Semana de infarto
Por Mario Rodríguez Acosta
En Guatemala, el golpe de Estado continúa con la persistente ofensiva del Ministerio Público en contra del éxito de Bernardo Arévalo en las elecciones. Aunque la acusación inicial de irregularidades en las firmas fue insignificante, ahora agregan el cargo de sedición y asociación criminal para solicitar levantar la inmunidad que goza Arévalo y así gestionar órdenes de captura contra el presidente electo, evitando con ello que este jure su cargo el 14 a las 14 horas.
Aunque las opciones de concretar dicho golpe de Estado disminuyen con el tiempo, Consuelo Porras y Alejandro Giammattei insisten con argumentos cada vez más elaborados y rebuscados. Su tesis plagiada tiene más originalidad de lo que la fiscalía ha podido presentar en los últimos casos y las acciones que justifican sus acciones se basan en denuncias espurias.
Para enfatizar en lo avanzado del golpe de Estado basta con leer el último comunicado de las cámaras patronales del CACIF, en donde abiertamente dan su visto bueno para gestionar desde la nueva Corte Suprema de Justicia el golpe institucional contra las elecciones y más concretamente contra el binomio de Semilla. El CACIF reafirma su confianza en las instituciones del sistema judicial, sin mencionar ni por asomo a Bernardo Arévalo, ni reconocer su triunfo en las elecciones y mucho menos condenar el golpe en marcha, más bien dan su aprobación para lo que puedan resolver en forma genérica.
Desde el Congreso de la República se promueve los procesos de antejuicio contra el vicepresidente y contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, así como la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la designación de cargos en las salas de apelaciones y su integración.
En ese mismo sentido, según el diputado Montano, Ángel Pineda, secretario del Ministerio Público dirige y gestiona a través de la cuenta Yes Vander del net center del pacto de corruptos, lo que implica que los funcionarios de más alto perfil asumen un papel más protagónico en está cruzada.
Es una ofensiva en toda regla del pacto criminal y fascista, con una dimensión brutal. No solo por tratarse de las elecciones, más bien es desterrar del país a todo opositor y gestionar un narco estado a conveniencia de toda la membresía del pacto de corruptos. El Ministerio Público expuso se estrategia en el primer día de la audiencia de primera declaración en el caso de la USAC. Según el fiscal, los imputados pertenecen a una banda criminal que no reconoce al “legitimo” ganador de la rectoría de la Universidad. Algo que ellos no hacen con Bernardo Arévalo. Luego, aducen que esta banda está ligada al partido Semilla y que desde ahí se utilizó como plataforma para obtener la presidencia.
La pesquisa para anular la elección de presidente toma forma de esa manera. La narrativa del MP es ligar a Bernardo Arévalo y Karin Herrera a una banda criminal, levantar los antejuicios y pedir su captura, sin importar la presunción de inocencia y el debido proceso. Una vez logrado esto, declarar nula la elección y solicitar al congreso que designe un presidente y vicepresidente para asumir el cargo para los próximos cuatro años. Así Consuelo Porras cumpliría con Miguel Martínez.
En este momento, la cuestión importante es si realmente estamos en el final del golpe judicial o si aún no se ha visto lo peor que Consuelo Porras y Alejandro Giammattei nos han preparado. Esto significa que la primera quincena de diciembre será crucial para determinar si el crimen organizado continuará dominando el país. Considero que lo peor de estas personas que se aferran con uñas y dientes al poder y disfrutan con impunidad de la cooptación que han logrado, está por venir, y toca prepararse para lo peor.
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