Colapso y disputa por la soberanía: Guatemala y la crisis de motines, ataques y Estado
Marco Fonseca
En resumen
La crisis de seguridad de este domingo 18 de enero de 2026 en Guatemala no es un episodio aislado de violencia criminal, sino un desafío directo a la soberanía estatal y a la capacidad de gobernar democráticamente. Los motines carcelarios, los ataques coordinados contra la PNC y la suspensión de la vida pública revelan una crisis estructural del Estado, donde actores criminales disputan poder real y obligan a respuestas de emergencia que tensionan derechos, instituciones y legitimidad política.
Tres puntos clave
1. La cárcel dejó de ser un espacio de encierro y se convirtió en un centro de mando.
Los motines coordinados y la violencia externa muestran que el sistema penitenciario no solo está colapsado, sino capturado en partes clave. Sin control efectivo adentro, el Estado paga el costo afuera.
2. La violencia pandillera ya no es solo criminal, sino que es política.
Cuando grupos armados fuerzan suspensiones de clases, militarización urbana y estados de excepción de facto, la violencia produce efectos de gobernanza. No busca solo lucro o intimidación, sino condicionar decisiones estatales.
3. La respuesta no puede reducirse a fuerza o coerción sin articulación democrática.
La contención inmediata puede ser necesaria, pero sin inteligencia, reforma institucional y política social territorial, la excepción se vuelve rutina. Sin una articulación democrática amplia, el miedo termina reorganizando la política en clave autoritaria.
El argumento
Este domingo 18 de enero de 2026 quedará marcado en la historia política reciente de Guatemala como un momento en que la violencia organizada desafió abiertamente la capacidad de gobernar del Estado y puso en evidencia la fragilidad del monopolio de la fuerza estatal. Lo que empezó como un motín carcelario simultáneo se transformó en una crisis de seguridad nacional, con ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC), suspensiones de servicios públicos, y reacciones diversas de instituciones estatales, sector privado y autoridades civiles.
El sábado 17 de enero se registraron motines simultáneos en tres prisiones del país: Renovación I (máxima seguridad, Escuintla), Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18 (Ciudad de Guatemala). Según el Ministerio de Gobernación, todos fueron coordinados desde adentro por la pandilla del Barrio 18, liderada por Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.
Las exigencias iban desde traslado a otro centro penitenciario hasta exigencias imposibles (aire acondicionado, cama tamaño “king”, comida “de restaurante”), revelando el grado de control interno y las dinámicas de privilegios que operan dentro del sistema penitenciario.
Lo más perturbador no fue el motín per se, sino que esta acción no fue aislada: evidenció sincronización operativa entre pandillas en distintos reclusorios, lo que llevó a expertos a advertir lo más obvio, es decir, otras posibles fugas masivas o nuevos episodios de violencia coordinada. No se necesita mucha preparación intelectual o política para predecir que todo eso, o peor, puede ocurrir.
El “salto” de lo interno a lo externo: ataques armados contra la PNC
Tras la intervención de fuerzas públicas para retomar el control, especialmente en Renovación I, se desencadenó una segunda fase de la crisis: ataques casi simultáneos contra agentes y sedes de la PNC en la ciudad de Guatemala y sus alrededores. En distintos puntos del país se reportaron enfrentamientos que dejaron al menos siete agentes muertos y diez heridos, además de decenas de capturas posteriores.
La violencia alcanzó tal intensidad que el Presidente Bernardo Arévalo calificó los hechos como “ataques terroristas” contra las fuerzas del Estado y ordenó patrullajes conjuntos del Ejército y la PNC en zonas urbanas clave. El país parece estar bajo asedio de las maras.
Este salto, de motín penitenciario a agresión callejera, demuestra que las pandillas ya no están confinadas a espacios aislados, sino que son actores capaces de desafiar al Estado fuera de los muros y condicionan la seguridad y movilidad urbana. También nos obligar a cuestionar qué tipos de apoyo gozan de otras fuerzas interesadas en zozobra y pavor.
El trasfondo estructural: inteligencia, fugas y un Estado en tensión
En una rueda de prensa, el Mingob reconoció que “no hay inteligencia suficiente” para anticipar o desarticular ataques contra la PNC en este contexto de crisis carcelaria, lo cual desnuda una falla estructural del sistema de seguridad guatemalteco incluso después de la inauguración reciente del nuevo ministro.
Esta advertencia pone en perspectiva un fenómeno anterior: en octubre de 2025, 20 jefes de pandillas del Barrio 18 se fugaron de Fraijanes II, generando una crisis que costó la renuncia de altos funcionarios de seguridad, incluyendo la del ministro Francisco Jiménez, y una acusación explícita de fallas en la cadena de mando penitenciario. Cuando las crisis de amplían de este modo, todos los rumores son posibles y casi necesarios. Pero también es el momento en el que son más problemáticos y funcionales a intereses igualmente oscuros a los de las maras.
