Para salvar a la Universidad Pública
Fernando Cajas
A veces uno cree que a nadie le importa el descalabro de la Universidad Nacional guatemalteca. Unos pocos de sus doscientos cincuenta mil estudiantes, 250,000, se pronunciaron en contra del fraude electoral de la elección de rector el pasado 2022. Esos pocos fueron injustamente criminalizados luego de un proceso llevado a cabo por el Ministerio Público, quien a base de fotos y videos de personas participando en actividades públicas dentro de la universidad, singularizó a algunos estudiantes, profesores y administrativos y los criminalizó en el ridículo caso USAC: Botín político, donde acusaron hasta al presidente electo Bernardo Arévalo y a la vicepresidente Karin Herrera, que ni pío dijeron, ni antes, ni durante, ni después, como es su costumbre.
La falsa acusación contra los estudiantes universitarios que alzaron su voz por el fraude electoral perpetrado por quien ocupa ilegítimamente el puesto de rector es otra muestra más, de las muchas, de una profunda crisis universitaria que debe ser detenida. Pero para eso primero hay que aceptar que la Universidad de San Carlos de Guatemala, Nacional y Autónoma, USAC, vive un profundo deterioro, el más profundo desde su creación en 1944. Ni siquiera los militares en plena guerra civil fueron capaces de destruir tanto a la Universidad Nacional como lo hacen los politiqueros actuales servidores de sus egoístas intereses y del mismo Pacto de Corruptos.
Pero para salir de esta crisis hay que entender las raíces históricas de cómo llegamos aquí y aun no tocamos fondo. La guerra civil dejó en el imaginario de los guatemaltecos el peligro de la participación política y más dentro de la universidad porque quienes participaron o eran secuestrados o eran asesinados. A pesar de eso la universidad mantuvo su posicionamiento social de apoyo a las causas justas para las grandes mayorías, lo que paulatinamente se fue perdiendo como se fue introduciendo una visión neo liberal de todo, donde lo Público era considerado malo y lo Privado, bueno. Bueno, ya sabemos el resultado de esa tergiversación de valores.
Ahora nos encontramos con la disyuntiva de cómo sacar a la universidad pública de este enredo politiquero que realmente nace por su valor en la elección de altas cortes. Por eso tienen cooptada a la USAC, solamente por eso. Así que urge sacar a las universidades de esa tergiversación jurídica en que los sabios constituyentes de 1985 metieron a la academia, para corromperla, para manipularla, para prostituirla. Por supuesto, esa no fue la intención de los constituyentes. Pero, considerando los últimos acontecimientos dramáticos y violentos dentro del Campus central, urge hacer un plan de recuperación de la universidad pública, identificando problemas y soluciones viables. Lo primero es aceptar el problema y que el problema no se resolverá desde adentro, no. Segundo, luego del ataque a los diputados fiscalizadores dentro del Campus estos deben urgentemente proponer al pleno del congreso una Comisión de Intervención, cuyo objetivo es retornar la gobernabilidad y crear las condiciones para mejorar la eficiencia, pertinencia y calidad de la universidad pública.
Esa Comisión Interventora debe proponer y legalizar un nuevo sistema de gobierno universitario que sea más incluyente, democrático y transparente, con sistemas de control, pesos y contra pesos, capaces de asegurar justicia, pertinencia social y eficiencia académica lo cual debe ser seguido por la creación, por fin, del sistema nacional de educación pública superior para que se pueda organizar y desarrollar la educación superior del Estado. Esta es una ausencia real, aunque el artículo 82 de la Constitución indica que debería existir dicho sistema, solamente así se podrá modernizar la oferta académica universitaria y no universitaria de la educación pública superior del Estado para crear alternativas eficientes que afronten las necesidades económicas, políticas y culturales de una sociedad democrática del Siglo XXI.
Finalmente, hay que preparar la forma en que se creará el sistema nacional de educación pública superior que dejará planificada la creación de nuevas universidades públicas regionales y autónomas, gobernadas por un ente no relacionado con la política partidaria, con sistemas de control, pesos y contra pesos, que le permitan al Estado velar por la eficiencia, transparencia, calidad y pertinencia de la educación pública superior. Pero estas nuevas universidades no deben ser una copia ni especular ni estructural de la San Carlos, porque no queremos universidades elitistas, racistas, clasistas, machistas y de ribete ineficientes gobernadas por corruptos. No, de eso no queremos más.
El plan de recuperación de la educación pública superior debe proponer cambios necesarios en el artículo 82 de la Constitución de la República, esto es, cambios que modernicen la urgencia de una educación profesional pertinente, una educación técnica eficiente, una educación humanística y democrática. Algunos de esos cambios no requieren cambios en el artículo supradicho, pero la creación de nuevas universidades públicas sí debe esperar a una nueva Constituyente. Ya la educación pública superior debe ser mejorada. Pero realmente, por vida suya, presidente, vicepresidente, tomen conciencia de su papel histórico, no se queden callados cuando más se requiere que se expresen, que hablen, que guíen. También la ministra de educación debe pronunciarse porque este es realmente un profundo problema educativo al que no podemos darle la espalda, hablemos, propongamos cambios, hagámoslo. Hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.
