La fuga que ya estaba predicha
Marco Fonseca
La escena del crimen político
La fuga de veinte reos del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, confirmada por las autoridades el domingo 12 de octubre, no fue una sorpresa. Fue tanto una historia predicha como una revelación conclusiva.
Reveló lo que muchos ya sabían e incluso habían predicho: que, a solo meses de llegar a dos años de un gobierno que se presentaba como el abanderado de la “descaptura institucional”, el pantano sigue ahí, más denso y putrefacto que nunca. Y lo más grave: lo que se escapó no fueron solo presos, sino el relato mismo de la “lucha contra la corrupción” que el presidente Bernardo Arévalo había convertido en su carta de identidad moral y política.
Según reportes de prensa, nueve de los veinte fugados forman parte de la “Rueda del Barrio 18”, es decir, la dirección nacional de la pandilla, su cúpula operativa. No se trata, pues, de un descuido. Fue una fuga con inteligencia, recursos y complicidades. El propio conteo penitenciario realizado tres días antes del escape no registró faltantes: una evidencia de manipulación o colusión interna Los presos no se evaporaron. Salieron de uno en uno, o en parejas, en diferentes momentos. Y si lo hicieron sin disparos, sin sirenas y sin alarma, fue porque contaban con colaboradores dentro del sistema penitenciario.
Lo que se escapó de Fraijanes no fueron veinte hombres. Fue el mito del control estatal.
Crisis en Gobernación: la casa dividida
Para el 15 de octubre, días después de la fuga, el escándalo se tragó al ministro Francisco Jiménez y a sus dos viceministros: José Portillo (Seguridad) y Claudia Palencia (Antinarcóticos). Los tres renunciaron, aunque con relatos contradictorios. Jiménez aseguraba apenas dos días antes que no pensaba dimitir. Portillo, en cambio, denunció corrupción dentro del propio Ministerio de Gobernación, apuntando directamente a Palencia por tener “el control de Presidios” y denunciar cobros ilegales y contrataciones espurias. eP Investiga documentó incluso que, tras presentar sus denuncias ante el MP, una patrulla policial lo siguió, señal de un Ministerio dividido y sin autoridad central.
El silencio de Gobernación fue ensordecedor. Mientras Portillo exponía el caso a los medios, la cartera no emitió comunicado alguno. Y cuando finalmente lo hizo el presidente, la crisis ya era total: tres renuncias, acusaciones cruzadas, una fuga masiva, y la percepción de colapso administrativo. El gobierno intentó controlar el daño con un paquete de medidas de emergencia.
Las cinco medidas: el espejismo del control
El presidente Arévalo compareció finalmente el 15 de octubre, y su anuncio fue rápido, casi ritual. Prometió cinco medidas:
1. Aceptar las renuncias de la cúpula de Gobernación.
2. Construir una cárcel de máxima seguridad con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
3. Realizar un censo penitenciario con biometría para verificar identidad y presencia.
4. Crear una fuerza de tarea anticorrupción dentro del sistema penitenciario y la PNC.
5. Fortalecer la cooperación con el FBI y otras agencias estadounidenses.
El tono fue técnico, racional y, como siempre, institucional. Pero el contenido fue político, y profundamente revelador: Arévalo se refugia en el institucionalismo y en la tutela externa para enfrentar un problema de raíces estructurales. El resultado es el mismo que han mostrado gobiernos anteriores: más cárcel, más ejército y, en todo lo que sea posible, más EE. UU.
La construcción de una “megacárcel de máxima seguridad” no es un cambio de paradigma. Es el retorno del punitivismo militarizado disfrazado de modernización. Y la “fuerza anticorrupción” dentro del mismo ministerio que acaba de colapsar bajo sospechas de corrupción parece una ironía siniestra.
Una fuga política, no solo penal
Detrás del humo del operativo mediático, la pregunta política es otra: ¿quién gobierna realmente la seguridad interna del Estado guatemalteco? Porque lo que los hechos revelan no es un accidente administrativo sino una captura institucional persistente. Las cárceles siguen siendo microestados criminales, los custodios agentes de las mafias, y los ministerios territorios en disputa entre clanes políticos, empresarios de seguridad privada y operadores del crimen organizado.
