La USAC y la anatomía de la cooptación: Cuando el legalismo se convierte en autocracia judicial

Fernando Cajas

Guatemala vive, una vez más, la dolorosa evidencia de que la transición de la guerra a la “paz” no desmanteló el autoritarismo: lo perfeccionó.

Lo que antes se hacía con bala, hoy se ejecuta con togas y resoluciones. La crisis de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) no es un problema universitario aislado. Es la expresión más concentrada de un Estado cooptado, donde el legalismo formal se ha convertido en la principal herramienta para enterrar la justicia real.

Como bien diagnostica el jurista Gustavo Galindo en su análisis de la Anatomía de la Cooptación, la historia contemporánea guatemalteca no es la de una democratización fallida, sino la de una metamorfosis exitosa del autoritarismo. Ciertamente, las estructuras de exclusión no desaparecieron con los Acuerdos de Paz; se blindaron con una arquitectura legal que transforma el Estado en botín permanente de élites y redes de poder. La USAC, la única universidad pública del país, está siendo destazada bajo este mismo esquema.

Hay que recordar, aunque duela, que el enfrentamiento armado guatemalteco (1960-1990, con 200 mil muertos) no fue solo ideológico: fue el mecanismo para preservar privilegios económicos, políticos y étnicos, bajo el supuesto racista de una supuesta superioridad cultural y racial según las élites guatemaltecas. La militarización bajo la Doctrina de Seguridad Nacional dejó un Estado débil por diseño, donde el poder real operaba por encima de la ley.

Los Acuerdos de Paz intentaron corregir eso —preeminencia de la sociedad civil, desmantelamiento de aparatos clandestinos, reconocimiento de derechos indígenas, reforma agraria—, pero las élites (CACIF y estamento militar) los neutralizaron. El resultado fue una “paz institucional”, una pseudo paz, que legalizó la cooptación y heredó una pseudo democracia para una pseudo universidad en un pseudo país. Esto es, un país no país, como dice nuestra Carolina Escobar Sarti, un paisaje, país-aje.

El «glorioso» ejército de Guatemala, uno de los más sanguinarios del mundo, fue el brazo del poder de los dictadores militares, chafarotes les decimos en Guatemala, sirvientes de las elites pseudo empresariales guatemaltecas, que viven de monopolios. Estos pseudo empresarios guatemaltecos, dueños de la finca, del diente al labio defensores del capitalismo, pero realmente no les gusta el Libre Mercado porque las élites guatemaltecas no compiten, hacen monopolios y viven de privilegios del Estado.

Hoy, esa cooptación se expresa en instituciones como la USAC. La Constitución de 1985 y la Ley de Universidades Privadas, crearon feudos de poder: colegios profesionales y universidades con representación en el CEPS, Consejo Superior de universidades privadas y comisiones de postulación. Lo que parecía “representación técnica” se convirtió en tráfico de influencias y juez y parte.

En la USAC, esto se materializa doblemente en dos elecciones falsas, corruptas, de mentira: El 24 de marzo del 2022 y el 8 de abril de 2026. Ambos procesos fueron viciados de forma descarada, al recordarlo casi que vomito.

En ambas «elecciones», que realmente fueron selecciones, se realizaron exclusiones graves de cuerpos electorales opositores, validado por un CSU capturado y defendido por una Corte de Constitucionalidad que, en mayo del 2022 y en el 2026, rechazó amparos con resoluciones que niegan la evidencia documental. En la actualidad son tres magistrados que prefieren el formalismo vacío antes que corregir un acto ilegal e ilegítimo. El legalismo se usa para entorpecer la justicia. Trabajan a «compadre hablado», de tal forma que son protectores judiciales del Pacto de Corruptos.

Esto no es un error judicial. Es autocracia judicial. El sistema está diseñado para que los mismos actores que autorizan universidades y colegios elijan a los jueces que deben fiscalizarlos. El resultado es un círculo cerrado de impunidad. La CC, en lugar de ser baluarte republicano, actúa como escudo del Pacto de Corruptos. Se niega la realidad de la exclusión de electores democráticamente constituidos para imponer a un rector que no representa a la comunidad universitaria.

Esta captura no afecta solo a la USAC. Amenaza la formación de profesionales críticos, la investigación aplicada que el país necesita (agua, seguridad alimentaria, educación técnica) y la autonomía universitaria como pilar democrático. Es la continuación de la exclusión histórica: económica, política y étnica. La universidad pública, que debería ser motor de movilidad social y pensamiento libre, se convierte en finca particular.

No estamos ante un “problema técnico” que se resuelve con ajustes. Como afirma Galindo en sus conclusiones, urge una reingeniería del Estado: eliminar la representación corporativa en comisiones de postulación, someter la autonomía y exenciones fiscales a rendición de cuentas real, y desmantelar las redes de influencia que controlan el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

En la USAC, la comunidad —estudiantes, docentes, egresados— resiste. Esa resistencia es praxis: acción consciente que busca transformar estructuras y conciencias, tal como lo demandan los Acuerdos de Paz traicionados. No aceptamos que tres magistrados impongan su voluntad contra la evidencia y la voluntad mayoritaria.

Guatemala cansa. Guatemala duele. Pero Guatemala también resiste. La recuperación de la USAC no es solo una batalla universitaria: es la defensa de lo poco que queda de democracia real frente a la autocracia judicial. No permitiremos que el legalismo formal sepulte para siempre la justicia sustantiva.

La historia dirá si fuimos capaces de desmantelar esta anatomía de la cooptación o si permitimos que nos devore por completo. En la USAC, la lucha continúa. Y esa lucha debe extenderse a todo el Estado. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.