Mentiras necesarias para realidades bochornosas

Por Mario Rodríguez Acosta

Ignoro las motivaciones que pudo tener la fiscal general para imputar cargos penales al ex Comisionado de la CICIG en Guatemala, dado que la “doctora” se presenta como amante de los formalismos legales y apegada a derecho; aun así, ella tuvo que saber que las actuaciones de Iván Velásquez al frente de la CICIG gozan de inmunidad diplomática.

También resulta obvio que Rafael Curruchiche no tiene la capacidad ni la libertad para presentar un caso de esa magnitud si no cuenta con el aval de la fiscal general y la orientación de sus asesores. Más allá de lo obvio, las motivaciones deben ser otras y no solo la venganza. Por eso es importante indagar a quién beneficia, qué se logra y por qué se monta esto justo antes del llamado a las elecciones generales.

Según Curruchiche “Iván Velásquez formaba parte de esa estructura criminal” refiriéndose a la fiscalía anti corrupción e impunidad que se construyó en el MP durante los períodos de las fiscales Claudia Paz y Thelma Aldana, cuyos avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad frenó la actual jefa del ministerio público.

El fiscal no aporta más pruebas que unos correos electrónicos que se encontraron durante la negociación con la empresa Odebrecht. Aduce que existió una negociación ilegal con los “colaboradores eficaces”, lo que anuló el proceso en contra de los que sí recibieron los sobornos. Para el fiscal de la FECI, esos hechos son motivos suficientes para afirmar que el ex Comisionado formaba parte de una estructura criminal al interior del MP.

Las órdenes de captura contra ex funcionarios de la fiscalía y ex mandatarios de la CICIG se pueden entender mejor si se toma en cuenta la actuación que en esa línea sigue la cabeza del MP. Ha sido una persecución persistente que se impulsa contra ex integrantes fiscales. Esa es una acción reiterativa de venganza que se delineo desde la llegada de Consuelo Porras y que ha necesitado de dos períodos para lograr la captura, el exilio y la cárcel para ex fiscales, jueces y operadores de justicia independientes con el único objetivo de consolidar el poder corrupto que ahora mismo dirige los órganos de justicia en el país.

Desde el cargo, Consuelo Porras se encargó de articular con los distintos grupos afectados por la CICIG para emprender acciones que revirtieran los procesos judiciales abiertos y poco a poco fue reestructurando la cooptación que Iván Velásquez intentó eliminar. Una vez logrado esto, de manera más sutil, pero no menos importante, ha llevado a cabo la tarea de desarmar moralmente a la sociedad, haciendo creer que la corrupción no existe, y que los corruptos son más bien héroes que salvaron al país de la injerencia extranjera, porque todo es un invento ideológico de gente resentida social; ese trabajo se realiza a escala de toda la sociedad desde distintos actores: iglesias, medios de comunicación, colegios y círculos de poder. Con eso han logrado encerrar a los operadores de justicia y opositores, pero también a una parte importante de la sociedad que es indiferente a sus desmanes.

Pero hay que ser claros en algo, tampoco la fiscal general pudo decidir investigar a Velásquez sin antes consultar al presidente y a otros actores de poder dentro del pacto de corruptos, tomando en cuenta lo que implicaba una confrontación directa con Naciones Unidas. Claramente la fiscal general tuvo que tener el beneplácito de Giammattei, el consentimiento de la cúpula empresarial y la complicidad, si no el involucramiento de la derecha colombiana, que sería la gran ganadora en este conflicto.

En un primer momento, Giammattei asumió de inmediato la defensa de su fiscal y por eso su respuesta al presidente Petro fue grosera y tendenciosa. Luego la derecha colombiana comenzó a utilizar el mismo relato que los netcenter de la corrupción repiten hasta el cansancio. El ex comisionado es un “prófugo” de la justicia, solicitando la renuncia del ministro por “dignidad y otras cuantas cosas más. Un libreto que aquí se aprendió muy bien.  

Giammattei se jugó la carta del conflicto ideológico y ubico como el paladín en la lucha contra la izquierda extremista, por eso hizo énfasis en el pasado guerrillero de Petro, una pose para quedar bien con el fascismo interno y conciliar con Estados Unidos en el frente externo. Como buen conocedor de lo que hace la fiscalía guatemalteca, el presidente recalcó que no existe una orden de captura, pero si una investigación en curso contra Iván Velásquez, dejando abierto el problema, pero tratando de minimizar su alcance.