Francisco Jiménez llegó al cargo en 2023 con la promesa de “recuperar la autoridad del Estado”, pero tras 22 meses de gestión, su legado combina requisas mediáticas, repunte de homicidios y debilitamiento de la PNC.
Un reporte de Diálogos, titulado Situación de la violencia homicida en el país en el trimestre de enero a marzo de 2025, “detalla que en el período estudiado se contabilizaron 779 víctimas de homicidio, lo que representa un incremento del 24% respecto al mismo periodo de 2024”. Se trata, según el mismo reporte de La Hora, de “un comportamiento atípico en comparación a los últimos 24 años”. A esto se suma el desmantelamiento parcial de programas de prevención y la falta de inversión en inteligencia civil. El país está sumido en la inseguridad criminal como resultado, según el ministerio de Gobernación mismo, de “los enfrentamientos entre pandillas rivales, especialmente entre las clicas más activas del Barrio 18, Little Psycho Criminal y Vatos Locos.” Esta dinámica sugiere que “el país podría estar atravesando un punto de inflexión en la dinámica de la violencia homicida” que ni Jiménez ni el gobierno de Arévalo como un todo han logrado corregir.
En vez de un nuevo modelo de seguridad democrática, el gobierno de Arévalo reeditó los viejos esquemas del control vertical, confiando en que la “moral republicana” bastaría para contener el pantano. La fuga de Fraijanes II le acaba de demostrar lo contrario.
El centrismo punitivo y sus límites
El enfoque centrista de Arévalo – ni “mano dura” ni “mano blanda” – ha terminado derivando en una especie de centrismo punitivo. Por un lado, adopta la retórica de los derechos humanos y la transparencia. Por el otro, aplica políticas de contención militar y refuerzo carcelario. El resultado, sin embargo, es que no hay ni control efectivo ni legitimidad social.
Las cinco medidas anunciadas son, en realidad, una huida hacia adelante.
Construir una nueva prisión militarizada no disuelve las redes de corrupción que dominan el sistema; solo les da una nueva sede.
Lanzar un censo biométrico sin reformar la dirección penitenciaria ni depurar los mandos es lo mismo que poner cámaras en un pantano: se ve el lodo, pero no se limpia.
Y la cooperación con el FBI —aunque útil en materia técnica— refuerza el carácter tutelado del Estado guatemalteco. Sin mencionar que ahora el FBI está en manos de mafiosos e incompetentes. De todos modos, Washington aparece una vez más como garante de la “seguridad institucional”, mientras el aparato nacional sigue fragmentado.
La guerra interna y la pérdida de legitimidad
La pelea entre Portillo, Palencia y Jiménez no fue una diferencia técnica. Fue el reflejo de una fractura de poder dentro del propio aparato de seguridad. Un viceministro acusando a su colega de corrupción, un ministro en silencio, una presidencia reactiva y un MP cuestionado: todo esto compone la escena de un Estado en guerra consigo mismo.
Esa fractura interna debilita todavía más a un gobierno que ya había alienado a sus bases sociales y dividido a su propio partido. Los movimientos que vieron en Arévalo una posible transición democrática, sobre todo los movimientos indígenas y los colectivos que surgieron de las protestas de 2015, ahora observan con desconcierto cómo su gobierno repite los errores del “pacto de corruptos”, se alinea con el empresariado y su somete a la tutela de Washington, y todo con un discurso civilizado y una sonrisa institucional.
Y al mismo tiempo, la ultraderecha, que nunca le perdonó a Arévalo su victoria inesperada, ya tiene la oportunidad perfecta para debilitar o incluso defenestrar al gobierno. El escándalo de Fraijanes es munición política. Los medios conservadores y los operadores parlamentarios ya lo presentan como el fracaso total del reformismo cívico. La alianza de facto entre empresarios de seguridad, viejos militares y partidos autoritarios se fortalece.
