La CC como un suprapoder en tiempos de criminalización y un intento de golpe de Estado

Por Prensa Comunitaria

Todo comienza en la 11 avenida y 9a calle de la zona 1 capitalina. Cada semana diez magistrados; cinco titulares y cinco suplentes, deciden asuntos que impactan a la sociedad guatemalteca. Semanalmente se conocen 180 expedientes y al año 9,000, aproximadamente. Lo hacen desde la Corte de Constitucionalidad (CC), una institución que nació para interpretar y hacer respetar la Constitución, que con el paso de los años se ha convertido en un actor central del poder que todos quieren controlar. Sus resoluciones han definido el rumbo del Ejecutivo, han condicionado las decisiones del Congreso de la República y han influido en el funcionamiento del sistema de justicia.

Para entender su alcance es necesario regresar en el tiempo. Viajemos a 1986, cuando cobró vigencia la Constitución Política de la República y con ella nació la Corte de Constitucionalidad: creada para resguardar el orden constitucional y asegurar la supremacía frente a la historia de abusos de poder. Concebida como un tribunal independiente, aunque siempre bajo influencia del sector privado, su misión original fue defender la joven democracia, controlar la legalidad de las leyes y proteger los derechos fundamentales a través de herramientas como el amparo y las acciones de inconstitucionalidad.

Fue puesta a prueba en 1993, cuando la CC frenó las intenciones del entonces presidente Jorge Serrano Elías, que intentó disolver el Congreso, la propia Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, en un episodio que pasó a la historia como el “Serranazo”. Al declarar ilegales esas acciones, el tribunal hizo frente a una acción autoritaria y confirmó su peso como garante democrático.

Sin embargo, más allá de lo que quedó escrito en el papel y en ciertos momentos importantes, su sentido original se ha ido diluyendo con el paso de los años. En distintas magistraturas, ha sido escenario de decisiones que marcaron el país: permitió la participación política de un jefe de facto, José Efraín Ríos Montt, en 2003; anuló la sentencia que condenó al general por el delito de genocidio; y revirtió sentencias que ya parecían definitivas. Y cómo no mencionarlo, perdonó a un grupo de grandes empresarios globalizados del país al exonerarlos del caso de corrupción conocido como FCN-Nación, en el que incluso pidieron perdón públicamente. Así, caso tras caso, como si se tratara de algo cíclico, todos los caminos terminan llevando a la Corte de Constitucionalidad.

¿En dónde estamos?

La respuesta parece sencilla. Pero primero habría que partir de situar que la actual CC asumió funciones en un contexto de captura del Estado, específicamente en el gobierno de Alejandro Giammattei. Así durante cinco años, se fue consolidando como el poder que tiene la última palabra, en medio de una crisis democrática marcada por la cooptación de instituciones y la persecución de voces críticas. En este periodo, muchas de sus decisiones favorecieron a actores señalados de corrupción y se convirtieron en una instancia que opera sin contrapeso.

El alcance de su poder se proyectó sobre los tres poderes del Estado. Sus fallos han incidido en decisiones clave del Ejecutivo, avalaron o frenaron procesos legislativos de alto impacto político y tuvieron efectos directos en la integración y funcionamiento del Organismo Judicial (OJ) o el Ministerio Público (MP). Esta capacidad de intervención  la coloca en una posición de “suprapoder”, como lo dijo el magistrado suplente Rony López, en uno de sus votos razonados disidentes donde cuestionó las decisiones de sus colegas. 

En ese contexto, su gestión ha estado marcada por más sombras que luces y ha enfrentado uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país. Con resoluciones divididas y bajo intensa presión internacional, la CC ha emitido fallos que evitaron un golpe de Estado y resguardaron el voto ciudadano, aunque sin acciones contra quienes lo promovieron. 

Aún así el comportamiento de la mayoría de los actuales magistrados ha sido ambiguo en asuntos de trascendencia para el país. Por ejemplo, en julio de 2023, en lugar de garantizar la legalidad de los resultados de las elecciones generales, ordenó realizar un nuevo conteo de votos.

