El arte de gobernar

Autor: Jairo Alarcón Rodas

Un estado es gobernado mejor por un hombre bueno que por unas buenas leyes.

Aristóteles

Las sociedades necesariamente requieren del establecimiento de un gobierno, de un ente que dirija las acciones que se deberán de emprender, que organice, distribuya, administre y ejecute las acciones pertinentes para el logro de determinados objetivos, en función del beneficio de sus habitantes.

Podría pensarse que no es necesario la aparición de un órgano regente que dirija y establezca la ruta por seguir. Sin embargo, los niveles de desarrollo humano, en cuanto a un comportamiento idóneo, que cohesione las distintas individualidades, no llega a la altura de poder auto gobernarse, de autogestar sus acciones congruentemente con el bien común y cumplir con lo necesario para no crear conflicto sin el requerimiento de un órgano coercitivo,  sin la presencia del Estado y un gobierno que lo dirija.

El Estado constituye el ente que cohesiona las acciones de los miembros de la sociedad y regula su comportamiento a través del cumplimiento de leyes que garanticen el derecho y las obligaciones de aquellos que deciden vivir en sociedad. Para ello se hace necesario el establecimiento de un gobierno.

Gobernar a una sociedad, a un pueblo, debería ser una función ejercida únicamente por personas virtuosas, honesta, íntegras, escogidas concienzudamente, con el fin de servir a la comunidad y no para servirse de ella. Sin embargo, es frecuente que quien gobierna, quien se hace con el poder de forma democrática, fraudulenta o autoritaria, lo ejerza equivocadamente y, en algunos casos, con represión, con despotismo y perversión, lo que desdice de la función esencial del poder dentro de la sociedad y el efectivo ejercicio de un gobierno.

El poder, con el fin de lograr un objetivo sin importar los medios, se corrompe, por el contrario, aquel que contempla la ética se dignifica. No obstante, se cree equivocada y maliciosamente que el poder corrompe, como si a este le fuera inherente tal cualidad. Si así fuera, no existiría posibilidad alguna de gobernar honestamente.

De ahí, que lo que debería ser un ejercicio noble es envilecido por aquellos que, con inclinaciones autoritarias, tiránicas y motivaciones egoístas, buscan solo saciar sus deseos personales, al margen de si con ello se perjudique a las demás personas. En este caso, poder y ética son criterios contrapuestos que se excluyen mutuamente. Consecuentemente, es el poder legado en manos de personas inapropiadas lo que constituye un error.

Gobierno y poder convergen, ya que no se puede gobernar sin el ejercicio del poder, es este el que posibilita el cumplimiento y la ejecución de la orden emitida por aquel o aquellos que gobiernan. Pero, así como el poder es susceptible de pervertirse, a través de las acciones emprendidas por personas deshonestas, corruptas, ocurre lo mismo en la forma de gobernar. Por eso Aristóteles mencionaba que, así como existen los medios nobles para ejercer un gobierno, también existen las formas bastardas.

En Guatemala, actualmente gobierna Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidente electos para el periodo 2024-2027, no obstante, al regirse el país por una constitución formalmente democrática y republicana, existen dos poderes más que se convierten en pesos y contrapesos de la labor ejecutiva; por otra parte, un ministerio público, cuya función es la de promover la persecución penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

Es claro que todas esas instituciones son necesarias para el buen funcionamiento de la democracia, pero si a esas instancias de poder llegan personajes corruptos, las instituciones pierden su función original, la de garantizar el bien común y se convierten en entes corruptos, al servicio del crimen organizado, como es el caso de lo que sucede en este país.

Guatemala constituye un claro ejemplo de cómo las instituciones se corrompen y a pesar de las leyes y normas que las regulan, con cierto margen de idoneidad, el solo hecho de que el sistema de justicia esté cooptado por el crimen organizado, por los gánsteres de la política, por las élites económicas, posibilita que las instituciones se prostituyan. Y si a eso se le agrega el hecho de que el ente encargado de perseguir al crimen y velar por el fiel cumplimiento de la ley en el país está a cargo de personajes corruptos y sin escrúpulos, las posibilidades de una gobernanza proba y honesta resultan ser imposibles.

De una corte de constitucionalidad al servicio de los intereses de los sectores más oscuros y reaccionarios del país, a los que les importa muy poco la estabilidad, el progreso y el bienestar de la colectividad y, por el contrario, únicamente velan por el bienestar de la élite dominante y, desde luego, por sus propios intereses, no se puede esperar resoluciones justas. A pesar de que su función es la de preservar el orden constitucional, de cara al bien común y la preservación de la paz, con sus resoluciones “legalistas” lo que han hecho es fomentar desestabilidad, impunidad y malestar en la población. Pero, para ellos, “dura lex, sed lex”.

En la actualidad, el régimen democrático constituye la forma más idónea de gobernar, es en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en donde todos los sectores están representados, el que ha demostrado ser el que mejores resultados ha alcanzado para el bienestar de la sociedad. Pero cuando a esas instancias de poder y de decisión llegan a gobernar personajes siniestros, oscuros, la democracia se pervierte.

Qué tanta posibilidad hay que las democracias se corrompan, qué factores inciden en su degeneración. Los regímenes no se pervierten por sí mismos, aunque haya algunos que, por su naturaleza, sean más susceptibles que otros para que eso ocurra. Por lo tanto, el poder no transfiere a las personas los deseos, inquietudes perversas de robar, de apropiarse de lo ajeno, por el contrario, son los individuos que las denigran, las envileces, en el ejercicio del poder y, en el caso de los gobernantes, son los que envilecen el arte de gobernar.

Las instituciones, por más regulaciones que tengan, por más leyes que las resguarden, no corrigen ni cambian las intenciones ni los intereses de los funcionarios corruptos, al contrario, son las personas probas, honradas, honestas las que, con su proceder, honran a las instituciones, las dignifican.

De ahí que los que pregonan, que las personas que ocupan cargos de dirección, poder, de gobierno, no importan, si no son las instituciones a las que hay que defender y preservar, están totalmente equivocados, ya que estas no funcionan por sí mismas, requieren del recurso humano para hacerlo. Sin embargo, políticos, comunicadores, analistas, juristas, funcionarios, hablan sobre defender la institucionalidad, como que si el aspecto formal de una sociedad, fuera lo valioso de esta. Con ello, solo demuestran, por una parte, su pobreza intelectual, por otra su maledicencia al pretender confundir a la opinión pública, con un discurso evidentemente demagógico.  

Escoger a las personas correctas e idóneas, el reclutamiento transparente y honesto, es la labor esencial en el buen funcionamiento de un Estado y, desde luego, del correcto ejercicio del gobierno. Gobernar es un arte que debería recaer en manos de personas honesta e integras, no en políticos mentirosos para los que la ética, no es más que elocuentes palabras demagógicas que realmente no tiene cabida en el ejercicio del poder.