Declaración sobre Guatemala
El 16 de noviembre del año en curso, fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco, dirigidas por el Ministerio Público, allanaron la residencia de 27 ciudadanos/as acusados/as, entre otros supuestos delitos, de asociación ilícita, depredación de bienes culturales y sedición.
La mayoría de las y los sindicados son docentes, estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y representantes de organizaciones que velan por los derechos humanos en Guatemala. Fueron capturados y consignados ilegalmente: Marcela Blanco (partido Movimiento Semilla), Dr. Rodolfo Chang (Decano de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia), Alfredo Beber (Profesor de la Facultad de Ingeniería), Javier de León (estudiante de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas), y Dr. Eduardo Velásquez (ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Sociales -ALAS-).
Como se ha señalado en diferentes medios y espacios de discusión, las capturas son parte del engranaje estructurado por sectores que han sido sindicados como los artífices del fraude electoral que llevó a la rectoría de la USAC a Walter Mazariegos y quien ahora busca desagraviar a todas y todos los profesionales y estudiantes universitarios que forman parte de la digna resistencia y que han luchado por preservar la autonomía universitaria. Además, es innegable el contubernio de las actuales autoridades universitarias y el gobierno de Guatemala cuya finalidad es construir casos políticos que impidan la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, electos democráticamente en el mes de agosto y que también han sido vinculados a las manifestaciones y apoyo a las reivindicaciones universitarias.
Ante este panorama, el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO- apela a las autoridades correspondientes para que se respete la integridad física y el debido proceso de todas/os los profesionales y estudiantes de la Universidad de San Carlos y de otras Universidades, así como de representantes de organizaciones populares que injustamente han sido privados/as de sus derechos de locomoción y denuncia.
La libre expresión y la formación universitaria pública deben imponerse sobre acciones que minan las bases de las incipientes democracias de la región centroamericana. No se debe permitir que se acallen las voces de quienes desde la academia crítica han forjado y han orientado las demandas de los sectores tradicionalmente excluidos.
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