En este escenario, si bien ratificó los resultados electorales, no ordenó una investigación contra los fiscales que vulneraron la custodia de las cajas que contenían los votos de la ciudadanía; tampoco resolvió favorablemente las acciones para dar luz verde a las destitución de Fredy Orellana, el juez que intentó concretar un golpe de Estado en contra del actual gobierno. 

Tampoco brindó una respuesta a las acciones legales de docentes y estudiantes que se opusieron a la elección fraudulenta de Walter Mazariegos; al contrario, lo ratificó en el cargo. Además, no se ha pronunciado con un fallo concreto sobre la renovación del Consejo Superior Universitario y, pese a que ordenó la elección, no ha sido contundente frente al atraso en esa integración.

Para Jordán Rodas, el exprocurador de Derechos Humanos que vive en el exilio por su activa participación durante su gestión, los actuales magistrados titulares, con sus acciones, mostraron una institución con falta de independencia. “Fue una demostración clara de cómo no se es un organismo de justicia independiente, con un cordón umbilical muy fuerte con el gobierno de Alejandro Giammattei y con el sector privado”, afirmó.

Por su lado, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, señala que la actual CC refleja la corrupción y el desvío de la justicia, priorizando intereses individuales sobre el derecho. Además, advirtió que la justicia cooptada dificulta el desarrollo del país, ya que bloquea la llegada de jueces independientes y mantiene un sistema que favorece intereses personales y de grupos, convirtiéndose en una fuente de beneficios para quienes lo controlan. 

“Por eso es que estos personajes que integran esa corte se sienten con las condiciones para buscar la reelección, aun cuando el público en general los evalúa mal, los evalúa como jueces no independientes”, añadió. 

Radiografía de la Corte de Constitucionalidad

En medio de un proceso de renovación de la autoridad de la Corte de Constitucionalidad, por los pasillos ya se escuchan algunos nombres de magistrados que buscan mantenerse en el puesto. Ya conocen bien el edificio, los tiempos políticos y el sistema, y ahora buscan cómo mantenerse. Desde ya, el nuevo proceso de designación se mueve entre rumores, reuniones ocultas y pago de favores.

Entre esos nombres figura el Leyla Lemus, quien ha estado vinculada a la Universidad de San Carlos; Dina Ochoa, la apuesta que vuelve a sonar desde el Congreso de la República o en la Corte Suprema de Justicia; Héctor Hugo Pérez Aguilera, que buscaría su reelección en  la Corte Suprema de Justicia; y Nester Vásquez, en el Colegio de Abogados y Notarios. A ellos se suma Roberto Molina Barreto, el excandidato vicepresidencial del partido conservador de Zury Ríos, un viejo conocido que aparece en las conversaciones sobre continuidad desde el Congreso o la Corte Suprema de Justicia, aunque sin el mismo apoyo del último proceso.

Asimismo, también suena el nombre de los magistrados suplentes; Rony López, y sus posibilidades de ser electo por el Congreso. En un situación similar se encuentra Claudia Paniagua, aunque en su caso es fiel a la plataforma ASPA de Vásquez y con decenas de fallos controvertidos. 

El exjuez penal Carlos Ruano considera que la reelección para quien ha hecho un trabajo admirable es más que merecida, pero no para magistrados como los titulares de la actual CC, que se han destacado por “favorecer la corrupción e intereses políticos”, y no de defender con sus resoluciones la Constitución, la reelección sería como una bofetada al pueblo de Guatemala que exige justicia.

“La evaluación de su gestión es pésima, porque han sido una corte política y no jurídica, no han protegido derechos, sino que han convalidado graves violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en una pieza clave de la cooptación de la justicia en Guatemala originada por los gobiernos de Morales-Giammattei”, dijo.

