El Ministerio Público en ofensiva frente a la parálisis de Arévalo

Mario Rodríguez

Sin perder un minuto y con la certeza de quien maneja los hilos del poder, la fiscal general, Consuelo Porras, desplegó a sus fiscales en el propio Ministerio de Gobernación. El objetivo, allanar las instalaciones y ejecutar varias órdenes de aprehensión contra el director del sistema penitenciario y exviceministros del ramo. La jugada, audaz y mediática, forma parte de una estrategia descarnada para desestabilizar y derrocar al gobierno de Bernardo Arévalo.

Previamente, el Ejecutivo había nombrado a un ex juez de reputación intachable para el Ministerio de Gobernación, una medida recibida con esperanza por una ciudadanía ávida de figuras respetables. La valentía de aceptar un cargo en estas circunstancias es, en sí misma, un mensaje. Sin embargo, cada acción del gobierno, ya sea administrativa o ejecutiva, es contestada por el Ministerio Público con una contraofensiva cada vez más virulenta y espectacular, buscando suplantar la autoridad de un Ejecutivo al que acusan de izquierda. Es su llamada batalla cultural, para tapar su inacción frente a los corruptos que protege.

Estas reacciones del MP no son, como arguyen algunos diputados de Semilla, síntoma de desesperación de la fiscal. Si lo creen así, ellos mismos se engañan o simplemente tratan de engañar a la gente para esconder su poca capacidad de reacción.

Por el contrario, las acciones políticas judiciales que emprende el MP son actos de prepotencia, impunidad y alevosía. Están actuando con un poder del que carecen en lo legal y constitucional, pero que le ha sido concedido por la inacción y la «prudencia» del presidente Arévalo. Esta pasividad les ha dado alas, permitiéndoles operar con una determinación creciente.

La fuga de reos de la cárcel de Fraijanes, todos vinculados a la pandilla Barrio 18, entidad criminal con vínculos políticos conocidos en el medio local y declarada por Estados Unidos como organización terrorista, fue un operativo impecable, propio del crimen organizado.

Por eso mismo, Bernardo Arévalo está llamado a investigar, denunciar y evidenciar esos vínculos, para demostrar qué tipo de personajes están involucrados. Invitar al FBI es una acción válida, siempre y cuando se diga abiertamente que se hace porque no se confía en la investigación que realiza el propio ministerio, mucho menos la que realiza la fiscalía al mando de Consuelo Porras. Y según las evidencias, esas alianza de facto entre el pacto de corruptos y el crimen organizado, sería el objetivo principal de un ente externo. De lo contrario sería más de lo mismo.

El plan pudo ser ejecutado, controlado y mediáticamente orquestado por la élite del pacto corrupto, según apuntan las evidencias y así lo demuestran muchos indicios que el propio ministro Jiménez mencionó. Veamos los días previos. Incremento de la violencia, acciones legales para evitar traslados de presos a distintas cárceles, presión por parte de instancias gubernamentales como el Procurador de Derechos Humanos para revertir los traslados e investigaciones de la fiscalía, que hacen pensar que los reos, que salieron por la puerta principal, contaban con toda la logística interna y externa para poder evadir cualquier obstáculo. Eso da pauta a pensar que existe gente del propio Ejecutivo, jueces, fiscales y partidos políticos involucrados. Hay que recordar que por esos días, Arévalo andaba de viaje en Bruselas solicitando la creación de una comisión para garantizar el traspaso del Ministerio Público.

Frente a esto, la respuesta del Ejecutivo fue tibia y reactiva. La de la Fiscalía, en cambio, fue contundente. Se apresuró a tapar las grietas en el relato oficial, consciente de que existen dos versiones en pugna: la del viceministro de Seguridad, Óscar Portillo, y la del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que incluye también la postura de la jefa de Antinarcóticos, Claudia Palencia.

Esta crisis era la oportunidad perfecta para que el presidente Arévalo cerrara filas con su equipo de seguridad, incluyendo al Ejército y los organismos de inteligencia, e iniciara el proceso constitucional para destituir a la fiscal general. En su lugar, optó por la claudicación. Implementó medidas paliativas, creyendo que congraciarse con una oposición que desprecia las reglas del juego y el «orden democrático institucional» las cosas se calmarían.

Jiménez pudo ser un buen ministro, pero en la batalla frontal contra las fuerzas golpistas, resultó ser un eslabón débil. Su salida ha dejado a Arévalo con menos opciones, forzándolo a aferrarse a su última tabla de salvación para completar su mandato, el poder de Estados Unidos. Sin embargo, Washington mantiene sus opciones abiertas y en el momento que sus intereses así lo determinen, podría decantarse por el bando que más concesiones le ofrezca o sea el más entreguista.

La fuga de Fraijanes fue la demostración cúspide de la corrupción que carcome el Estado guatemalteco. Puso en evidencia la existencia de poderes fácticos que ya no operan en las sombras, sino con total desfachatez, protegidos por una Fiscalía que ha dejado de ser un ente investigador para convertirse en un Ejecutivo de facto. Este poder espurio decide qué puede hacer el gobierno, quién puede delinquir con impunidad y quién, por oponerse al sistema de cooptación, se convierte en un perseguido político.

Mientras tanto, Arévalo ha alejado a la base social que lo llevó al poder. Fragmentó sus ya escasos apoyos y, en su afán de conciliar lo irreconciliable, pactó con un sector del empresariado, privilegiando sus intereses sobre las demandas populares. Parece ignorar—o no querer ver—que ese mismo sector sigue odiando todo lo que él representa y hará todo lo posible por destronarlo.

De esto sabe mucho el Ministerio Público. Su secretaría general alberga al principal operador político de ese sector privado, quien, al final del día, como gusta decir a los tecnócratas, es quien realmente dirige la política institucional de la entidad. Es él quien determina los pasos a seguir para perpetuar la cooptación del sistema.

Estados Unidos puede obtener más concesiones de un Arévalo debilitado y doblegado por los clanes corruptos que juró desterrar, que de uno fuerte y empoderado. De ahí su interés en preservar una «institucionalidad» democrática de fachada. Por eso insiste en preservar una “democracia” que ya no existe, salvo como fachada para legitimar la impunidad.

El gobierno se enfrenta a un vendaval de acciones que provienen desde el sector justicia ya no para evitar que gobierne, pues desde que falló en la destitución de la fiscal, se comprobó que no tendría ni la fuerza suficiente ni el ánimo necesario para la confrontación. Pero con está inacción si discurso contra la corrupción quedo atrapado por la misma corrupción, sin asumir que, desde la independencia y más con el desarrollo de la guerra interna, el crimen y la impunidad es y ha sido el único fin del Estado contrainsurgente neoliberal que prevalece en Guatemala.

Ahora, el sector que no cuenta con fuerza policial, ni ejércitos, ni mecanismos de coerción estatal, ha sabido explotar la incapacidad de los cuadros políticos de Semilla y la parálisis de un presidente cada vez más impotente para reaccionar con fuerza a la ofensiva brutal del crimen organizado contra su mandato. Los llamados Brayans, definidos por Font como arribistas y oportunistas, pero que se manifiestan dentro de la institucionalidad estatal como gremio de abogados con aspiraciones a oligarcas, están destruyendo a un gobierno de tecnócrata inútil.