El mito de la “megacárcel” o el bukelismo “light”
Una nueva prisión tipo CECOT “light” no soluciona la crisis penitenciaria. Guatemala tiene más de 26 mil reos en instalaciones diseñadas para 13 mil, según datos del propio SP. La sobrepoblación duplica la capacidad y convierte cualquier penal en una bomba social. El control real de los módulos lo ejercen las pandillas, y los custodios trabajan sin formación profesional ni protección adecuada.
En este contexto, anunciar una “megacárcel” es construir un símbolo, no una solución. Los Cuerpos de Ingenieros del Ejército – que la edificarán – fueron, en los años de contrainsurgencia, instrumentos del control militar sobre la población civil. Su participación en la política penitenciaria reabre viejos temores: la remilitarización de la seguridad interna bajo un barniz civil. Arévalo sabe de todo esto muy bien pues él le dedicó muchos años de su vida antes de entrar en política en el año 2015 al estudio de estos problemas. Pero esos conocimientos no parecen servirle de mucho en este momento o los está ignorando.
Y lo más preocupante: esa obra canalizará recursos públicos sin mecanismos de fiscalización ciudadana. ¿Quién controlará los contratos, los proveedores, los terrenos? ¿Quién evitará que la nueva prisión sea otro foco de corrupción o, peor, una prisión política para futuras oposiciones?
Continuidad antes que ruptura
Los nombres que se analizan para sustituir a Jiménez, según Soy502, no representan una renovación: General Ismael Alejandro Cifuentes, coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), ex-comandante del Comando de Educación del Ejército de Guatemala (Cosede), ascendido a general de brigada en diciembre de 2018 por Jimmy Morales y retirado desde 2019. Roberto Antonio Mota Bonilla, laboró un año como subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) bajo Jimmy Morales y compañero de Morales en el mismo doctorado de cartón de la USAC. Y Oliverio García Rodas quien fue ministro de Gobernación bajo Alejandro Giammattei, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la disfuncional constitución vigente y fue diputado en el congreso por décadas.
Son políticos reciclados, figuras con pasado partidario o vínculos militares, ninguno con trayectoria sólida en reforma penitenciaria o seguridad ciudadana democrática. Es decir, más continuidad que cambio. Si alguno de estos personajes es confirmado por Arévalo, estaremos viendo un elemento de restauración dentro del ejecutivo mismo, un mensaje a los grupos de poder sugiriendo que todo será puesto en orden, pero si alterar nada fundamental.
Arévalo parece atrapado entre dos presiones: la de su base, que le exige coherencia y ruptura, y la del sistema y Estados Unidos, que lo empujan a conservar el equilibrio para sobrevivir. Pero ese equilibrio – el “centrismo reformista” – ya está roto. El caso Fraijanes II marca un antes y un después. De ahora en adelante, cada paso del gobierno en materia de seguridad será leído como defensivo, reactivo y tutelado.
Las raíces del pantano
El pantano de la seguridad guatemalteca tiene raíces hondas. Desde los años 80, el sistema carcelario se volvió un instrumento de disciplinamiento social y extorsión política. La posguerra no lo reformó: lo privatizó parcialmente, lo fragmentó y lo cooptó con nuevos actores incluyendo pandillas, contratistas, funcionarios, narcos y militares reciclados.
El sistema penitenciario no es un reflejo del Estado; es su núcleo degenerado, un panóptico de la corrupción, cooptación y el crimen organizado, donde se cruzan la violencia, la economía ilegal y la política más corrupta. Cualquier intento de “limpieza” que no toque los intereses económicos – contratos de alimentación, mantenimiento, transporte, telefonía, combustibles – será cosmético.
La crisis actual, por tanto, no es un accidente de gobierno. Es una expresión del tipo de Estado que Guatemala tiene: un Estado cautivo de sus propias redes clandestinas, donde el Ministerio de Gobernación es la bisagra entre la legalidad formal y el poder real.