Magistraturas titulares: 

Leyla Lemus, presidenta y representante del Ejecutivo 

Durante años fue una figura de bajo perfil en la administración pública, hasta que en 2020 saltó a la primera línea del poder gubernamental al asumir como secretaria general de la Presidencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ese nombramiento y posteriormente el de magistrada, no sólo respondió a la confianza del entonces mandatario, sino también al respaldo de Miguel Martínez, su principal operador político y mano derecha. 

Ese ascenso, sin embargo, estuvo acompañado de señalamientos. En ese mismo año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo de Juan Francisco Sandoval, investigaba una presunta conspiración para remover al entonces presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, y Lemus figuraba entre las personas sospechosas. Una vinculación que no estaba aislada, ella habría sido la abogada de la farmacéutica NIPRO, según una nota del diario La Hora. 

Como magistrada, ha mostrado matices en su actuación. En algunos casos puntuales se ha apartado de resoluciones que favorecieron a personas señaladas de corrupción o a redes de poder. Sin embargo, en la mayoría de decisiones relevantes para el país ha coincidido con la postura de la mayoría de sus colegas, integrándose al bloque que ha definido el rumbo de la cuestionada Corte de Constitucionalidad.

También trabajó en la Contraloría General de Cuentas, institución en la que se desempeñó durante cuatro años como directora de Asuntos Jurídicos. Durante la gestión de Nora Segura, Lemus asumió un rol clave en los procesos internos. Ella veía denuncias, informes de cargos y solicitudes de reintegro de recursos financieros, sobre los cuales emitía opinión para determinar su procedencia.

Pero, antes que llegara a la Contraloría, ocupó el cargo de directora administrativa y financiera de Fonapaz, cuando esa extinta institución era dirigida por el ahora diputado Jairo Flores, del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). Agrupación que ha obtenido fallos favorables, como evitar que él y otros diputados sean apartados de la agrupación, en una disputa con una legisladora. 

Lemus ha estado a favor de mantener a Mazariegos al frente de la USAC, lo que podría influir en su reelección en la Corte de Constitucionalidad por medio del voto de la universidad pública.

1. Héctor Hugo Pérez Aguilera 

Representante de la USAC

La llegada de Héctor Hugo Pérez Aguilera a la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad estuvo rodeada de cuestionamientos desde el inicio. Su elección no solo contó con el respaldo de la Universidad de San Carlos, también del entonces presidente Alejandro Giammattei y  fue posible por una serie de resoluciones de la misma CC que dejaron sin efecto la reelección de la exmagistrada Gloria Porras, quien había sido reelecta nuevamente pero no pudo asumir el cargo. 

Ha sido un magistrado que ha buscado mantenerse dentro de las altas cortes mediante la reelección. Antes de encontrar una oportunidad en la Universidad de San Carlos, su principal apuesta en la última elección fue integrar la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esa posibilidad se frustró a última hora y el cargo terminó en manos de su colega Roberto Molina Barreto. Ambos comparten un antecedente decisivo en su trayectoria judicial: haber anulado la condena por genocidio contra el expresidente de facto el general José Efraín Ríos Montt. Una decisión que tomaron de manera conjunta con el exmagistrado y expresidente Alejandro Maldonado. 

A ese recorrido profesional, se suma un elemento familiar que también ha generado señalamientos. Su hija, Olga María Pérez Tuna, ha desarrollado carrera diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde obtuvo ascensos y fue designada como embajadora de Guatemala en Italia, durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Antes ocupó el cargo de ministra consejera en Gran Bretaña y luego en Italia. 

Pérez Aguilera, aunque públicamente dijo que no está seguro de buscar su reelección, su plataforma gremial estaría buscando posicionarlo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde ahora sí esperaría recibir apoyo, más aún cuando hizo alianza con actores como Roberto López Villatoro “Rey del tenis” y Estuardo Gálvez, con incidencia en esa corte del país. 

