Justicia, la más dura de las batallas
El proceso de las Comisiones de Postulación para la selección de nóminas para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones sigue su curso, y supone, hoy más que nunca, grandes desafíos para la recuperación de la institucionalidad del país. La dura realidad es que los espacios a cargo de conformar estas comisiones carecen, a estas alturas, de la idoneidad necesaria para el reto de depurar el sistema de justicia y llevar a estas cortes representantes con la formación necesaria, pero, más importante aún, con ética, legitimidad, integridad y objetividad para impartir justicia de forma independiente.
Mientras tanto, los juzgados que llevan casos de alto impacto han sido diezmados por medio del hostigamiento de jueces a cargo de estas salas, criminalizándoles y dejándoles dos únicas alternativas: ir a prisión por ejercer su función de forma objetiva e independiente o renunciar y emprender su camino hacia al exilio, como versa la frase predilecta del cartel del odio en el país, la fundación de los terroristas procorrupción e impunidad: «en prisión o en el exilio».
En ese contexto, dos mujeres que seguían librando batallas contra la corrupción, la impunidad, el hostigamiento y la criminalización, tomaron la decisión de renunciar a sus cargos: Virginia Laparra, con más de 16 años de servicio como fiscal, y la ahora exjueza, Patricia Gámez, quien fue sujeta de un traslado injustificado, lo cual consideró como despido indirecto. También, se pudo observar cómo la mancuerna de represión MP-jueces corruptos, que actúa en contra de operadores de justicia, sigue vulnerando derechos a todas las partes en procesos judiciales, tal como sucedió cuando el juez Jimi Bremer limitó el acceso a la prensa en la audiencia del proceso en contra de la abogada Claudia González.
Lo que está en juego es la garantía del debido proceso que le permita a las personas recibir justicia en marcos legales y contando con todas las herramientas y derechos establecidos en ley, ya que, aunque las décadas del fuero especial pasaron hace casi medio siglo, estos métodos antidemocráticos nos siguen respirando en la nuca. Lo más preocupante es que, con tan poco acceso a la información, la polarización financiada por los grupos de poder, los cuales también forman parte de las estructuras criminales que promueven la impunidad y el escaso conocimiento de las funciones del Estado y la división de poderes, un gran porcentaje de la población sigue creyendo en discursos rancios como «los derechos humanos solo sirven para proteger delincuentes», «lo que Guatemala necesita es un presidente (dictador) como Bukele» y, más grave aún, «un pueblo elegido tiene derecho a defenderse de sus enemigos», al justificar el genocidio en Guatemala y otros pueblos del mundo.
Algo que sin lugar a duda contribuye a incrementar la frustración de la población y esas creencias tan convenientes para los pactantes del golpe y la impunidad, son los mediocres, por no decir inexistentes, resultados que la fiscal general y su equipo de fiscales acosadores de la democracia han entregado al pueblo de Guatemala en lo que va de su ya segundo mandato.
Según el estudio de opinión pública realizado por CID Gallup en cuanto a figuras públicas y políticas en Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras es la peor calificada, siguiéndole su ‒hasta hace poco‒ sirviente más fiel, Rafael Curruchiche. Esto es el fruto de su sistemático trabajo por convertir al Ministerio Público en una herramienta fundamental en la política de criminalización de toda persona o grupo que a través de sus posturas, profesiones o acciones defiendan la democracia, luchen contra la corrupción y señalen los abusos cometidos tanto por quienes dirigen dicha institución, como por quienes forman parte de esta estructura que busca restablecer el orden de corrupción y autoritarismo.
El resultado de su política de desestimación de denuncias tendrá un impacto aún incalculable en el imaginario de la población y la percepción de la credibilidad en la institucionalidad, la democracia y la justicia; pues desde ya fomenta no denunciar, así como las nociones de la justicia a manos propias, la represión o el exterminio de «criminales» como una solución definitiva y, lo más conveniente para quienes cometen delitos, la certeza de la impunidad.
En resumen, si las cortes del país estuvieran compuestas por magistrados idóneos, éticos e independientes, nunca hubiéramos llegado a estos niveles de impunidad, ya que, con razones de peso y basadas en ley, muchos de los amparos, denuncias y retiros de inmunidad contra la fiscal general ya hubieran avanzado.
Tampoco estaríamos viviendo momentos de tan descarada criminalización de operadores de justicia, profesionales del derecho, periodistas ni personas que defienden derechos, porque las y los juzgadores no se atreverían a girar órdenes de captura con investigaciones tan mediocres y tan mal planteadas como las que ha presentado la actual FECI. Y, muy seguramente, violadores, corruptos y otras personas responsables de delitos graves no estarían saliendo impunes de procesos en su contra.
Aunque se ganó un pequeño paso en el Foro de Rectores, donde no se respaldó al usurpador Mazariegos para presidir ninguna de las dos comisiones que representa ese grupo, la composición de la representación desde la Corte Suprema de Justicia es poco alentadora, con personas cercanas a Néster Vásquez, el exrector Estuardo Gálvez y otros operadores que incluso han sido señalados por Estados Unidos en la lista Engel o relacionados en el caso «Comisiones paralelas», donde se negoció la justicia del país.
Ojalá que en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, esta vez, la dignidad y la honorabilidad resulten más atractivas que las cajas de licor, los lechones y la utilización del cuerpo de las mujeres para mover el voto hacia la Unidad X la Justicia que, en un acto casi heroico, se postula con la Planilla 8. De resultar electa, podría incidir en que el proceso a lo interno de las Comisiones de Postulación cumpla con los procedimientos en ley y que personas como las que hasta ahora imparten justicia queden fuera de las nóminas que llegarán al Congreso de la República, porque en este proceso, lo que está en juego es el país.
Editorial Gazeta