Obvio que la fuga de octubre de 2025 no fue un hecho aislado, sino un síntoma de captura institucional, es decir, pandillas con redes internas de complicidad, acceso a armas, influencia sobre el personal y coherencia organizativa suficiente para operar dentro y fuera de las prisiones. Esta vulnerabilidad estructural volvió a expresarse este fin de semana en forma de violencia social abierta.
Respuesta institucional y estatal
Ante la crisis de este domingo, el Mingob y la PNC reafirmaron que no negociarán con pandillas o grupos ahora catalogados como “terroristas”. Se ordenaron operativos mixtos (policía + ejército) en puntos urbanos para contener la violencia y proteger infraestructura crítica.
Por su parte, las entidades empresariales dominantes respaldaron públicamente el accionar del Estado para garantizar la seguridad y llamaron a medidas firmes contra la violencia, lo que traduce el malestar de las zonas urbanas y comerciales ante la paralización de actividades. Obvio que una crisis de este tipo y escala tampoco es buena para el capital.
Desde el Estado, el MINEDUC también anunció la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, priorizando la seguridad de estudiantes y docentes. Y el IGSS activó protocolos de contingencia y suspendió visitas en hospitales por riesgo de violencia armada.
Este tipo de suspensiones del funcionamiento estatal expone cómo la violencia de pandillas tiene efectos de gobernanza que calan a lo más profundo de la vida cotidiana, lo que implica que todo esto no se trata solo de violencia física, sino de una reconfiguración temporal del orden público y la vida cotidiana.
Crisis de soberanía y monopolio de la fuerza estatal
El episodio de este domingo 18 de enero revela que el Estado, independientemente de quién esté en el poder ejecutivo, no tiene pleno control operativo sobre su monopolio de violencia legítima. La capacidad de las pandillas para coordinar motines y ataques exteriores muestra que el control territorial del Estado está seriamente debilitado en algunos espacios, lo que remite al siguiente argumento gramsciano: cuando “poderes paralelo–extraestatales” imponen costos altos a la sociedad, la hegemonía estatal misma está en crisis.
Si la política existe en principio para producir condiciones de vida dignas para la ciudadanía, en Guatemala, la violencia estructural cotidiana que incluye extorsión, control de territorios barriales, inseguridad, etc., ha erosionado esa base. La incapacidad del Estado para prever y responder a estos eventos vulnera el derecho social básico a la seguridad, el transporte y la educación. No importa cuánto reaccionen a las crisis después de los hechos.
La reacción más obvia, como imponer un estado de excepción, desplegar militarización, suspender derechos, etc., puede responder a la coyuntura inmediata, pero corre el riesgo de profundizar la captura de la política por un modelo de seguridad sin raíces sociales, reduciendo los espacios de deliberación democrática y reforzando un orden punitivo que no resuelve la raíz del problema.
Desde la teoría de la articulación democrática, una respuesta coherente, estructural y de largo plazo debe combinar el restablecimiento del control estatal bajo marcos de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en el sistema penitenciario (inteligencia, profesionalización, lucha contra la corrupción interna); la prevención social territorial integral, que atienda exclusión, desempleo y reclutamiento pandillero; así como políticas de largo plazo que desactiven las lógicas de violencia estructural, no solo con represión sino con reconstrucción de tejido social.
¿Una crisis de gobernabilidad o un síntoma más profundo?
La crisis de este domingo es más que una serie de motines y ataques “terroristas”. Consideramos que es una manifestación del desajuste entre la capacidad institucional y la organización criminal transnacionalizada dentro del país. Lo que está en juego no es solo seguridad, sino la sustancia misma de la estatalidad democrática. Esta estatalidad democrática ya no está bajo asedio solo por parte de los actores más oscuros, reaccionarios y corruptos que le han venido haciendo guerra jurídica al gobierno de Arévalo, así como a actores de justicia, medios y sociedad civil que demandan democracia. Ahora está también directamente bajo el asedio del crimen organizado. Entonces, ¿cómo garantizar el monopolio legítimo de la violencia sin ceder a pactos de facto con estructuras corruptas o criminales? ¿Cómo responder con eficacia sin obviar derechos y agencia ciudadana? ¿Cómo transformar un Estado debilitado en un ente articulador de justicia, seguridad y democracia?
Responder a estas preguntas exige una reforma profunda del sistema de seguridad, justicia y políticas sociales, no solo gestos momentáneos de fuerza o consenso empresarial. Y sólo a través de una articulación democrática sistémica que active sinergias sociales, institucionales y territoriales podrá Guatemala recuperar la soberanía política real sobre sus espacios y su futuro colectivo.
Fuente Blog #RefundaciónYa