2. Nester Vásquez

Representante del CANG 

Se ha convertido en el rostro más visible y también más cuestionado de la actual Corte de Constitucionalidad. Su gestión como magistrado ha estado marcada por señalamientos sobre su financiamiento y su respaldo a la agrupación gremial Asociación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) que, con los años, ha logrado posicionar a personas afines en distintos espacios del poder judicial. 

Su paso previo por la Corte Suprema de Justicia lo colocó en el centro de señalamientos nacionales e internacionales, al punto de ser sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, que lo incluyó en su lista de actores corruptos y antidemocráticos. El Ministerio Público también lo señaló de haber participado en la manipulación del proceso de elección de Cortes en 2020, un caso que derivó en una solicitud de antejuicio en su contra; sin embargo, el proceso no avanzó y nunca fue investigado. 

En la Corte Suprema de Justicia ya mostraba una línea dura en decisiones altamente cuestionadas. Uno de los episodios que mejor muestra aspectos de su perfil ocurrió en 2023, cuando fue el único magistrado que se opuso a reconocer oficialmente la victoria electoral de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Ahora se perfila para buscar su reelección. 

Vásquez es otro de los magistrados que busca su reelección, nuevamente en representación del CANG. A través de la agrupación ASPA ha impulsado y financiado viajes y eventos masivos, una estrategia con la que intenta atraer el voto de su gremio y mantenerse en el cargo dentro de la Corte Constitucional. 

Nuevamente le apuesta al CANG, donde volverá a enfrentar a Estuardo Gálvez, aunque ahora en otras condiciones, con mejores reglas de juego y otros contrincantes que le harían una reelección difícil.

3. Roberto Molina Barreto 

Representante de la Corte Suprema de Justicia 

En 2021 tuvo el respaldo de la Corte Suprema de Justicia. Es una de las figuras más longevas que ha logrado mantenerse dentro de la Corte de Constitucionalidad. Ha logrado reelegirse y mantenerse como un actor clave en distintas integraciones de la CC. 

En su hoja de vida figura la anulación de la sentencia por genocidio y la liberación de cargos al militar José Efraín Ríos Montt. Con los años, su parcialidad quedó en evidencia al aparecer públicamente junto a la hija del exgobernante de facto, como candidato vicepresidencial en 2018. 

No es casualidad que haya ocupado el cargo en tres ocasiones, su cercanía con grupos militares y sector privado lo posicionan  como uno de los favoritos a volver, aunque ahora designado por el Congreso de la República o nuevamente en la Corte Suprema de Justicia. 

Molina ha sido clave en decisiones del Congreso, como la de revertir la elección de Samuel Pérez como presidente del Legislativo, así como en otras relacionadas con el caso Semilla.

4. Dina Ochoa

Representante del Congreso de la República 

Dina Ochoa es una magistrada que ha mantenido una posición conservadora y una cercanía con grupos políticos conservadores del país. Su postura dentro de la Corte de Constitucionalidad se ha caracterizado por alinearse con redes señaladas de corrupción. Llegó por primera vez con el apoyo del expresidente Jimmy Morales. 

En la última elección de la CC, Ochoa, evangélica neopentecostal presentada como profeta en actividades religiosas, obtuvo el respaldo del Congreso de la República, un apoyo que reflejó esas afinidades y que le permitió consolidarse como magistrada titular y respaldada por figuras como la fiscal general Consuelo Porras o el expresidente Alejandro Giammattei. 

En su primer periodo  respaldó la expulsión de la CICIG e Iván Velásquez. Y ahora, junto a otros magistrados titulares, Dina Ochoa ha encabezado resoluciones que han anulado o frenado decisiones del gobierno de Bernardo Arévalo y del propio Congreso.

Por tercera vez buscaría reelegirse, su intención sería en el Congreso o la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque algunas personas de su entorno ven difícil su reelección.  Ochoa, Pérez Aguilera y Molina Barreto, se disputarían el espacio en la Corte de Constitucionalidad por medio de la Corte Suprema de Justicia, los tres con un alto desgaste, pero con “apoyos por cobrar” dentro del sistema de justicia. 

