo a la productividad, pero el INET lo califica de falaz: desvincula el ingreso básico de las necesidades vitales y agrava la inseguridad alimentaria en hogares con pobreza extrema del 15 %. Por su parte, este autor considera que proponer salarios diferenciados solo profundiza la precarización, fuerza al pluriempleo sin protección social y fragmenta irreversiblemente a la clase trabajadora.
Por tanto, los sindicatos tienen la obligación de exigir un salario mínimo único, vital y universal que cubra íntegramente la canasta básica familiar y familiar (hoy vital), combata la evasión fiscal y coloque la dignidad humana por encima de cualquier indicador de rentabilidad empresarial. Solo así se impedirá perpetuar la pobreza laboral bajo un falso ropaje técnico.
Anteriormente se utilizaba el término Canasta Básica Familiar (CBF), pero hoy deliberadamente evitado en muchos espacios de negociación. Esta omisión no es casual: al eliminar la referencia explícita a la CBF se diluye la discusión y se reduce el salario mínimo a un simple número técnico, desconectado de las necesidades reales de alimentación, vivienda, salud, educación y transporte de una familia trabajadora. El resultado es predecible: se negocia “lo posible” en lugar de “lo necesario”, perpetuando la idea de que el trabajador debe conformarse con sobrevivir y no con vivir dignamente. Recuperar y actualizar públicamente la CBF como indicador obligatorio de la única forma de visibilizar la magnitud real del problema y obligar a que cualquier fijación salarial se mida contra la vida concreta de las mayorías, no contra las conveniencias de las minorías.
3. Construir una Política Plurianual que Brinde Certeza y Fomente la Creación de Empleo: ¿Compromisos Sociales o Vacíos Contractuales?
El tercer eje promete certeza normativa y empleo formal a largo plazo, pero lo que debe hacerse es: eliminar toda forma de precariedad contractual —contratos a tiempo parcial en el sector privado y 029 en el público— que fragmentan derechos, debilitan la base contributiva del IGSS y condenan a los trabajadores a inestabilidad permanente. Para ello no necesitan leyes, solo conciencia social. Crear empleo no puede significar legitimar la flexibilidad abusiva ni debilitar la sindicalización; debe traducirse en puestos estables, de jornada completa y con protección social plena, fortaleciendo la organización colectiva frente a violaciones laborales sistemáticas.
Por último, un llamado a los compañeros trabajadores a sindicalizarse y a dirigentes sindicales: es hora de romper definitivamente las cadenas de toda cooptación empresarial, gubernamental o partidaria que haya convertido a algunos sindicatos en meros apéndices de intereses ajenos a la clase trabajadora. El pueblo no necesita representantes que negocien en secreto ni que firmen acuerdos que solo benefician a elites; necesita líderes libres, transparentes y dispuestos a rendir cuentas públicas, que rechacen cualquier dádiva que silencie la voz de quienes madrugan en los buses repletos y regresan agotados a hogares donde no alcanza ni para la leche de sus hijos.
Elevemos el nivel profesional de nuestras propuestas hasta hacerlas irrebatibles: presenten estudios técnicos rigurosos y alternativas concretas que demuestren que un salario mínimo no debe limitarse a lo estrictamente “vital” para sobrevivir, sino que debe ser suficiente para desarrollar plenamente las capacidades humanas, educativas y productivas de la población y patria; que el empleo de jornada completa con derechos plenos y la seguridad social universal son perfectamente viables sin condenar al país a la miseria, sino todo lo contrario: son la única vía sostenible hacia un desarrollo nacional inclusivo y digno. Que otros países sientan nuestra presencia de honorabilidad.
Identifiquémonos sin complejos con la inmensa mayoría que sufre —con los padres que cuentan quetzales para la comida, con los jóvenes que emigran por falta de futuro, con las madres que combinan tres trabajos precarios— porque solo cuando nuestras demandas hablen el idioma de la calle, de los mercados y de las comunidades tendremos la legitimidad y la fuerza para defender no solo condiciones laborales, sino el destino de nuestros hijos y la dignidad de la patria.
¡Es tiempo de estar a la altura de Guatemala digna!
[1] En su comunicado del 10 de diciembre del presente año.
[2] Que es materia esencial para el ministerio de Trabajo y Previsión Social
[3] México, en los últimos siete años, ha acumulado una experiencia valiosa y comprobable en materia de política salarial y reducción de informalidad que Guatemala debería estudiar con toda humildad y rigor técnico.
[4] Deben revisarse urgentemente las pautas metodológicas del Instituto de Estadística.
