El poder de la embajada

Mario Rodríguez

Podría pensarse que la injerencia de Estados Unidos en Guatemala nunca había sido tan visible como ahora, pero la historia desmiente la novedad. John Peurifoy embajador gringo en Guatemala entre 1953-54, necesitó reuniones con oficiales, presión sobre la oposición, involucrando a los altos jerarcas de la iglesia y una operación militar de la CIA para derrocar al gobierno de Árbenz en 1954. Hoy a la misión diplomática de Estados Unidos en Guatemala le basta con una publicación en X para lograr sus objetivos. Eso sí, nunca como ahora, la clase política guatemalteca ha sido tan entreguista.

Mucho antes del derrocamiento de Árbenz, Washington ya tenía la costumbre de ordenar y orientan la política guatemalteca. Lo que cambió son los instrumentos. La embajada ya no necesita una operación encubierta ni una nota reservada, le basta una publicación en X para lograr todo o casi todo.

Los 280 caracteres son suficientes para torcer, eliminar o gestionar una ley, una aprobación o evitar que alguien que no esté dentro de la nómina del sector privado pueda llegar a ocupar un cargo público. La lógica es la misma cuando se ejercer el poder mediante señales de respaldo o de retiro de apoyo, no mediante órdenes formales. Este mecanismo se ha convertido en la forma más efectiva de gestionar un país sometido, por no decir ocupado.

Antes de continuar conviene precisar qué hace un tuit en estos tiempos de redes sociales. No ordena, señala. Funciona como una señal, una advertencia del alto costo que tiene para quienes va dirigido el señalamiento. Aquí se incluyen magistrados, diputados, jueces, funcionarios, empresarios y el propio presidente. Cuando la embajada publica un tuit, los funcionarios y en general los políticos saben qué posición tiene Washington respecto a determinado problema y cuánto les costaría contrariar dicha disposición. Su fuerza no está en el mensaje sino en las consecuencias de no atender la señal, que implica perder la visa, estar sujeto a ser extraditado, cortar la cooperación o frenar los beneficios de acceso a mercados.

El caso del Banco de Guatemala lo muestra con claridad. El presidente Arévalo anunció a Jonathan Menkos al frente del banco el 29 de septiembre y lo juramentó el 1 de octubre. Unos días después, la Corte de Constitucionalidad, por mayoría, suspendió provisionalmente el nombramiento por incompatibilidad con su curul de diputado. Minutos después, la embajada afirmó que “jamás se quedaría callada ante intentos de politizar el banco” y respaldó la independencia de la Corte. No mencionó a Menkos. No hacía falta, pero es más que obvio que respaldó el veto que la corte le impuso al funcionario.

Ese fallo tenía sustento jurídico propio y fue firmado antes del mensaje. Lo que el tuit hizo fue políticamente más eficaz, apropiarse del resultado, presentarlo como defensa de la institucionalidad y dejarle claro al presidente Arévalo que estaba de acuerdo con la patronal del CACIF en vetar dicho nombramiento. Semanas después, el presidente nombró a Eddy Carpio Sam en la presidencia del Banguat.

Otro caso que ilustra el mecanismo fue el etiquetado de alimentos que estaba en discusión en el pleno del Congreso. El 13 de octubre la embajada advirtió que un sistema exclusivo para Guatemala de aquietado de alimentos impondría costos innecesarios a empresas estadounidenses y guatemaltecas, y propuso uno regional. Ese mismo día el pleno retiró la iniciativa de la agenda. La ley llevaba años en el Congreso y ya enfrentaba resistencia empresarial, pero el mensaje dio a los diputados el argumento para engavetar la iniciativa y les brindó a los diputados la cobertura sobre quién respalda la línea que Estados Unidos marca. El tuit no crea la resistencia, la legitima y la acelera.

