Estado de sitio, criminalización, censura y racismo en Guatemala

Carlos Ernesto Cano
Festivales Solidarios

El municipio de El Estor está situado a las orillas del lago de Izabal, en el departamento del mismo nombre en Guatemala. Dicho departamento es la entrada al océano Atlántico y al mar Caribe. Y por su situación es estratégico tanto por sus recursos naturales (y posición geopolítica), como por la diversidad humana que lo habita. El pueblo Q’eqchi’ es el pueblo originario que ha hecho del lago de Izabal y sus alrededores su hogar y su fuente de alimentación, cosmovisión y cuna de su organización ancestral y comunitaria. Antes que el pueblo Q’eqchi’ lo habitara, el pueblo Chol (antecesores del pueblo Q’eqchi’) lo ocuparon desde hace más de 2.000 años, según datos arqueológicos y dataciones que se han podido realizar a vasijas, tiestos, cerámicas, edificaciones, etc., así como pinturas rupestres que se han encontrado a lo largo y ancho del manto acuífero.

Es de suma importancia conocer que el ritmo de vida de las comunidades Q’eqchi’ en las llamadas “tierras bajas” (en el departamento de Petén, la Franja Transversal del Norte, Izabal y parte de Honduras y Belice) no tienen la cantidad de nutrientes que sí existen en el altiplano guatemalteco, la bocacosta y la costa. Esto se debe a su cercanía con la cadena volcánica que atraviesa de este a oeste al país, es por eso que en las tierras bajas la mayoría de tierra cultivable es de origen calizo y, por ende, los nutrientes son más escasos que en otro tipo de suelos, comparada con la cantidad que tiene el suelo de origen volcánico.

A raíz de esto, agregando el conocimiento y la ciencia ancestral del pueblo Q’eqchi’, es que la noción de la tierra y el territorio no está asentada en el tipo clásico de la siembra de la tierra. Es decir, el pueblo Q’eqchi’ va rotando el uso de la tierra para que esta se recupere a lo largo del tiempo; en términos antropológicos, el pueblo Q’eqchi’ práctica la agricultura semi-nómada. Pero eso no quiere decir que el arraigo y la conexión con la tierra no existan, al contrario, es una conexión que les permite que la tierra se recupere, para que se obtenga el mejor provecho de las siembras que históricamente el pueblo Q’eqchi’ ha venido cosechando.

Esta argumentación, la de no tener arraigo con la tierra, ha sido la más utilizada durante los últimos cien años para promover el despojo de tierras, tanto estatal como privado, a las familias y a las comunidades Q’eqchi’, y de esta forma anular la relación que tienen con el territorio. Por la riqueza que la tierra provee en el territorio Q’eqchi’, ha sido constante el despojo y el arrebato de la comunidad, así como el quiebre del tejido social. Y el Estado guatemalteco ha necesitado de argucias legales y jurídicas para este expolio sistemático de los recursos y de la riqueza cultural.
Las herramientas “legales” e históricas para el despojo

Desde que el Estado guatemalteco se consolidó, con la reforma liberal de 1871, la idea del Estado-nación ha sido concebida y alimentada a partir de la argumentación del “progreso”. Esta idea sigue teniendo vigencia en cuanto a la dicotomía progreso/salvajismo, es decir, el Estado de Guatemala debe ser un Estado moderno y por ende todas sus leyes, convenciones sociales y demás instrumentos jurídicos han de estar por encima de las normas, reglamentos y sobre todo de la oralidad que caracteriza a las poblaciones indígenas. En este caso, el Estado guatemalteco se ha valido de todo tipo de argumentaciones jurídicas, creadas desde el derecho positivo romano, para hacer valer su hegemonía sobre los cuerpos y territorios de las comunidades, invisibilizando las normas y costumbres ancestrales y milenarias que los distintos pueblos ejercen de manera comunitaria.