Magistrados suplentes:

1. Juan José Samayoa Villatoro

Representante del Ejecutivo 

Llegó a la Corte de Constitucionalidad como magistrado suplente electo por el entonces presidente Alejandro Giammattei. A diferencia de otros integrantes del tribunal, ha mantenido un perfil más bajo y una presencia pública discreta, aunque su actuación dentro de la Corte ha ido en la misma línea de sus colegas.

Pese a ese bajo perfil, se ha alineado de forma consistente con el bloque dominante de la CC. Su cercanía con sectores del empresariado lo ubica dentro de un perfil conservador, afín a las posiciones que han prevalecido en las decisiones más controvertidas.

Entre los episodios que definen su actuación destacan su respaldo a la fiscal general Consuelo Porras y su apoyo a resoluciones que han generado fuertes críticas, como el fallo que mantuvo en prisión al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo. 

2. Luis Rosales 

Representante del Congreso de la República 

Es abogado penalista, con sanción internacional de Estados Unidos, tiene  una trayectoria marcada por su cercanía con sectores conservadores. Es conocido por haber sido defensor de José Efraín Ríos Montt y por su incursión en la política al llegar al Congreso de la República por el partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) liderado por Zury Ríos, hija del fallecido militar.

Desde esos espacios, Rosales ha mantenido una línea de  defensa de intereses vinculados a sectores tradicionales del país. Su perfil combina el ejercicio del derecho penal con la actividad política, lo que le ha permitido posicionarse como un actor visible dentro de los círculos conservadores que han influido en decisiones clave del Estado.

En uno de los fallos más controvertidos, emitió un voto disidente en el que se pronunció a favor de la pretensión de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, para perseguir penalmente a periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico. Aunque la mayoría del tribunal rechazó esa solicitud, el voto de Rosales evidenció su posición con una visión que respalda la criminalización del ejercicio periodístico.

3. Rony López 

Representante de la USAC 

Se ha convertido en uno de los magistrados más visibles de la actual Corte de Constitucionalidad desde que fue electo. Su figura cobró notoriedad por haber sido secretario general del Ministerio Público durante los primeros dos años de la gestión de Consuelo Porras, un antecedente que marcó su llegada al tribunal. 

Desde la magistratura, ha sido el único que de manera constante emite votos disidentes y cuestiona las decisiones adoptadas por la mayoría de sus colegas. Votó a favor de la remoción de Consuelo Porras, se pronunció en contra de la suspensión y cancelación del partido Movimiento Semilla, cuestionó la exclusión de candidatos durante el proceso electoral de 2023 así como el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora. Y ha advertido sobre los excesos del tribunal en resoluciones de alto impacto político.

En uno de sus votos razonados, López llegó a calificar a la Corte de Constitucionalidad como un “suprapoder”, al advertir la ausencia de límites de su actuación. “La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en ese supremo poder que nadie quisiera tener en su contra. En última instancia define todo lo relacionado a la justicia, lo jurídico y lo político, a pesar de no constituir un poder del Estado y no contar con un freno y contrapeso de sus actos, ni mucho menos sus integrantes haber sido elegidos popularmente. De allí la importancia de autolimitarse en su actuación, de conformidad al artículo 141 de la Constitución”, expresó el propio togado.

Además, fue quien denunció penalmente al secretario de Porras en el MP, Ángel Pineda, a quien señaló de manejar la cuenta anónima “Yes Máster”. 

Al magistrado suplente se le ve con oportunidad para que asuma la titularidad por el Congreso de la República.

