Desafíos que enfrentan los procesos de democratización de la ley y la gestión del agua
José Esteban Castro*
A nivel global, el deterioro de las fuentes de agua en sus diferentes formas y estados se ha agravado crecientemente en las últimas décadas y no hay razones para pensar que será controlado o, cuando menos, disminuido en el futuro inmediato. Las graves amenazas que esto presenta para la continuidad de la vida en el planeta quedan manifiestas en la situación que enfrenta el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo Sustentable” de las Naciones Unidas, que deberían cumplirse para el año 2030. Los informes más recientes indican que el Objetivo 6, cuyas metas están dedicadas al agua, no solamente no será cumplido, sino que además existe un elevado riesgo de que la situación de deterioro continue profundizándose.
Si limitamos el problema a los impactos sobre los seres humanos en particular, una de las implicaciones concretas es que la meta de universalizar el acceso al agua para consumo en condiciones seguras, adecuadas y asequibles, así como a la provisión de servicios de saneamiento adecuados, será una promesa nuevamente traicionada. En América Latina y el Caribe, los principales afectados de este fracaso continuarán siendo las comunidades indígenas, afroamericanas y otros sectores marginalizados de las sociedades de la región.
Políticas de las aguas y democratización.
Los recurrentes fracasos experimentados en décadas recientes por los proyectos internacionales formalmente orientados a resolver las “crisis del agua” han sido fundamentalmente resultado de la insistencia ciega e ideológica en la implementación de políticas centradas en proteger intereses de minorías empresariales y políticas en desmedro de los intereses de las grandes mayorías de la población y de las condiciones básicas para el sostenimiento de la vida más generalmente.
Esta ceguera ideológica se manifiesta, por ejemplo, en las políticas tecnocéntricas y mercantilistas que insisten en que la solución a esas “crisis” crónicas reside en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la negación del carácter del agua como bien común cuyo acceso es un derecho de todos los seres vivos, y en la reducción del agua a ser un recurso apropiable para el uso prioritario de la acumulación de riqueza por parte de sectores sociales que detentan el poder, antes que jerarquizar el diseño e implementación de políticas orientadas a la preservación de la vida.
Este tipo de posicionamiento, característico de gobiernos abiertamente negacionistas del deterioro de las condiciones de la vida en el planeta y defensores a ultranza de favorecer el enriquecimiento de grandes empresas, instituciones financieras y grupos de poder concentrados. Pero, lamentablemente, también es frecuentemente asumido, sea implícita o explícitamente, por gobiernos que nominalmente impulsan iniciativas orientadas a reducir las desigualdades e injusticias estructurales pero que, por diversas razones, particularmente la existencia de reglas de juego legal-institucionales y burocráticas, determinan los límites e imponen la dirección de las intervenciones que pueden implementarse. Con demasiada frecuencia esto resulta en la exclusión sistemática de las mayorías, particularmente los sectores marginalizados, de la participación efectiva en la toma e implementación de decisiones y del monitoreo y control de los resultados y consecuencias de dichas decisiones.
En realidad, la falacia de que las “crisis” del agua se deben a limitaciones tecnológicas, financieras o a la resiliencia de las culturas y prácticas milenarias que consideran al agua como un bien común, sagrado, o como un ser vivo y no como un mero recurso al servicio de la acumulación capitalista de riqueza, ha quedado expuesta sistemáticamente. Incluso ocasionalmente es reconocida hasta por quienes promueven esas visiones tecnocéntricas y mercantilistas, notoriamente cuando deben dar explicaciones de los fracasos recurrentes de dichas políticas durante las últimas décadas.
En ese sentido, a pesar de la imposición de proyectos de privatización de los servicios esenciales de agua y saneamiento en muchos países con el argumento de que esa sería la solución a las “crisis” de esos servicios, nos acercamos al año 2030 enfrentando un nuevo y potencialmente más grave fracaso al no lograr cumplir con las metas de ODS6. Este fracaso trasciende el caso específico de no lograr la meta de universalizar el acceso a esos servicios esenciales y abarca una complejidad de otras cuestiones, como los retrocesos en el compromiso de cumplir con el cuidado y preservación de las fuentes de agua, cuya situación continúa empeorando a nivel global.
El desafío más grave que confrontamos es el de avanzar y fortalecer los procesos de democratización de la política y la gestión de las aguas, los cuales deben estar fundados en los principios de la igualdad, la inclusión, la solidaridad y el cuidado de la vida en el planeta. Confrontar efectivamente ese desafío, requiere consolidar las luchas en marcha orientadas a defender los territorios, sus aguas y las condiciones de vida, sosteniendo y fortaleciendo alianzas comunitarias y público-comunitarias intra e internacionales. En este escenario, a estas alianzas les cabe cumplir un papel central a la educación y al conocimiento científico abiertos al diálogo de saberes y orientados a priorizar la resolución de los problemas transcendentales que afectan la continuidad de la vida en el planeta antes que estar al servicio de la acumulación sin límites de la riqueza planetaria por sectores crecientemente más concentrados.
*José Esteban Castro. Coordinador de la Red WATERLAT-GOBACIT (www.waterlat.org) Emeritus Professor por la Newcastle University de Reino Unido. Coordinador de la Red WATERLAT GOBACIT. Doctor en Política en la Universidad de Oxford, donde ocupó cargos como Investigador Principal en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente, Investigador Visitante en el Nuffield College. Fue profesor de Estudios del Desarrollo en la London School of Economics y en el University College London, Profesor Titular y Catedrático de Sociología en la Universidad de Newcastle. Investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.
