Sobrevivientes Achi buscan que fallo quede firme a un año de la sentencia

Por Regina Pérez

Hace un año, un grupo de mujeres Achi de Rabinal, Baja Verapaz, celebraban una histórica sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A”, que condenó a cinco expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC) a 30 años de prisión por los delitos de deberes contra la humanidad. Sin embargo, hasta la fecha no está en firme porque los exparamilitares y la Procuraduría General de la Nación (PGN) apelaron la condena.

Sobrevivientes Achi de Baja Verapaz, en representación de las 36 víctimas de violencia sexual que impulsaron el caso conocido como Mujeres Achi, entregaron este 24 de enero, en la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo una solicitud para que resuelva las impugnaciones presentadas en febrero de 2022, que han impedido que la sentencia quede firme.

Además, en un comunicado, las sobrevivientes señalaron que continúan esperando la reparación a la que tienen derecho y a la que se ha negado la PGN, que insiste en negar la responsabilidad del Estado cuando los expatrulleros actuaron bajo las órdenes del ejército.

Lucía Xiloj, abogada defensora, manifestó que la PGN se opuso a la sentencia argumentando que las obligaciones que se le impusieron ya están establecidas en la Constitución y que un Tribunal no les puede obligar a implementarlas.

Parte de las medidas de reparación es instalar o ampliar los puestos de salud existentes en las comunidades donde viven las sobrevivientes, implementar planes de salud y tratamientos psicológicos y ginecológicos, así como una indemnización económica.

En cuanto a los condenados, Xiloj explicó que en su apelación ellos no niegan que las mujeres sufrieron violencia sexual, sino que indican que cometieron dichos delitos como personas particulares, no como expatrulleros, y que debieron ser procesados por violación y no por el delito de deberes contra la humanidad. En el caso del primer delito afirman que ya prescribió.

Máxima García, representante legal de lac (ABJP), quien entregó la solicitud, pidió a los magistrados de dicha Sala que resuelvan para que la sentencia quede firme y que el trabajo que ellas realizaron, desde 2011, para llevar a juicio a los cinco expatrulleros no haya sido en vano.

Sala no quiso escuchar a sobrevivientes

Las abogadas defensoras argumentan que las apelaciones presentadas por los expatrulleros tienen varias anomalías, la primera es que fue presentada fuera del plazo y fue aceptada. Y la segunda, es que la Sala Segunda fijó una audiencia para el 7 de julio de 2022 en la que escucharía a las partes del proceso, a los condenados y a las sobrevivientes, pero no se realizó porque los apelantes y la PGN presentaron sus alegatos por escrito.

“Es una violación al procedimiento, porque nosotras como representantes de las querellantes veníamos preparadas para presentar nuestros argumentos de manera verbal, porque la ley así lo establece”, dijo Xiloj.

Las abogadas defensoras dicen que no se les permitió expresarse. “No presentamos ningún memorial por escrito porque queríamos que los magistrados escucharan la postura de las víctimas”, señaló Haydee Valey, otra abogada defensora. La audiencia ya no se llevó a cabo.

Posteriormente, las abogadas accionaron para que la Sala enmendara su equivocación, pero esto tampoco se ha resuelto. Estamos cumpliendo un año desde que se dictó la sentencia y no está firme, no han tenido voluntad para resolver las impugnaciones, agregó Xiloj.

El 24 de enero de 2022, mujeres se armaron de valor para contar en el Tribunal lo que les sucedió a manos de cinco expatrulleros: Benvenuto Ruiz y Bernardo Ruiz Aquino; Damián Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado, quienes ejercieron violencia sexual en su contra, entre 1981 y 1983, durante la época más álgida del conflicto armado interno.

El proceso inició en 2011, cuando las sobrevivientes comenzaron a contar lo que les había sucedido a manos de miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) creadas para controlar a las comunidades indígenas y que estaban bajo el mando del ejército, el cual se llevó a la justicia con el acompañamiento de la Asociación Bufete Jurídico Popular.

En septiembre de 2022, la lucha de las mujeres Achi por alcanzar justicia fue reconocido con el Premio WOLA, de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos.

Fuente Prensa Comunitaria prensacomunitaria.org

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