Derechos humanos y empresas trasnacionales

Manuel Pérez Rocha L.*

Desde hoy y hasta el viernes se celebrará en el Palacio de las Naciones de Ginebra la novena sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG, por sus siglas en inglés) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU sobre empresas trasnacionales (ETN).

Este proceso comenzó en 2014 cuando el CDH aprobó ese grupo de trabajo con el fin de elaborar un tratado que regule de manera vinculante las actividades de las empresas trasnacionales y otras para cumplir con los derechos humanos. Estamos en pleno siglo XXI y las corporaciones trasnacionales siguen operando con prácticamente total impunidad, pero organizaciones sociales y civiles de todo el mundo, desde comunidades afectadas hasta redes mundiales como la Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres, han hecho que no sea posible hablar de las ETN sin mencionar sus crímenes en materia de derechos humanos y sus impactos en el medio ambiente.

Dicho procedimiento histórico en la ONU busca alcanzar un tratado jurídicamente vinculante para subsanar las actuales carencias de la legislación internacional sobre derechos humanos que permiten a las ETN cometer delitos con total impunidad, señala el comunicado de la campaña mundial para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. Esta campaña enlaza a más de 250 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sindicatos y comunidades afectadas por las actividades de las empresas trasnacionales, y representa a cientos de millones de personas que se resisten al acaparamiento de tierras, la minería extractiva, la explotación salarial y la destrucción del medio ambiente perpetrados por las ETN en todo el mundo y, en particular, en África, Asia, Europa y América Latina. Esta campaña ha sido un actor central en las negociaciones del tratado de empresas y derechos humanos (el comunicado se puede consultar en https://tinyurl.com/572xv8zd).

Ecuador ha presidido el grupo de trabajo (OEIGWG) desde el comienzo de este proceso. Sin embargo, la campaña mundial advierte que en los últimos años el papel de Ecuador como presidente de este proceso ha recibido crecientes críticas por parte de grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y varios estados, debido a que los textos consolidados para las negociaciones se consideran demasiado sesgados hacia las propuestas realizadas por el interés de las ETN, que también tienen representantes en el CDH a través de la Organización Internacional de Empleadores y la Cámara de Comercio Internacional.

Muchos países del llamado Sur Global han apoyado de forma consistente la creación de este ambicioso instrumento internacional, demandando que se centre no sólo en el establecimiento de mecanismos de responsabilidad jurídica sobre las ETN, sino también en garantizar el acceso a la justicia y la reparación a pueblos y comunidades afectadas. Las naciones que no se han comprometido o lo rechazan directamente y han intentado detener el proceso son Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, así como otros países altamente industrializados con un elevado número de ETN con sede en sus territorios, incluidos muchos de la Unión Europea.

La presencia continua año tras año de docenas de representantes de comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales es una característica única de este grupo de trabajo (OEIGWG). Se espera también que la delegación palestina tenga un importante papel, como en años pasados, a pesar del conflicto con Israel.

Afortunadamente, para el trabajo de las OSC en esta sesión en Ginebra, se cuenta con un nuevo y excepcional documento: Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos, que fue elaborado por David R. Boyd, el relator especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible (https://tinyurl.com/342krbry).

En resumen, Boyd expone cómo el oscuro sistema de arbitraje internacional, denominado solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés), se ha convertido en un terrible obstáculo a fin de adoptar las medidas necesarias para enfrentar la crisis climática y de derechos humanos a nivel mundial. Describe también la manera en que inversionistas extranjeros utilizan el ISDS para reclamar indemnizaciones exorbitantes a estados cuando éstos actúan para proteger el medio ambiente, y cómo empresas mineras, de gas y petróleo han obtenido más de 100 mil millones de dólares en indemnizaciones por ganancias esperadas no obtenidas. El relator Boyd se basa en testimonios de organizaciones sociales y comunitarias, además de académicos y expertos legales, y señala medidas concretas que los estados deben adoptar para evitar futuras demandas por parte de ETN y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. En suma, es necesario terminar los tratados bilaterales de inversiones.

Boyd indica los defectos fundamentales del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS): parcialidad e incompatibilidad con el sistema internacional de derechos humanos; perpetúa el extractivismo colonialista y agrava la desigualdad; secretismo y obstáculos a la participación pública; puertas giratorias y doble función que permiten a inversionistas extranjeros configurar sus propios tribunales y, en general, un sesgo favorable a los inversionistas.

El trabajo intenso de organizaciones sociales y civiles, así como de comunidades afectadas, pone cada vez más en evidencia los mecanismos que utilizan las ETN para perpetuar su poder, su despojo y destructividad. Por eso es tan importante la delegación de la campaña global a Ginebra que se compone de más de 60 personas de todos los continentes, así como de parlamentarios. Urge regular a las empresas trasnacionales por el bien de la supervivencia humana.

* Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org) y asociado del Transnational Institute (www.tni.org)


La Jornada

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