El mensaje más explícito llegó el 30 de octubre. La embajada llamó “narcoquinceañera” a la fiesta que la alcaldesa de Zacapa organizó para celebrar el cumpleaños de su hija. Ahí recordó la condena a su esposo por narcotráfico en Estados Unidos. Señaló a su cuñado como narcotraficante requerido por la justicia estadounidense, y pidió “tolerancia cero” y vigilancia sobre las candidaturas presidenciales, legislativas y municipales, en las próximas elecciones. Esto sucedió pocos días después de un operativo antidrogras que fracasará para capturar a este narco en Huité, que se saldo con varios muertos y con la denuncia de participación de agentes de la CIA.

En un acto por demás bochornoso, que dio vida a una reacción más en X de la embajada, lo dio un candidato a presidente. Este señor, llegó a las afueras de la embajada con un listado de candidatos de su partido, solicitando, frente a los medios de comunicación que la embajada revisará y certificará la idoneidad de sus candidatos. La misma rechazó la solicitud y mencionó en un tuit que su país no certifica a candidatos. Pero el episodio revela lo esencial, que un político con aspiraciones presidenciales crea necesitar de esa bendición para presentarse en las próximas elecciones.

Ese comportamiento se puede clasificar en cuatro registros complementarios que muestra claramente el interés y las áreas de intervención que tiene la embajada. El primero es la seguridad nacional, incluyendo dos aspectos vitales de dicho componente, la migración y la lucha anti drogas. El siguiente eje de mención se refiere directamente a la ayuda humanitaria, que funciona con rostro militar, presentando a la Coalición de las Américas Contra los Cárteles de drogas (A3C), en donde Guatemala es tratado como un “socio clave”. El mejor ejemplo es la entrega de la remodelación de tres escuelas, en donde el Comando SU (Southcom), la fuerza de tarea JTF-Bravo y el Cuerpo de Ingenieros son los protagonistas de esta acción, mostrando fotos de soldados, la bandera y el logo “Iniciativa y Cooperación por las Américas”, en donde se materializa el rostro militar de la cooperación humanitaria.

El tercero es la agenda económica y de alineamiento. Por un lado, la embajada promueve la compra de etanol a las empresas estadounidenses y defiende una política energética particular para el país. Publicó un mensaje con el título “buenas noticias”, en donde se refería que hasta los vehículos de la embajada funcionan bien con etanol. Por otro lado, se publica una reunión con la embajadora de Taiwán en donde se habla de “inversión confiable” y “resiliencia”, un lenguaje que apunta de forma implícita a China. En ese mismo mensaje introduce el fortalecimiento del apoyo que se brinda a Guatemala, que fortalece la postura de reconocimiento que el país otorga a Taiwán.

El cuarto es la agenda ideológica de la administración Trump vinculada a su política de “primero América”. Ahí se incluye reuniones con iglesias, citas de Marco Rubio y una agenda que prioriza el esfuerzo que Estados Unidos hace en el mundo.

La embajada opera con dos registros. Uno que busca reforzar el poder blando que tiene, vinculado a valores y seguridad. El otro son intervenciones puntuales de alto impacto que hasta el presente esta funcionado como un decisor de última instancia para dirimir conflicto de la política interna del país.

Esa arquitectura de influencia se apoya en palancas concretas. En materia migratoria, Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados desde EE. UU. en 2026, que según Arévalo permanecen menos de 24 horas antes de continuar hacia su destino final; el gobierno niega que esto configure en la práctica un “tercer país seguro”, pero el patrón de usar el territorio guatemalteco como pieza logística de la política migratoria de Washington es justamente lo que discute la crítica.

En cooperación en seguridad, el gobierno vinculó la negociación de nuevas operaciones antidrogas y asistencia con una relación más estrecha con Washington, y el memorando firmado con el Departamento de Seguridad Nacional en 2025 fue presentado por Arévalo como ajeno a lo migratorio, es decir lo vinculó a la seguridad aeroportuaria.

En el alineamiento frente a China, el propio embajador guatemalteco en Washington reconoció que los proyectos con Estados Unidos alejan a Guatemala de China; junto con el reconocimiento a Taiwán, esto ubica al país como pieza en una disputa hegemónica propia de la guerra fría. Y en lo estructural, las remesas, el comercio, la dependencia financiera son otros instrumentos de presión que Estados Unidos utiliza para profundizar la orientación de sus planes hacia la región. Así la capacidad de presión de la embajada proporciona palancas de condicionamiento político muy superiores a las que tuvo Estados Unidos en 1954 por la vía de la fuerza.