El Estado guatemalteco, a través de los años y del devenir histórico, ha dotado a las comunidades originarias y en particular al pueblo y territorio Q’eqchi’ de una especie de no identidad y no-lugar

Es de esta manera que el Estado se vale de todas las argucias jurídicas para ejercer su poder en contra de pueblos y territorios y así imponer el orden que el Estado quiere. Toques de queda, estados de sitio, expropiaciones de tierras, estados de prevención, estados de emergencia, estados de calamidad pública, decretos gubernativos, entre otras, son las herramientas más utilizadas para imponer la justicia a quienes se nieguen al denominado “progreso”.
El paradigma del “no-lugar”

Un “no-lugar” se entiende como aquel sitio por el cual nadie siente ningún apego particular, ya que por ser de transición no tiene identidad, relación o historia alguna con el individuo o sus grupos de pertenencia. Es así que el Estado guatemalteco, a través de los años y del devenir histórico, ha dotado a las comunidades originarias y en particular al pueblo y territorio Q’eqchi’ de una especie de no identidad y no-lugar, al no contemplar a las comunidades como sujetas de su propia historia, sino al contrario, al percibir a las comunidades originarias como primitivas y carentes de instituciones que a través del racismo estructural han sido violentadas y despojadas de sus territorios, por considerarse a estos territorios tierras sin historia.

Marc Augé acuñó el concepto de no-lugar para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para ser considerados como lugares. Son lugares antropológicos los históricos o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos. Un no-lugar es una autopista, una habitación de hotel, un aeropuerto o un supermercado; sitios que carecen de la configuración de los espacios, casi exclusivamente definidos por el pasar de individuos. No personaliza ni aporta a la identidad porque no es fácil interiorizar sus aspectos o componentes. Y en ellos la relación o comunicación es más artificial.
Un poco de historia reciente

A partir de esta concepción del no-lugar es que las élites, las corporaciones extractivistas y los gobiernos se aprovechan de las circunstancias histórico-sociales de las poblaciones ancestrales y originarias para promover todo tipo de despojo de tierras y recursos, recostándose en el racismo estructural en el cual está cimentada la sociedad guatemalteca.

Así se va gestando la idea de un no-lugar en el municipio de El Estor, en los alrededores del lago de Izabal. Y es que, a partir de inicios del siglo pasado, las empresas extractivas norteamericanas implantan sus intereses en la región atlántica del país, siendo una de las más grandes y nocivas la compañía minera que procesa níquel en el municipio. A esa minera, conocida en ese tiempo como Exmibal, se le acusa de iniciar una serie de despojos y asesinatos selectivos en el país (con el caso paradigmático del asesinato de Adolfo Mijangos López), en contra de aquellas voces que se oponían a la sustracción de minerales en Guatemala. Es a lo largo de los años que la región del Caribe guatemalteco regresa a ser dominada por el monocultivo de banano, liderado por la United Fruit Company y acompañado de la extracción de níquel y, ya en el presente, de las plantaciones de palma africana.

Pero las voces disidentes van en aumento, tanto como el descontento social en contra de las dictaduras militares que se vivieron en Guatemala a lo largo de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado. Y es así como el llamado “desarrollismo” empieza a evidenciarse como una utopía en países como Guatemala, donde el aparato estatal es la comisaría regional de los capitales internacionales y el resultado son asesinatos, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, despojo de tierras a comunidades originarias, prisión política y demás vejámenes que las empresas extractivas y de monocultivo han provocado en el país.

Estas atrocidades se siguen cometiendo en el presente y van en aumento. En los últimos años, se han cometido sistemáticamente una serie de asesinatos a pescadores artesanales, estudiantes universitarios, criminalización de líderes y lideresas, prisión para defensores de derechos humanos, así como hostigamiento y censura a periodistas en el área del lago de Izabal.