4. Claudia Paniagua 

Representante del CANG 

Una abogada penalista que durante años fue vista en la Torre de Tribunales defendiendo a personas señaladas en casos de corrupción. Ese perfil marcó su trayectoria antes de dar el salto a la Corte de Constitucionalidad, a la que llegó, en 2021, como magistrada suplente en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Su elección estuvo vinculada a una alianza política y gremial con el magistrado Nester Vásquez, quien jugó un papel clave en su llegada a la CC. Desde entonces, Paniagua se ha integrado sin fisuras al bloque mayoritario del tribunal, alineándose de forma consistente con al menos ocho de los magistrados que han votado en un mismo sentido en las resoluciones más controvertidas.

Esa posición se reflejó, entre otros casos, cuando respaldó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en la solicitud para reactivar el proceso penal contra periodistas y columnistas de elPeriódico. En la actualidad enfrenta una sanción del gobierno de Estados Unidos. Al igual que sus otros colegas buscaría reelegirse por el Congreso de la República. 

Paniagua ha sido una de las magistradas que más ha respaldado decisiones a favor de grupos políticos tradicionales, lo que podría sumarle algún apoyo; aunque, en esta ocasión, su única oportunidad estaría en el Congreso de la República.

5. Walter Paulino Jiménez Texaj

Representante de la CSJ 

Es otro de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad con sanción internacional que ha mantenido un perfil bajo y una presencia pública discreta. Su nombre, sin embargo, no ha pasado inadvertido por su vínculo familiar: es hermano del juez Juan José Jiménez Texaj, conocido por cerrar procesos de corrupción desde el Juzgado de Mayor Riesgo “D”. 

Dentro de la CC, Jiménez Texaj se ha alineado con la mayoría de sus colegas en las decisiones más relevantes. Como el caso de Bantrab, cuando protegió provisionalmente a personas cercanas a Miguel Martínez para que no dejaran la dirección del banco. 

Esa postura también se ha reflejado en resoluciones que han generado fuertes críticas, entre ellas fallos adversos al periodista Jos Rubén Zamora, quien continúa en prisión. 

Las resoluciones más polémicas de la CC (Línea del tiempo)

1. Ordena incluir en la lista de candidatos al MP a Consuelo Porras

En abril de 2022, otorgó un amparo provisional y ordenó a la Comisión de Postulación concluir la nómina de seis candidatos a fiscal general respetando criterios meritocráticos y la línea de corte de 75 puntos aprobada previamente. En ese proceso, solo Consuelo Porras y Néctor Guilebaldo De León superaron el puntaje mínimo. Esa decisión favoreció a Porras, quien tras desacuerdos dentro de la comisión fue finalmente incluida en la nómina, lo que le permitió integrar el listado final y ser reelecta por el presidente Alejandro Giammattei. 

2. Ordena repetir la elección de Junta Directiva en el Congreso

En enero de 2024, otorgó un amparo provisional que suspendió la integración de la Junta Directiva del Congreso y ordenó reconducir el proceso de elección, tras una acción que cuestionó la designación de Samuel Pérez como presidente del Legislativo. La resolución se sustentó en el argumento de que los diputados del Movimiento Semilla actuaban como independientes, lo que, según los accionantes, hacía ilegal su participación en la conformación de la directiva. 

3. Rechaza suspender artículo utilizado para suspender al partido Semilla

En febrero de 2024, rechazó de forma definitiva la inconstitucionalidad contra el artículo 82 de la Ley contra el Crimen Organizado, utilizado por el juez Fredy Orellana para suspender la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. La resolución fue respaldada por seis de los siete magistrados que integraron el pleno. El único voto en contra fue el del magistrado suplente Rony López.

4. Frena intento de destituir a la fiscal Consuelo Porras

En mayo de 2024, otorgó un amparo provisional a la fiscal general, Consuelo Porras, con el que frenó cualquier intento de destituirla del Ministerio Público, sin reforma legal. La protección provisional a favor de Porras fue por mayoría, Néster Vásquez, Dina Ochoa, Juan José Samayoa y Roberto Molina Barreto la respaldaron. El único que votó en contra fue el magistrado Rony López.