Lo mínimo que debería haberse hecho desde el principio
Frente a la magnitud del problema, las cinco medidas presidenciales parecen un parche. Lo que debería haberse emprendido desde el principio es una reforma estructural y profunda de la gobernanza penitenciaria, basada en:
1. Carrera penitenciaria civil y profesional, con salarios dignos, rotación de mandos y supervisión externa.
2. Unidad de inteligencia financiera penitenciaria, que rastree flujos de dinero y contratos ligados a Presidios.
3. Auditorías ciudadanas permanentes sobre compras y licitaciones.
4. Desmilitarización progresiva de la seguridad interna y separación total entre defensa nacional y control carcelario.
5. Comisión independiente (nacional e internacional) que investigue la captura de Gobernación.
Nada de esto figura en las medidas de Arévalo. Y mientras no lo haga, su política seguirá siendo la administración del desorden.
Política y geopolítica de la seguridad
En medio de la crisis, Arévalo apeló a la cooperación con el FBI. No es nuevo: Washington lleva dos décadas usando la “lucha contra las pandillas” como eje de control regional. La extraterritorialización de la seguridad convierte a los gobiernos centroamericanos en ejecutores de la agenda estadounidense: más control, más cárceles, más tecnología y menos soberanía. Y ahora Washington mismo está mostrando hasta dónde está dispuesto a llegar en la extraterritorialidad de su enfoque pues quiere hacerle la guerra a los narcos en territorio mexicano y está bombardeando lanchas venezolanas – como preludio de una invasión militar para cambiar el régimen – todo bajo la excusa de una guerra contra los carteles (tanto reales como ficticios) y las pandillas. Al ritmo que van las cosas no sorprendería si Arévalo resulta abriéndole las puertas de Guatemala a Estados Unidos para un despliegue de sus fuerzas armadas en territorio nacional bajo la excusa del combate a las maras.
Al aceptar esa tutela, Arévalo busca blindarse políticamente en la esfera geopolítica. Pero ya está convirtiéndose en otro gestor del orden imperial, mientras en casa está perdiendo legitimidad y capacidad de mando a un ritmo acelerado. En el lenguaje simbólico de la política, eso equivale a la confesión de impotencia: “no podemos solos”.
Conclusiones: la moral del pantano
La fuga de Fraijanes II fue el espejo. Reflejó un gobierno atrapado en su propio discurso moralista. Después de proclamar la “lucha contra la corrupción”, el régimen se ha visto alcanzado por las mismas sombras que pretendía disipar.
El centrismo moral, ideológico y político de Arévalo, su apuesta por el equilibrio institucional, la confianza en la técnica, la cooperación con el Norte, ha llegado a su límite. Porque el problema no es la falta de ética personal, sino la estructura criminal del Estado guatemalteco.
Mientras el gobierno siga tratando esa estructura como una “anomalía corregible” y no como el corazón del sistema, nada cambiará. Y en ese sentido, la fuga no fue el fracaso de un operativo: fue la confirmación de una verdad histórica. El Estado no ha sido infiltrado por el crimen. El crimen es una de las formas en que el Estado se gobierna a sí mismo.
Arévalo aún puede reaccionar con coherencia y determinación. Pero para hacerlo, tendría que abandonar la lógica del equilibrio y apostar por la ruptura: por una reforma civil profunda, una articulación democrática, no con los aparatos de seguridad privada, el sector privado ni con Washington. Si elige nuevamente la “vía técnica”, se convertirá en otro administrador del pantano.
La historia política guatemalteca es cruel con los centristas: siempre terminan hundidos entre el fango que quisieron cruzar sin mojarse. Y esta vez, el fango ya sube hasta la Casa Presidencial.
El caso Fraijanes II no es una anécdota. Es un síntoma de Estado. Y lo que está en juego no es solo el futuro del Ministerio de Gobernación, sino el horizonte moral y político del gobierno de Arévalo.
Si la corrupción está dentro, no bastará cerrar la puerta. Hay que refundar la casa.