Este panorama de criminalización es derivado de la instalación de compañías extractivas como la Compañía Guatemalteca de Níquel, así como de empresas para la generación de energía eléctrica

En este contexto, al que se le suma la discusión jurídica sobre la posible consulta previa e informada que la mina de níquel, ahora llamada CGN-PRONICO (filial de Solway, de capital ruso y con oficinas centrales en Suiza), debe realizar. Esta empresa está en la mira de la justicia guatemalteca por el hecho de que debe consultar a las comunidades maya Q’eqchi’. Las comunidades aledañas a los complejos mineros y de monocultivo son de las más empobrecidas en el país, y las empresas extractivas, lejos de producir desarrollo para todas las personas que habitan los municipios donde estas se instalan, generan desigualdad y ruptura del tejido comunitario.

Es importante la visibilización y divulgación del contexto convulso que se vive en el municipio de El Estor. Este panorama de criminalización es derivado de la instalación de compañías extractivas como la citada Compañía Guatemalteca de Níquel, así como de empresas para la generación de energía eléctrica. De igual forma, el despojo y el acaparamiento de tierras para la siembra de monocultivo, en tierras que por condición histórica y ancestral le pertenecen a los pueblos originarios de la región, le genera una fuerte carga de contaminación al lago de Izabal y a los ríos y afluentes que son la principal fuente de empleo para la población local. En el caso de los ríos es importante mencionar que de ellos se abastece gran parte de las comunidades que no cuentan con agua potable. En el casco urbano de El Estor el agua es cada vez es más escasa.
El no-lugar contra el Aj ralch’och’

Al utilizar el argot antropológico del “no-lugar”, toda la parafernalia y la jerga jurídica que los Estados a través de los gobiernos utilizan para criminalizar a las poblaciones y personas individuales toma sentido, en relación al arrebatamiento del tejido y entramado social para justificar este tipo de acciones jurídico-legales, que no necesariamente son legítimas. El no-lugar es entonces el Estado de sitio, en un espacio geográfico, un tiempo y un accionar determinados, orientado al arrebato de la historia; en este caso, la historia de los pueblos que habitan en los 22 municipios en donde se decretara el Estado de sitio en el año 2019.

El mismo concepto del no-lugar nos permite entender la negación de la historia en su mismo nombre, pero sobre todo en la negación de la colectividad, paradigma que la población entiende y vive perfectamente derivado del vínculo que se tiene con la tierra, con el agua y con el entorno natural en su conjunto. Es decir, con situaciones contradictorias (el “no-lugar” y el Aj ralch’och’: nosotros, los y las hijas de la tierra) y dicotómicas, porque la primera está basada en la ausencia de la memoria y la segunda está basada en la oralidad, en la transmisión de la historia de generación en generación.
A manera de epílogo

La permanencia del pueblo Q’eqchi’ en territorios de las tierras bajas en Guatemala, Belice y Honduras ha sido una constante durante los últimos 2.000 años, precedidos por el pueblo Chol. Esta tierra ha sido de uso semi-nómada, al estilo de la trashumancia, pero este tipo de relación ancestral con la tierra ha sido aprovechada por empresas transnacionales, el Estado y sus instituciones para desacreditar a la población Q’eqchi’ y consolidar el racismo y el clasismo a partir del despojo de sus tierras para que las corporaciones sustraigan minerales y deforesten la selva del lugar. Pero es partir de los últimos sesenta años y la instalación de la mega-minería que la vida en El Estor y sus alrededores se ha perjudicado de manera sustancial, y las constantes violaciones a los derechos más básicos y fundamentales han provocado a la comunidad Q’eqchi’ un detrimento notorio en su calidad de vida.

El Estado se ha sostenido sobre “herramientas legales” para continuar con el despojo de los territorios, asesinando, secuestrando y, en los últimos diez años, criminalizando y censurando a la organización comunitaria y al entramado social Q’eqchi’. Este ha sobrevivido estos embates del extractivismo a partir de la organización de su cultura y la defensa de la madre tierra. Los Q’eqchi’ se llaman a sí mismos Laa’ o Aj ralch’och’, para entender su conexión y simbiosis con el entorno.

Fuente El Salto


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