5. Rechaza amparo a favor del partido Semilla

El 19 de febrero de 2025, rechazó el amparo promovido por un congresista contra la orden del juez Fredy Orellana de cancelar al partido Movimiento Semilla, al considerar que el legislador tenía legitimidad para accionar, pues la representación legal del partido correspondía a su secretario general. La sentencia fue firmada por Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Vásquez y Leyla Lemus.

6. Confirma libertad condicional de acusados en el caso Diario Militar

El 17 de diciembre de 2024, con cuatro votos a favor y tres en contra, aceptó una apelación y permitió que Jacobo Esdras Salán Sánchez y Malfred Orlando Pérez Lorenzo continuaran en libertad condicional mientras enfrentan proceso por el caso Diario Militar, pese a que los delitos imputados no tienen medida sustitutiva. La resolución fue respaldada por los magistrados Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Luis Rosales, mientras que Leyla Lemus, Juan José Samayoa y Rony López votaron en contra. 

7. Confirma prisión para Stuardo Campo

El 11 de mayo de 2025, rechazó la apelación del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y confirmó la decisión del Juzgado Décimo Penal que ordenó su encarcelamiento por supuestos delitos de abuso de autoridad y denegación de justicia, en un segundo caso de criminalización en su contra. La resolución fue firmada por las magistradas Dina Ochoa, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Juan José Samayoa.

8. Deja sin efecto amparo a favor del periodista Jose Rubén Zamora

El 1 de septiembre de 2025, el pleno resolvió, por mayoría, dejar sin efecto el amparo provisional que la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia había otorgado a favor del periodista Jose Rubén Zamora. Aunque ese amparo no ordenaba su liberación, sí permitía que el expediente regresara a la Sala Tercera de Apelaciones para que analizara nuevamente un recurso contra la anulación de las medidas sustitutivas. El fallo fue respaldado por las magistradas y magistrados Dina Ochoa, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Juan José Jiménez, Claudia Paniagua y Luis Rosales. Rony López emitió un voto razonado disidente. 

9. Ordena al CIV retomar construcción del paso a desnivel en la avenida Petapa

El 10 de septiembre de 2025, el pleno resolvió que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) retomará la construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa, suspendido previamente. La construcción fue adjudicada a la empresa CEBCO, propiedad de Mario Alejandro Ceballos Sosa, por un monto inicial de Q82 millones 568 mil 852.57 en junio del 2022. Posteriormente, se ajustó el valor de la obra, en Q99 millones 064 mil 162.32.

10. Frena obligación de revelar datos de socios y accionistas de empresas

El 18 de diciembre de 2025, declaró con lugar acciones de inconstitucionalidad parcial contra reformas al artículo 120 del Código Tributario, aprobadas mediante el Decreto 31-2024. La resolución dejó sin efecto disposiciones que obligaban a revelar datos de socios o accionistas, que permitían a la SAT requerir información sin límites y exigían el uso del NIT en actos donde no existía obligación tributaria.

11. Suspende el decreto de Presupuesto General para 2026

El 30 de diciembre de 2025, otorgó un amparo provisional contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, lo que impidió su entrada en vigencia el 1 de enero. La protección constitucional fue avalada por Leyla Lemus, Néster Vásquez, Dina Ochoa y Héctor Hugo Pérez Aguilera, mientras que Roberto Molina Barreto votó en contra.

12. Ordena al presidente a retomar construcción del Puente Belice

El 26 de enero de este año, ordenó al presidente Bernardo Arévalo retomar la construcción del Puente Belice 2, al constatar que el Ejecutivo no cumplió un fallo emitido en mayo de 2025. Debido al retraso de ocho meses, se instruyó presentar informes quincenales sobre el avance del proyecto. La obra, suspendida por el CIV desde el gobierno de Alejandro Giammattei y con un costo estimado de Q1 mil 785 millones, ha enfrentado obstáculos legales y dudas sobre el proyecto. 

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