En todas estas intervenciones se puede observar una convergencia de intereses. En el Banguat y en el etiquetado, el sector empresarial organizado tuvo la misma posición. Más que una imposición unilateral, se observa una coincidencia entre la agenda de la embajada y fracciones del capital local, que encuentran en Washington un aliado y un amplificador. Los tuits pesan, en buena medida, porque hay quien está dispuesto a escucharlos y obedecer.

La embajada se defiende diciendo que protege el Estado de derecho, la democracia y combate al narco. Además, varios actores guatemaltecos la invocan. Esa explicación no debe descartarse, pero no está completa. La injerencia en real y poderosa, mientras que la explicación es contradictoria y engañosa. Cuando afirma que las elecciones son soberanía de Guatemala, mientras fija lo que debe vigilarse y veta explícitamente la participación, existe una contradicción concreta; y cuando defiende la independencia judicial mientras celebra una decisión específica de la Corte sobre un nombramiento potestad del presidente, manda una señal que pone en entredicho la propia soberanía del Estado guatemalteco.

El silencio de la Cancillería ante los mensajes de la embajada puede leerse como un consentimiento, y puede leerse también como un reconocimiento implícito de poder que tiene Estados Unidos en nuestro país. Son cosas distintas pero que ilustran la ambivalencia y fragilidad que tiene este gobernante. En el primer caso, el Ministerio comparte la agenda de Washington y no ve injerencia sino cooperación; en el segundo, puede discrepar y aun así saber que no está en condiciones de contestar.

La Convención de Viena de 1961 pone a disposición del Estado receptor una escala de respuestas que va desde la conversación privada y la nota de protesta hasta la convocatoria del jefe de misión. Que ninguna de ellas se emplee, ni siquiera la más barata, es un dato en sí mismo que muestra que existe una ausencia de contramedidas, lo que funciona como indicador de la autonomía efectiva de un Estado que lucha contra la cooptación.

Otra explicación más plausible es una asimetría de costos. Para un gobierno como el guatemalteco, el costo interno de callar sobre la injerencia directa en asunto internos, que incluyen una evidencia real de falta de firmeza soberanista, tiene un costo interno bajo y difuso, mientras que el costo de confrontar a la embajada sería alto y concentrado.

Washington dispone de instrumentos de sanción y de condicionamiento que ya han sido señalados antes como las visas y demás. Frente a ello, una nota de protesta de la cancillería ofrece un beneficio simbólico mínimo ante el público y expone al gobierno a represalias en los asuntos que más necesita, y principalmente respaldo y soporte para terminar su mandato.

Bajo esa lógica, el silencio no es un descuido sino un cálculo racional, y es justamente el tipo de cálculo que describe la regla de las reacciones anticipadas, no hace falta que se amenace con una sanción cuando quienes la padecerían ya la han incorporado en sus decisiones. Ejemplos de sumisión existen y la ausencia en Naciones Unidas en la votación contra el embargo de Estados Unidos contra Cuba, es una muestra de ello.

Esta lectura no excluye que el gobierno obtenga algo a cambio. Si la embajada funciona también como respaldo frente a sectores que intentaron impedir la transición e impedir la llegada de Arévalo al poder y la contención para evitar un golpe de estado, el silencio sería parte de un intercambio, protección a cambio de deferencia.

Pero ese intercambio es asimétrico por naturaleza, y el caso del Banguat muestra su otra cara, porque el mismo actor que respalda también fija los límites de ese respaldo y le otorga, al mismo tiempo al sector que propicia el golpe, un campo de acción más amplio. Es lo que la tradición de la dependencia describe como subordinación consentida, el Estado subalterno no es forzado a obedecer, sino que aprende que contrariar al patrón cuesta más que ceder.

La pregunta, entonces, no es si un tuit puede torcer una decisión, sino por qué las instituciones guatemaltecas, sus funcionarios y los políticos están dispuestas a leerlo como una instrucción.ario