En las declaraciones que Giammattei dio, mencionó que Petro había dejado en libertad a narcotraficantes y personas vinculadas a asesinatos dentro del conflicto armado colombiano, en clara referencia a la postura de la oposición colombiana frente al proceso de paz que impulsa Petro. Ahí queda en evidencia la tergiversación que el mandatario hizo de la situación colombiana, que tampoco venía a cuento, pero que se identifica claramente a favor de Uribismo, a pesar que menciona que no se trata de inmiscuirse en las políticas de otro país.

Por eso no sería nada extraño que Álvaro Uribe, asiduo referente de Fundesa y del Cacif, haya participado en este plan. Por eso mismo, quizás, tampoco la cúpula empresarial guatemalteca se preocupó por un posible conflicto diplomático y hasta la fecha no se pronunció, a pesar que Colombia es el país que más aporta de inversión extranjera directa.

La reacción de Petro en defensa de su ministro fue contundente y desbarató el plan. Eso puso en evidencia a nivel internacional la profunda crisis del sistema de la justicia guatemalteca y la falta de credibilidad de la fiscal general, acusada por Estados Unidos de ser un agente corrupto. Dejo en claro la persecución penal en contra de operadores de justicia que lucharon contra la corrupción y la impunidad, transformando la justicia en una herramienta de intereses particulares para eliminar a los opositores al régimen.  

A nadie beneficia un conflicto diplomático entre los dos países. Pero, es significativo el daño que está acción le provoca al gobierno de Petro en lo interno, más allá que la acción legal nace muerta por carecer de sustento. Así la derecha colombiana, tan fascista como la chapina, logran una cuña para desprestigiar el trabajo de Velásquez al frente del ministerio de la Defensa de Colombia.

Mientras en lo interno, Giammattei refuerza su poder utilizando de nuevo a la fiscalía para apartar opositores, activistas y ex funcionarios honestos que se han opuestos a los planes de cooptación. Ya circula una petición de la fiscalía administrativa del MP, indagando sobre Jordán Rodas, ex Procurador de Derechos Humanos y recientemente propuesto como candidato a la vice presidencia por el partido MLP. En clara alusión del proceso “legal” que se inicia contra ese binomio presidencial para evitar su participación. El presidente menciona la separación de poderes, cuando la realidad dice todo lo contrario.  

Algunos sectores políticos guatemaltecos creen ingenuamente que Estados Unidos es el único actor que le puede poner alto al desenfreno del pacto de corruptos, lo cual no va pasar. Los pronunciamientos de funcionarios de Estados Unidos preocupados por la situación en Guatemala ya no son tomados en cuenta por los funcionarios y políticos guatemaltecos. El pacto de corruptos supero el miedo y le tomo la medida a una administración débil y permisiva.

El lobby que el sector empresarial paga con ayuda de países “amigos” ha sido efectivo para el control de daños. En todo caso, los gringos se encuentran a gusto con el gobierno de Giammattei, sabiendo que muchos de esos funcionarios que hoy tienen el poder fueron puestos y formados por su agencia de cooperación US AID, a pesar que abiertamente se sabe que cogobiernan con las estructuras del narco. El análisis de costo beneficio, sopesan que los beneficios de tener gobiernos dóciles y afines en un mundo cambiante es más rentable.

Por mucho tiempo Colombia ha sido el principal beneficiario de la cooperación de Estados Unidos en América Latina. Una cooperación orientada principalmente al tema de seguridad. Por eso, un conflicto con su ministro de Defensa involucrado involuntariamente, le favorece a esa diplomacia gringa que necesita mantener sus bases militares en ese país y que los lineamientos del Plan Colombia se asumen por el gobierno izquierdista de Petro.

Esta acción del MP es la continuación de la política exterior asumida desde Jimmy Morales, que pasa por reforzar su vínculo con Israel, mantener las relaciones con Taiwán y ahora, sumarse a Estados Unidos en su apoyo a Ucrania. Que mejor manera de congraciarse con sus jefes en un conflicto con Colombia que provoca un cuestionamiento contra el ministro de la defensa de ese país.

Por eso Giammattei está feliz y se marchó a España a disfrutar con sus más cercanos e íntimos colaboradores, de su poder. Mientras aquí su fiscal cumple con la asignación que le dieron.   

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